Rosario De los Ángeles Noh Celis
Expediente 448/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 13 de marzo de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 13/03/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rosario De los Ángeles Noh Celis
Actuaciones
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE TRECE DE MARZO DE ESTE AÑO, EL CUAL, SUSTANCIALMENTE DICE: "Ciudad de México, a trece de marzo de dos mil veinte. Con la demanda de amparo presentada por *****, por derecho propio; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 448/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. La parte quejosa reclama la resolución de tres de enero de dos mil veinte, dictada en el recurso de reclamación interpuesto contra el auto que admitió la demanda de nulidad relativa al expediente 3782/18-EAR-01-1, del índice de la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones III, incisos a) y b), los cuales prevén lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte . De los artículos transcritos se advierte que tienen como objetivo primordial determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos emitidos en juicio, esto es, ante tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; siempre y cuando aquéllos afecten derechos sustantivos. Sirve de apoyo el criterio que sostuvo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/92, estableció lo siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En el caso, la resolución combatida no se ubica en el supuesto de hecho a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la medida que la admisión de la demanda de nulidad promovida por el tercero interesado, no constituye un acto de imposible reparación en tanto no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la quejosa previstos en los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal, sino, en su caso, constituye sólo una afectación a derechos adjetivos o procesales, que puede ser reparada por la autoridad responsable al emitir resolución favorable en que se subsane aquella actuación supuestamente viciada ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica de la promovente. Para corroborar que la resolución de tres de enero de dos mil veinte, únicamente afecta derechos adjetivos, respecto de los cuales no es procedente el juicio de amparo biinstancial, es oportuno citar los artículos 13, 14, 18, 40, 41, 47 y 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que regulan la substanciación (procedimiento), esto es, desde la presentación de la demanda, el derecho del tercero a apersonarse al juicio, ofrecimiento de pruebas, alegatos y resolución de los juicios de nulidad de los que conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se transcriben: Artículo 13. El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea. [.] Artículo 14. La demanda deberá indicar: [.] VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya. Artículo 18. El tercero, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se corra traslado de la demanda, podrá apersonarse en juicio mediante escrito que contendrá los requisitos de la demanda o de la contestación, según sea el caso, así como la justificación de su derecho para intervenir en el asunto. Deberá adjuntar a su escrito, el documento en que se acredite su personalidad cuando no gestione en nombre propio, las pruebas documentales que ofrezca y el cuestionario para los peritos. Son aplicables en lo conducente los cuatro últimos párrafos del artículo 15. Artículo 40. [.] En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga. Artículo 41. El Magistrado Instructor, hasta antes de que se cierre la instrucción, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes. El magistrado ponente podrá proponer al Pleno o a la Sección, se reabra la instrucción para los efectos señalados anteriormente. Artículo 47. El Magistrado Instructor, cinco días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y/o no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos de lo bien probado por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia; dichos alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisión a la demanda o de admisión a la ampliación a la demanda, en su caso. Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción del juicio, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezarán a computarse los plazos previstos en el artículo 49 de esta Ley. Artículo 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados integrantes de la sala, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya quedado cerrada la instrucción en el juicio. Para este efecto, el Magistrado Instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los treinta días siguientes al cierre de instrucción. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento, por alguna de las causas previstas en el artículo 9o. de esta Ley, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción. De los dispositivos legales transcritos, se obtiene la posibilidad de promover demanda de nulidad, la que deberá contener entre otras cosas, el nombre y domicilio del tercero interesado, quién está facultado para apersonarse al juicio y ofrecer pruebas. Una vez cerrada la instrucción, es decir, que no exista prueba pendiente por desahogar, las partes, en el caso la quejosa, podrá alegar lo que a su derecho convenga. Posteriormente, se dictará sentencia dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al cierre de instrucción. Por tanto, si la quejosa tiene el carácter de tercero interesada en el juicio de nulidad 3782/18-EAR-01-1, está en posibilidad de aportar los medios de prueba, así como alegar lo que a su derecho convenga a fin de lograr una resolución que le sea favorable. En el entendido, que en términos del precepto legal 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo el Magistrado Instructor podrá recabar oficiosamente las pruebas que considere pertinentes para resolver el juicio, lo que podría concluir con una resolución en favor de los intereses de la justiciable. Luego, la resolución que resolvió el recurso de reclamación de tres de enero del año en curso, emitida en el juicio de nulidad 3782/18-EAR-01-1 (acto reclamado), no determina de manera necesaria, ineludible o forzosa que se emita una resolución contraria a los intereses de la justiciable, sino que únicamente sujeta a la quejosa al trámite del juicio de nulidad, en el que se valorarán pruebas, se le dará oportunidad de alegar y se emitirá una resolución que no necesariamente le generará una afectación a su esfera jurídica. De ahí que, la resolución que se combate es un acto intraprocesal que no afecta de manera directa e inmediata un derecho sustantivo o fundamental de la promovente de amparo, esto es, los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Por tanto, será hasta que se dicte la resolución que ponga fin al expediente 3782/18-EAR-01-1, y se impugne a través del medio de defensa correspondiente, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de alguna violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en su defensa, y que hubiese trascendido al resultado del fallo. Consecuentemente, al no constituir el acto reclamado, la resolución definitiva con que concluye el procedimiento administrativo, ni se trata de un acto de imposible reparación, se actualiza la causa de improcedencia en análisis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA. Determinación que se toma en cumplimiento al principio de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizados en los términos amplios establecidos en dicho precepto, a *****, por tener registrada su cédula en términos de la certificación de cuenta; y sólo en términos limitados a *****, hasta en tanto realicen el registro respectivo. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio. Se hace del conocimiento que se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. También se autoriza la revisión del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, previo registro ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En caso de que se interpongan los recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por esta juzgadora, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes únicamente para oír y recibir notificaciones, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgado y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Finalmente, hágase del conocimiento que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA."
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