Rosario de la Rosa Sánchez

Expediente 438/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
438/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Rosario de la Rosa Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida definitiva, es susceptible de destrucción. Así, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión definitiva, de conformidad con el numeral 21, inciso c), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de mayo de dos mil veintitrés. Quejoso designa autorizados Agréguese el escrito signado por el quejoso Rosario de la Rosa Sanchez, por medio del cual designa como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lorena Muñoz Sánchez, David Hernández Vázquez y Xicohtencatl Hernández Sánchez. Atento a lo anterior, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lorena Muñoz Sánchez y David Hernández Vázquez, toda vez que cuenta con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 segundo párrafo de la ley de la materia a Xicohtencatl Hernández Sánchez, por no contar con dicho registro. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de mayo de dos mil veintitrés. Parte quejosa cumple requerimiento Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************; mediante el cual, en atención al requerimiento formulado mediante proveído de cuatro de mayo del presente año, informa bajo protesta de decir verdad que, el menor de iniciales ********************se encuentra bajo su cuidado, en razón de lo que expone: Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, que la promovente en su escrito de demanda amparo reclama lo siguiente: Ahora bien, de acuerdo a las constancias procesales, remitidas por la autoridad responsable a través del oficio de cuenta, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que aun cuando subsiste el acto reclamado el mismo ya no puede surtir efecto jurídico alguno, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. [.].". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora bien dicha causal, establece que cuando el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo y sus efectos no puedan concretarse, en virtud de la modificación del entorno en donde tuvo su origen, ningún fin tendría concederse la protección de la Justicia Federal, pues se tornaría legalmente imposible restituir al promovente en el goce del derecho que estimó vulnerado******************** Tiene aplicación al respecto, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época, página 189, cuyo rubro y texto se transcriben: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que, tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo******************** Establecido lo anterior, se hace patente la improcedencia del juicio de amparo en contra de: Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar, Región Norte, con sede en Apizaco, Tlaxcala, los actos siguientes: Lo anterior, pues la parte quejosa estima que dicha negativa de la autoridad de dictar medios de apremio dentro de la carpeta de investigación AIEDVI- N/1192/2021, (mesa uno), de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Norte, que obliguen al investigado a presentar a la menor ante la autoridad responsable, vulnera su derecho fundamental reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que, por una parte, la autoridad Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar, Región Norte, con sede en Apizaco, Tlaxcala, informó que, mediante oficio 189/2023 de fecha cuatro de abril del presente año, se requirió a ********************-investigado- a fin de que, acudiera a las instalaciones que ocupan la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar, Región Norte, en compañía de la menor de iniciales ********************para la práctica de diligencias ministeriales. Asimismo, que del oficio P.I 989/2023, de doce de abril del año actual, de informe de investigación, dirigido a la Representación Social, se aprecia que, cuando el inspector en jefe encargado del Vigésimo Séptimo Grupo de Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, acudió al domicilio del investigado ********************, le fue informado por ********************, madre del investigado, que la menor de edad desde el diez de abril del año actual, se encuentra con ******************** -quejosa-, en su domicilio******************** Aunado a ello, mediante proveído de cuatro de mayo del presente año, se tuvo por recibido el oficio por el cual, la autoridad rindió su informe justificado y remitió copia certificada del oficio 223/2023 de fecha catorce de abril de dos mil veintitrés, oficio P.I. 1025/2023 de quince de abril del año en curso, oficio 222/2023 de catorce de abril de dos mil veintitrés, razones de diecisiete de abril del año en curso de ********************y ******************** y comparecencia de ********************de dieciocho de abril del presente año. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2°. Así mismo, en párrafos precedentes, se tuvo a la quejosa ********************, informando bajo protesta de decir verdad que la menor de iniciales ********************se encuentra bajo su cuidado******************** Dichas manifestaciones son aseveraciones voluntarias y espontáneas de los peticionarios de garantías que constituyen una confesión expresa que en términos de los artículos 95, 197 y 201, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, merecen pleno valor probatorio, pues produce el efecto de una presunción, sin que exista otra prueba que la contradiga. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del tomo XII, diciembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es el del siguiente tenor: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa.". También es aplicable la tesis aislada I.15o.A.28 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2613, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". De ahí que, si la finalidad es de que la autoridad señalada como responsable dictara medidas de apremio a efecto de hacer comparecer ante las instalaciones de la representante social a ********************y que entregara al menor de iniciales ********************a su progenitora ********************, circunstancia que ya aconteció como ha quedado descrito******************** Consecuentemente, se desprende que, si bien es cierto subsiste el acto reclamado porque la autoridad responsable no fijó medidas de apremio eficaces a fin de que, el investigado compareciera ante la Agencia del Ministerio Público en compañía de la menor, para ser entregada a su progenitora; empero, no puede surtir efecto legal ni material alguno, en razón de que la menor de edad de iniciales V.H.D.L.R., se encuentra con la quejosa por haberle sido entregada por conducto de la abuela paterna. Por tanto, los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estima violados en su perjuicio, al haber quedado sin objeto o materia el acto de autoridad reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada (fracción XXII, del artículo 61), lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIEZ HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS******************** Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa******************** Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Único. Se niega a ********************, la suspensión definitiva respecto del acto atribuido a las autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta interlocutoria, por los motivos precisados en el considerando quinto.

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