Rosario de la Rosa Sánchez

Expediente 358/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 23 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
358/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
14/08/2023

Partes del expediente

  • Rosario de la Rosa Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veinte de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General en cita, y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, este expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no solicitar su entrega serán destruidos junto con este juicio. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el original del incidente de suspensión es conservable; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente incidental, sin previo acuerdo, realícese la desincorporación, a efecto de que en su momento sea transferido conforme a lo dispuesto en el acuerdo en comento artículo 18 penúltimo párrafo. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por vacaciones de la Titular, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el oficio CCJ/ST/3336/2023, con motivo de la sesión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria de Juzgado Janeth Ávila Sepúlveda, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veinte de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General en cita, y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, este expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Se precisa que en el presente juicio de amparo obran documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no solicitar su entrega serán destruidos junto con este juicio. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado ordenamiento; en consecuencia, el original del incidente de suspensión es conservable; por lo tanto, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente incidental, sin previo acuerdo, realícese la desincorporación, a efecto de que en su momento sea transferido conforme a lo dispuesto en el acuerdo en comento artículo 18 penúltimo párrafo. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por vacaciones de la Titular, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el oficio CCJ/ST/3336/2023, con motivo de la sesión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria de Juzgado Janeth Ávila Sepúlveda, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 358/2023, promovido por Rosario De la Rosa Sánchez, contra actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentando el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, a través del Buzón Judicial a cargo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido ese día, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Rosario De la Rosa Sánchez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otras autoridades, por los actos reclamados siguientes: "IV. NORMA GENERAL QUE SE RECLAMA DE LA RESPONSABLE. El acta administrativa de fecha 28 de febrero del año de 2023, respecto a la ilegal rescisión emitida por las responsables, ya que la misma se cometieron diversas ilegalidades, la primera consiste en el oficio número: JURTSJ/48/2023 de fecha veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, firmado por la LCDA. YÉSSICA VICTORIA ANAYA ROBLES, Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dirigido a la LDCA. ROSARIO DE LA ROSA SÁNCHEZ, Secretaria Auxiliar adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, ya que si bien se indica en el mismo que se cita a la suscrita para que comparezca a las 10:00 horas del día 28 de febrero de 2023, en las oficinas que ocupa la Dirección Jurídica de dicho Tribunal, no indica el motivo, causa, razón de lo que se sirva investigarme, lo que me dejó en total estado de indefensión jurídica. No obstante lo anterior, en la citada diligencia de manera inexplicable se me instruyó un acta administrativa del procedimiento de rescisión laboral en contra de la quejosa, reitero sin que tuviera información al respecto, violando en mi perjuicio el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuyo caso es indispensable que: a) se reclamen actos de particulares cuyas funciones se encuentren determinadas por una norma general; b) los actos reclamados se generen en una relación de supra subordinación, o bien en una relación de coordinación equiparable o asimilable (asimétrica) e impacten a la quejosa en contextos de relevancia pública; y, c) los actos reclamados generen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en perjuicio de la parte promovente en detrimento de sus derechos humanos; en el presente caso actos de acoso laboral de tipo vertical descendente." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, quienes si lo rindieron; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien no formuló pedimento; , señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda de amparo en relación con la autoridad responsable Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; por tanto, se solicitó su informe justificado, quien de igual forma, rindió su informe; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, sin que haya formulado pedimento; y, se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta de catorce de junio de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el propio medio oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza laboral; y, porque el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado lo siguiente: La audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se concretó el acta administrativa en la que se determinó que la peticionaria incurrió en falta de probidad y honradez; por tanto, se rescindió la relación laboral de ella con el Consejo de la Judicatura del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Tlaxcala. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa aportara prueba idónea de su parte tendente a desvirtuar tal negativa. Ello es así, pues la indicada impetrante de amparo ofreció como pruebas su parte la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto y las documentales que adjuntó a su demanda de amparo, consistente en: a) Copia simple de la credencial para votar expedida a favor de Rosario de la Rosa Sánchez por el Instituto Nacional Electoral; b) Copia certificada del acta de nacimiento de la menor de edad de identidad reservada identificada con las iniciales V.H.R., con número de folio A290179575; c) Constancia con código QR de la clave única de registro de población de la menor de edad de identidad reservada, identificada con las iniciales V.H.R.; d) Copia simple del oficio número JURTSJ/48/2023, de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés suscrito por Yessica Victoria Anaya Robles, Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dirigido a la aquí quejosa, por el que la citó acudiera a sus oficinas el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, a la diez horas; e) Copia autógrafa de acta administrativa de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés en la que se rescinde la relación laboral que el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia ambos del Estado de Tlaxcala tenía con la quejosa Rosario de la Rosa Sánchez; f) Copia simple del oficio número PTSJ/239/2023 de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés suscrito por la Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas Presidenta del Tribunal Superior del Estado de Tlaxcala y del Consejo de la Judicatura del Estado en donde se designa apodera legal a la quejosa Rosario de la Rosa Sánchez; g) Copias fotostáticas de la copia certificada expedida por Manuel Pedro González Báez, Secretario General del Ayuntamiento de Apizaco, constante de veintidós fojas útiles, deducidas del informe policial homologado referencia número 29PM03005010220232550, de uno de febrero de dos mil veintitrés; h) Constancia de recibo de pago de nómina con código QR, expedido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a favor de la quejosa, respecto del período comprendido del dieciséis al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Probanzas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2, las identificadas con los incisos b), c), e) y h), con plena eficacia probatoria; y, las señaladas en los incisos a), d), f) y g), con valor indiciario, al adminicularse con las restantes. Sin embargo, con las mismas no se desvirtúa la negativa aducida por el Pleno del Tribunal responsable, ya que, en todo caso, únicamente sirven para demostrar la identidad tanto de la quejosa como de la menor de edad de identidad reservada, identificada con las iniciales V.H.R.; así como la filiación de ésta con aquélla; la emisión del acto reclamado por la Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y la facultad de ésta para su actuación; la citación de a la impetrante de amparo para que acudiera a la diligencia ahora impugnada; así como el informe policial homologado que dio origen a la determinación reclamada. De lo anterior, ante la negativa del acto reclamado por la peticionaria, resulta inexistente, de ahí que deba SOBRESEERSE el presente juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado al Pleno Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias exhibidas junto con el informe justificado, consistentes en copia certificada del procedimiento de rescisión laboral incoado en contra de la peticionaria que obran glosadas en autos; lo que tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, así como porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora advierte de oficio que se surte en la especie la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, aplicado contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De acuerdo con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de lo previsto en la ley de la materia, en el entendido que, solo puede ser autoridad responsable quien con independencia de su naturaleza formal dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así las cosas, solo se pueden reclamar actos de autoridad en el juicio de amparo, esto es, una actuación emanada del poder público, por ello, es menester determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional, o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que adopte aquél. Con ese propósito es necesario establecer la connotación de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, por ser contra la que se puede promover el mencionado juicio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que definir lo que debe entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas. Fue así como a través de los distintos precedentes, acuñó el concepto de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del amparo. En este tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó en la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en la página 39, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe, las notas distintivas de las autoridades para efectos del amparo: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Dicho lo anterior, conviene ahora realizar el examen de la naturaleza jurídica de la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés a través del cual, la Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, rescindió la relación laboral de la quejosa como Secretaria Auxiliar adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc con el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Tlaxcala, para cuyo efecto, es necesario tener en cuenta lo que establecen los artículos 54, fracción XV, 79 y 85, primer, quinto y último párrafos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, los cuales ordenan: "Artículo 54. Son facultades del Congreso: XV. Expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes del Estado, los municipios, organismos autónomos y los organismos paraestatales con sus trabajadores, con base en lo dispuesto por los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las relativas al sistema de seguridad social de que deban gozar estos. Para tal efecto se creará un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con autonomía técnica para emitir sus resoluciones y patrimonio propio, dotado de plena jurisdicción para conocer de los conflictos individuales y colectivos de carácter laboral y de seguridad social, integrado con tres magistrados. Un magistrado designado por el sindicato mayoritario de los trabajadores de los poderes públicos, municipios, o ayuntamientos; un Magistrado designado por los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, y un Magistrado tercer árbitro que fungirá como presidente y que será propuesto en terna por el titular del Ejecutivo del Estado y designado por los dos Magistrados anteriores. El Magistrado Presidente designado para integrar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, deberá cumplir con los mismos requisitos exigibles para ser nombrado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero además contar con experiencia profesional acreditable en materia de derecho laboral burocrático. Los Magistrados del Tribunal durarán en su encargo seis años y podrán ser ratificados para un periodo igual. El procedimiento para la designación de los Magistrados integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje será el que establezca la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios." "Artículo 79. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano supremo, en Juzgados de Primera Instancia, y contará además con un Consejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Justicia Alternativa, con las atribuciones que le señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes que expida el Congreso del Estado. El Poder Judicial residirá en la Capital del Estado, sin perjuicio de que para el mejor desempeño de sus funciones y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía, en términos de lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se autorice el establecimiento de órganos jurisdiccionales, dependencias u oficinas del Poder Judicial en el recinto denominado 'Ciudad Judicial' ubicado en la comunidad de Santa Anita Huiloac del Municipio de Apizaco, así como en otros municipios del Estado. Tratándose de órganos jurisdiccionales del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para adolescentes, mercantil y laboral o segunda instancia, deberá señalarse su competencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno y en dos Salas para atender los asuntos de su competencia y las necesidades de los justiciables; se integrará por siete magistrados propietarios, incluyendo a su Presidente, quien no integrará Sala. En la integración del Tribunal Superior de Justicia se observará el principio de paridad de género, por lo que no habrá más de cuatro magistrados del mismo sexo. Las Salas tendrán carácter colegiado y se integrarán por tres magistrados cada una, para conocer respectivamente de las materias Civil-Familiar y Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes. El pleno del Tribunal estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución competencial y de las cargas de trabajo. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estará a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos y las bases que señalan esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el cargo seis años y podrán ser ratificados, previa evaluación en términos de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de entre ellos a un presidente que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez. Solo podrán ser removidos de sus cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones; por incapacidad física o mental; por sanción impuesta en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, o por haber cumplido sesenta y cinco años." "Artículo 85. El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones, encargado de la vigilancia y administración de los recursos del Poder Judicial; se integrará por cinco consejeros, para quedar como sigue: [.] El Consejo de la Judicatura será responsable de implementar el sistema de carrera judicial, con auxilio del instituto de capacitación de la judicatura, bajo los principios de legalidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género; nombrará y removerá a los servidores públicos del Poder Judicial con excepción de los magistrados, asimismo les concederá licencia y resolverá sobre la renuncia que presenten, en los términos que establezca la Ley. [.] Las decisiones o resoluciones del Consejo serán impugnadas por la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda." Además, también es necesario conocer lo que preceptúan los artículos 61, 62, 65, 68, 71, 94, fracción II, inciso b), 115 y 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, los cuales se copian a continuación: "Artículo 61. El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado, con autonomía técnica y de gestión, así como para emitir sus acuerdos y resoluciones; tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y la implementación de la carrera judicial del Poder Judicial, con excepción del Pleno y los Magistrados." "Artículo 62. Para el debido cumplimiento de sus funciones, el Consejo de la Judicatura expedirá su reglamento interior, tomando en consideración lo dispuesto al respecto por la Constitución Política local y esta ley; mismo que se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para los fines de su divulgación y observancia legal." "Artículo 65. El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno o en comisiones. En el primer caso, resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación, renuncias, licencias y remoción de jueces y demás integrantes de los juzgados, así como de los servidores públicos auxiliares de la función jurisdiccional, excepto del personal adscrito al Pleno, a las salas y a la Presidencia del Tribunal. En el segundo supuesto, sin perjuicio del número de sus integrantes y de las funciones que se determinen, decidirá lo relativo al personal que desempeñe tareas administrativas o de apoyo. Las decisiones del Consejo de la Judicatura, en la esfera exclusiva de su competencia, serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio o recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Jueces, las cuales podrán ser revisadas por el Pleno del Tribunal, únicamente para verificar si fueron o no emitidas conforme a las normas que se establecen en esta ley." "Artículo 68. Son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura: I. Nombrar, adscribir, ratificar, remover, otorgar licencia, aceptar renuncias y sancionar, en su caso, jueces, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, a excepción de los magistrados propietarios." "Artículo 94. La Carrera Judicial estará integrada por las siguientes categorías: II. En los Juzgados: b) Secretario de Acuerdos." "Artículo 115. Con excepción de los Magistrados, las relaciones de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial, su ingreso, permanencia y separación, se regirán por la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y por esta Ley en lo conducente." "Artículo 116. Los servidores públicos a que se refiere el Artículo 94 de esta Ley, así como el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, los titulares de las unidades administrativas mencionadas en este ordenamiento y los que se encuentren adscritos a la Presidencia del Tribunal, serán considerados de confianza para efectos de la relación laboral." En el mismo sentido, son de utilidad para sustentar esta sentencia los artículos 1, 2, 4, fracción II, 5, fracción III, 8, 34, fracción II y 35, de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los cuales estatuyen: "Artículo 1. Esta ley es de observancia general en el Estado de Tlaxcala y sus municipios y rige las relaciones de trabajo que se establecen, por una parte, entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y los municipios o ayuntamientos; y por la otra parte, los servidores públicos que a dichos poderes públicos, municipios o ayuntamientos, presten un servicio, personal subordinado, físico o intelectual o de ambos géneros, en virtud de un nombramiento expedido a su favor o por aparecer en la nómina de pago. Quedan exceptuados de la aplicación de esta ley, los servidores públicos que lo sean por elección popular, y los de confianza, así como los servidores públicos de las empresas paraestatales, fideicomisos públicos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal y el personal que integran los cuerpos de seguridad municipal, estatal y de la policía ministerial." "Artículo 2. Las disposiciones de esta ley, tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social, en las relaciones laborales, entre los servidores públicos y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Tlaxcala, municipios o ayuntamientos de cualquiera de los citados poderes, respectivamente." "Artículo 4. Los servidores públicos a que se refiere esta ley se clasificarán en: II. De confianza." "Artículo 5. Se consideran trabajadores de confianza y se excluyen de la aplicación de esta ley, todos aquellos que realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoria, adquisiciones, asesorías, manejo de fondos, valores o documentos y actos de orden confidencial, y todos aquellos trabajadores o servidores públicos, que desempeñen funciones que por su naturaleza sean análogas a las anteriores, y los que a continuación se especifican de manera enunciativa más no limitativa: III. En el Poder Judicial. Los magistrados, jueces de primera instancia, secretarios de sala, de juzgado, proyectistas, secretarios de acuerdos y jurídico, contadores, oficial mayor y directores, secretarios particulares, auxiliares de la presidencia, de juzgados, diligenciaros." "Artículo 8. En todo lo no previsto por esta ley o por sus disposiciones, se aplicarán de manera supletoria el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados celebrados y aprobados en términos del artículo 133 de la referida Constitución Federal, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo y los principios generales del derecho y de justicia social que deriven del mismo, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad." "Artículo 34. Ningún servidor público podrá ser cesado si no es por causa justificada, en tal virtud, el nombramiento de los trabajadores, solo dejará de surtir efectos, y en consecuencia, terminará la relación laboral sin responsabilidad para los Titulares de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, por las causas siguientes: II. Incurrir el servidor público durante sus labores en falta de probidad y honradez." "Artículo 35. Cuando, el servidor público incurra en alguna de las causales a que se refiere el artículo anterior, el jefe inmediato superior de aquél, procederá a levantar el acta correspondiente, con la participación del servidor público cuando sea posible y de un representante del Sindicato; si desea intervenir, en la que se asentarán, por su orden, los hechos que se le atribuyan al servidor público las pruebas referentes a ellos, las alegaciones de defensa y pruebas de descargo que este aporte y las manifestaciones del representante del Sindicato. Cuando los actos que se le atribuyan al servidor público se refieran a la disposición o distracción de fondos o valores, intervendrá, además, un representante de la Secretaría de la Función Pública u oficina similar encargada de vigilar el manejo de fondos y valores que corresponda a la Entidad. El acta será firmada por todos los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, se entregarán sendas copias al servidor público y al representante del Sindicato, haciendo constar dicha entrega. En el caso de que se negaren a recibirla, el titular de la entidad lo hará constar en la misma y dentro de los cinco días siguientes a la rescisión, esta deberá hacerlo del conocimiento al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dicha autoridad le haga del conocimiento al servidor público, en su domicilio particular. En el caso de los servidores públicos de confianza se prescindirá de la intervención del representante sindical." Por último, se debe conocer los que preceptúa el artículo 9, fracciones VI y XXVII, del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, el cual prevé: "Artículo 9. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Pleno del Consejo tendrá además de las facultades que prevé el artículo 68 de la Ley Orgánica, las siguientes: VI. Hacer el nombramiento, adscripción, ratificar, remoción, otorgar licencia de Jueces, personal jurisdiccional y administrativo. XXVII. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial y sus servidores públicos." De los artículos de diversas leyes y un reglamento, se desprende lo siguiente: I. El Congreso del Estado de Tlaxcala debe expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes del Estado -entre otros-, con base en lo dispuesto por los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las relativas al sistema de seguridad social de que deban gozar estos, en la inteligencia que para hacer valer esos derechos debe existir un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con autonomía técnica para emitir sus resoluciones y patrimonio propio, dotado de plena jurisdicción para conocer de los conflictos individuales y colectivos de carácter laboral y de seguridad social; II. En el Estado de Tlaxcala, el Poder Judicial se integra por un Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano supremo, en Juzgados de Primera Instancia, y cuenta además con un Consejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Justicia Alternativa, con las atribuciones que le señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes que expida el Congreso del Estado; III. En la Constitución Local se dispone que el Consejo de la Judicatura Estatal será responsable de implementar el sistema de carrera judicial, con auxilio del instituto de capacitación de la judicatura, bajo los principios de legalidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género; nombrará y removerá a los servidores públicos del Poder Judicial con excepción de los magistrados, y IV. También, la Norma Fundamental Local estatuye que las decisiones o resoluciones del Consejo serán impugnadas por la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda. El panorama anterior, pone de relieve que tratándose de la actuación del Consejo de la Judicatura en el Estado de Tlaxcala, relacionada con aspectos laborales como el cese, baja o remoción de los servidores públicos judiciales, la actuación del Estado que despliega es como patrón de dichos trabajadores y no como autoridad dotada de imperio, respecto de la que, los afectados tienen a su disposición el procedimiento burocrático laboral instituido en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, cuyo fundamento surge precisamente de los artículos 54, fracción XV y 85, párrafo in fine, de la Constitución Local. Así las cosas, las resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala por disposición del referido artículo 85, párrafo final de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala son impugnables en sede jurisdiccional, aunado a lo anterior, las relaciones laborales burocráticas deben regirse por la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. En este orden de ideas, las vicisitudes que pudieren surgir del vínculo laboral con el Consejo de la Judicatura como patrón asimilado, permiten al trabajador defender cualquier derecho social que estime violado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que conduce a la improcedencia del juicio de garantías, previamente a acudir a dirimir cualquier controversia ante el tribunal laboral en cita, autoridad instituida ex profeso para resolver las cuestiones surgidas con motivo del nexo laboral. De acuerdo con lo anterior, es claro que la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se rescindió la relación laboral de la peticionaria con el Consejo de la Judicatura del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Tlaxcala, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Se apoya lo anterior por identidad de razones con la jurisprudencia 2a./J. 111/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 444, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." En consecuencia, en atención a que el acto reclamado no tiene la nota distintiva de ser acto de autoridad para efectos del amparo, es que se surte en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 11, aplicado contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por tanto, se SOBRESEE en el presente juicio con fundamento en lo previsto en el artículo 64, fracción V, de la ley de la materia. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rosario de la Rosa Sánchez contra el acto reclamado al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Tlaxcala, así como a la Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público y por oficio a las responsables.

  4. Principal

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 358/2023, promovido por Rosario De la Rosa Sánchez, contra actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentando el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, a través del Buzón Judicial a cargo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido ese día, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Rosario De la Rosa Sánchez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otras autoridades, por los actos reclamados siguientes: "IV. NORMA GENERAL QUE SE RECLAMA DE LA RESPONSABLE. El acta administrativa de fecha 28 de febrero del año de 2023, respecto a la ilegal rescisión emitida por las responsables, ya que la misma se cometieron diversas ilegalidades, la primera consiste en el oficio número: JURTSJ/48/2023 de fecha veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, firmado por la LCDA. YÉSSICA VICTORIA ANAYA ROBLES, Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dirigido a la LDCA. ROSARIO DE LA ROSA SÁNCHEZ, Secretaria Auxiliar adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, ya que si bien se indica en el mismo que se cita a la suscrita para que comparezca a las 10:00 horas del día 28 de febrero de 2023, en las oficinas que ocupa la Dirección Jurídica de dicho Tribunal, no indica el motivo, causa, razón de lo que se sirva investigarme, lo que me dejó en total estado de indefensión jurídica. No obstante lo anterior, en la citada diligencia de manera inexplicable se me instruyó un acta administrativa del procedimiento de rescisión laboral en contra de la quejosa, reitero sin que tuviera información al respecto, violando en mi perjuicio el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en cuyo caso es indispensable que: a) se reclamen actos de particulares cuyas funciones se encuentren determinadas por una norma general; b) los actos reclamados se generen en una relación de supra subordinación, o bien en una relación de coordinación equiparable o asimilable (asimétrica) e impacten a la quejosa en contextos de relevancia pública; y, c) los actos reclamados generen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en perjuicio de la parte promovente en detrimento de sus derechos humanos; en el presente caso actos de acoso laboral de tipo vertical descendente." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, quienes si lo rindieron; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien no formuló pedimento; , señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda de amparo en relación con la autoridad responsable Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; por tanto, se solicitó su informe justificado, quien de igual forma, rindió su informe; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, sin que haya formulado pedimento; y, se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta de catorce de junio de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el propio medio oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza laboral; y, porque el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado lo siguiente: La audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se concretó el acta administrativa en la que se determinó que la peticionaria incurrió en falta de probidad y honradez; por tanto, se rescindió la relación laboral de ella con el Consejo de la Judicatura del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Tlaxcala. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa aportara prueba idónea de su parte tendente a desvirtuar tal negativa. Ello es así, pues la indicada impetrante de amparo ofreció como pruebas su parte la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto y las documentales que adjuntó a su demanda de amparo, consistente en: a) Copia simple de la credencial para votar expedida a favor de Rosario de la Rosa Sánchez por el Instituto Nacional Electoral; b) Copia certificada del acta de nacimiento de la menor de edad de identidad reservada identificada con las iniciales V.H.R., con número de folio A290179575; c) Constancia con código QR de la clave única de registro de población de la menor de edad de identidad reservada, identificada con las iniciales V.H.R.; d) Copia simple del oficio número JURTSJ/48/2023, de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés suscrito por Yessica Victoria Anaya Robles, Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dirigido a la aquí quejosa, por el que la citó acudiera a sus oficinas el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, a la diez horas; e) Copia autógrafa de acta administrativa de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés en la que se rescinde la relación laboral que el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia ambos del Estado de Tlaxcala tenía con la quejosa Rosario de la Rosa Sánchez; f) Copia simple del oficio número PTSJ/239/2023 de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés suscrito por la Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas Presidenta del Tribunal Superior del Estado de Tlaxcala y del Consejo de la Judicatura del Estado en donde se designa apodera legal a la quejosa Rosario de la Rosa Sánchez; g) Copias fotostáticas de la copia certificada expedida por Manuel Pedro González Báez, Secretario General del Ayuntamiento de Apizaco, constante de veintidós fojas útiles, deducidas del informe policial homologado referencia número 29PM03005010220232550, de uno de febrero de dos mil veintitrés; h) Constancia de recibo de pago de nómina con código QR, expedido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a favor de la quejosa, respecto del período comprendido del dieciséis al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Probanzas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2, las identificadas con los incisos b), c), e) y h), con plena eficacia probatoria; y, las señaladas en los incisos a), d), f) y g), con valor indiciario, al adminicularse con las restantes. Sin embargo, con las mismas no se desvirtúa la negativa aducida por el Pleno del Tribunal responsable, ya que, en todo caso, únicamente sirven para demostrar la identidad tanto de la quejosa como de la menor de edad de identidad reservada, identificada con las iniciales V.H.R.; así como la filiación de ésta con aquélla; la emisión del acto reclamado por la Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y la facultad de ésta para su actuación; la citación de a la impetrante de amparo para que acudiera a la diligencia ahora impugnada; así como el informe policial homologado que dio origen a la determinación reclamada. De lo anterior, ante la negativa del acto reclamado por la peticionaria, resulta inexistente, de ahí que deba SOBRESEERSE el presente juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado al Pleno Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias exhibidas junto con el informe justificado, consistentes en copia certificada del procedimiento de rescisión laboral incoado en contra de la peticionaria que obran glosadas en autos; lo que tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, así como porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta juzgadora advierte de oficio que se surte en la especie la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, aplicado contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De acuerdo con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de lo previsto en la ley de la materia, en el entendido que, solo puede ser autoridad responsable quien con independencia de su naturaleza formal dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así las cosas, solo se pueden reclamar actos de autoridad en el juicio de amparo, esto es, una actuación emanada del poder público, por ello, es menester determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional, o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que adopte aquél. Con ese propósito es necesario establecer la connotación de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, por ser contra la que se puede promover el mencionado juicio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que definir lo que debe entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas. Fue así como a través de los distintos precedentes, acuñó el concepto de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del amparo. En este tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó en la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en la página 39, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe, las notas distintivas de las autoridades para efectos del amparo: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Dicho lo anterior, conviene ahora realizar el examen de la naturaleza jurídica de la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés a través del cual, la Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, rescindió la relación laboral de la quejosa como Secretaria Auxiliar adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc con el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Tlaxcala, para cuyo efecto, es necesario tener en cuenta lo que establecen los artículos 54, fracción XV, 79 y 85, primer, quinto y último párrafos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, los cuales ordenan: "Artículo 54. Son facultades del Congreso: XV. Expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes del Estado, los municipios, organismos autónomos y los organismos paraestatales con sus trabajadores, con base en lo dispuesto por los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las relativas al sistema de seguridad social de que deban gozar estos. Para tal efecto se creará un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con autonomía técnica para emitir sus resoluciones y patrimonio propio, dotado de plena jurisdicción para conocer de los conflictos individuales y colectivos de carácter laboral y de seguridad social, integrado con tres magistrados. Un magistrado designado por el sindicato mayoritario de los trabajadores de los poderes públicos, municipios, o ayuntamientos; un Magistrado designado por los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, y un Magistrado tercer árbitro que fungirá como presidente y que será propuesto en terna por el titular del Ejecutivo del Estado y designado por los dos Magistrados anteriores. El Magistrado Presidente designado para integrar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, deberá cumplir con los mismos requisitos exigibles para ser nombrado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero además contar con experiencia profesional acreditable en materia de derecho laboral burocrático. Los Magistrados del Tribunal durarán en su encargo seis años y podrán ser ratificados para un periodo igual. El procedimiento para la designación de los Magistrados integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje será el que establezca la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios." "Artículo 79. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano supremo, en Juzgados de Primera Instancia, y contará además con un Consejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Justicia Alternativa, con las atribuciones que le señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes que expida el Congreso del Estado. El Poder Judicial residirá en la Capital del Estado, sin perjuicio de que para el mejor desempeño de sus funciones y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía, en términos de lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se autorice el establecimiento de órganos jurisdiccionales, dependencias u oficinas del Poder Judicial en el recinto denominado 'Ciudad Judicial' ubicado en la comunidad de Santa Anita Huiloac del Municipio de Apizaco, así como en otros municipios del Estado. Tratándose de órganos jurisdiccionales del orden civil, familiar, penal, ejecución de sanción, administración de justicia para adolescentes, mercantil y laboral o segunda instancia, deberá señalarse su competencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno y en dos Salas para atender los asuntos de su competencia y las necesidades de los justiciables; se integrará por siete magistrados propietarios, incluyendo a su Presidente, quien no integrará Sala. En la integración del Tribunal Superior de Justicia se observará el principio de paridad de género, por lo que no habrá más de cuatro magistrados del mismo sexo. Las Salas tendrán carácter colegiado y se integrarán por tres magistrados cada una, para conocer respectivamente de las materias Civil-Familiar y Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes. El pleno del Tribunal estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución competencial y de las cargas de trabajo. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estará a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos y las bases que señalan esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en el cargo seis años y podrán ser ratificados, previa evaluación en términos de lo establecido por esta Constitución. Elegirán de entre ellos a un presidente que durará en su encargo dos años y podrá ser reelecto por una sola vez. Solo podrán ser removidos de sus cargos, por el Congreso del Estado por faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones; por incapacidad física o mental; por sanción impuesta en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, o por haber cumplido sesenta y cinco años." "Artículo 85. El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones, encargado de la vigilancia y administración de los recursos del Poder Judicial; se integrará por cinco consejeros, para quedar como sigue: [.] El Consejo de la Judicatura será responsable de implementar el sistema de carrera judicial, con auxilio del instituto de capacitación de la judicatura, bajo los principios de legalidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género; nombrará y removerá a los servidores públicos del Poder Judicial con excepción de los magistrados, asimismo les concederá licencia y resolverá sobre la renuncia que presenten, en los términos que establezca la Ley. [.] Las decisiones o resoluciones del Consejo serán impugnadas por la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda." Además, también es necesario conocer lo que preceptúan los artículos 61, 62, 65, 68, 71, 94, fracción II, inciso b), 115 y 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, los cuales se copian a continuación: "Artículo 61. El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado, con autonomía técnica y de gestión, así como para emitir sus acuerdos y resoluciones; tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y la implementación de la carrera judicial del Poder Judicial, con excepción del Pleno y los Magistrados." "Artículo 62. Para el debido cumplimiento de sus funciones, el Consejo de la Judicatura expedirá su reglamento interior, tomando en consideración lo dispuesto al respecto por la Constitución Política local y esta ley; mismo que se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para los fines de su divulgación y observancia legal." "Artículo 65. El Consejo de la Judicatura funcionará en Pleno o en comisiones. En el primer caso, resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación, renuncias, licencias y remoción de jueces y demás integrantes de los juzgados, así como de los servidores públicos auxiliares de la función jurisdiccional, excepto del personal adscrito al Pleno, a las salas y a la Presidencia del Tribunal. En el segundo supuesto, sin perjuicio del número de sus integrantes y de las funciones que se determinen, decidirá lo relativo al personal que desempeñe tareas administrativas o de apoyo. Las decisiones del Consejo de la Judicatura, en la esfera exclusiva de su competencia, serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio o recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Jueces, las cuales podrán ser revisadas por el Pleno del Tribunal, únicamente para verificar si fueron o no emitidas conforme a las normas que se establecen en esta ley." "Artículo 68. Son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura: I. Nombrar, adscribir, ratificar, remover, otorgar licencia, aceptar renuncias y sancionar, en su caso, jueces, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, a excepción de los magistrados propietarios." "Artículo 94. La Carrera Judicial estará integrada por las siguientes categorías: II. En los Juzgados: b) Secretario de Acuerdos." "Artículo 115. Con excepción de los Magistrados, las relaciones de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial, su ingreso, permanencia y separación, se regirán por la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y por esta Ley en lo conducente." "Artículo 116. Los servidores públicos a que se refiere el Artículo 94 de esta Ley, así como el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, los titulares de las unidades administrativas mencionadas en este ordenamiento y los que se encuentren adscritos a la Presidencia del Tribunal, serán considerados de confianza para efectos de la relación laboral." En el mismo sentido, son de utilidad para sustentar esta sentencia los artículos 1, 2, 4, fracción II, 5, fracción III, 8, 34, fracción II y 35, de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los cuales estatuyen: "Artículo 1. Esta ley es de observancia general en el Estado de Tlaxcala y sus municipios y rige las relaciones de trabajo que se establecen, por una parte, entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y los municipios o ayuntamientos; y por la otra parte, los servidores públicos que a dichos poderes públicos, municipios o ayuntamientos, presten un servicio, personal subordinado, físico o intelectual o de ambos géneros, en virtud de un nombramiento expedido a su favor o por aparecer en la nómina de pago. Quedan exceptuados de la aplicación de esta ley, los servidores públicos que lo sean por elección popular, y los de confianza, así como los servidores públicos de las empresas paraestatales, fideicomisos públicos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal y el personal que integran los cuerpos de seguridad municipal, estatal y de la policía ministerial." "Artículo 2. Las disposiciones de esta ley, tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social, en las relaciones laborales, entre los servidores públicos y los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Tlaxcala, municipios o ayuntamientos de cualquiera de los citados poderes, respectivamente." "Artículo 4. Los servidores públicos a que se refiere esta ley se clasificarán en: II. De confianza." "Artículo 5. Se consideran trabajadores de confianza y se excluyen de la aplicación de esta ley, todos aquellos que realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoria, adquisiciones, asesorías, manejo de fondos, valores o documentos y actos de orden confidencial, y todos aquellos trabajadores o servidores públicos, que desempeñen funciones que por su naturaleza sean análogas a las anteriores, y los que a continuación se especifican de manera enunciativa más no limitativa: III. En el Poder Judicial. Los magistrados, jueces de primera instancia, secretarios de sala, de juzgado, proyectistas, secretarios de acuerdos y jurídico, contadores, oficial mayor y directores, secretarios particulares, auxiliares de la presidencia, de juzgados, diligenciaros." "Artículo 8. En todo lo no previsto por esta ley o por sus disposiciones, se aplicarán de manera supletoria el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados celebrados y aprobados en términos del artículo 133 de la referida Constitución Federal, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo y los principios generales del derecho y de justicia social que deriven del mismo, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad." "Artículo 34. Ningún servidor público podrá ser cesado si no es por causa justificada, en tal virtud, el nombramiento de los trabajadores, solo dejará de surtir efectos, y en consecuencia, terminará la relación laboral sin responsabilidad para los Titulares de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, por las causas siguientes: II. Incurrir el servidor público durante sus labores en falta de probidad y honradez." "Artículo 35. Cuando, el servidor público incurra en alguna de las causales a que se refiere el artículo anterior, el jefe inmediato superior de aquél, procederá a levantar el acta correspondiente, con la participación del servidor público cuando sea posible y de un representante del Sindicato; si desea intervenir, en la que se asentarán, por su orden, los hechos que se le atribuyan al servidor público las pruebas referentes a ellos, las alegaciones de defensa y pruebas de descargo que este aporte y las manifestaciones del representante del Sindicato. Cuando los actos que se le atribuyan al servidor público se refieran a la disposición o distracción de fondos o valores, intervendrá, además, un representante de la Secretaría de la Función Pública u oficina similar encargada de vigilar el manejo de fondos y valores que corresponda a la Entidad. El acta será firmada por todos los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, se entregarán sendas copias al servidor público y al representante del Sindicato, haciendo constar dicha entrega. En el caso de que se negaren a recibirla, el titular de la entidad lo hará constar en la misma y dentro de los cinco días siguientes a la rescisión, esta deberá hacerlo del conocimiento al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dicha autoridad le haga del conocimiento al servidor público, en su domicilio particular. En el caso de los servidores públicos de confianza se prescindirá de la intervención del representante sindical." Por último, se debe conocer los que preceptúa el artículo 9, fracciones VI y XXVII, del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, el cual prevé: "Artículo 9. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Pleno del Consejo tendrá además de las facultades que prevé el artículo 68 de la Ley Orgánica, las siguientes: VI. Hacer el nombramiento, adscripción, ratificar, remoción, otorgar licencia de Jueces, personal jurisdiccional y administrativo. XXVII. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial y sus servidores públicos." De los artículos de diversas leyes y un reglamento, se desprende lo siguiente: I. El Congreso del Estado de Tlaxcala debe expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes del Estado -entre otros-, con base en lo dispuesto por los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las relativas al sistema de seguridad social de que deban gozar estos, en la inteligencia que para hacer valer esos derechos debe existir un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con autonomía técnica para emitir sus resoluciones y patrimonio propio, dotado de plena jurisdicción para conocer de los conflictos individuales y colectivos de carácter laboral y de seguridad social; II. En el Estado de Tlaxcala, el Poder Judicial se integra por un Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano supremo, en Juzgados de Primera Instancia, y cuenta además con un Consejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Justicia Alternativa, con las atribuciones que le señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes que expida el Congreso del Estado; III. En la Constitución Local se dispone que el Consejo de la Judicatura Estatal será responsable de implementar el sistema de carrera judicial, con auxilio del instituto de capacitación de la judicatura, bajo los principios de legalidad, excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género; nombrará y removerá a los servidores públicos del Poder Judicial con excepción de los magistrados, y IV. También, la Norma Fundamental Local estatuye que las decisiones o resoluciones del Consejo serán impugnadas por la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda. El panorama anterior, pone de relieve que tratándose de la actuación del Consejo de la Judicatura en el Estado de Tlaxcala, relacionada con aspectos laborales como el cese, baja o remoción de los servidores públicos judiciales, la actuación del Estado que despliega es como patrón de dichos trabajadores y no como autoridad dotada de imperio, respecto de la que, los afectados tienen a su disposición el procedimiento burocrático laboral instituido en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, cuyo fundamento surge precisamente de los artículos 54, fracción XV y 85, párrafo in fine, de la Constitución Local. Así las cosas, las resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala por disposición del referido artículo 85, párrafo final de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala son impugnables en sede jurisdiccional, aunado a lo anterior, las relaciones laborales burocráticas deben regirse por la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. En este orden de ideas, las vicisitudes que pudieren surgir del vínculo laboral con el Consejo de la Judicatura como patrón asimilado, permiten al trabajador defender cualquier derecho social que estime violado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que conduce a la improcedencia del juicio de garantías, previamente a acudir a dirimir cualquier controversia ante el tribunal laboral en cita, autoridad instituida ex profeso para resolver las cuestiones surgidas con motivo del nexo laboral. De acuerdo con lo anterior, es claro que la audiencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se rescindió la relación laboral de la peticionaria con el Consejo de la Judicatura del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, ambos del Estado de Tlaxcala, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Se apoya lo anterior por identidad de razones con la jurisprudencia 2a./J. 111/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 444, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." En consecuencia, en atención a que el acto reclamado no tiene la nota distintiva de ser acto de autoridad para efectos del amparo, es que se surte en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 11, aplicado contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por tanto, se SOBRESEE en el presente juicio con fundamento en lo previsto en el artículo 64, fracción V, de la ley de la materia. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rosario de la Rosa Sánchez contra el acto reclamado al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Tlaxcala, así como a la Subdirectora Jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público y por oficio a las responsables.***

Quedan 19 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano