Rosario Cesar Huizar Regalado
Expediente 2075/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 29 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2075/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 14/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rosario Cesar Huizar Regalado
- Martha Patricia Acuña Jara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados en autos para la celebración de la audiencia incidental en el incidente de suspensión 2075/2015, la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado, que actúa asistida del Secretario que autoriza y da fe, licenciado Juan García Trejo, la declaró abierta, haciéndose constar la inasistencia de las partes. Enseguida, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: copia de la demanda de garantías, auto de diecisiete de noviembre de dos mil quince, en el que se admitió a trámite el presente incidente de suspensión, y el informe previo rendido por la autoridad responsable Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con residencia en la Ciudad de México, (por conducto de la Directora). A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y por rendido el informe previo de la autoridad responsable en cita. Acto continuo, se abre el periodo probatorio y de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas ni formuló alegatos. No existiendo alegatos que recibir o tener por reproducidos, se da por concluido dicho periodo; en consecuencia, se declara cerrada la audiencia incidental, por lo que se ordena traer los autos a la vista para dictar la interlocutoria correspondiente. VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2075/2015. R E S U L T A N D O: PRIMERO. ROSARIO CÉSAR HUIZAR REGALADO, MARTHA PATRICIA ACUÑA JARA, CIRA MONTES GARCÍA, PATRICIA GASPAR PONCE Y JORGE ROSALES ESPARZA, promovieron juicio de amparo en el que solicitaron la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, que hizo consistir en: "1) LA ILEGAL E IMPOSITIVA ORDEN DE SUBIR A LA PLATAFORMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, LAS EVIDENCIAS DEL PROCESO O CICLO ESCOLAR 2014-2015 (INFORMACIÓN QUE DATA DE SER EVALUACIÓN Y TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALUMNOS DE LOS CUALES TENEMOS A NUESTRO CARGO COMO MAESTRAS Y MAESTROS.)". "2) LA ILEGAL E IMPOSITIVA ORDEN DE SUJETARNOS A TODAS LAS PROMOVENTES DE FORMA INFUNDADA E IMPROCEDENTE A LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN QUE PREVEEN LOS ARTÍCULOS 52, 53, 68, 69 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, ASÍ COMO TAMBIÉN LO ESTABLECIDO Y REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 1, 3. 14, 25 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN.". SEGUNDO. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil quince, se dio trámite a este incidente, en el que se negó la suspensión provisional solicitada, se requirió a las autoridades responsables su informe previo; se notificó al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y se citó a las partes a la audiencia incidental; así como que mediante diversas interlocutorias de veinticuatro de noviembre (foja 56), diez de diciembre (foja 65), veintinueve de diciembre de dos mil quince (foja 86) y dieciocho de febrero de dos mil dieciséis (foja 114), se resolvió por lo que hace a las diversas autoridades responsables y se difirió la audiencia incidental por cuanto hace a los actos reclamados de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con residencia en México, Distrito Federal, para que tuviera verificativo en esta misma fecha, la cual se celebró en los términos del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por serlo para conocer del juicio de garantías del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 36, 122, 131 de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. La autoridad responsable Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con residencia en México, Distrito Federal (por conducto de la Directora), al rendir su informe previo no manifiesta expresamente si son o no ciertos los actos que la parte quejosa le reclaman, sin embargo, del contenido del mismo se advierte la existencia del acto que se le reclama No obstante lo anterior, resulta improcedente la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias, en atención a los argumentos siguientes: En principio, los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como taxativas para el otorgamiento de la media cautelar: Que lo solicite el agraviado; Que se realice un análisis ponderando de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Cuando se aduzca tener un interés legítimo la parte quejosa de verá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrara el interés social que justifique su otorgamiento, y, En ningún caso el otorgamiento de la medida cautela tendrá por efecto modificar, restringir derecho, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Pues bien, el primero de ellos que denota la instancia de parte agraviada principio rector del juicio de amparo, pues nadie mejor que los quejosos pueden estimar hasta qué punto le perjudica dicha ejecución, por tanto a ellos les compete el impulso procesal, se colmó plenamente toda vez que en su demanda solicitaron la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, deriva de lo ostensible que el legislador concede a los intereses sociales o colectivos y de orden público sobre los individuales, pues éstos deben tutelarse si y sólo están en conflicto con la sociedad y el Estado. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, señala ejemplificativamente los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, este señalamiento no es limitativo sino enunciativo. El orden público y el interés social no son nociones que se puedan integrar a partir de una declaración formal en la ley, pues por lo general todas las normas son de orden público y tienden a regular un interés de la sociedad que es la función específica del derecho; por tanto, corresponde al juzgador en cada caso concreto determinar de manera específica cómo se perfilan tales conceptos jurídicos indeterminados en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscite el acto que se pretende suspender, así a determinación del orden público e interés social ha quedado confiada al buen criterio del juzgador; sin embargo, el alto tribunal de la Nación, en abundante jurisprudencia como la que enseguida se invoca ha delineado criterios orientadores de esos conceptos. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuya voz y texto rezan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna e en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Asimismo, atiéndase la tesis de jurisprudencia número I.3°.A J/16, que la letra dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan con figurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.". Así, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, en el caso se estima que sí se afecta el orden público e interés social con la concesión de la medida cautelar, es decir, de otorgarse tal medida para que se impida la evaluación docente, equivaldría a ir en contra el objeto primario del Estado en el otorgamiento de una educación de calidad que constituye la educación de la buena práctica profesional, que nulificaría el logro de perfiles y parámetros e indicadores idóneos en la selección de los docenes para impartir la educación en nuestro país. En tales condiciones, a fin de justificar que no resulta procedente otorgar la suspensión definitiva, debe precisarse que el impacto que tendrá la suspensión del acto reclamado en el interés social y disposiciones de orden público es mayor a los efectos perjudiciales que podría tener la ejecución de las normas reclamadas los quejosos (esencialmente de carácter social-educativo). Lo anterior, justamente porque el legislador en el artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo ha establecido, en forma ejemplificativa mas no limitativa, diversas hipótesis en que se considera que sí se siguen perjuicios al interés social o se realizan contravenciones a disposiciones de orden público; dichos criterios se han establecido para guiar al operador jurídico a fin de determinar cuándo, en el caso concreto, no se satisface el requisito ahí establecido, de modo que se deja al juez de amparo en aptitud de reconocer tales atributos (que se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público) en otros supuestos sometidos a su apreciación. En ese contexto, el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, correspondiendo al juez federal examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. Del criterio citado se aprecia que, en términos generales, se produce perjuicio al interés social o se realizan contravenciones a disposiciones de orden público cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Esto es, si bien la estimación, por ejemplo, del orden público, en principio, corresponde al legislador, el juzgador de amparo deberá apreciar si concurre o no en los casos concretos que se les sometan para su fallo, lo cual debe hacer incluso cuando se esté en presencia de cualquiera de las hipótesis previstas en los diferentes incisos de la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, a menos que la afectación al orden público e interés social sea evidente y manifiesta, en el entendido de que en todo caso se deberá razonar la determinación. En el caso, el acto reclamado cuya suspensión nos ocupa, lo constituye la expedición de la Ley Nacional para la Evaluación Educativa y la Ley General del Servicio Profesional Docente, que prevén la aplicación de la evaluación docente y la orden de subir a la plataforma del Instituto Nacional de Evaluación Educativa las evidencias del proceso o ciclo escolar 2014 a que se refieren los artículos 1 3, 14 y 25 de Ley Nacional para la Evaluación Educativa y, 52, 53 68 y 69, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, de los cuales se colige, en lo que ahora importa lo siguiente: Que la Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa es competencia del Instituto y que este a su vez, tiene la función de diseñar y expedir los lineamientos generales para la evaluación educativa (artículo 14). Que el Instituto a su vez, tiene por objeto coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación básica y a la educación media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios; además, está a cargo del diseño de las evaluaciones y, de los procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto a los atributos de educandos, docentes y Autoridades Escolares, así como, de las características de instituciones, políticas y programas educativos (artículo 25). De igual manera, la permanencia en el servicio, se encuentra a cargo de las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados, quienes deberán evaluar el desempeño docente en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado, evaluación que tiene el carácter de obligatorio, cuya periodicidad será por lo menos cada cuatro años; dicha evaluación, tiene la finalidad de identificar la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva. (artículos 52 y 53). Como se desprende, las disposiciones antes enunciadas, por disposición expresa del artículo 1° de la Ley Nacional para la Evaluación Educativa y, artículo 1° de la Ley General del Servicio Profesional Doce, dichas disposiciones, no solo se consideran de orden público e interés social, sino que además, esa característica se encuentra reconocida por el objetivo específico que persigue. En efecto, de lo anterior se advierte, que la expedición de la Ley Nacional para la Evaluación Educativa y Ley General del Servicio Profesional Doce, reglamentarias del artículo 3°, de la Constitución Política de los Estados unidos mexicanos, el que establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación básica obligatoria, gratuita y laica, tendiente a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; para ello, se faculta al Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, a expedir las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, afijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones elativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan; lo cual evidencia el interés social de las medidas adoptadas, lo que implica que su preservación se funda en un fin de carácter colectivo, que es precisamente, poner en práctica acciones que garanticen la educación y la dignidad humana. Derecho fundamental respecto del cual, existe interés de la sociedad y obligación del estado de protegerlo. Como se observa, de las razones, dadas por el legislador en los artículos impugnados, se desprende con claridad que la preocupación subyacente a la norma impugnada, consiste en mejorar las condiciones educativas por lo que, la falta de una regulación legal que una trata de normas que buscan la protección de los derechos sociales a tener una educación básica de calidad. Por ende, debe concluirse que las Leyes controvertidas, tienen como objetivo; garantizar una educación adecuada con una buena práctica profesional, que busca la realización de un objetivo expresamente previsto en la Norma Fundamental salvaguardar el derecho de todo individuo a recibir educación básica de calidad, gratuita y laica, establecida en el artículo 3° constitucional. Robustece lo anterior la Tesis del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA APLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO BÁSICO PÚBLICO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, DADO EL CONFLICTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES INMERSO (DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, O ESTABILIDAD EN EL EMPLEO). En el caso de la suspensión contra los efectos y consecuencias del Decreto Número 292, por el que se expide la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el viernes 28 de febrero de 2014, sexta sección, tomo CLVIII, Núm. 99, vigente a partir del 1o. de marzo de 2014, se presenta una colisión entre diferentes derechos constitucionales, que son: I) el derecho a que no se aplique a los trabajadores del sistema educativo básico público el control de evaluación y seguir conservando su estabilidad en el empleo; y, II) el derecho de la sociedad a contar con un sistema educativo de calidad. Así, con base en la solución de ese conflicto de derechos es como debe decidirse el otorgamiento o no de la medida cautelar. Efectivamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental de los trabajadores del sistema de educación pública básica a la estabilidad en el empleo, que consiste en que éstos no sean despedidos o cesados arbitrariamente por el patrón-Estado. Pero también reconoce a toda la sociedad el derecho esencial a una educación de calidad. Así, de no otorgarse la suspensión solicitada -por no aprobar las evaluaciones- se les puede transgredir su derecho fundamental a la estabilidad en el empleo; en cambio, si se otorga la medida cautelar existe el riesgo de perjudicar a las personas titulares del derecho a recibir una educación de calidad, donde sólo el personal capacitado pueda desempeñar los diversos cargos en el sistema educativo público en la educación básica, lo que pretende lograrse a través de dichas evaluaciones. Ahora bien, la medida cautelar únicamente prejuzga sobre posibles daños a bienes jurídicos o derechos fundamentales reconocidos; por tanto, es improcedente concederla contra los efectos y consecuencias de la aplicación de la norma reclamada, porque se seguiría perjuicio al interés social, dado que la sociedad está interesada en que se garantice la calidad de la educación obligatoria y que se formulen políticas educativas encaminadas a la consecución de ese fin, es decir, que se imparta educación de calidad y se mejoren la gestión escolar y los procesos educativos. Por tanto, el interés de la sociedad a tener una educación de calidad está por encima del derecho de los trabajadores del sistema educativo básico público a gozar de la estabilidad en el empleo, pues están de por medio los derechos de la niñez que se pretenden obtener por medio de la aplicación de las evaluaciones a dichos trabajadores.". Por todo lo anterior, lo que procede es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en el juicio de amparo contra los efectos y consecuencias de dichas disposiciones, solicitada por ROSARIO CÉSAR HUIZAR REGALADO, MARTHA PATRICIA ACUÑA JARA, CIRA MONTES GARCÍA, PATRICIA GASPAR PONCE Y JORGE ROSALES ESPARZA. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 146 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se NIEGA a ROSARIO CÉSAR HUIZAR REGALADO, MARTHA PATRICIA ACUÑA JARA, CIRA MONTES GARCÍA, PATRICIA GASPAR PONCE Y JORGE ROSALES ESPARZA, la suspensión definitiva solicitada, únicamente por lo que se refiere a los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos expuestos en esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Amci
- Incidental
Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el telegrama de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME PREVIO de la autoridad responsable COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, CON SEDE EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL (por conducto de la Directora), sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia incidental que al efecto se celebre. Por otra parte con fundamento en el artículo 9 de la ley de amparo en vigor, téngase como delegados de la citada autoridad a las personas que se indican y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que también se refiere. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.aksa
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, día y hora señalados en autos para la celebración de la audiencia incidental en el incidente de suspensión 2075/2015, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, que actúa asistido de la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada María Soledad Torres Muguiro, la declaró abierta, haciéndose constar la inasistencia de las partes. Enseguida, la Secretaria procede a hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: copia de la demanda de garantías, auto de diecisiete de noviembre de dos mil quince, en el que se admitió a trámite el presente incidente de suspensión, y el informe previo rendido por la autoridad responsable Secretario de Educación del Estado de Zacatecas, por conducto de su representante legal. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que la diversa autoridad responsable Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con residencia en México, Distrito Federal, no ha rendido su informe previo, ni obra en autos el acuse de recibo del oficio por el que se le solicitó. A lo anterior, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, por rendido el informe previo de la autoridad responsable en cita y por asentada constancia en el sentido de que la diversa responsable Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con residencia en México, Distrito Federal, no han rendido su informe previo. Acto continuo, se abre el periodo probatorio y de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas ni formuló alegatos. No existiendo alegatos que recibir o tener por reproducidos, se da por concluido dicho periodo; en consecuencia, se declara cerrada la audiencia incidental, por lo que se ordena traer los autos a la vista para dictar la interlocutoria correspondiente. VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1851/2015. R E S U L T A N D O: 1º. ROSARIO CÉSAR HUIZAR REGALADO, MARTHA PATRICIA ACUÑA JARA, CIRA MONTES GARCÍA, PATRICIA GASPAR PONCE Y JORGE ROSALES ESPARZA, promovieron juicio de amparo en el que solicitaron la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados al DIRECTOR DE FORMACIÓN DOCENTE Y GESTIÓN EDUCATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS y otras autoridades. 2. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil quince, se dio trámite a este incidente, en el que se negó la suspensión provisional solicitada, se requirió a las autoridades responsables su informe previo; se notificó al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y se citó a las partes a la audiencia incidental, que ahora se celebró en los términos del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por serlo para conocer del juicio de garantías del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 36, 122, 131 de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. La autoridad responsable Secretario de Educación del Estado de Zacatecas, por conducto de su representante legal, al rendir su informe previo, negó expresamente la existencia del acto que se le reclama, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, razón por la cual debe negarse la suspensión definitiva que se solicita, al no haber materia sobre la que pudiera decretarse. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 286, visible a fojas 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, del contenido siguiente: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". III. Por otra parte, en atención a lo expuesto en autos, en el sentido de que la diversa autoridad responsable Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con residencia en México, Distrito Federal, no ha rendido su informe previo ni obra en autos el acuse de recibo del oficio por el que se les solicitó; a fin de dar margen a que se reciban los indicados comunicados, se difiere la citada audiencia para las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, a fin de que tenga verificativo respecto de dichas responsables. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 146 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se NIEGA a ROSARIO CÉSAR HUIZAR REGALADO, MARTHA PATRICIA ACUÑA JARA, CIRA MONTES GARCÍA, PATRICIA GASPAR PONCE Y JORGE ROSALES ESPARZA, la suspensión definitiva solicitada, únicamente por lo que se refiere a los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando II, por los motivos expuestos en esta interlocutoria. SEGUNDO.- Se DIFIERE la audiencia incidental para las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, en términos de lo expuesto en el considerando III de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ROSARIO CÉSAR HUIZAR REGALADO Y OTROS, EL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO: "Por lo expuesto, fundado, con apoyo además en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se R E S U E L V E: PRIMERO. Es PROCEDENTE LA ACUMULACIÓN del juicio de amparo 2075/2015, promovido por ROSARIO CÉSAR HUIZAR REGALADO, MARTHA PATRICIA ACUÑA JARA, CIRA MONTES GARCÍA, PATRICIA GASPAR PONCE y JORGE ROSALES ESPARZA; al diverso 1364/2015, promovido por ALEJANDRO MACÍAS BARRÓN, MA. CONCEPCIÓN ANDRADE FRAUSTO, MA. DE JESÚS CORTÉS RODRÍGUEZ, MA. ESTHELA DURÁN PUGA, ELIDA LUNA REYNOSO, DEYANIRA DONOSO CRUZ, FABIOLA QUEZADA JÁUREGUI, LETICIA ÁVILA DONOSO, MARICELA DURÁN DURÁN, MARTHA MARÍA MUÑOZ NOLAZCO, ALEJANDRA MARTÍNEZ MERCADO, VÍCTOR MANUEL MEJÍA CORTÉS, MÓNICA LOZANO LEGASPI, EDGAR ULISES CASILLAS COCOLAN, ABDO GUILLERMO VITAL CENICEROS, ELADIO AMAYA RUIZ, MARIBEL JIMÉNEZ PALACIOS, MARGARITA DÍAZ CONTRERAS, PATRICIA DEL ROSARIO RUVALCABA VALADEZ, ANA LETICIA CAMACHO PALACIOS, ROSA KARINA GONZÁLEZ, MA. DOLORES FLORES PUGA, ALEJANDRINA CASTILLO RODRÍGUEZ, HEIDI YESENIA FERNÁNDEZ ROSALES, MA. CRISTINA MARTÍNEZ ESCOBEDO, NAYELY LECHUGA REYES, JAQUELINE DÁVILA CONTRERAS, CRISTINA YESENIA JIMÉNEZ CAMARILLO, MA. DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA, SILVIA SALAS LÓPEZ, ABEL ZACARÍAS HURTADO, ZOILA TISCAREÑO HERNÁNDEZ, MA. DE LA LUZ DÁVILA GUAJARDO, SONIA VERÓNICA MÁRQUEZ CASTILLO, ALICIA MARTÍNEZ FLORES, RAÚL PÉREZ BOCANEGRA, REGINA DÁVILA CONTRERAS, MARÍA ELENA ORTIZ SOSA, LORENA BENAVIDES CASTRO, ANAHÍT SILVA OLVERA, BERTHA ALICIA ZAMBRANO RIVAS, LUIS ANTONIO SILVA MONTOYA, MA. GUADALUPE JIMÉNEZ CAMARILLO, PATRICIA MAURICIO ZAMAGO, ADRIANA OVALLE RODRÍGUEZ, MIRIAM ESTELA ESPINOSA y ARTURO CATAÑO ZACARIAS, los dos del índice de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Se ordena levantar la suspensión del procedimiento decretada en los citados juicios. NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe."
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Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Rosalio Félix Ortiz205/2015
- Rosalío Félix Ortiz4218/2014
- Rosalio Gutiérrez Cárdenas3428/2014
- Rosalío Pinedo Hernández425/2017
- Rosalio Sánchez del Real3287/2014
- Rosalva Sanchez Ortiz2446/2014
- Rosario del Carmen Monserrat Gonzalez Mejia37/2023
- Rosario Delgado Pérez1058/2015
- Rosaura Arredondo de Haro150/2015
- Rosaura Cordero Alvarado632/2015
- Rosaura Esparza Lechuga1971/2018
- Rosaura Hernández Díaz1424/2018