Rosario Barrera Ocampo
Expediente 753/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Marcelo Barrera Ocampo
- ALICIA BARRERA OCAMPO y Otros.
- Rosario Barrera Ocampo
- Ramon Barrera Ocampo
- ROSARIO BARRERA OCAMPO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia treinta de agosto de dos mil veintiuno, dictada en autos, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, devuélvase las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, las cuales conformaron los anexos I, II, III, IV y V, Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 753/2020. R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recibido el diecisiete de septiembre de dos mil veinte en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Rosario, Ramón, Marcelo, Gudelia, Javier y Alicia, todos de apellidos Barrera Ocampo, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad responsable, Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Circuito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, a quien atribuyó el acto reclamado siguiente: "III. Se reclama la notificación de fecha once de septiembre de este año para la audiencia de desahogo de pruebas ordenada el día dos de diciembre de dos mil veinte [.]". Y ello lo estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, cuyo titular, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, admitió la demanda, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijó día y hora para la audiencia constitucional. Y tras varios trámites, por proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; hecho lo cual, la audiencia constitucional inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse, además, de una actuación de una autoridad que tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y el contexto que arrojan los autos se desprende que lo reclamado en este juicio es el auto dictado el diez de agosto de dos mil veinte por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Circuito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, en la controversia del orden familiar de nulidad de testamento público que promovieron los aquí terceros interesados en contra de la parte aquí quejosa y el Notario Público Número Tres de la Sexta Demarcación Territorial del Estado de Morelos. Y ese acuerdo los amparistas lo impugnan debido a que consideran que les causa perjuicio que la citación realizada a los testigos para efecto de desahogar esa prueba testimonial en dicha controversia no lleva consigo apercibimiento alguno para el caso de que no comparezcan los atestes. Debido a esto último es que se advierte que el auto reclamado es el precisado en el párrafo que antecede y no el que reclaman los quejosos como acto destacado, consistente en la notificación de once de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual se les hace del conocimiento del acuerdo reclamado, puesto que de la lectura integral de la demanda se desprende que lo impugnado es el contenido de ese auto - que fue descrito anteriormente- y no la notificación en sí, dado que no le imprimen vicios propios a ésta. III. Actos reclamados existentes. Es cierto lo aquí reclamado a la autoridad responsable, pues así lo arroja su informe justificado; y, para demostrarlo, remitió copia certificada de los autos del procedimiento de origen, a lo cual se le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. IV. Improcedencia del juicio de amparo. El estudio oficioso de las causales de improcedencia, previo al del fondo del asunto, constituye una obligación para este juzgador, por mandato del artículo 62 de la Ley de Amparo, pues se trata de una cuestión orden público. Y en este caso, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo1, toda vez que aunque subsiste el acto reclamado no puede surtir efecto legal alguno, en virtud de haber dejado de existir su objeto o materia. Así fue previsto por el legislador, pues determinó que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica se hubiere modificado sin 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.". dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo -este último supuesto es el que nos ocupa-. Esto último, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el juicio de amparo es improcedente cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en el caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el hoce del derecho que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Véase si no la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS".2 Y en el caso, el acto reclamado está dentro del supuesto en comento, pues aunque subsiste, su contenido ya no puede surtir efectos legales o materiales, es decir, no se concretará su objeto en razón de la modificación temporal del entorno en el cual se emitió, lo cual acarrea que la eventual sentencia concesoria ningún efecto jurídico tendría. 2 Con registro 173858 y consultable en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es el siguiente: "En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Se explica. En el caso, como se había dicho, los quejosos el auto dictado el diez de agosto de dos mil veinte por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Circuito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, en la controversia del orden familiar de nulidad de testamento público que promovieron los aquí terceros interesados en contra de la parte aquí quejosa y el Notario Público Número Tres de la Sexta Demarcación Territorial del Estado de Morelos. Y ese acuerdo los amparistas lo impugnan debido a que consideran que les causa perjuicio que la citación realizada a los testigos para efecto de desahogar esa prueba testimonial en dicha controversia no lleva consigo apercibimiento alguno para el caso de que no comparezcan los atestes. Nótese que la pretensión de los quejosos es que, vía concesión de amparo, se ordenara a la autoridad responsable a modificar el acto reclamado a efecto de que se agregara un apercibimiento para en caso de que no se atendiera la citación a la audiencia de desahogo de pruebas, la cual se levaría el dos de diciembre del año pasado. Sin embargo, precisamente debido a que ya pasó la fecha de la audiencia cuya citación se prendía modificar -dos de diciembre de dos mil veinte- se sostiene que aunque subsiste el acto reclamado, en tanto que no fue revocado ni modificado, hubo un cambio en el entorno temporal en el ya ocurrió la fecha contenida en la citación del auto reclamado y, por tanto, los efectos de este último ya no pueden surtir efectos porque dejó de existir su materia. Por tanto, aún y cuando de un estudio del contexto reclamado, eventualmente se concluyera su inconstitucionalidad, el nuevo contexto dejaría a la respectiva sentencia concesoria sin efecto jurídico. Esto último en razón de que aunque el acto reclamado formalmente subsiste, su contexto se modificó sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, pues los efectos de esa actuación ya no se concretarán más debido al cambio de entorno temporal, ni aunque se modificara el acto reclamado podría tener efectos debido a que su materia era una citación para comparecer en una fecha que ya pasó y, justamente en virtud de ello, el fallo protector ya no cumpliría su finalidad. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio conforme al artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo que promovieron Rosario, Ramón, Marcelo, Gudelia, Javier y Alicia, todos de apellidos Barrera Ocampo en contra de la actuación y autoridad responsable que fueron precisados en el considerando II; todo esto debido a las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ante Ramón Jurado Guerrero, Secretario que autoriza y da fe, el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta signado por *****, autorizado de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, en el que solicita se cite a las partes para oír sentencia; en atención a su contenido, deberá estarse a lo acordado en proveído de diecinueve de abril del año en curso, en el que se difirió la audiencia constitucional para las diez horas con tres minutos del uno de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obran las constancias de notificación a los terceros interesados Luis y José Isabel, ambos de apellidos Barrera Ocampo y Armando A. Rivera Villareal, Notario Público número Tres de la Sexta Demarcación Territorial en el Estado, respecto del acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, por medio del cual se ordenó la reanudación del procedimiento. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con tres minutos del uno de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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