Rosario Ayala González
Expediente 722/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/06/2016
Partes del expediente
- Rosario Ayala González
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Rosario Ayala González, hubiese recurrido el proveído de veintitrés de mayo del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se tuvo por no presentada la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Vista razón actuarial de veinte de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual la actuarial judicial adscrita, hace constar la imposibilidad para notificar al quejoso ***, el proveído de dieciséis de los actuales, por las razones que expone. En consecuencia, se ordena notificar al quejoso por lista el proveído de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo que promueve Claudia Alicia Villarello Contreas, en favor de Rosario Ayala González, contra actos del Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en el Estado de México, mismos que se hacen consistir en la segregación, castigo, incomunicación, ataques a la libertad fuera de procedimiento, y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Fórmese cuaderno de amparo, regístrese bajo el número que le corresponda. PREVENCIÓN. Ahora bien, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV y 20 de la Ley de Amparo, requiérase al directo quejoso Rosario Ayala González, para que ante la presencia judicial, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor; para tal efecto, comisiónese a uno de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado de Distrito, a efecto de que se constituya en el interior de las instalaciones que ocupa el Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiagutio", en Almoloya de Juárez, Estado de México, para la práctica de la diligencia de mérito, debiendo dar fe del estado físico en que se encuentra; y, para el caso de que al funcionario judicial de referencia se le informe que el mismo se ubica en alguna otra instalación perteneciente a la circunscripción territorial asignada a este juzgado, por economía procesal deberá constituirse en ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en el acta respectiva. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia de que si en ese momento no ratifica el escrito, con fundamento en el párrafo tercero, del artículo 15 de la Ley de Amparo vigente, se le concede el plazo de tres días para que exprese a este juzgado lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo así, dentro del tiempo que se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, quedando sin efectos las providencias que continuación se decretan. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo "se suspende de plano todo acto que tienda a mantener segregado, castigado, incomunicado al agraviado directo Rosario Ayala González, a golpearlo, torturarlo o a practicar en su persona cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional" Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. REQUERMIENTO DE INFORME SUSPENSIÓN DE PLANO. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.] Ahora, respecto de los actos que no fueron materia de la suspensión de plano, una vez que sea ratificada la demanda, se acordará lo conducente en el cuaderno incidental que en su momento se tramite por cuerda separada. Requerimiento autoridad. Requiérase al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informe a este órgano de control constitucional ante qué autoridad policiaca, ministerial y/o jurisdiccional, se encuentra a disposición el quejoso Rosario Ayala González, debiendo proporcionar la denominación completa y correcta de la dependencia, así como la averiguación previa, carpeta de investigación o procedimiento penal instruido en su contra; de igual forma, deberá manifestar, si el directo agraviado fue puesto a disposición con motivo de una orden privativa de la libertad; por otra parte, deberá informar si se decretó a su favor alguna medida cautelar, en qué consiste y el fundamento legal de la misma; apercibido que de no informar al respecto dentro del término concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México; lo anterior de conformidad con lo que establecen los artículos 237 fracción I y 259 de la ley de la materia. Por otra parte, se previene a las autoridades responsables para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 fracción I de la Ley de Amparo, y dada la notoria urgencia y características del caso, reciban el oficio dirigido a la autoridad que no estuviese en turno, apercibidas que en caso de ser omisas al respecto, con fundamento en el segundo de los citados artículos, se tendrá por legalmente hecha la notificación a las autoridades que vayan dirigidos los oficios, a partir de la hora y fecha en que el actuario judicial adscrito se constituya legalmente en sus oficinas; lo anterior, con independencia de que la citada conducta pueda ser constitutiva de algún hecho delictuoso. Denominación incorrecta de autoridad. Por otra parte, se apercibe a la parte quejosa que en caso de que alguna de las autoridades que designó en la demanda haya sido nominada incorrectamente, la misma se tendrá por inexistente y se omitirá toda comunicación con ella. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. (9ª Época, S. J. F. y su Gaceta, Tomo XXIX, Materia Común, Marzo de 2009)." Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo. (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993)" DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del directo agraviado, el señalado en el proemio de su demanda, salvo las que este Juzgador estime necesarias realizarle en el Centro en que se encuentra recluido. Lo anterior sin perjuicio de que las notificaciones que así lo considere este juzgado, se practiquen como lo dispone el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. TRANSPARENCIA. La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso del titular, ello de conformidad con lo que establece el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, atento a lo cual, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste a efecto de realizar las correspondientes solicitudes, en términos del numeral citado. Hecho lo cual se acordará lo conducente. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la a reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
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