Rosario Arreola Gómez

Expediente 1789/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1789/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2018

Partes del expediente

  • Rosario Arreola Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el libelo de cuenta suscrito por el quejoso******************** mediante el cual realiza diversas manifestaciones y solicita a este juzgado federal que se tenga como autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector concedido a la ******************** de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; en consecuencia, agréguese el escrito de mérito para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, para determinar la procedencia de la vinculación de la autoridad que señala como responsable, es necesario exponer en que consistieron los efectos de la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictada dentro del presente sumario constitucional 2378/2017 (fojas 66 a 74): ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a******************** para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, emita los acuerdos correspondientes y aplique los medios de apremio a su alcance para que con prontitud y sin exceder los términos de ley, lleve a cabo la ejecución del laudo dictado el dos de diciembre de dos mil trece, en el juicio laboral ordinario ******************** Así pues, los efectos consistieron en que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad: 1.- Llevara a cabo la ejecución total del laudo dictado en autos del expediente laboral 86/2013, de su índice. Así, de las constancias allegadas al presente juicio de amparo a fin de dar cumplimiento al fallo protector, se advierte que el tribunal responsable ha realizado las actuaciones tendientes a llevar a cabo la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral ordinario (fojas 90 a 93, 100 a 101, 109 a 110, 116 a 118, 120 a 123, 129 a 136, 140 a 146 y 152 a 153). En ellas el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó a este Juzgado Federal que requirió a la parte demandada del juicio laboral Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, para que cumpla con el pago de las prestaciones económicas que se establecieron en laudo dictado en el expediente 86/2013, del índice de la autoridad laboral. Asimismo, en proveído de doce de junio de dos mil dieciocho (foja 111), dictado por este juzgado se requirió a la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en calidad de autoridad responsable, para que diera cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo. Luego, por oficio presentado el veinticinco de junio del año en curso (foja 120 a 123), la referida Secretaría hizo saber a este juzgado las gestiones realizadas ante la Secretaría de Admisnitración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, dado que a ésta le correspondía aportar los recursos necesarios para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior, dice, sin que ésta última autoridad atendiera las solicitudes respectivas. En efecto, tal como refiere la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y como lo expuso la parte quejosa en el escrito de cuenta, a quien le corresponde realizar los pagos de referencia, es a la ********************, conforme lo dispone el artículo 33, fracciones I, II, XVIII, XXXIX y LXXXIX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. En consecuencia, atento a las manifestaciones de la parte quejosa y dado que el fin que se persigue en el presente caso es que se le restituya en el goce de la garantía violada, este órgano de control constitucional debe vigilar que las sentencias que dicte queden debidamente cumplidas; de manera que si existen autoridades que no fueron señaladas como responsables en el presente juicio, pero tienen una vinculación para lograr el objetivo con motivo de la concesión del juicio de amparo, están obligadas a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuarenta y cuatro, Tomo XXV, Mayo de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.". Asimismo, la Tesis I.3o (región) 3 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, publicada en la página dos mil cuarenta y siete, Tomo III, septiembre dos mil doce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. De la reforma al párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos, atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas y así poder proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo constitucional, debe procurarse que la interpretación se haga conforme al principio pro persona, que también se encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. En estas condiciones, se concluye que el derecho a la administración pronta y expedita de justicia es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales en forma no limitativa sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir, inter país y a nivel internacional. Consecuentemente, si se atiende al artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración pronta y expedita de justicia, a fin de que se cumplan cabalmente las sentencias ejecutoriadas, se estima que los órganos de control constitucional tienen facultades, no sólo para precisar los alcances de esos fallos, sino también para requerir a autoridades diversas de las señaladas como responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento.". En ese tenor, de conformidad con el artículo 197 de la ley en cita, téngase como autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector a la ******************** del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad; por tanto, con sustento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la ley de la materia, requiérase al titular de dicha secretaría, para que dentro del término de diez días siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, en el ámbito de las atribuciones, realice las gestiones necesarias para que se logre la ejecución total del laudo dictado en el juicio laboral 86/2013, incluso efectúen los trámites para que se considere el pago del adeudo al quejoso ********************; asimismo, remita las documentales que acrediten esa situación. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se le hace del conocimiento a la citada Secretaría, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la ley citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el delegado de la autoridad responsable denominada Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que le fue presentado el escrito proporcionando los datos requeridos a la parte quejosa, remitiéndolos para su trámite a la Dirección General de Tesorería, aduciendo acreditarlo con el acuse de recibo de dicha operación; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el libelo y anexos de cuenta para los efectos legales correspondientes. Sin embargo, contrario a lo manifestado el promovente no adjuntó ninguna documental al líbelo de cuenta, tal y como se aprecia del sello de la Oficialía de Partes de este Juzgado; por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, remita el acuse de recibo a que hace alusión en el oficio de cuenta, o en su caso, las constancias con las que compruebe que efectuó el pagó a la parte quejosa de la cantidad señalada en la sentencia concesoria. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Finalmente, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la Ley citada.

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