Rosario Arizbet Juárez Flores

Expediente 564/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
564/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Rosario Arizbet Juárez Flores
  • Ángel Roberto Juárez Flores
  • Dalia Margarita Flores Miguel
  • DALIA MARGARITA FLORES MIGUEL y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que los disidentes hayan impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo conforme a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención del tomo de pruebas relativo a las copias certificadas de las constancias que integran el juicio especial de divorcio incausado 242/2020, que la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió en atención al requerimiento de dos de junio pasado, devuélvase ese instrumento mediante el oficio que al efecto se elabore; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 564/2021 promovido por * * * por sí y en su carácter de representante legal de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales * * *en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES De las actuaciones que integran este asunto se advierte que el diez de septiembre de dos mil veinte, Dalia Margarita Flores Miguel, por sí y en su carácter de representante legal de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales J.A.J.F., A.R.J.F. y R.A.J.F. demandó en la vía de tramitación especial a Ariel Gustavo Juárez Ramírez la disolución de vínculo matrimonial que los unía y solicitó la guarda y custodia de sus descendientes; en su demanda los actores ofrecieron diversas pruebas y exhibieron un proyecto de convenio, en donde se establecieron aspectos relacionados con la patria potestad, la guarda y custodia, el régimen de convivencias y los alimentos. De ese asunto correspondió conocer a la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, quien por auto de ocho de octubre del año próximo pasado, lo radicó bajo el expediente 242/2020, admitió a trámite el escrito inicial, dispuso que se emplazara al enjuiciado y concedió a Dalia Margarita Flores Miguel la guarda y custodia provisional de sus hijos. En la razón de doce de noviembre de dos mil veinte, la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, hizo constar la imposibilidad que tuvo para emplazar al demandado Ariel Gustavo Juárez Ramírez, porque no vivía en el domicilio que se señaló para su llamamiento judicial. Por auto de nueve de diciembre posterior, se ordenó dar vista a la parte actora en ese contradictorio con la razón actuarial indicada para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, o bien, para que proporcionara el domicilio actual y exacto del demandado a fin de que pudiera ser emplazado. A través del escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, Dalia Margarita Flores Miguel desahogó dicha vista y reiteró el domicilio que proporcionó inicialmente para que se verificará el llamamiento judicial del enjuiciado, por lo que pidió que se comisionara a la Actuaria Judicial adscrita a ese órgano jurisdiccional para que en compañía de la accionante se constituyeran en tal lugar a fin de que se emplazara al demandado. En el proveído de dieciocho de mayo del año en curso, la Juez primaria tuvo a la promovente por hechas sus manifestaciones y ordenó a la fedataria de su adscripción para que en compañía de la accionante se constituyeran en el domicilio señalado y se emplazara al enjuiciado; esa determinación se notificó a la justiciable el veintisiete de mayo siguiente. La parte quejosa estima que la actuación de la autoridad judicial responsable vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE Dalia Margarita Flores Miguel, promovió por sí y en su carácter de representante legal de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales J.A.J.F., A.R.J.F. y R.A.J.F. juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. Los justiciables señalaron como autoridad responsable a la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, a quien reclamaron la omisión de proveer el escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio de tramitación especial de divorcio incausado 242/2020. Por acuerdo de veintiuno de mayo pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 564/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que los inconformes combaten el acto siguiente: De la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, reclaman: La omisión de proveer el escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio de tramitación especial de divorcio incausado 242/2020. V. INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO No es cierto el acto atribuido a la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la omisión de proveer el escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio de tramitación especial de divorcio incausado 242/2020. Se sostiene lo anterior, porque la citada autoridad en su informe justificado negó la existencia de esa actuación, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Además, la inexistencia de esa actuación se desprende de las diversas constancias del contradictorio de origen que la mencionada responsable remitió en copias certificadas, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En efecto, de las actuaciones que obran en este asunto y de las relativas al juicio de origen se advierte lo siguiente: El diez de septiembre de dos mil veinte, Dalia Margarita Flores Miguel, por sí y en su carácter de representante legal de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales J.A.J.F., A.R.J.F. y R.A.J.F. demandó en la vía de tramitación especial a Ariel Gustavo Juárez Ramírez la disolución de vínculo matrimonial que los unía y solicitó la guarda y custodia de sus descendientes; en su demanda los actores ofrecieron diversas pruebas y exhibieron un proyecto de convenio, en donde se establecieron aspectos relacionados con la patria potestad, la guarda y custodia, el régimen de convivencias y los alimentos. De ese asunto correspondió conocer a la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, quien por auto de ocho de octubre del año próximo pasado, lo radicó bajo el expediente 242/2020, admitió a trámite el escrito inicial, dispuso que se emplazara al enjuiciado y concedió a Dalia Margarita Flores Miguel la guarda y custodia provisional de sus hijos. En la razón de doce de noviembre de dos mil veinte, la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, hizo constar la imposibilidad que tuvo para emplazar al demandado Ariel Gustavo Juárez Ramírez, porque no vivía en el domicilio que se señaló para su llamamiento judicial. Por auto de nueve de diciembre posterior, se ordenó dar vista a la parte actora en ese contradictorio con la razón actuarial indicada para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, o bien, para que proporcionara el domicilio actual y exacto del demandado a fin de que pudiera ser emplazado. A través del escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, Dalia Margarita Flores Miguel desahogó dicha vista y reiteró el domicilio que proporcionó inicialmente para que se verificará el llamamiento judicial del enjuiciado, por lo que pidió que se comisionara a la Actuaria Judicial adscrita a ese órgano jurisdiccional para que en compañía de la accionante se constituyeran en tal lugar a fin de que se emplazara al demandado. En el proveído de dieciocho de mayo del año en curso, la Juez primaria tuvo a la promovente por hechas sus manifestaciones y ordenó a la fedataria de su adscripción para que en compañía de la accionante se constituyeran en el domicilio señalado y se emplazara al enjuiciado; esa determinación se notificó a la justiciable el veintisiete de mayo siguiente. Lo anterior revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto omisivo atacado no existía. En efecto, se estima que al veinte de mayo de dos mil veintiuno -data en la que se presentó el escrito inicial-, no existía la omisión de proveer el escrito que la disidente presentó el diecinueve de febrero del año en curso, en el juicio de tramitación especial de divorcio incausado 242/2020, porque como se estableció en el acuerdo de dieciocho de mayo pasado, dictado en el citado contradictorio, la Juez responsable tuvo a la parte actora por hechas sus manifestaciones y ordenó a la fedataria de su adscripción para que en compañía de la accionante se constituyeran en el domicilio señalado y se emplazara al enjuiciado. Lo expuesto evidencia que a la fecha en la que los justiciables presentaron su demanda de amparo, el órgano jurisdiccional responsable ya había dictado el proveído que correspondía a la promoción exhibida el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio de tramitación especial de divorcio incausado 242/2020. Tal situación pone de relieve que a la data en la que los disconformes promovieron el juicio constitucional, la autoridad judicial responsable ya había acordado la promoción presentada el diecinueve de febrero del año en curso, en el juicio natural. Ahora, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, el precepto invocado hace referencia a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la citada legislación al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia en relación con los diversos que fueron insertos es factible concluir que cuando se trata de actos reclamados de carácter positivo o negativo su existencia o certeza debe analizarse en atención a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, porque dicho precepto no distingue la materia en la que se haya originado el acto impugnado ni la naturaleza de éste. Lo expuesto se justifica porque la parte quejosa al presentar su escrito inicial pretende obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en la que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino que se produjera durante la tramitación del juicio biinstancial, lo cual es inadmisible jurídicamente, porque esa situación generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas que sean existentes. Por tanto, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto omisivo reclamado era inexistente es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También cobra vigencia la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Igualmente, fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.. . En razón de lo anterior, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia del acto atribuido al órgano jurisdiccional responsable. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto al acto combatido a la Juez Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la omisión de proveer el escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio de tramitación especial de divorcio incausado 242/2020, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por * * * y por los niños identificados con las iniciales * * * en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintiuno. Agréguense los documentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo se tiene a la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlos al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, con relación al periodo de vigencia y con las medidas sanitarias respectivas. En diverso aspecto, téngase a la referida autoridad señalando el correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 En otro punto, con fundamento en lo estatuido por el dispositivo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir del momento siguiente al en el que reciba la comunicación que derive de este proveído, remita copias certificadas, ordenadas, completas y legibles de todo lo actuado en el juicio especial de divorcio incausado 242/2021, entre las que deben obrar las actas de nacimiento de los niños quejosos identificados con las iniciales J.A.J.F., A.R.J.F. y R.A.J.F., así como la constancia de notificación realizada a la parte quejosa del acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado en ese contradictorio, dado que esas actuaciones son indispensables para resolver este medio extraordinario de defensa. Apercibida que de no hacerlo se impondrá en su contra una multa por cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad, según lo previsto por el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 564/2021. Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda presentada por Dalia Margarita Flores Miguel, quien promueve por sí y se ostenta como representante legal de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales J.A.J.F., A.R.J.F. y R.A.J.F. en contra del acto reclamado al Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Por otro lado, tomando en consideración que la promovente señaló que es de escasos recursos económicos y que no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir los derechos respectivos a fin de que se expidan a su favor las actas de nacimiento de sus descendientes, con las que pueda acreditar su representación para ejercer la acción de amparo a nombre de sus hijos, por lo que sólo exhibe copias fotostáticas simples de esos instrumentos, ya que aduce que los originales los adjuntó a la demanda de divorcio incausado que dio origen al juicio 242/2021 del índice del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; además, se tiene presente que en este juicio constitucional los niños identificados con las iniciales J.A.J.F., A.R.J.F. y R.A.J.F. figuran como quejosos, se provee lo siguiente: En atención al interés superior del niño consagrado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en lo previsto por el normativo 79, fracción II, de la Ley de Amparo y por la jurisprudencia 1a./J. 191/2005 (9a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE", en donde el Alto Tribunal del país sostuvo que la suplencia de la queja en donde se encuentren involucrados los infantes menores de edad implica la recabación oficiosa de pruebas, con fundamento en lo estatuido por el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, requiérase a la autoridad judicial responsable para que en el plazo de tres días, siguiente al en el que quede notificada de esta determinación, informe si en el juicio de divorcio incausado 242/2021 de su índice la quejosa Dalia Margarita Flores Miguel exhibió copias certificadas de las actas de nacimiento de los niños quejosos identificados con las iniciales J.A.J.F., A.R.J.F. y R.A.J.F. y, en el caso de que sea afirmativa su respuesta, remita copias certificadas completas y legibles de esas actuaciones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se impondrá en su contra una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto por los dispositivos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, al momento en el que incurra en la conducta sancionadora, dado que esas constancias son necesarias para saber si la promovente acredita su legitimación procesal activa para ejercer la acción de amparo en representación de los infantes agraviados. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, porque la parte quejosa no solicitó la medida cautelar. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación por escrito dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlo y en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido de que deberá exponer las razones y los fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o la legalidad del acto reclamado y acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe justificado. Igualmente deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto atacado en este asunto o alguno diverso relacionado con el procedimiento de origen. Ahora bien, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 representa no solo para el personal de este Juzgado, sino también para las autoridades responsables el llevar a cabo la entrega de oficios de manera impresa en papel en su lugar de residencia; en consecuencia, se autoriza al Actuario(a) de la adscripción para que la solicitud del informe justificado sea entregada al correo electrónico oficial de esa autoridad, el cual deberá ser corroborado por el (la) fedatario(a) vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, así como las constancias respectivas. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este Juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se les impondrá la multa a que se refiere el numeral 251 de la ley de la materia. Fecha de la audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Con fundamento en lo previsto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las partes en este juicio para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo estar presentes en el desahogo de la audiencia constitucional. Dicho requerimiento se hace con la finalidad de que este órgano jurisdiccional atienda lo establecido por el citado Acuerdo General 21/2020, en su artículo 6, relativo al modelo de atención presencial basado en citas, esto es, que cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Apercíbaseles que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo estar presente físicamente en la misma, sin perjuicio de que puedan presentar sus alegatos o escritos pertinentes. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito este auto de forma personal corriéndole traslado con copia fotostática simple de la demanda, entregándole copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Pruebas. Con fundamento en lo estatuido por el ordinal 119 de la Ley de Amparo téngase a la parte quejosa por anunciadas las documentales que exhibe, las cuales serán relacionadas, admitidas y desahogadas en la audiencia constitucional conforme a lo previsto por los diversos 123 y 124 de la citada legislación. Domicilio y autorizados de la quejosa. Se autoriza a los justiciables para recibir notificaciones por la vía electrónica con el nombre de usuario "TOLF770718HOCBCR06" que proporcionan, porque manifiestan expresamente que esa es su voluntad, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, circunstancia que se privilegia en vez del domicilio procesal que indican, debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país derivado del virus Covid-19. Por otro lado, se tiene como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indican, porque no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ni acreditó con documento idóneo que ejerzan la profesión de licenciados en derecho. En otro punto, se tiene a los disidentes señalando el correo electrónico y el número de teléfono que proporcionan, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. En razón de que se autorizó la realización de notificaciones electrónicas a los inconformes no es factible reconocer el domicilio procesal señalado, dado que las notificaciones personales se harán por la vía electrónica. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el ordinal 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que de ser posible continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese; por la vía electrónica a la parte quejosa, personalmente al Fiscal Federal de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano