Rosario Alonso Echegaray
Expediente 221/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rosario Alonso Echegaray
Actuaciones
- Principal
Autoridad en cita remite copias certificadas del juicio de amparo 221/2018-II del índice de este Juzgado, y del testimonio de la ejecutoria dictada el doce de abril de dos mil dieciocho, emitida en el recurso de queja Q.A. 75/2018-V... Infórmese sobre la recepción de las citadas constancias... archívese este asunto como total y definitivamente concluido... se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción en el termino señalado.. T 1 of
- Principal
...Agréguese el oficio de la autoridad citada, quien informa la recepción del oficio señalado con el que le fueron enviadas las constancias indicadas a efecto de substanciar el recurso de queja mencionado...DCO
- Principal
...Se tiene a la quejosa interponiendo recurso de queja contra el auto que desechó su demanda de amparo...Ríndase el informe respectivo...Remítase las constancias referidas al superior jerárquico señalado a efecto substanciar el recurso de mérito...DCO 1of
- Principal
Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo notifico a la quejosa el proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 221/2018-II, del índice del juzgado de mi adscripción por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, PROVEÍDO QUE DICE: Visto el escrito de demanda, téngase a ROSARIO ALONSO ECHEGARAY, promoviendo por propio derecho, juicio de amparo en contra de la PRIMERA SALA CIVIL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. Fórmese expediente y regístrese con el número 221/2018-II, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. A su vez, de conformidad con los artículos 15 y 16 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Para ello, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo de la que se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 1005/2017, en la cual se confirmó la determinación emitida en la audiencia de conciliación y depuración procesal en el juicio ordinario civil 717/2014, en la que se declaró que la excepción de cosa juzgada no era procedente. Expuesto lo anterior, se aprecia que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de la Materia: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que en el caso no ocurre, ya que el acto reclamado consistente en la calificación de improcedencia de la excepción de cosa juzgada, no constituye un acto que afecte materialmente derechos sustantivos protegidos en la constitución y en los tratados internacionales, sino que únicamente constituye una violación procesal. De lo anterior se concluye, que la citada determinación es un acto que no afecta materialmente derechos sustantivos, ya que no le impide el ejercicio de algún derecho, pues sus efectos son meramente procesales, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 170, fracción I y 172, fracciones III y VI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Resulta aplicable la tesis I.8o.C.10 K (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, mayo de 2015, Tomo III, página 2150, que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN RELATIVA. La cosa juzgada, en sentido material, es la eficacia de la sentencia que hace inmutable el mandato que nace de ésta e impide que los derechos sustanciales o situaciones jurídicas de esa naturaleza, reconocidos en el fallo, o adquiridos, si se trata de una sentencia constitutiva, puedan ser alterados, modificados o contradichos. En ese sentido, el desconocimiento de la cosa juzgada ciertamente afecta derechos sustantivos, en la medida en que implique a su vez desconocer los derechos de carácter sustancial que habían sido reconocidos o que fueron adquiridos en la sentencia. Ahora bien, si se reclama la resolución que previamente a la sentencia definitiva declara improcedente la excepción de cosa juzgada, debe concluirse que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, porque una determinación de esa clase no afecta de modo actual los derechos sustantivos ni, por lo mismo, es de imposible reparación, pues únicamente abre la posibilidad de que así suceda, esto es, no tiene mayor consecuencia inmediata que la de que el juicio de origen siga su curso, existiendo con ello solamente el riesgo de que aquellos derechos sustanciales se vean con posterioridad vulnerados, lo cual, por sí solo, no causa perjuicio irreparable, sino que tal afectación podría ocurrir en el supuesto de que la sentencia definitiva viniese efectivamente a alterar, modificar o contradecir esos derechos, siendo entonces que la violación habrá trascendido, en cuyo caso estará la parte quejosa en aptitud de hacerla valer en el amparo directo, como violación al procedimiento, para obtener, de ser procedente, su reparación." Así como la tesis XVII.6 K (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero de 2015, Tomo III, página 2666, que dice: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos procesales que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. En ese sentido, la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada, si bien es una violación procesal trascendente, pues tendrá como efecto continuar con el trámite de un juicio que se considera innecesario, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso, entendiéndose por éstos los que se encuentran tutelados en la Constitución, con consecuencias de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo. Lo anterior, atento a la interpretación que en relación con los actos de imposible reparación realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Y finalmente resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un procedimiento, únicamente, procede cuando esos actos son de imposible reparación; toda vez que el juicio de amparo biinstancial está reservado para aquellos actos que aun teniendo la naturaleza de procesales, producen una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, verbigracia: embargo, multas, decreto de alimentos provisionales o definitivos, arresto, etcétera. Sirve de apoyo la jurisprudencia visible en la página mil seiscientos treinta y uno, del tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por tanto, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, concatenada con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, del referido cuerpo de leyes, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su demanda por encontrarse dentro de la residencia de este juzgado; y como autorizados únicamente para tales efectos a las personas que cita, por así solicitarlo expresamente. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.
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