Rosangela Toledo Cabrera
Expediente 1020/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rosangela Toledo Cabrera
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la determinación adoptada mediante proveído de veinticuatro de agosto del año en curso tuviere la firmeza debida; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....VI
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Rosangela Toledo Cabrera, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en este expediente; por tanto, se acuerda: DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia VERONICA GARCIA ALVAREZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.38.34.33.30.36.35.36 02/08/25 13:14:07 2 que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que los proveídos reclamados no causan un perjuicio de imposible reparación al promovente, por las siguientes consideraciones. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la VERONICA GARCIA ALVAREZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.38.34.33.30.36.35.36 02/08/25 13:14:07 3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la lectura de los preceptos transcritos, se aprecia que tratándose de actos dictados dentro de un juicio, el amparo biinstancial únicamente procede cuando sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, consideró que el legislador, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De ello, se obtienen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos; esto es, en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del VERONICA GARCIA ALVAREZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.38.34.33.30.36.35.36 02/08/25 13:14:07 4 dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere a que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones están contenidas en el criterio jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede ser consultado en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, una vez examinado el escrito inicial, se advierte que Rosangela Toledo Cabrera, instó la presente instancia para someter a escrutinio constitucional actos de la Jueza Cuarta Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, consistentes en los siguientes acuerdos emitidos en el expediente 16/2020, de su índice: 1. De dieciséis de julio del año en curso, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso auto que abrió el proceso a periodo de alegatos por el término de tres días. 2. Acuerdo que citó para sentencia. Como se adelantó, dichas determinaciones jurisdiccionales no constituyen acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues de existir violaciones, sólo se refirieron a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos. En efecto, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta el promovente, los cuales merecen valor demostrativo pleno en términos de los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al constituir una confesión espontánea, se advierte que: 1. La ahora quejosa promovió demanda en la vía familiar de Eduardo Núñez López, la liquidación de la sociedad conyugal de dicho expediente correspondió conocer al Juzgado Cuarto Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, bajo el número de expediente 16/2020. 2. Una vez emplazada la parte demandada, se abrió el periodo a prueba. 3. Dentro de dichas pruebas la promovente ofreció informe a cargo del representante legal de La Cruz Azul Sociedad Cooperativa, para lo cual la jueza señalada como responsable giró exhorto al juez competente de la Ciudad de México. 4. Refiere la quejosa, que no obstante dicho informe no fue remitido, el veintiuno de junio del año en curso la jueza responsable emitió proveído en el cual concedió a las partes el término de tres días para formular alegatos. 5. Inconforme con dicha determinación la accionante interpuso recurso de revocación, a dicha promoción recayó el acuerdo de dieciséis de julio del año en curso, en el cual la Jueza Cuarta Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula, Hidalgo, resolvió que el recurso interpuesto era incorrecto y que el acuerdo recurrido no era recurrible en esa vía. Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, así como la posterior citación para sentencia. Como se observa, los actos que se reclama fueron emitidos dentro de un juicio escrito familiar en el que la parte quejosa posee el carácter de actora. Asimismo, la determinación impugnada no puede ser considerada como un acto que tenga efectos de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata afectación a algún derecho fundamental sino que, como se dijo, las posibles violaciones que se hubieron cometido son de naturaleza únicamente formal. Atento a lo anterior, debe decirse que la determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa, con lo cual sus efectos son meramente procesales, porque no se extienden a derechos sustantivos de la afectada al exterior del mismo, como a la propiedad, papeles o posesiones. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla el numeral ya citado, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que el quejoso obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. Así, la resolución reclamada sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo contra la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para la parte quejosa, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracciones III y XII, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.) Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Al caso encuentra apoyo la tesis jurisprudencial 3a./J. 58 8/90, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la Parte V, Primera Parte, página 236, que por igualdad de razón se invoca, la cual sostiene: PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la Jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis. (Gaceta No. 25, página 52). Entonces, es patente que el auto que tuvo por no interpuesto el recurso de revocación contra el diverso que concedió a las partes el término de tres días para formular alegatos, así como el diverso que citó para oír sentencia, no puede considerarse válidamente como entidad jurídica de derecho sustantivo, pues a través de ella no se resuelve la materia del asunto, por ejemplo, el derecho de propiedad, el derecho de crédito, el derecho a la libertad, etcétera. En ese sentido, si las violaciones procesales reclamadas consistes en los proveídos de dieciséis de julio del año en curso, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso auto que abrió el proceso a periodo de alegatos por el término de tres días, y el diverso que citó para sentencia, emitidos por la Jueza Cuarta Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, dentro del juicio escrito familiar 16/2020, como ya se dijo, deben reclamarse tales violaciones en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la resolución que ponga fin al juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley de Amparo, toda vez que hasta ese momento se podrá apreciar si con motivo de la citada resolución se vulneraron los derechos de la parte agraviada, trascendiendo tal transgresión al resultado del juicio. Lo anterior, tiene como finalidad, por una parte, restringir el acceso indistinto a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. En suma, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. LA AUTORIDAD RESPONSABLE PROPORCIONA CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO. Asimismo, téngase a la autoridad responsable proporcionando como número telefónico 953 132 4555 y como correo electrónico hectorelmerabogado@hotmail.com para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones. RAZON ACTUARIAL. Vista la razón signada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado federal, en la que asienta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la parte quejosa Rosangela Toledo Cabrera, el proveído de trece de agosto del año en curso, en virtud de que no localizó el domicilio ubicado en calle Zirconias, Manzana 2, lote 12, fraccionamiento privada Valle Diamante Plus, número interior 107, colonia San Antonio El Desmonte, en esta ciudad, que señaló para oír y recibir notificaciones, En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado federal. Sin que sea necesario ordenar se le notifique por dicha vía el auto aclaratorio de trece de agosto del año en curso, en virtud de que al haber dado cumplimiento a la prevención contenida en la misma, es evidente que se dio por enterada de su contenido..-. M-VI
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de agosto de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Vista la demanda promovida por Rosangela Toledo Cabrera, contra actos de la Juez Cuarto Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número 1020/2021-VI-A. ACLARACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 114 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Conforme a la norma reproducida, el juez de amparo debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta, se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108, no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente, en los casos que así se requiera, no se exprese con precisión el acto reclamado, o bien, no se exhiban las copias necesarias del libelo constitucional, salvo que se trate de asuntos de orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación, se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, pues en estos casos el órgano jurisdiccional de amparo debe mandar expedir tales copias, de oficio. 1. Irregularidad relacionada con la narración, bajo protesta de decir verdad, de los hechos o abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]" Del precepto parcialmente trascrito se advierte que la demanda de amparo debe formularse por escrito, en la que se expresará, entre otras cuestiones, el acto reclamado y, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que constituyen sus antecedentes o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala, como acto reclamado el acuerdo de dieciséis de julio del año en curso, emitido en el juicio escrito familiar 16/2020, del índice del Juzgado Cuarto Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Sin embargo, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, la accionante omitió precisar la fecha en que tuvo conocimiento de dicho acto o le fue notificado este, además no manifiesta el estado procesal que guarda dicho expediente. REQUERIMIENTO. En mérito de lo que precede, se requiere a la quejosa para que dentro de un plazo de cinco días, siguiente a la notificación de este proveído: Precise, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que le fue notificado el acuerdo de dieciséis de julio del año en curso, emitido en el juicio escrito familiar 16/2020, del índice del Juzgado Cuarto Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo así como el estado procesal que guarda dicho expediente. APERCIBIMIENTO. Queda apercibida, de no dar cumplimiento al requerimiento precisado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a la compareciente, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Zirconias, Manzana 2, lote 12, fraccionamiento privada Valle Diamante Plus, número interior 107, colonia San Antonio El Desmonte, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene por autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Héctor Elmer Ramírez Ramírez, César González Ojeda, Rosa Virginia Cruz Sánchez, Marabedi Montealegre Mejía, Adrián Rodríguez López y Perla Silva Villalobos toda vez que no se encontró su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo.-. M-VI
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