Rosana Maydeli Chable Sanchez

Expediente 1329/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1329/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Rosana Maydeli Chable Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico e incidental como los impresos, coinciden en su totalidad con los electrónicos generados con la FIREL. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de quince de junio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por ******************** (vinculada al cumplimiento); así como por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México; con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la notificación del acuerdo de mérito se le realizó el diecisiete de junio de dos mil veintidós, sin que a la fecha hubiese realizado manifestación alguna. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el diez de marzo de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional para el efecto de que: ".a) La autoridad responsable, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no aplique en perjuicio de la quejosa, el acuerdo número 202/2019, de diez de octubre de dos mil diecinueve. b) Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, deje sin efectos los actos de ejecución relacionados con el referido acuerdo 202/2019 y sus consecuencias legales; y. c) En consecuencia, se deberá realizar el desbloqueo de las cuentas bancarias de la impetrante, afectadas con motivo del acuerdo controvertido.". En proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 110/F/B/7328/2020, del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, recibido vía electrónica, con el que interpuso recurso de revisión contra la aludida sentencia, y se ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito con sede en esta ciudad, para su tramitación y resolución. Por lo que, en acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido en este Juzgado Federal, el testimonio de la ejecutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca A.R. 44/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este juicio, firmada el diez de marzo de dos mil veinte, ejecutoria cuyos puntos resolutivos se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. - - - SEGUNDO.- La justicia de la Unión ampara y protege a corporativo ********************, en contra de los actos atribuidos a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ambas con sede en la Ciudad de México, en los términos establecidos en la sentencia que se revisa.". Por lo que en esa misma fecha se requirió a las autoridades el cumplimiento de la misma. Posteriormente, el diez de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 600.602/SC/ASR/33431/2021 signado por el Director Contencioso y Directora Contenciosa adscritos a la Dirección General Contenciosa en representación de la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, con sede en la Ciudad de México, en relación al requerimiento efectuado por proveído de seis de octubre pasado, mediante el cual informó la imposibilidad para dar cumplimiento al mismo, toda vez que de la consulta realizada a la Dirección General de Atención a Autoridades, a la fecha no se había localizado el oficio emitido por la autoridad ordenadora de la Unidad de Inteligencia Financiera por el que se instruyera a las instituciones Financieras el acatamiento de los efectos de la sentencia. Asimismo, el doce de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 110/F/B/12348/2021 del Director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con sede en la Ciudad de México, por el que informó que la Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera emitió el oficio 110/F/B/12347/2021 con folio SIARAUIFA/2021/000577, con el que comunicó a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, con sede en la Ciudad de México, la determinación que había emitido en cumplimiento a la sentencia de amparo. Por lo que se requirió de nueva cuenta a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, con sede en la Ciudad de México, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas circunstancias, por proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el diverso oficio 212-3/14042328/2021 del Director Contencioso y Directora Contenciosa adscritos a la Dirección General Contenciosa en representación de la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, con sede en la Ciudad de México, en cumplimiento a la referida ejecutoria Esencialmente en dichos oficios las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo comunicaron lo siguiente: - El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejó sin efectos el acuerdo número 202/2019, de diez de octubre de dos mil diecinueve, así como el oficio SIARA UIF/2019/00725 únicamente por lo que respecta a la aquí quejosa, la cual se había visto afectada indirectamente por la inclusión de ******************** a la lista de personas bloqueadas, por lo que se debían reanudar las operaciones y/o servicios financieros que le fueron suspendidos. - La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo determinado por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó la retransmisión del 110/F/B/12347/2021 con folio SIARAUIFA/2021/000577, a las Instituciones Financieras. Por lo que mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró que el fallo protector había quedado cumplido. En virtud de lo anterior, mediante escrito recibido en acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, se tuvo a ********************, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa ********************, interponiendo recurso de inconformidad contra el citado acuerdo dictado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por medio del cual se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio; y se ordenó su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Decimocuarto Circuito con sede en esta ciudad, para su tramitación y resolución. Por lo que, en acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido en este Juzgado Federal, el testimonio de la resolución de dos de marzo de dos mil veintidós, dictada en la inconformidad 1/2022, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, relativo al recurso de inconformidad interpuesto en contra del proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en este expediente, por medio del cual se tuvo por cumplida la ejecutoria pronunciada en este juicio, resolución cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- SE DECLARA FUNDADO el presente recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa ********************. - - - SEGUNDO.- SE REVOCA el auto recurrido. - - -TERCERO.- SE ORDENA al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, proveer lo conducente y requerir a las autoridades responsables y obligadas al cumplimiento del fallo protector, por razón de sus funciones para que dentro de los términos que marca la ley, lleven a cabo los actos necesarios para cumplir en su totalidad la ejecutoria de mérito, a las que deberá apercibir con alguna de las medidas previstas por el artículo 237 de la Ley de Amparo". Por lo que en esa misma fecha se requirió a las autoridades el cumplimiento de dicha ejecutoria, para lo cual debían realizar el desbloqueo de las cuentas bancarias de la impetrante, afectadas con motivo del acuerdo controvertido, es decir, de sus cuentas ********************, de la institución bancaria ********************; debiendo dichas responsables vigilar el cumplimiento de la instrucción a cargo de la citada institución bancaria ********************, de desbloquear las aludidas cuentas bancarias. Asimismo, en proveídos de veinticinco de marzo y veintiséis de abril de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos respectivamente sendos oficios del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México; y Director Contencioso y Directora Contenciosa, ambos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C", quienes comparecen mancomunadamente en ejercicio de la facultad de su Titular, en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con los que esencialmente en dichos oficios las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo comunicaron lo siguiente: - El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que mediante el oficio 110/F/B/2624/2022 (de veintitrés de marzo de dos mil veintidós), con folio SIARA UIFA/2022/000222, instruyó a la institución financiera correspondiente llevar a cabo el desbloqueo de las cuentas que defiende la quejosa. - La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo determinado por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó la retransmisión de las instrucciones de dicho Titular, a la institución financiera ********************, a fin de cumplimentarlas. Es por ello que mediante auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, se previno nuevamente a dichas responsables para que cumplieran cabalmente con la ejecutoria de mérito, para lo cual debían acreditar ante este Juzgado con las constancias conducentes, que la referida institución bancaria efectivamente desbloqueó las cuentas bancarias de la aquí parte quejosa ********************, afectadas con motivo del acuerdo controvertido, es decir, de sus cuentas ********************. Por auto de siete de junio de dos mil veintidós, se recibió el oficio 110/F/B/4847/2022, del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, que remitió con relación a dicho requerimiento de treinta de mayo de dos mil veintidós, y adjuntó la respuesta que emitió la citada institución bancaria; siendo que de dicha respuesta no se advertía con claridad cuál era el estado que guardaban dichas cuentas. Por lo que se requirió a la institución bancaria ********************, para que dentro del término de tres días informara a este Juzgado el estado que guardaban las cuentas bancarias ********************, de la aquí parte quejosa ********************; especificando si dichas cuentas se encuentran desbloqueadas. Siendo que mediante proveído de quince de junio de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos dos oficios sin número de ********************, apoderado de ******************** (vinculada al cumplimiento) y anexo que acompañó; con los que sustancialmente informó que las referidas cuentas bancarias efectivamente se encuentran desbloqueadas. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendieron cabalmente a los efectos amparadores que les fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación; lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, PUES SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    NOT ELECT Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 796/2022-V-A, promovido por Alfonso Herrera González, apoderado legal de la quejosa Yamzín Aracelly Gaytan Pacheco en contra del acto que reclama a la Dictaminadora de la Secretaría de Salud de los Servicios de Salud del Estado, con sede en esta ciudad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, Alfonso Herrera González, apoderado legal de la quejosa Yamzín Aracelly Gaytan Pacheco, solicitó la suspensión definitiva del acto que reclama a la Dictaminadora de la Secretaría de Salud de los Servicios de Salud del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el dieciséis de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir esencialmente en: El dictamen de cuatro de abril de dos mil veintidós, que ratificó la suspensión total temporal de trabajos y servicios, con motivo del acta BYS/759/2021. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Dictaminadora de la Secretaría de Salud de los Servicios de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, lo anterior toda vez que a la fecha no se tiene conocimiento de que hubiere rendido su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificado, como se demuestra con la constancia de notificación correspondiente al oficio 24784/2022-V-A, la cual obra agregada en autos, por lo que únicamente para efectos de la suspensión opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. TERCERO. Primeramente, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, pues deviene incuestionable que resulta necesario atender dicha característica, a efecto de determinar si puede ser o no paralizado. En razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado. Hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión definitiva pedida, en relación con el referido acto reclamado, atendiendo a su naturaleza, debe estimarse que se trata de un acto declarativo con efectos positivos, en virtud de que la determinación reclamada sólo ratificó la sanción impuesta por el verificador. Empero, al tener efectos y consecuencias esa ratificación, es sobre éstos que se hará el análisis de la procedencia o no de la medida cautelar solicitada. En el caso, no es procedente la concesión de la suspensión definitiva respecto de los efectos de dicho acto, por no satisfacerse el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior, ya que del contenido de la ratificación del dictamen, se desprende que los diversos productos enlistados en el mismo no cuentan con el registro sanitario necesario para operar, lo cual es una medida de seguridad implementada en la Ley General de Salud y en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, siendo que la sociedad está interesada en que se cumplan aquellas disposiciones tendentes a proteger su salud, particularmente, respecto a los productos que consuma cuenten con el debido registro sanitario, que otorga la certeza de su bienestar para la salud humana en el consumo o uso de tales productos. Por consiguiente, si la resolución adoptada por la nueva autoridad responsable fue en ese sentido, y la parte quejosa no desvirtúa con prueba alguna que sí cuenta con tales registros sanitarios; deviene inconcuso que no resulta procedente otorgar la suspensión, pues de hacerlo pondría en peligro la salud de las personas que pudieran adquirir y consumir tales productos que no cuentan con la autorización sanitaria correspondiente. Y si bien, en sus alegatos la parte quejosa aduce que los suplementos alimenticios no requieren de un registro sanitario y por ello, no puede exhibir documento alguno de autorización de venta de dichos suplementos, dicha consideración será materia de estudio en el expediente principal del que deriva este incidente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, lo sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página dos mil doscientos setenta y ocho, del Libro ocho, Diciembre de dos mil veintiuno, Tomo III, Undécima Época, Materia Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2023965, del rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS ARTÍCULOS 4.1.5., 4.5.3.4.1., 7.1.3. Y 7.1.4. DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 27 DE MARZO DE 2020, QUE REGULAN EL ETIQUETADO O SELLOS DE ADVERTENCIA Y LEYENDAS PRECAUTORIAS FRONTALES PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PREENVASADOS, PUES SE CAUSARÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Hechos: Las quejosas promovieron juicio de amparo indirecto contra la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de marzo de 2020 y solicitaron la suspensión definitiva para el efecto de que no les sean aplicadas a las bebidas edulcorantes de cola que producen y expenden al público, las siguientes disposiciones: i) etiquetado frontal de advertencia -artículo 4.5.3.4.1.-; ii) etiquetado frontal de advertencia respecto a la leyenda "contiene cafeína evitar en niños" -artículo 7.1.4.-; iii) etiquetado frontal de advertencia en relación con la leyenda "contiene edulcorantes, no recomendable en niños" -artículo 7.1.3.-; y, iv) restricción a los derechos de propiedad intelectual de personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas y elementos interactivos -artículo 4.1.5.-. El Juez de Distrito les negó la medida cautelar, por lo que interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente conceder la suspensión definitiva contra los preceptos 4.1.5., 4.5.3.4.1., 7.1.3. y 7.1.4. de la modificación a la norma oficial mexicana citada, que regulan el etiquetado o sellos de advertencia y leyendas precautorias frontales para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, porque se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Justificación: Lo anterior es así, porque el Estado tiene la obligación de difundir la información que pueda generar un riesgo a la sociedad, la cual responde a la necesaria existencia de un interés público que justifique publicar de oficio cierta información relacionada con asuntos de relevancia, que pueda trascender a la vida y a la salud de las personas. Ahora bien, acorde con los criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a la alimentación comprende la disponibilidad de alimentos y su accesibilidad, con la consecuente conveniencia o necesidad informativa para las personas de que aquéllos contengan los nutrimentos adecuados para su correcto desarrollo físico y mental; asimismo, el Estado se encuentra obligado a asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. En ese orden de ideas, es improcedente otorgar la suspensión definitiva contra los numerales 4.1.5., 4.5.3.4.1., 7.1.3. y 7.1.4. de la modificación a la norma oficial mexicana citada, por no satisfacerse el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, consistente en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, ya que la sociedad se encuentra interesada en que se cumplan aquellas disposiciones tendentes a que los productos alimenticios a la venta al público cuenten con el distintivo frontal nutricional para que el consumidor tenga la información estratégica y puntual para su ingesta, a fin de que discierna si el producto tiene cabida en su dieta diaria; sobre todo si se tiene en cuenta que México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en sobrepeso y obesidad." R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA a Yamzín Aracelly Gaytan Pacheco, la suspensión definitiva del acto que reclama a la Dictaminadora de la Secretaría de Salud de los Servicios de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio SSP/DJ/22060/2022 signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en este asunto, al cual adjunta copia certificada del informe de investigación de orden de reaprehensión de treinta de mayo de lo corrientes emitido por el agente de la Policía Estatal de Investigación. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento, toda vez que por proveído de dos de junio del año en curso se tuvieron por recibidos los diversos oficios SSP/SPEI/1207/2022 y SSP/SPEI/1206/2022 signados por el encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación y encargado del Departamento Jurídico de la Subsecretaría de la Policía Estatal de Investigación, ambos con sede en esta ciudad, a los que acompañaron el mismo informe de investigación de orden de reaprehensión, que ahora remite la autoridad ocursante, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes con el mismo. Notifíquese y cúmplase.

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