Rosana García Saldaña

Expediente 926/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
926/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Rosana García Saldaña

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el veintiséis de octubre del actual, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós a través del que se desechó de plano la demanda de amparo. En esas condiciones, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Rosana Garcia Saldaña, contra actos del 1. Fiscal Primero Especializado en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en San Andrés Tuxtla, Veracruz y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente en el Libro de Gobierno de Juicios de Amparo con el número 926/2022; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO En atención al estudio que se realiza de la demanda de amparo, este juzgador procede a determinar, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia y, por ende, se impone desechar de plano la demanda de amparo, del acto reclamado consistente en: la citación y/u orden de arresto y/u orden de detención, girada en su contra, y su ejecución. Lo anterior es así, pues al examinar la demanda de amparo, el suscrito advierte de manera manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XII el artículo 61 de la ley en la materia, en relación con los diversos artículos 5º, fracción I y 6º de la Ley de Amparo y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para evidenciar lo anterior, se estima pertinente reproducir el contenido de los artículos 61, fracción XII, 5º, fracción I y 6º de la Ley de Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". Del contenido de los artículos trascritos deriva que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, lo cual constituye uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, que se traduce en que éste debe instarse a petición de quien resulte lesionado en sus derechos humanos. En ese orden de ideas, para que una persona se encuentre legitimada para instar la acción constitucional, deberá justificar que es titular de un derecho o de un interés legítimo, según sea el caso, además que con motivo de ello exista una afectación real y actual. De lo contrario, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Es así, pues existe una estrecha vinculación del interés jurídico con la legitimación, pues ese medio de control constitucional puede promoverlo la persona que se vea afectada por la norma o el acto, siempre y cuando exista una afectación real y actual a un derecho o interés, la cual debe ser personal y directa. La legitimación y el interés jurídico convergen en un punto similar para su materialización, esto es, que la quejosa sea afectada en su esfera jurídica y si se trata de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En lo que aquí interesa, el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo y por perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad; o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica, los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en la página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, y en la página ciento veintitrés, Séptima Época, Volumen 97-102, Primera Parte, del Semanario Judicial de le Federación, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Tales elementos son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En materia de amparo el agravio se identifica con la afectación de un interés jurídico o legítimo; así, tendrá el carácter de parte agraviada quien al acudir al juicio de amparo cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, la procedencia del juicio requiere además de la demostración de un acto de autoridad posiblemente violatorio de algún derecho, que produzca una afectación real, actual, personal y directa, así como que la peticionaria sea titular de ese derecho que según se pudiera ver afectada por aquél. Esto implica, que el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. De esa forma, es viable señalar que para estar legitimado para instar la acción de amparo se requiere ser titular de un derecho o interés legítimo que cause una afectación real y actual; además, para que resulte procedente debe ser demostrado el interés jurídico o legítimo. De lo que se sigue que finalmente la legitimación y el interés jurídico deberán analizarse conjuntamente para generar la procedibilidad de dicho juicio, pues sólo cuando coinciden se estará en aptitud de entrar al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto estimado violatorio de derechos fundamentales. Conforme a lo expuesto, y en relación al contenido del escrito de demanda señala como acto reclamado la citación y/u orden de arresto y/u orden de detención, girada en su contra, y su ejecución, atribuyendo el mismo a un fiscal como autoridad responsable con el carácter de ordenadora; asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad que ". Me enteré el 15 de octubre de dos mil veintidós que existe una carpeta de investigación instruida en contra de la impetrante de amparo, ante la Fiscalía Primera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XIX (Decimonoveno). precisando que unas personas que se identificaron como supuestos policías ministeriales, . pretendiendo detenerme sin orden de aprehensión o autorización judicial, siendo que por ello no salí de mi domicilio, estableciendo que me iban a poner a disposición de la fiscal . hasta la fecha no se tiene conocimiento e la totalidad de las constancias que han sido integradas en la carpeta de investigación SAT/DJ-XIX/FEMUJ/F-1/589/2022"; es patente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relacionada con la falta de interés jurídico de la quejosa, pues no irroga ningún perjuicio a la peticionaria de amparo en su esfera jurídica, el solo hecho de aducir que sospecha tener la calidad de imputada dentro de una etapa de la investigación inicial. De igual forma, tampoco se ve afectada en sus derechos subjetivos la circunstancia de que la autoridad ministerial cumpla con su deber constitucional al investigar hechos probablemente constitutivos de delito. Es de ese modo, que también adquiere vida jurídica el invocado motivo de improcedencia, ante la falta de interés jurídico para pedir el amparo frente a los eventos o actuaciones derivadas de una carpeta de investigación que no ocasionan un daño o perjuicio a los derechos sustantivos de la quejosa que la posibiliten jurídicamente a solicitar la protección constitucional; en virtud de que hasta este momento el acto no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, al ser susceptible de anularse o contrarrestarse cuando la fiscalía formule la imputación ante el Juez o la Jueza de Control y, se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, se determine el no ejercicio de la acción penal. En efecto, el artículo 21 constitucional, otorga al Agente del Ministerio Público la facultad para investigar hechos delictuosos y la posible participación de los indiciados en su comisión, con los cuales se integra conforme al sistema de justicia penal vigente, la carpeta de investigación en que se incluirá un registro de diligencias que se practiquen durante esa etapa y que pueden ser de utilidad para fundar la imputación respectiva. Así, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente dispone lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial". Del precepto constitucional anteriormente transcrito, es posible deducir que por mandato constitucional se impone al Representante Social el deber de investigar y perseguir los delitos, auxiliándose de la policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. En eso consiste el principio acusatorio en el que descansa el Sistema Penal Mexicano, pues el Ministerio Público está obligado a determinar dentro de la fase de investigación la existencia del hecho delictivo y en los casos que proceda, ejercer la acción penal. Tal obligación la realiza a través de actuaciones que componen una carpeta, donde constan los registros de la investigación de un hecho delictuoso, lo cual constituye el ejercicio de facultades dentro de la etapa administrativa en el procedimiento penal acusatorio. Es oportuno destacar que anteriormente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que por regla general la investigación de un delito a través de la integración de una averiguación previa (en el anterior sistema de justicia penal) no es susceptible de control constitucional, considerando que consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables y dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado de la indagatoria; de ahí que, el trámite relativo generalmente no propicia afectación alguna reclamable en los medios de control constitucional. Los anteriores argumentos sustentan la tesis P. LXIII/2004, visible en la página mil ciento trece, Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil cuatro, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control". Esa regla general trae como consecuencia ordinaria la imposibilidad de que las actuaciones de trámite o de investigación realizadas o las diligencias practicadas durante la investigación inicial -antes averiguación previa- estén sujetas a control constitucional, a menos que, por sus características y efectos propios y particulares, sean atentatorios de derechos fundamentales. En efecto, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País ha determinado que la posibilidad de impugnación de los actos verificados durante la etapa de investigación a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Esos motivos son aplicables para el caso de la carpeta de investigación, pues es en la integración de esta última donde de igual forma el Ministerio Público realiza su función investigadora en cumplimiento del mandato constitucional. Los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para la debida integración de la misma, de efectos susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, carecen de una trascendencia irreparable en la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio para efectos del juicio de amparo, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión, detención u orden de comparecencia, y esos actos son susceptibles de control constitucional. De lo contrario se entorpecerían dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad, pues sólo promueve y dirige la investigación de un hecho que puede ser constitutivo de un delito, por ende, en la integración de tal carpeta de investigación no se afecta la esfera jurídica de la impetrante de amparo. Incluso se puede referir que ningún perjuicio genera el referido acto reclamado, tomando en cuenta que sus efectos dentro de la carpeta de investigación SAT/DJ-XIX/FEMUJ/F-1/589/2022, que aduce la quejosa, efectivamente no son de imposible reparación, ya que pueden quedar destruidos con el hecho de que en la etapa administrativa el Representante Social determine no ejercer la acción penal en su contra, o bien, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda controlar la investigación, determine que resulta procedente librar una orden de aprehensión, momento en el cual se afectará real y efectivamente la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Apoya a lo decidido, la Jurisprudencia 1a./J. 87/2008 (registro 168201) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica". Asimismo, la Jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (registro 2025272) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materia Común Penal, Septiembre de 2022, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." No obsta lo anterior, que la promovente de amparo refiera ser de nacionalidad canadiense, y reclame a la autoridad ordenadora la omisión de notificar a la embajada canadiense, para comparecer en la carpeta de investigación ante la fiscalía ordenadora; pues lo cierto es que, de su escrito de demanda no aprecia dato alguno que apunte a la omisión que señala al respecto, ello con independencia que, al momento que sea citada a comparecer a la referida investigación estará en aptitud de hacer valido su derecho de solicitar la intervención de asistencia consular. Por todo lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 61, fracción XII, artículo 5, fracción I, y 6, de la propia normativa, 107 fracción I de la Constitución Federal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo respecto del acto antes destacado. AUTORIZADOS Ténganse como sus autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los que menciona en su demanda de amparo, puesto que no acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al no tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CONSULTA Y NOTIFICACIONES Toda vez que la parte quejoso, solicita se tramite el presente juicio en línea, de conformidad con Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet, con el usuario JOHNNYALBA88, registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal y para oír y recibir notificaciones en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, la vía electrónica. COMUNICACIONES NO PROCESALES Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA "CISCO WEBEX MEETINGS" Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, se tiene como medio alternativo, únicamente para efectos de entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES, el correo electrónico que proporciona, esto es, jhonalba88@gmail.com; sin que a través de dicha mensajería electrónica se pueda realizar notificaciones, ya que no es un medio de notificación previsto por la ley de la materia, así como el número telefónico 2291457174; sin que a través de dicha mensajería electrónica y telefónica, se pueda realizar notificaciones, ya que no son medios de notificación previstos por la ley de la materia. Asimismo, se precisa que para el caso de que alguna actuación judicial deba desahogarse por medio de la aplicación tecnología denominada "Cisco Webex Meetings" de acuerdo a lo previsto en los artículos 27, penúltimo párrafo del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 25, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado por Acuerdo General 25/2020, del propio Consejo, se enviará al correo electrónico que se proporciona, la liga de enlace que se genere por este órgano jurisdiccional a través del sistema de videoconferencia antes señalado. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración que el presente asunto fue presentado físicamente, y a que la parte quejosa cuenta con la posibilidad de consultar y promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le exhorta a que, de ser posible, continúe la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al efecto permita que las notificaciones le sean practicadas por la vía electrónica. Del mismo modo, se exhorta al resto de las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". VISTA LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma electrónicamente Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que el Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra disfrutando de licencia académica del día dieciocho al veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Autorización que fue aprobada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y notificada a este juzgado por oficio número CCJ/ST/4464/2022; ante la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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