Rosamar Félix Hernández y Otros.
Expediente 217/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 217/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Rosamar Félix Hernández y Otros.
- Rosamar Félix Hernández
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se ordena glosar el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo y 21, inciso b) del acuerdo general relativo. En consecuencia, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra glosado, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo, fracción I, y vigésimo quinto del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses de la fecha en que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Sin que resulte obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que no exista constancia en autos de que las autoridades responsables foráneas, hayan quedado debidamente notificadas de la sentencia dictada en este juicio, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión en contra de resoluciones que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 217/2020, promovido por * * * , por propio derecho, contra actos del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; y, otras autoridades, por estimarlo violatorio de derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 5º, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, * * * (en adelante, quejoso, agraviado o parte quejosa, o parte agraviada), solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que enseguida se precisan: "III.- autoridad o autoridades responsables.- Ordenadoras: H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; con domicilio en Juárez número 100 de la zona centro de la Ciudad de Manzanillo, Colima. C. Presidente Municipal de Manzanillo, con domicilio en Juárez número 100 de la zona centro de la Ciudad de Manzanillo, Colima. C. Director General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Manzanillo, con domicilio en Juárez número 100 de la zona centro de la Ciudad de Manzanillo, Colima. Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. con domicilio en avenida Teniente Azueta número 9, colonia Burocrática, C.P. 28250 de Manzanillo, Colima. Director General de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Teniente Azueta número 9, colonia Burocrática, C.P. 28250 de Manzanillo Colima. Ejecutoras: H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; con domicilio en Juárez número 100 de la zona centro de la Ciudad de Manzanillo, Colima. C. Presidente Municipal de Manzanillo, con domicilio en Juárez número 100 de la zona centro de la Ciudad de Manzanillo, Colima. (Particular que pretende realizar actos equivalentes a los de autoridad, ya que la constructora * * * la cual es la encargada de llevar a cabo la obra pública por indicaciones del Ayuntamiento de Manzanillo, pretende llevar a cabo dicho acto arbitrario afectando nuestros derechos, está constructora puede ser notificada en Juárez 100 de la zona centro de Manzanillo, Colima; toda vez que en dicha Entidad Pública tienen los datos de la constructora licitada y contratada. Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Teniente Azueta número 9, colonia Burócrata, C.P. 28250 de Manzanillo, Colima. Director General de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Teniente número 9, colonia Burócrata, C.P. 28250 de Manzanillo, Colima. Todas estas autoridades con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de Manzanillo, Colima; unas Juárez 100, de la zona centro y las demás en la colonia Burócrata, C.P. 28250 de Manzanillo, Colima. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN RECLAMADA: a).- De las autoridades ordenadoras reclamados la inminente orden arbitraria e ilegal demolición y/o remodelación del tejaban y corredor de los locales comerciales 2 y 7 y/o andador de la zona de entrada a la playa del Malecón San Pedrito de la ciudad de Manzanillo, Colima; conculcando en nuestra contra derechos humanos consagrados en el artículo 1° de nuestra Carta Magna, la violación del artículo 5°, la vulneración del derecho de la legalidad señalada en el artículo 1, así como la garantía de fundamentación y motivación, el derecho al trabajo señalados en los artículos 16 y 123 de nuestra carta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b).- De las autoridades ejecutoras la inminente orden arbitraria e ilegal demolición y/o remodelación del tejaban y corredor de los locales comerciales 2 y 7 y/o andador de la zona de entrada a la playa del Malecón San Pedrito de la ciudad de Manzanillo, Colima; por lo que, de llegar a consumarse dichos actos de autoridad, haría físicamente imposible resituarnos en el goce de nuestras posesiones, derechos, como seguir ejerciendo libremente nuestra actividad comercial, el derecho de trabajo, entre otros derechos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de once de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número 217/2020; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien no formuló pedimento]; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibidos en autos los informes justificados; seguidos los trámites legales se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 904, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y , al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionali-dad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así como, del análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La orden de demolición o remodelación del tejaban y corredor de los locales comerciales 2 y 7, ubicados en el andador de la zona de entrada a la playa del malecón San Pedrito, de Manzanillo, Colima, y su ejecución. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su respectivo informe justificado la autoridad responsable denominada Administración y Director Portuario Integral de Manzanillo, sociedad anónima de capital variable, negaron la existencia del acto que se le atribuye; asimismo, la parte quejosa no ofreció probanza alguna para desvirtuar el sentido negativo de dicho informes; por lo que, en el presente caso, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la Tesis Jurisprudencial 284, bajo el tenor literal siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis respecto de la certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado que presentó la autoridad responsable en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: El Director General de Asuntos Jurídicos en representación del Ayuntamiento, Presidente, Director de Obras Públicas, todos del Municipio de Manzanillo, Colima, señala que la parte quejosa no tiene interés jurídico en el presente juicio, además que los razonamientos plasmados en su demanda no constituyen conceptos de violación. Así, las autoridades responsables no señalan si son o no ciertos los actos reclamados, sino que simplemente se limitan a expresar causales de improcedencia del acto reclamado por la parte quejosa, por lo que, de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado, al no expresar si es o no cierto la orden de demolición o remodelación reclamada en el presente juicio. Se aplica al caso, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 193-198 Primera Parte, Materia: Común Séptima Época, Página 106, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habiéndose presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclamados en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos." En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado; en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, publicada en el Apéndice de 1985, Parte VIII, Quinta Época, página: 262, registro IUS: 395571, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Apoya lo antes expuesto, la tesis IV.3o.108 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época, página: 353, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." El Director General de Asuntos Jurídicos en representación del Ayuntamiento, Presidente, Director de Obras Públicas, todos del Municipio de Manzanillo, Colima, señala que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el taxativo 5° de la Ley de Amparo. Lo anterior, en razón de que no acredita la existencia y titularidad de un derecho subjetivo, esto es, no justificaron que cuentan con un derecho reconocido por la Ley, puesto que no exhibió documento, prueba alguna que de manera indiciara demostrara que es titular del derecho subjetivo que pretende defender, esto es que ejerza un derecho real sobre el portal y piso del malecón San Pedrito o del patrimonio que aduce tener sobre una parte del inmueble. Causa de improcedencia que es fundada por las consideraciones siguientes. El artículo 61, fracción XII, en relación con los taxativos 1º, fracción I y 5º, fracción I de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". La causa de improcedencia de referencia, encuentra su origen en lo establecido por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio éste que reglamenta el artículo 1°, con relación al diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo al disponer, en lo conducente, el objeto del juicio de amparo, así como que el quejoso será quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, conviene retomar lo conceptuado en el artículo 5° de la Ley de Amparo, el cual contempla para la procedencia del juicio de amparo, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime titular del derecho subjetivo o interés legítimo, lo que ocurre cuando este acto lesiona su esfera jurídica, produciendo una afectación real y actual, en forma directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha ocupado en diversos precedentes de examinar el desarrollo que ha tenido el concepto de interés jurídico en el amparo, por lo que ahora solo se hará una breve referencia al tema. Dicho término tiene como antecedentes históricos, por una parte, lo dispuesto por el Constituyente de 1917, en relación con que las controversias en materia de amparo únicamente se seguirían a instancia de parte agraviada y, por otra, el texto de la abrogada Ley de Amparo de 1936, que establecía que el juicio de garantías solo podía promoverse por la parte a quien el acto reclamado causara un perjuicio directo, lo cual excluía aquellos casos en que el acto combatido no afectara los intereses jurídicos del o la quejosa. Como puede apreciarse, el ordenamiento legal era ambiguo en determinar cuál era el interés necesario para comparecer al juicio de amparo, pues no definía propiamente el concepto de interés jurídico. Así, fue el Alto Tribunal el que, a partir de los elementos contenidos en el Texto Constitucional y en la Ley de Amparo, desarrolló el término de parte agraviada. Durante la Quinta Época se exigía para corroborar el interés del quejoso, la existencia de un nexo directo entre el acto reclamado y la situación en que éste se encontraba, es decir, que la afectación fuese real y positiva en torno a intereses jurídicos. En la Sexta Época se sostuvo que el interés jurídico se refería a que el quejoso fuese titular de los derechos, propiedades o posesiones conculcados por el acto de autoridad. A partir de la Séptima Época se señaló que, para que un interés mereciera el calificativo de jurídico, era necesario que el derecho objetivo se hiciera cargo de éste a través de una norma; en otras palabras, que existiera un derecho subjetivo a favor de la parte quejosa. En la Octava Época se reiteraron los anteriores criterios para establecer que la tutela del juicio de amparo sólo se refería a bienes jurídicos reales y objetivos, susceptibles de apreciarse de forma objetiva. Finalmente, durante la Novena Época se afirmó que el concepto de referencia no había sufrido una gran variación en su interpretación, aunque se reconoció que había cambiado el entendimiento de la situación, en la cual podía hablarse de la existencia de un derecho objetivo conferido por el ordenamiento jurídico, en contraposición a un simple beneficio o ventaja fáctica o material. Derivado de las reformas que han sobrevenido al juicio de amparo, particularmente la constitucional del 6 de junio de 2011, en relación con la del 10 del mismo mes y año en materia de derechos humanos, materializadas con la promulgación de la Ley de Amparo vigente, se introdujeron diversas modificaciones al esquema y alcances de este medio extraordinario de defensa, entre las que destaca la relativa al interés necesario para promover dicho medio de control de constitucionalidad. De esa manera, lo referente a quién tiene el carácter de parte quejosa quedó regulado en los artículos 107, fracción I, de la Constitución y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, antes transcritos. De donde se advierte que, puede acudir al juicio de amparo en calidad de parte quejosa, entre otros -excluyo para la exposición al interés legítimo, atendiendo a que los actos reclamados en este juicio son provenientes de un tribunal judicial-, quien: A. Aduzca ser titular de un derecho subjetivo. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial que el Alto Tribunal ha desarrollado sobre el tema -la cual, como se adelantó, data desde la Quinta Época-, el derecho subjetivo se concibe como la facultad de exigencia consignada en una norma objetiva de derecho, que puede imponerse coercitivamente a otras personas. En otras palabras, se trata de un derecho que supone la concurrencia de dos premisas fundamentales: una potestad de exigir y una obligación correlativa, traducida en el deber jurídico de cumplir con dicha exigencia. En esa lógica, sólo puede estarse frente a un derecho subjetivo cuando la facultad regulada en la norma se encuentra revestida de un poder de exigencia imperativa, lo que permite diferenciarlo tanto de la regulación normativa de las meras actuaciones particulares, como de aquellos supuestos en que la norma no establece en favor de una persona determinada la facultad de exigir, sino que consigna solamente una situación que puede aprovechar un sujeto o que puede ser benéfica para éste, pero cuya observancia no es susceptible de reclamarse por el beneficiado (interés simple). B. Que el titular de dicho derecho subjetivo alegue que el acto reclamado vulnera derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, y afecta su esfera jurídica de manera directa. Entonces, además de la existencia de un derecho subjetivo, quien promueve debe combatir que el acto reclamado transgrede sus derechos humanos y afecta su esfera jurídica de forma directa, a efecto de poder acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar el cese de la transgresión. De esa forma, en la lógica del interés jurídico, dado que el amparo únicamente protege bienes jurídicos reales y objetivos -partiendo de la base de que se alega su vulneración directa-, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. Consecuentemente, deben acreditarse de forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En ese contexto, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 5º, fracción I, de la propia ley de la materia, porque la parte quejosa no demostró fehacientemente el interés jurídico que refiere tiene con relación a la posesión de los locales 2 y 7, ubicados en el andador de la zona de entrada a la playa del malecón San Pedrito, de Manzanillo, Colima. Esto es así, porque la parte quejosa debe demostrar que tiene la facultad de exigencia consignada en una norma objetiva de derecho, es decir, que con relación al derecho de posesión del inmueble en cuestión, se acredite fehacientemente que tenga una posesión originaria o derivada, pues así lo ha establecido el Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XV, Febrero de 2002, página 5, del tenor literal siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Así como la diversa tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo LXI, vista en la página: 4185, que dice: "POSESION, CUAL ES LA QUE AMPARA EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. Conforme a la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, publicada en las páginas 1101 y 1094 del Apéndice al Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, para que la persona extraña al juicio pueda obtener la protección federal que pide contra los fallos que la despojan de la posesión de sus propiedades o derechos, es necesario que pruebe que efectivamente tenía esa posesión, y demostrado este hecho, debe ser respetada, en acatamiento el artículo 14 constitucional; sin que los Jueces Federales tengan facultades para decidir si esa posesión es buena o mala". Lo anterior es así, porque la parte quejosa no acredita en el presente juicio con prueba idónea y pertinente el derecho de posesión que tiene con relación a los inmuebles ubicados en el número 2 y 7 en el portal y piso del Malecón San Pedrito del municipio de Manzanillo, Colima; es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de la autoridad, la faculta para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Entonces; como la parte quejosa no exhibió prueba alguna, no se acredita la posesión jurídica del inmueble señalado en el cual recae el acto aquí reclamado -orden de demolición o remodelación-, es decir, aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley en la que se genere el derecho a poseer. En otras palabras, la parte quejosa no demostró la causa generadora de la posesión que refiere tener, ya sea como propietarios [posesión originaria] o usufructuarios, depositarios, arrendatarios, etcétera [posesión derivada] de los locales comerciales 2 y 7, ubicados en el andador de la zona de entrada a la playa del malecón San Pedrito, de Manzanillo, Colima; por tanto, no acredita su interés jurídico, al carecer de la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que la promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer los bienes inmuebles de referencia. En efecto, si bien la parte actora aporto al presente sumario federal, pruebas documentales consistentes en: [i] copia certificada de la identificación con fotografía para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral; [ii] licencia municipal de dos mil veinte de un establecimiento con giro comercial de venta de ropa, expedida por el Ayuntamiento de Manzanillo; y, [iii] el recibo de pago de refrendo de licencia comercial respecto del local 7 del Malecón San Pedrito, expedida por la Tesorería del Ayuntamiento de Manzanillo; estas, únicamente acreditan lo contenido en las mismas, esto es, entre otras cosas la vigencia de los derechos políticos de los quejosos y que poseen licencia comercial para operar un negocio de ropa y un restaurante, por lo que no resultan aptas para acreditar que son titulares del derecho tutelado que dicen les pretenden ser vulnerado; esto es, que no se tiene la certeza de que quien solicita la tutela federal de los actos reclamados, que genere el derecho a poseer, de manera que los impetrantes de amparo tengan una base objetiva, que fundada razonablemente produzca convicción de que tienen derecho a poseer los bienes inmuebles de referencia. Por tanto, la parte quejosa no acreditó en el presente juicio con prueba idónea y pertinente su interés jurídico, es decir, ser titular de un derecho subjetivo y que éste sea afectado por la actuación de las autoridades responsables, respecto a la demolición del portal y piso del Malecón San Pedrito del municipio de Manzanillo, Colima, en el que se encuentran los locales 2 y 7, lo cual la faculte para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, toda vez que las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo no se advierte que el acto reclamado le afecta la parte quejosa, porque no demostró tener la propiedad [posesión originaria] o la posesión derivada de esos inmuebles, es que no acredito el interés jurídico, pues no sufre dentro de su esfera de derechos alguna afectación, a través de dicho acto de autoridad. Tiene apoyo al caso la jurisprudencia 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de dos mil dos, de rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán serdilucidadas ante la potestad común". También, resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XV, Febrero de 2002, con número tesis 1a./J. 1/2002, vista en la página 15, del tenor literal siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4º. De la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse librada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en si mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Así como, las jurisprudencias 216 y 854 publicadas en las páginas doscientos dieciséis y quinientos ochenta y dos, respectivamente, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, que señalan lo siguiente: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con relación a los actos reclamados en esta instancia constitucional, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos atribuidos al, Director de Obras Públicos del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, al tener carácter de ejecutoras, pues jurídicamente no es posible analizar la constitucionalidad de su actos, máxime que los mismos no se reclamaron por vicios propios. Se apoya lo anterior, en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 156, del Tomo VI, Parte "SCJN", del Apéndice de 1995, Séptima Época, cuyo texto y tenor literal son los siguientes: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En esa tesitura, es que no se estudien los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, pues al actualizarse la causa de improcedencia es que se impide entrar al estudio del fondo del asunto. Ilustra lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. Si se sobresee en el juicio, es claro que no debe entrarse al estudio de los conceptos de violación relativos a cuestiones de fondo, pues el sobreseimiento no juzga sobre la existencia o inexistencia de esos conceptos de violación, sino sólo sobre la improcedencia del amparo, por lo que en el caso, al omitir, su examen el inferior, no infringió el artículo 79 de la Ley de Amparo". SEXTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por los quejosos * * * * , contra los actos reclamados al Ayuntamiento, Presidente, Director de Obras Públicas, todos del Municipio de Manzanillo, Colima; así como, Administración y Director Portuario Integral de Manzanillo, sociedad anónima de capital variable, en los términos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución.
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