Rosalva Velarde Noriega

Expediente 226/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
226/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Rosalva Velarde Noriega

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito presentado por ********, parte quejosa, mediante el cual, solicita se autorice la devolución de los anexos exhibidos en su ocurso de demanda consistentes en: Por los motivos que expone. Devolución de documentos. Atento a lo anterior, hágase la devolución a la parte quejosa de los documentos solicitados, mismos que se advierte anexó a su ocurso de demanda, por tanto, indíquesele a fin de que, comparezca de manera personal o por medio de persona autorizada debidamente identificada, para que se le haga entrega de los mismos, previa certificación y razón que de su recibo se glose en autos. Cabe precisar que la forma como se va a realizar dicho trámite en lo concerniente a este órgano jurisdiccional en términos del "ACUERDO GENERAL 1/2021, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, CON RELACIÓN AL PERIODO DE VIGENCIA", será de la siguiente forma: Procedimiento para poder acudir físicamente a la devolución de documentos en asuntos no urgentes. Día de devolución de documentos. Los documentos a que se ha hecho alusión solamente se entregarán los días martes y jueves, dentro del horario laboral de 09:00 am hasta las 14:00 pm asignado a este órgano jurisdiccional, el cual se encuentra plasmado en el anexo 1, del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, no habrá excepciones de ninguna especie, de ahí que los días lunes, miércoles y viernes no hay entrega de documentos en asuntos no urgentes. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado, atendiendo, como se precisó en párrafos anterior, a los horarios predeterminados por el Consejo de la Judicatura Federal, para el trabajo de manera física en cada órgano de control constitucional; además, el personal del juzgado que labora físicamente no puede permanecer en el órgano después de la hora de conclusión de labores, a fin de dar trámite a dichas solicitudes. b) Generación de cita y código QR. Para recoger los documentos mencionados siempre deberá generar citas a través del sistema "Agenda OJ" en el día señalado (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Tratándose de personas pertenecientes a grupos vulnerables, el Juzgado de oficio, generará citas a través del sistema "Agenta OJ" y señalará el día en que dichas personas pueden acudir a la entrega de sus valores. c) Personas que pueden recoger. Sólo pueden comparecer a recoger dichos documentos, las personas que se encuentren autorizadas en autos. No se entregarán a personas distintas, ni tampoco se les dará información. d) Documentos. Para recoger los documentos correspondientes, la persona interesada deberá presentar identificación oficial vigente como pasaporte, credencial para votar, cédula profesional o alguna otra equivalente. Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger documentos importantes físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido en el Aviso General de Atención al Público. Autorizados. Se tiene como autorizados a las personas que indica únicamente para la devolución de los documentos referidos. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del delegado de la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, en su carácter de autoridad vinculada, mediante el cual realiza manifestaciones en torno al cumplimiento del fallo amparador, mismas que se tienen por hechas para los efectos legales conducentes. Ahora bien, del examen realizado al oficio de cuenta se advierte que nuevamente realiza manifestaciones encaminadas al presupuesto de egresos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, en ese tenor, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente y por última ocasión a la autoridad oficiante, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si la Ley de Ingresos del citado de ayuntamiento relativa a los años dos mil veinte y dos mil veintiuno se encuentra aprobada, toda vez que el municipio responsable asevera que la falta de emisión de la Ley citada es el motivo por el cual, a la fecha en que se actúa, se encuentra imposibilitado para cumplir con la ejecutoria constitucional; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedora de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.

  4. Principal

    Se notifica por lista al quejoso el acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Cuernavaca, Morelos; diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ------, contra actos que reclama al Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 226-2021, y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado es: (.) LA NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE CONCEDERME LA JUBILACIÓN A LA QUE TENGO DERECHO, mediante acuerdo de 05 de octubre del 2020, que resuelve negar la procedencia de solicitud de la C. ROSALVA VELARDE NORIEGA, para otorgarme la pensión por jubilación que le solicitó al Congreso del Estado de Morelos, con fecha 24 de octubre del 2016; anexando para tal efecto copia certificada del acuerdo de fecha 05 de octubre del 2020 que fue notificado el día 25 de febrero del 2021 mediante oficio LIV-SSLyP-DJ-3-2047-B-2021(.) sic. Causal de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la ley de la materia, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J-6, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". A?en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Así, quien esto juzga observa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo interpretado el último precepto a contrario sensu, en virtud de que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del citado Congreso, a quien se le reclama la expedición del acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, por medio del cual se niega a la parte quejosa la pensión por jubilación, no le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Se explica. Los preceptos legales en comento, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tiene el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I.- Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual estos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II.- Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, se estima necesario establecer que la quejosa reclamó el dictamen de cinco de octubre de dos mil veinte, donde la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, negó la procedencia de su solicitud para otorgarle la pensión por jubilación. Asimismo, se precisa que la parte quejosa prestó sus servicios en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos - INEA (actualmente Instituto Estatal de Educación para los Adultos - INEEA). Por tanto, se estima necesario determinar la naturaleza del acto reclamado. De ahí que, si por tal determinación la parte quejosa refiere estar en desacuerdo con la autoridad que la emitió, entonces será en alguna otra instancia en donde se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional, ello con base a que se cuestionan prestaciones derivadas de una relación laboral. Se arriba a la anterior consideración ya que de la lectura sistemática que se efectúa a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que impone el procedimiento a través del cual se otorgarán o negarán las pensiones a los trabajadores del Estado, como en el caso acontece, ya que la quejosa refirió haber laborado en un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que esa relación de trabajo se regula conforme a dicha normatividad. Ello es así, pues como se destacará el Congreso del Estado de Morelos por conducto de la Comisión que lo integra, solo cumplen con una de las funciones que se encuentra a su cargo sin que pueda estimarse que se trata de una manifestación derivada de su potestad soberana, como ocurre cuando expide leyes, supuesto en el que se constituye como un órgano del Estado que emite un acto unilateralmente a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin acudir a los órganos judiciales del Estado, ni precisa del consenso de la voluntad de los afectados; lo que no acontece en la decisión por esta vía combatida. De esta forma, los artículos 54, fracción VII, 56 y 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado, disponen en lo que al caso interesa, que los trabajadores burocráticos en materia de seguridad social tienen derecho a una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, las que se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establece la ley en comento y los demás ordenamientos que resulten aplicables. Para disfrutar de las pensiones señaladas, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos que se describen en el artículo 57 de la ley en mención; en tanto que el Congreso del Estado deberá expedir el decreto correspondiente. Además, en los artículos 2, 53 y 67, fracción I. de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, y el diverso 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se establece que cuando el aludido Congreso conoce de las solicitudes de jubilaciones o pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios, debe emitir por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el dictamen respectivo en el que determine lo conducente; en tanto que, en el diverso 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado establece que la pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, se otorgarán mediante el decreto respectivo. Ahora bien, conforme lo expuesto en materia de seguridad social, las dependencias estatales legalmente se encuentran obligadas con sus trabajadores en otorgarles ciertas prestaciones -entre ellas las descritas en el artículo 54 de la Ley del Servicio Civil- en el caso, una pensión por jubilación; con la particularidad de que el Congreso del Estado de Morelos es el órgano del propio Estado que conoce de las solicitudes de jubilaciones o pensiones quien debe emitir por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el decreto respectivo en el que determine lo conducente, pues dicha encomienda se encuentra expresamente prevista en el diverso 56 de la ley en mención, esto es, la pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez, orfandad o por ascendencia, se otorgan mediante decreto. Esta particularidad que legalmente se ha impuesto al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social consistente básicamente en determinar si procede otorgar o negar al trabajador la pensión que solicita, mas no constituye un ejercicio de poder público basado en una relación de supra a subordinación que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del inconforme, sino de una decisión adoptada por el poder público derivada precisamente de la relación que subsistió entre la quejosa y el ente, esto es, corresponde al vínculo entre patrón y trabajador, en el caso con el Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Morelos, con motivo del desempeño de las labores que prestó como Subdirectora de Formación Personal, lo que se advierte de la hoja de servicios que exhibió en su ocurso de demanda. En ese sentido, la justiciable se encuentra en posibilidad de alegar lo que es conveniente ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, quien es la autoridad competente para resolver las controversias entre las autoridades estatales y sus trabajadores, de acuerdo con lo estipulado en los numerales 1 y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que dice: Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones. Artículo 114.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios." Conforme lo anterior, toda vez que en la especie el acto reclamado, se trata del dictamen de cinco de octubre de dos mil veinte, emitido por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, en el que se negó a la parte quejosa su solicitud de pensión por jubilación; es evidente que, en el caso, el juicio de amparo es improcedente, ya que como puede verse la actuación del Congreso del Estado a través de la Comisión es revisable mediante juicio contradictorio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que se promueva en su contra, pues el citado tribunal es la autoridad competente para dilucidar cualquier inconformidad que surja con motivo de lo solicitado con relación al otorgamiento de una pensión por jubilación de un trabajador burocrático, en virtud de que el juicio laboral es el medio ordinario para resolver cualquier inconformidad que surja, como podría ser alguna de las expresamente contempladas en los artículos 54 a 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado, que se refieren expresamente al otorgamiento de la prestación de seguridad social cuya negativa se reclama. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores promueven juicio de amparo contra actos del Congreso del Estado en los que controvierte su actuación con relación al otorgamiento de la pensión por jubilación (por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social) derivada precisamente de la relación de trabajo que subsistió, como acontece en la especie, el referido juicio resultará improcedente, porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa al órgano especializado. Además porque el apartado B del artículo 123 Constitucional, equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado, en este caso actuando por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. De esta forma, aún y cuando el Congreso del Estado por conducto de la citada Comisión tiene entre otras funciones, resolver sobre las solicitudes para determinar la pensión y la forma en que habrá de pagarse a los servidores públicos de la entidad federativa; no debe perderse de vista que ese pago se efectúa por quien fue el patrón de la operaria. Además, no se desconoce que si bien con la jubilación la relación de trabajo termina, lo cierto es que se inicia otra en donde las contraprestaciones que se otorgan las partes ya no son por el intercambio de fuerza de trabajo por salario, sino que se otorga una pensión en reconocimiento del desgaste que sufrió el trabajador, a lo largo del tiempo mínimo acumulado de servicios durante su vida económicamente productiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.-J. 17-97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Mayo de 1997, página 308, que dice: "JUBILACIÓN. LA LIQUIDACIÓN DEL TRABAJADOR, AUNQUE PONE FIN A LA RELACIÓN DE TRABAJO, NO HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO Y PAGO DE PENSIÓN JUBILATORIA. Esta Suprema Corte ha sostenido el criterio de que con motivo de la jubilación, la relación de trabajo termina y se inicia otra en que las contraprestaciones que se otorgan las partes ya no son el intercambio de fuerza de trabajo por salario, sino que ahora el patrón otorga una pensión en reconocimiento del desgaste que incuestionablemente sufre todo trabajador, a lo largo del tiempo mínimo acumulado de servicios durante su vida económicamente productiva, conocido en términos jurídicos como antigüedad; de tal manera que si un trabajador que reúne los requisitos contractualmente establecidos para merecer su pensión, se separa del servicio, con motivo de un convenio de liquidación celebrado con la empresa, aunque esto constituye otra forma de terminación de la relación de trabajo, no autoriza a desconocer el derecho adquirido que se generó durante el desarrollo de la relación laboral. En ese orden de ideas, el acto que aquí se reclama no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de autoridad para efecto del juicio de amparo, pues la legislatura estatal responsable no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente, por actualizarse la causa de improcedencia, que es concretamente la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En efecto, se reitera, el acto que se reclama, atendiendo a las razones por las que está inconforme la parte quejosa, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponden al vínculo entre patrón y trabajador; caso en el que se insiste, actúan en un plano de igualdad. Y por tanto, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una noma general. Se robustece lo antes considerado, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia PC.XVIII.L. J-3 L, del Pleno de este Circuito, Décima Época, con registro 2014236, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, Materia Laboral, página: 1426, misma que resulta obligatoria en términos del artículos 217 de la Ley de Amparo, de rubro y texto: PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado." Se estima oportuno señalar que, si bien el acto reclamado que nos ocupa, no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje a la promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante la autoridad correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. Los criterios citados generados durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la ley de la materia vigente, que dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley", ya que aquellos no se oponen a lo dispuesto en ésta, en los aspectos analizados. Por otro lado, es de precisarse que los motivos y fundamentos anteriormente expuestos, son acordes con el criterio establecido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver el recurso de revisión 57-2019, en sesión de once de julio de dos mil diecinueve. En consecuencia, con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XXIII, 1, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo interpretado el último precepto a contrario sensu, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA.

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