Rosalva Márquez Herrera
Expediente 1153/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- ROSALVA MÁRQUEZ HERRERA y Otros.
- Rosalva Márquez Herrera
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el veintitrés de enero del año en curso, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veinticuatro de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el veintisiete de enero pasado, surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del veintinueve al treinta y uno de enero del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, por sentencia de uno de julio de dos mil diecinueve, se determinó, por una parte, sobreseer en el presente juicio y; por otra, conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes, por ejecutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, determinaron desechar el recurso de revisión de mérito; y, por tanto la concesión de amparo fue para los efectos siguientes: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 24, fracción IV, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el pago del refrendo por depósito de bebidas alcohólicas y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, así como los arábigos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, así como el 33, fracción II, de la Ley que regula los establecimientos dedicados, a la producción, almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas alcohólicas en el Estado de Nayarit, que prevén respectivamente, el pago del traspaso del permiso de venta de alcoholes, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución BANAMEX en la cuenta con referencia con número de folio 0097007819A38747257, realizado el ocho de mayo de dos mil diecinueve; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." (.) Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Así, a través del oficio y anexo presentados el veintitrés de enero del año en curso en este Juzgado de Distrito, la delegada de la autoridad responsable informó la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, esto es, comunicó que el veintiuno de enero del presente año, devolvió a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria SPEI, la cantidad de $23,032.29 (veintitrés mil treinta y dos pesos 29/100 moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados. En ese tenor, si tenemos que el monto de $22,821.06 (veintidós mil ochocientos veintiún pesos 06/100 moneda nacional), cantidad total que erogo la quejosa en favor de la autoridad responsable, suma derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el ocho de mayo de dos mil diecinueve y el veintiuno de enero de este año, se efectúo la devolución indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretende devolver las contribuciones reclamadas en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de mayo de dos mil diecinueve al veintiuno de enero de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril entre el índice para el mes de diciembre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecinueve fue 103.531; y para el mes de diciembre 104.503. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0093. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber $22,821.06 (veintidós mil ochocientos veintiún pesos 06/100 moneda nacional), se obtiene la cantidad de $23,032.29 (veintitrés mil treinta y dos pesos 29/100 moneda nacional). En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $23,032.29 (veintitrés mil treinta y dos pesos 29/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso b) del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Delegada de la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito presentado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por ***, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita se hagan efectivo los apercibimientos decretados en el presente juicio, a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en razón de que ha sido omisa en acatar el fallo protector concedido en autos, asimismo, que se le requiera nuevamente por el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. En consecuencia, previo a hacer efectivos dichos apercibimientos, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación que se realice de este proveído, acate en sus términos el fallo protector de que se trata En el entendido de que subsiste el apercibimiento indicado en auto veintiséis de noviembre del año en curso (foja 122). NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tienen por recibidos el oficio y anexo de cuenta presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones realizadas con el propósito de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio y anexo de mérito en vías de cumplimiento al fallo protector, para que surtan sus efectos legales procedentes; en la inteligencia, de que este órgano jurisdiccional quedará en la espera del cumplimiento total a la ejecutoria dictada en autos. NOTIFÍQUESE.
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