Rosalva González Flores
Expediente 401/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2021
Partes del expediente
- Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada
- Rosalva González Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión contra de la sentencia de once de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que: El expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S los autos del expediente número 401/2021, a fin de resolver en SENTENCIA lo relativo al juicio de amparo promovido por Rosalva González Flores, contra actos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, que estima violatorios del derecho fundamental contenido en los artículos 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O: I.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, Rosalva González Flores, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. ACTO RECLAMADO: "Señalo como acto reclamado de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta fundada y motivada al derecho de petición ejercido en términos de lo dispuesto por el ARTÍCULO 8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA de los ESTADOS UNIDO MEXICANOS, mediante escritos presentados en fecha 12 DE AGOSTO DE 2021 (sic) .", La promovente del amparo estimó vulnerados en su perjuicio el derecho fundamental contenido en los artículos 1 y 8 de la Constitución General de la República; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, los cuales no se transcriben ni se sintetizan, ya que no hay precepto legal que así lo disponga. Sirve de apoyo lo establecido en la Jurisprudencia VI.2°.J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." II.- La referida demanda se turnó a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en donde, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, lo que dio lugar a la instauración del juicio de amparo número 401/2021. III.- Posteriormente, se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo, se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, y se inició la audiencia constitucional con los resultados que se asientan en el acta relativa, procediéndose a dictar el fallo correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en virtud que se trata de un juicio de amparo promovido contra actos que no requiere ejecución material y la demanda fue presentada dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, como primera exigencia de esta resolución, se precisará el acto reclamado, que se desprende del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias que conforman el juicio. La necesidad del estudio hecho es una obligación para el Juzgado de amparo, lo cual, se ha reiterado en múltiples ocasiones por el Máximo Tribunal de este País y se ilustró en la Jurisprudencia, cuyo texto y rubro son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que se allegaron al juicio, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en: La falta de contestación a la petición realizada mediante escrito recibido el doce de agosto de dos mil veintiuno, en el cual solicita se restrinja la contratación del servicio de agua en el lote tres, de la manzana dieciocho, del fraccionamiento Valle Dorado de esta ciudad de Ensenada. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, ya que al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado, aduciendo que a su criterio no había transcurrido un término prudente para que la quejosa obtuviera respuesta a su solicitud. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad y las constancias que obran en el presente expediente, se tiene que en la especie se actualiza, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos interpretados en sentido contrario; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". El acto que por esta vía se reclama, se hace consistir en la falta de contestación a la petición realizada mediante escrito recibido el doce de agosto de dos mil veintiuno, en el cual la quejosa solicita se restrinja la contratación del servicio de agua en el lote tres, de la manzana dieciocho, del fraccionamiento Valle Dorado de esta ciudad de Ensenada; por ello resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales, pues se estima que no ha transcurrido un plazo razonable para efectos de emitir la respuesta respectiva, considerando la fecha de la presentación del escrito de petición y la promoción del amparo. Resulta conveniente destacar que el artículo 8º constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. En su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término", sin que se haya establecido un referente temporal definido. Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse.". De conformidad con lo anterior, se estima que el hecho de que en el ámbito jurídico se haya aceptado con cierta uniformidad que el "breve término" a que se refiere el artículo 8º constitucional no debe exceder de cuatro meses, no constituye una habilitación irrestricta para que en cualquier caso las autoridades puedan extender la falta de respuesta a las peticiones dirigidas por los gobernados hasta la conclusión de dicho plazo. En cambio, la regularidad constitucional del silencio de las autoridades se encontrará determinada por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Se afirma lo anterior, pues la situación que regula el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en un breve término, guarda una relación de similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que deben atenderse las circunstancias específicas de cada caso. Además, la interpretación del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, por lo que sus alcances no se limitan al texto expreso de la norma en que se reconozcan aquéllos, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan los tribunales de constitucionalidad nacionales, como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, en una relación dialéctica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, cuyo rubro y texto señala: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD." Entonces, por los razonamientos vertidos, como se adelantó, de una interpretación progresiva el silencio de la autoridad se encontrará determinado por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Precisado lo anterior, si la parte quejosa presentó su petición ante la autoridad responsable el doce de agosto de dos mil veintiuno, en tanto que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad de Ensenada, el veinticuatro de agosto del año en curso, es evidente que no ha transcurrido un término razonable a efecto de que la autoridad de contestación a su escrito de petición, pues únicamente habían transcurrido ocho días hábiles desde que la impetrante elevó su petición a la responsable, hasta la presentación del juicio de amparo; por tanto, se considera que el breve término a que alude el artículo 8° constitucional, aun no transcurre, ello en razón de que para establecer la omisión a dicho derecho humano, deben tomarse en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que la autoridad haya llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" antes descrito. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista, que resulta un hecho notorio para el suscrito juzgador, atento a lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley, la pandemia general que atraviesa el país por el coronavirus SARS Covid 19, razón por la cual varias de las dependencias gubernamentales no se encuentran laborando en condiciones normales, lo cual puede repercutir en el cumplimiento de los plazos legales. Se cita al caso la tesis I.1°.A.E.64 A (10ª.), emitida por los Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y Jurisdicción en toda la República, cuya literalidad es: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ." De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos interpretados en sentido contrario; y en consecuencia, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, quien esto resuelve se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, proceda el Secretario a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente en su oportunidad. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, 63 fracción V, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Rosalva González Flores, por su propio derecho, contra actos de la autoridad señalada como responsable en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha no ha transcurrido el plazo de ocho días que señala el segundo párrafo, del artículo 117, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con quince minutos del once de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad de cuenta. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados de la autoridad responsable, a las personas que señala en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
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