Rosalva González Figueroa

Expediente 65/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
65/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Rosalva González Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Agréguese el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, relativo al oficio 22280/2021, dirigido al "Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad De México", en el que se señalan las causa por las cuales no fue entregada la referida pieza postal, siendo esta la relacionada con la leyenda: "NO HAY ESE NÚMERO"; en consecuencia, reenvíese la citada pieza postal a la referida autoridad en su domicilio actual y correcto para su debida notificación y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    ...CÚMPLASE...

  3. Principal

    ... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto veintinueve de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del ocho al catorce de febrero del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Como se desprende de los párrafos que anteceden, el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dígase a la promovente de que se trata que quedan a su disposición las copias de la demanda de garantías que exhibió, en la secretaría del juzgado para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, comparezca con identificación fehaciente a recogerlas, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido se procederá a destruirlas. ...

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo promovida ROSALVA GONZÁLEZ FIGUEROA, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Del artículo transcrito se desprende que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso, juicio o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición de la interesada y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o bien, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para la afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Cabe destacar que la parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en: ".Del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo reclamo el auto de fecha 20 veinte de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, dictado en los autos del toca número I-385/2018, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer en contra del auto de data 24 veinticuatro de octubre del año próximo pasado pronunciado en el Juicio Ordinario Civil número 870/2018, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Puruándiro, Michoacán, reclamando de la autoridad ejecuta el cumplimiento de auto pronunciado por el tribunal de alzada y sus consecuencias legales.". Por su parte, el artículo 680 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, establece: "ARTÍCULO 680. Puede pedirse la revocación de todos los autos de las salas del tribunal con excepción de las resoluciones que se dicten en grado de apelación y de aquellas respecto de las cuales se establece que no admiten recurso." Del numeral transcrito se colige, que todos los autos emitidos por las Salas del Tribunal, pueden ser revocados, con excepción de sus resoluciones y respecto de las cuales exista pronunciamiento en lo relativo. Así también, en el Capítulo III, del Título Séptimo, denominado "De la queja", de su lectura se evidencia, que puede ser revocada o modificada, la determinación del Juzgador de no admitir el recurso de apelación. Por tanto, a través de tal medio de defensa ordinario se prevé la posibilidad de que sea modificado o revocado el auto reclamado, es claro que se debió agotar antes de acudir al juicio constitucional atento al principio de definitividad. Empero, como no se hizo así, entonces resulta evidente que como se anticipó, si contra dicho auto procedía el recurso de revocación, al no haberse interpuesto, el juicio de amparo en tal aspecto es improcedente. De ahí que como ya quedó establecido al ser la quejosa parte dentro del toca I-385/2018, deducido del juicio 870/2018, estaba obligada previamente a acudir a esta instancia constitucional a agotar el recurso procedente, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Apoya a lo anterior la tesis de Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Se cita también la tesis de jurisprudencia número 451, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común.". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, número 321, colonia Chapultepec Norte, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a OSCAR JAVIER BLANCAS SALAZAR, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 1311000, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, no así a JOSÉ ÁNGEL JAIMES SOTELO y DANIEL LEDEZMA ESTRADA, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la material del presente asunto de naturaleza civil y únicamente para recibir notificaciones a ALMA PATRICIA ROSAS HERNÁNDEZ, toda vez que en esos términos fue designada. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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