Rosalio Verdin Ulloa

Expediente 750/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 52 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
750/2019
Año
2019
Actuaciones
52
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Janeth Elizabeth Verdín Villarreal
  • Janeth Elizabeth Verdín Villarreal y Otros.
  • Rosalio Verdin Ulloa
  • ROSALIO VERDIN ULLOA y Otros.
  • Procuraduría de Protección de Niñas , Niños Y Adolecentes del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio número 2317/2021, signado por el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que personal de trabajo social, realizó visita domiciliaria al quejoso y su menor hija, obteniendo resultados favorables en cuanto a la dinámica familiar encontrándose a la menor, en condiciones óptimas para su desarrollo; agréguese a los autos para constancia, ello en virtud de que en auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, se pronunció respecto al fallo protector y se ordenó el archivo del expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio número 1807/2021, suscrito por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Municipal, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que realizó una visita al domicilio del quejoso y de su menor hija, encontrando el inmueble aseado, y a la menor de edad físicamente en buen estado de salud e higiene; comunicado que se agrega a los presentes autos para constancia, ello en virtud de que en auto uno de los que cursan, quien esto provee se pronunció respecto del cumplimiento del fallo protector.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que el veintinueve de enero de dos mil veinte, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la menor de edad de iniciales J.E.V.V., así como a Rosalío Verdín Ulloa, para efecto de que la autoridad responsable Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Mazatlán, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Sigan hasta su conclusión el procedimiento o trámite ante el Juez de lo Familiar correspondiente, en términos del artículo 99, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, a fin de que éste, con las facultades que la ley le confiere, se pronuncie sobre la cancelación, ratificación o modificación del convenio celebrado por el progenitor de la menor quejosa y su tía materna, y decida lo que legalmente corresponda en relación a la guarda y custodia definitiva de la menor de identidad resguardada; en el entendido de que en dicho sumario deberán ejercer la representación legal de la menor de edad quejosa, en términos del artículo 99, fracción II, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. 2. Coadyuven con cualquier persona o institución que en el futuro intervenga en el resguardo provisional de la menor, a fin de garantizar la atención médica y psicológica que necesita la menor de edad quejosa; y por ende, se cerciore a través de visitas de inspección que el estado de salud de la menor y las condiciones de su entorno sean idóneas para su cuidado y desarrollo óptimo, en lo que se resuelve en definitiva su guarda y custodia por la autoridad competente. 3. Imponga a cualquier persona que en lo presente y en lo futuro intervenga en el resguardo provisional de la menor, las medidas de protección, así como su vigilancia y seguimiento ?en lo que se resuelve en definitiva la guarda y custodia de la menor quejosa por autoridad competente?, previstas en el artículo 101 y 102 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, a saber: 3.1 Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia; 3.2 En su caso, recomendación de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internación o ambulatorio. 3.3 Canalizarles a tratamiento psicológico o psiquiátrico; y 3.4 Remitirles a programas oficiales o comunitarios de apoyo, orientación y tratamiento a la familia; 3.5 Concientizarles de su obligación de que niñas, niños y adolescentes reciban la educación básica y la media superior y tomar las medidas necesarias para observar su aprovechamiento escolar." Determinación que causó ejecutoria el diecinueve de febrero de dos mil veinte, requiriéndose a la autoridad responsable Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Mazatlán, con sede en esta ciudad, el cumplimiento del fallo protector. Auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el que se tuvo al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, como autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector, y se le requirió para que acatara el mismo; por lo que dicha autoridad citó al quejoso y su menor hija a fin de que ante la presencia judicial a fin de que ante la psicóloga de su adscripción, manifestara su sentir y se verificara su estado de salud físico y mental . Luego, mediante oficio 188/2021, la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Mazatlán, remitió fe de hechos realizada por el personal adscrito a dicha Procuraduría en el domicilio donde habita el quejoso Rosalío Verdín Ulloa, de la que se obtuvo que éste es percibido por sus vecinos como amigable, buena persona, saca a sus hijos a pasear al parque, no tiene problemas vecinales, no han visto maltrato hacia sus hijos, cuida su aseo personal y les presta atención. Por otra parte, a través del comunicado 1579/2021, el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Mazatlán, con sede en esta ciudad, remitió las constancias que acreditan que el veintisiete de agosto del año en curso, llevó a cabo una entrevista con el quejoso Rosalío Verdín Ulloa y su descendiente de identidad resguardad bajo las iniciales J.E.V.V., a través de la cual la psicóloga adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, se cercioró que no existen indicadores de violencia dentro del contexto familiar, concluyendo que no existe un riesgo para la menor en seguir habitando en el domicilio con su progenitor; asimismo refirió que el aquí quejoso se comprometió a acudir ante esa institución las veces que sea requerido, así como a permitir la revisión periódica del domicilio donde habita con su menor hija. De igual manera, mediante comunicados 2397/2021 y 3382/2021 el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad; informó en lo que interesa, que el trece de septiembre de dos mil veintiuno, se desahogó la audiencia de cancelación, ratificación o modificación de convenio prevista por el artículo 675 del Código de Procedimientos Familiares vigente en el Estado, con la presencia de Rosalío Verdín Ulloa, en su carácter de papá de la persona menor de edad de iniciales J.E.V.V., del Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema DIF Mazatlán, el licenciado Erik Alberto Tiznado Sánchez, en su carácter de representante legal de la infante y de la representación social, en la que se canceló el convenio celebrado por el quejoso y la aquí tercera interesada Malú Berenice Villarreal Ávila, de nueve de octubre de dos mil diecinueve, debido a que esta última no se presentó. Asimismo, tomando en consideración la opinión de la menor quejosa, se concedió su guarda y custodia a su papá Rosalío Verdín Ulloa, quien habitará en el domicilio ubicado en calle Santa Joaquina número 20507, en el fraccionamiento Santa Teresa, de esta ciudad; finalmente se requirió al inconforme para que cumpliera con su obligación de observar una conducta que le sirviera de ejemplo a su descendiente, se asegurara de que siguiera recibiendo educación, la provea de alimentos y cumpla con el plan restitutorio integral en favor de los derechos de la niña J.E.V.V., que firmó ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Mazatlán. Con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada y se les corrió traslado con las documentales exhibidas por la autoridad responsable y la autoridad vinculada al cumplimiento, a fin de que expresara lo que a su derecho conviniera sobre el particular. El acuerdo de mérito, fue notificado a las partes quejosa y tercera interesada el veintiuno de septiembre pasado, sin que al día de hoy haya realizado manifestación alguna sobre él particular. Transcurrido el aludido plazo, se procede a determinar con las constancias que obran en autos si la sentencia concesoria se encuentra cumplida en sus términos o, si hubo exceso o defecto en su cumplimiento, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia publicada con el número 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil, Materia Común, Tomo XI, Novena Época, página doscientos cuarenta y tres, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Del análisis que realiza quien esto provee de las constancias que para dar cumplimiento al fallo protector anexaron el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Mazatlán y el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, ambos con sede en esta ciudad, se aprecia que concluyó el trámite a que alude el artículo 99 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, pues en diligencia de trece de septiembre del año en curso, fue cancelado el convenio celebrado por el progenitor de la menor quejosa y su tía materna, decidiéndose que la guarda y custodia de la menor de identidad resguardada la ejercería Rosalío Verdín Ulloa; asimismo, se realizaron fe de hechos en el domicilio de los quejosos y entrevista sicológica a la menor, con las que se cercioraron del estado de salud física y mental de la menor quejosa y con motivo de ello, se ordenó realizar otras visitas para cuidar que sea óptimo el ambiente en el cual se desenvuelve actualmente la menor quejosa. En esa tesitura, del análisis comparativo de los actos emitidos por las autoridades responsables, con los efectos de la sentencia de amparo, se declara que esta última se encuentra CUMPLIDA, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.C626, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito,, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 1412, registro 168786, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLA EN LA QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJARA INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO DE ORIGEN, Y SE ORDENARA LA LEGAL REALIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO, NO PUEDEN ANALIZARSE LOS VICIOS DE LA NUEVA DILIGENCIA DE LLAMAMIENTO A JUICIO." Consecuentemente, dado que no existe cuestión pendiente por determinar, acorde a lo establecido en el numeral antes indicado, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que este expediente es depurable bajo los lineamientos precisados en término de lo dispuesto en el artículo 18, inciso b) del acuerdo general en cita, toda vez que, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Finalmente, advirtiéndose que el cuaderno relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto se ubica en la hipótesis contenida en la fracción I, inciso a) del artículo 18, invocado en el párrafo anterior, provéase lo conducente en el referido incidente. Notifíquese el presente proveído a las partes quejosa y tercera interesada, para los efectos a que refieren los arábigos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo. Comuníquese esta determinación a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. .

  4. Incidental

    Visto el estado de los autos y a fin de ordenar el destino del incidente de suspensión en que se actúa, se estima necesario remitirse a los autos del juicio de amparo 750/2019-Vl-1, del cual deriva la presente incidencia, mismo que se tiene a la vista y constituye un hecho notorio para quien esto provee, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y del cual se desprende que en auto de hoy se ordenó el archivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, procede hacer la indicación en el sentido de que el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa es depurable, toda vez que se concedió la suspensión provisional. Por otro lado, en atención al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, el duplicado del incidente en mención deberá ser destruido, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo del juicio de amparo indirecto del que deriva.

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