Rosalio Valdez Mata
Expediente 44/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rosalio Valdez Mata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas interpusieran recurso de revisión contra la resolución dictada dentro del presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa depurable. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable, la constancia que remitió en apoyo a su informe justificado, con que se formó el tomo I, agregando a los presentes autos, la carátula que la contenía.
- Principal
Audiencia constitucional. En Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con cincuenta minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas por auto de diecinueve de febrero de este año, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de garantías 44/2019. El licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario en funciones de Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la licenciada Hilda Patricia Gaytán de la Torre, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes a esta audiencia. Acto seguido, la secretaría realiza una lectura íntegra al escrito relativo a la demanda de amparo, y en esa guisa procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos; al respecto, da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas (foja 15); además se da cuenta con la copias certificadas del expediente laboral 352/II/2015 de su índice (tomo I); constancias aportadas por la autoridad responsable citada, como anexo a su informe con justificación. A continuación, el secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable; con las constancias relacionadas por la Secretaría, hágase nueva relación en su momento procesal oportuno. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las constancias reseñadas por la secretaria en párrafos precedentes, las que se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, sin más pruebas, se cierra el presente periodo. Abierto el periodo de alegatos, se da cuenta en este acto con el pedimento 162/2019, singado por la representante social, por media del cual formula nuevamente alegatos, con registro 3672; a lo que el secretario en funciones de Juez de Distrito, acuerda: agréguese a los autos para que obre como corresponda, el pedimento de cuenta, presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y ténganse por expresados los alegatos vertidos para los efectos legales correspondientes; como lo solicita el representante social federal, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, expídasele copia simple de la resolución que en su oportunidad se emita en este juicio, previa constancia e identificación que por su recibo se deje en autos. Finalmente, se hace constar que de las demás partes no se recibió promoción alguna; por lo que, sin alegatos diversos que relacionar, se cierra este periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos de qué hacer relación, se declaran vistos los autos para dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 44/2019, promovido por Rosalio Valdez Mata, por propio derecho contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el quince de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Rosalio Valdez Mata, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad responsable, que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándola con el número 44/2019; por auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, residente en la capital del mismo nombre, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, además porque la omisión reclamada proviene de una autoridad cuya residencia se encuentra en donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse que en la especie, el quejoso reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, lo siguiente: La omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral marcado con el número 352/II/2015. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, pues en la parte que interesa, así lo aceptó dicha autoridad al rendir su informe justificado (foja 15). Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral 352/II/2015, del índice de la junta responsable, de las cuales se aprecia la existencia del acto reclamado en el presente asunto, pues a la fecha en que se dicta la presente resolución, no se advierte que la autoridad responsable haya emitido el laudo en el juicio laboral de origen; constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Ante la inexistencia de causas de improcedencia hechas valer por las partes o que el suscrito advierta de oficio, lo procedente es entrar al estudio de los conceptos de violación aducidos por el demandante del amparo. En ese orden de ideas, los motivos de disenso que hace valer Rosalio Valdez Mata, aquí quejoso, se encuentran en el capítulo respectivo del escrito de demanda de garantías, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, lo anterior en virtud de que no existe precepto legal que obligue a este juzgador a transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa en síntesis argumenta en su apartado de concepto de violación, lo siguiente: Que se contraviene en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, dado que la autoridad responsable ha omitido dar cumplimiento a los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, al no dictar laudo dentro del procedimiento laboral de origen, en el plazo fijado por dicho cuerpo normativo. Los motivos de inconformidad que hace valer el quejoso en su concepto de violación son infundados, sin que se advierta materia de la queja por suplir, en términos del artículo 79, fracción V, de la ley de la materia. Para corroborar lo anterior, es necesario citar el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que interesa, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la justicia que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución debidamente fundada y motivada sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 299, tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, en los términos y plazos que establezca la ley que los rija; así, del texto constitucional se advierte que la administración de justicia completa debe estar presente en todo momento al resolverse en definitiva por parte de la responsable el asunto puesto ante su jurisdicción. Lo anterior, debe entenderse referido al juicio laboral a fin de que se justifique la solución del conflicto. En concordancia con lo anterior, y en relación a los términos y plazos establecidos en la Ley aplicable al caso concreto, es necesario transcribir el contenido de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, y que son del tenor siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". De los términos que los citados preceptos estipulan, se advierte que al concluir el desahogo de las pruebas y formulados los alegatos de las partes, se hará una certificación por el secretario del órgano laboral correspondiente, en el sentido de que ya no quedan pruebas por desahogar, una vez hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de Ley Federal del Trabajo. De todo lo cual se concluye que previo al dictado del laudo en un juicio laboral, indefectiblemente deberá emitirse auto que declare cerrada la instrucción. En este tenor, el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. En las condiciones apuntadas, la omisión reclamada en la especie, se considera como un acto negativo, pues se pretende demostrar la inconstitucionalidad, por parte de la junta responsable al no dictar laudo, y por ende, no respetar los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley Federal del Trabajo. Cabe aclarar que las conductas de carácter omisivas tildadas de inconstitucionales, deben considerarse como actos que en sí mismos no son violatorios de la Constitución Federal, lo que implica que, por su propia naturaleza, necesitan demostrarse y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, este juzgador estima que, para acreditar la inconstitucionalidad del acto negativo señalado en esta vía, por no ser un acto inconstitucional en sí mismo, es necesario que se demuestren algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso; que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y, que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señale para fallar. En este orden de ideas, conviene verificar si en los autos del presente juicio se encuentran acreditados dichos aspectos. 1) Que realmente exista un juicio laboral en el que la quejosa sea parte. Este aspecto en particular implica que el gobernado tenga el carácter de parte en el juicio de origen, lo que se acredita en el presente sumario, pues de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que el expediente laboral de origen 352/II/2015 fue promovido por el aquí impetrante de garantías Rosalio Valdez Mata. Lo que conduce a establecer que el quejoso tiene el carácter de parte en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado. 2) Que el juicio de origen se encuentre en estado de resolución. En relación al segundo elemento, que implica que el juicio de origen se encuentre en un estado procesal que amerite el dictado del laudo al haberse decretado el cierre de la instrucción y no quedar pruebas pendientes por desahogar dentro del expediente laboral, quien resuelve considera que no se actualiza. Ello, porque de las copias certificadas del expediente laboral a que se ha hecho referencia, remitidas por la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se obtiene del sumario, que al momento de la presentación de la demanda (quince de enero de dos mil diecinueve) no obraba certificación alguna en el sentido que ya no existían pruebas pendientes de desahogar; y, por ende, tampoco proveído alguno que haya declarado cerrada la instrucción en el juicio de origen; sin embargo, por auto de uno de febrero de este año, se levantó certificación en el sentido que no existen pruebas pendientes de desahogar y se ordenó dar vista a las partes (foja 209 del anexo I). Por consiguiente, no se acredita que el juicio laboral de referencia a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, quince de enero de dos mil diecinueve, se encontrare en un estado procesal que ameritara la formulación del proyecto de resolución y el dictado del laudo respectivo, dado que a esa fecha aún no se había emitido la certificación a que se refiere el artículo 885, de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, el auto que declare cerrada la instrucción en el juicio laboral. Lo anterior implica que de constancias no se tenga por demostrado que al momento de la interposición del juicio de amparo, el juicio de origen se encuentre en un estado procesal que amerite la formulación del proyecto de resolución y el dictado del laudo respectivo, y por ende, que se actualice la violación aducida al derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, aun cuando de las constancias que remitió la autoridad se advierta que no se ha emitido el laudo en el juicio de origen, ello se debe a que al momento en que la parte quejosa solicitó la protección constitucional, no se había emitido la certificación en el sentido que no existen pruebas pendientes de desahogar y posterior a ello a que se haya cerrado la instrucción en dicho proceso laboral, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se había emitido el acuerdo que así lo ordenare. En otro aspecto, no debe perderse de vista de quien resuelve, que al dictar sentencia definitiva sólo puede analizar el acto reclamado existente, a la luz de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, que en el caso concreto lo es la omisión de dictar laudo en el juicio de origen, a la fecha en que se solicita la protección constitucional, y no lo concerniente a la falta de la certificación a que se refiere el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo y posterior cierre de instrucción dentro del referido procedimiento; y si bien el presente juicio deriva de la materia laboral, y la parte aquí quejosa es la parte trabajadora, y el numeral 79, fracción V de la Ley de Amparo establece que en materia de trabajo, operará la suplencia de la queja a su favor; sin embargo tal suplencia no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo como lo es la indicación del acto reclamado. Esto es así, pues el suscrito no está en condiciones legales de pronunciarse de oficio respecto de la constitucionalidad de los actos que se estimen probados y sustituir los precisados por los primeros, ello por la básica razón que este juzgado de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su ley reglamentaria. Y considerar lo contrario, modificaría la litis constitucional, lo cual desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Robustece a lo anterior, la tesis P./J. 5/2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el doce de agosto de esta anualidad, que a la letra dice: "DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL. Si bien del precepto constitucional referido deriva la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo cierto es que ese compromiso se limita a que se ejerza dentro de la competencia de cada autoridad en particular. Así, un órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria. Por tanto, si durante el trámite o resolución de un juicio de amparo se advierte la posible violación de un derecho humano en perjuicio del quejoso, del tercero interesado o de cualquier otra persona, en relación con un acto distinto del señalado como reclamado y, en su caso, por parte de autoridades que no necesariamente hayan sido designadas como responsables, el órgano de amparo está impedido para pronunciarse al respecto pues, de lo contrario, modificaría la litis constitucional, desnaturalizaría el fin último del juicio, afectando los principios que le rigen, entre otros, el de instancia de parte, y vulneraría distintos derechos inherentes a quienes resultaren afectados por el pronunciamiento que así se hiciera, como pudieran ser los derechos afines al principio de congruencia, al de debido proceso y al de legalidad, reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Por tanto, cuando se advierta una violación a derechos humanos ajena a la controversia esencial que es materia del juicio, el órgano de amparo debe denunciar, dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar los hechos correspondientes, o que sea directamente responsable de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, teniendo especial cuidado de que, con ese actuar, no incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación, que sólo debe tratarse como probable. A la vez, tampoco debe emitirse al respecto condena, recomendación o incluso sugerencia de carácter vinculatorio en relación con las consecuencias de la probable violación ni a la forma de restituir el derecho que se advierta posiblemente violado, sin que ello descarte la posibilidad de que a la denuncia, vista o puesta en conocimiento, se acompañen elementos técnicos que permitan a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a derechos humanos, las razones que lo sustenten e incluso, los aspectos que se considere habrían posiblemente evitado que se incurriera en la citada violación; lo anterior, precisamente porque las sentencias de amparo tienen un peso jurídico, e incluso moral que, de no tenerse el especial cuidado expresado, podrían hacer vinculatorios determinados pronunciamientos sin que se emitan en un juicio o procedimiento en el que las partes involucradas tengan la oportunidad de hacer valer los argumentos y pruebas y demás defensas que fuesen procedentes en cada caso. Así, aunque se advierta una evidente violación a los derechos humanos, lo correcto es que la autoridad competente la valore en su propia dimensión y en términos del procedimiento de ley que resulte aplicable. Con este proceder, los órganos de amparo, sin desnaturalizar el juicio, ni excederse en sus facultades, reafirman su compromiso en materia de derechos humanos." Además, se cita por identidad de razones, la tesis II.1°.P. J/6 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página mil quince, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, correspondiente a la Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. ALCANCES. En materia penal la suplencia de la queja consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado, pero no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló en la demanda, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable." Ante esas circunstancias, se reitera que la omisión de dictar laudo que se tuvo por acreditada en el considerando que antecede no puede considerarse como violatoria de garantías, pues como ya se explicó, dicha inconstitucionalidad, depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar; y atendiendo a esas premisas, no puede aseverarse que al momento de la interposición del presente juicio de amparo, el procedimiento laboral de origen se encontrara en estado de resolución y que además ya hubiera transcurrido el plazo que la ley establece para fallar, por ende, no ha lugar a considerar vulnerados los términos que para ese efecto establece la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y tres, tomo V, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación expresado por el quejoso, y al no advertirse que pueda ser susceptible de ser suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitado por Rosalio Valdez Mata, contra la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 352/II/2015, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. En mérito de lo anteriormente fundado y con apoyo además en los artículos 61, 79, 74, 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rosalio Valdez Mata, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones jurídicas plasmadas en la última consideración del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario en funciones de Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, y del oficio CCJ/ST/0112/2019, de ocho de enero de dos mil diecinueve, suscrito por el Licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando ante la licenciada Hilda Patricia Gaytán de la Torre, secretaria que autoriza y da fe.
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Visto; el estado de autos, del que se advierte que el último informe que obra, no fue puesto a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las diez horas con cincuenta minutos del doce de marzo de dos mil diecinueve, para su verificativo. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 54/2000, misma que resuelve la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario."
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Visto; la demanda de amparo presentada por Rosalio Valdez Mata, por propio derecho, contra actos del Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 44/2019-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de cuenta. Sin tramitar incidente de suspensión, al no haberse solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el cual debe rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; asimismo, se le requiere para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento. Se fijan las diez horas con veinte minutos del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Abel Rodríguez Aguayo, quien puede ser localizado en el domicilio ubicado en Calle del Patrocinio, número doscientos nueve (209), colonia Centro, en esta ciudad de Zacatecas. Por tanto, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que se constituya en dicho domicilio y, lleve a cabo el emplazamiento de la citada parte, previa identificación oficial, vigente y con fotografía; corriéndole traslado con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, hacerle saber el día y hora en que se llevará a cabo la audiencia constitucional y requerirlo para que en el acto de la diligencia o en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en la ciudad de Zacatecas, capital, para oír y recibir notificaciones; apercibiéndolo que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Infórmese a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar; más no, acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro 2002576, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), publicada en la página dos mil trescientos noventa y nueve, del Libro 36, Noviembre de dos mil dieciséis, tomo IV, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013030, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo." Con apoyo en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las partes para que, en el caso que tuvieren conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y deberán acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Con copia autorizada de este auto y de la demanda con que se formó el presente expediente, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si el proveído o resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV, del artículo 13 de la ley referida; así como, para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento en cita. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones a los licenciados Gustavo Castillo Vera e Iván Navarro Solís, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, como domicilio para tal efecto, en callejón de Guadalajarita, ciento nueve (109), centro, en esta ciudad de Zacatecas. Se autoriza a la secretaria a firmar los oficios que deriven de este asunto.
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