Rosalio Salvador Ramírez Vega

Expediente 764/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
764/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
17/01/2017

Partes del expediente

  • Rosalio Salvador Ramírez Vega
  • Juez Segundo de lo Penal en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, a diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, y en debido acatamiento a lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas, en términos de lo establecido en la ejecutoria de amparo, toda vez que el cumplimiento de las sentencias protectoras es de orden público y oficioso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 26/2000, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante ejecutoria pronunciada por este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa para el efecto de que se le restituyera en el goce de sus garantías individuales violadas y, por consecuencia, la Juez Segundo de lo Penal del Estado, por una parte realizara lo siguiente (foja 60 vuelta): ".a) Deje insubsistente el auto de formal prisión de seis de mayo de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 0021/2016 de su índice, instruida al aquí quejoso Rosalio Salvador Ramírez Vega. b) En su lugar, con libertad de jurisdicción, emita otra resolución en la que no reitere los argumentos jurídicos cuya ilegalidad ameritó la concesión del amparo. Por otra parte, este órgano jurisdiccional determinó: "Luego entonces en suplencia de la queja a que se refieren los artículos 107 fracción II, de la Constitución y 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, también debe concederse la protección constitucional que solicita el quejoso, para el efecto de que deje a disposición de la autoridad sanitaria Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes al hoy quejoso Rosalio Salvador Ramírez Vega, para su tratamiento del consumo de narcóticos que padece..." (foja 62 vuelta). Por último, se consideró que en cuanto a la tortura afirmada por el peticionario de amparo la aludida responsable realizara lo siguiente (foja 63 vuelta): ".I. Formular denuncia ante el Agente del Ministerio Público de la Federación y aportar las certificaciones correspondientes a fin de que proceda a integrar la investigación relativa. II. Promover la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos involucrados. III. Presentar petición o queja ante la Comisión de Derechos Humanos respectiva. IV. De ser el caso, solicitar las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad de la persona detenida dentro del centro de reclusión en que se encuentre..." Una vez que se declaró por este órgano jurisdiccional la ejecutoriedad del fallo amparatorio, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En ese sentido, la Juez Segundo de lo Penal del Estado, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remitió diversas constancias (fojas 171 a 190). Del examen de dichas documentales, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende que la autoridad responsable mediante determinaciones de trece de junio del año próximo pasado y cuatro de enero del año en curso (fojas 173 y 179), sustancialmente realizó lo siguiente: ? Ordenó dar vista al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, para que iniciara la averiguación previa correspondiente y realizara todas las diligencias que considerara necesarias para probar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura posteriormente cometidos en agravio del aquí quejoso; ? Ordenó dar vista al Fiscal General del Estado de Aguascalientes, con las manifestaciones vertidas por el aquí quejoso, en torno de haber sido objeto de vejaciones, tortura y malos tratos en la etapa de averiguación previa; ? Ordenó dar vista a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de las manifestaciones vertidas por el activo al momento de alegar que fue objeto de tortura por parte de los servidores públicos durante la etapa de averiguación previa; ? Asimismo, remitió los oficios dirigidos al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, Fiscal General del Estado de Aguascalientes y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en atención a las manifestaciones de los actos de tortura que dice sufrió el aquí quejoso en la etapa de averiguación previa. De igual forma, mediante auto de término constitucional de cuatro de enero de dos mil dieciséis, realizó lo siguiente: ? Dejó insubsistente el auto de formal prisión de seis de mayo de dos mil dieciséis, dentro del proceso 0068/2016, del índice del Juzgado Segundo Penal del Estado; ? Con plenitud de jurisdicción, decretó AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de Rosalío Ramírez Vega, por el delito de CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA HIPÓTESIS DE POSESIÓN DE CLORHIDRATO DE METANFETAMINA, Reclasificado del Delito de Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, en la Hipótesis de Posesión de Clorhidrato de Metanfetamina con Fines de Comercio en la Variante de Venta, cometido en agravio de LA SOCIEDAD; y ? Dejó a disposición de la Autoridad Sanitaria Correspondiente, Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes al aquí quejoso Rosalío Ramírez Vega. De lo trascrito, se sigue que si el amparo y protección de la Justicia de la Unión, se otorgó para los efectos precisados en líneas que anteceden, y si de las constancias de autos se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento en los términos indicados, es evidente que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales violadas. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad. Hágase del conocimiento de la parte solicitante de amparo este proveído, para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley en cita. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, SE ORDENA EL ARCHIVO DE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes en los Juzgados de Distrito, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo, se considera susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Asimismo, toda vez que se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el original del mismo, es susceptible de depuración; de conformidad al citado acuerdo, sin que en el caso obre en el mencionado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; y el duplicado es susceptible de destrucción. Glósese copia autorizada de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente juicio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA AL QUEJOSO LICENCIADO JORGE HUMBERTO PACHECO GUARDADO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Aguascalientes, Aguascalientes, a diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, y en debido acatamiento a lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas, en términos de lo establecido en la ejecutoria de amparo, toda vez que el cumplimiento de las sentencias protectoras es de orden público y oficioso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 26/2000, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante ejecutoria pronunciada por este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa para el efecto de que se le restituyera en el goce de sus garantías individuales violadas y, por consecuencia, la Juez Segundo de lo Penal del Estado, por una parte realizara lo siguiente (foja 60 vuelta): ".a) Deje insubsistente el auto de formal prisión de seis de mayo de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 0021/2016 de su índice, instruida al aquí quejoso Rosalio Salvador Ramírez Vega. b) En su lugar, con libertad de jurisdicción, emita otra resolución en la que no reitere los argumentos jurídicos cuya ilegalidad ameritó la concesión del amparo. Por otra parte, este órgano jurisdiccional determinó: "Luego entonces en suplencia de la queja a que se refieren los artículos 107 fracción II, de la Constitución y 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, también debe concederse la protección constitucional que solicita el quejoso, para el efecto de que deje a disposición de la autoridad sanitaria Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes al hoy quejoso Rosalio Salvador Ramírez Vega, para su tratamiento del consumo de narcóticos que padece..." (foja 62 vuelta). Por último, se consideró que en cuanto a la tortura afirmada por el peticionario de amparo la aludida responsable realizara lo siguiente (foja 63 vuelta): ".I. Formular denuncia ante el Agente del Ministerio Público de la Federación y aportar las certificaciones correspondientes a fin de que proceda a integrar la investigación relativa. II. Promover la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos involucrados. III. Presentar petición o queja ante la Comisión de Derechos Humanos respectiva. IV. De ser el caso, solicitar las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad de la persona detenida dentro del centro de reclusión en que se encuentre..." Una vez que se declaró por este órgano jurisdiccional la ejecutoriedad del fallo amparatorio, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En ese sentido, la Juez Segundo de lo Penal del Estado, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remitió diversas constancias (fojas 171 a 190). Del examen de dichas documentales, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se desprende que la autoridad responsable mediante determinaciones de trece de junio del año próximo pasado y cuatro de enero del año en curso (fojas 173 y 179), sustancialmente realizó lo siguiente: ? Ordenó dar vista al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, para que iniciara la averiguación previa correspondiente y realizara todas las diligencias que considerara necesarias para probar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura posteriormente cometidos en agravio del aquí quejoso; ? Ordenó dar vista al Fiscal General del Estado de Aguascalientes, con las manifestaciones vertidas por el aquí quejoso, en torno de haber sido objeto de vejaciones, tortura y malos tratos en la etapa de averiguación previa; ? Ordenó dar vista a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de las manifestaciones vertidas por el activo al momento de alegar que fue objeto de tortura por parte de los servidores públicos durante la etapa de averiguación previa; ? Asimismo, remitió los oficios dirigidos al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, Fiscal General del Estado de Aguascalientes y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en atención a las manifestaciones de los actos de tortura que dice sufrió el aquí quejoso en la etapa de averiguación previa. De igual forma, mediante auto de término constitucional de cuatro de enero de dos mil dieciséis, realizó lo siguiente: ? Dejó insubsistente el auto de formal prisión de seis de mayo de dos mil dieciséis, dentro del proceso 0068/2016, del índice del Juzgado Segundo Penal del Estado; ? Con plenitud de jurisdicción, decretó AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de Rosalío Ramírez Vega, por el delito de CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN LA HIPÓTESIS DE POSESIÓN DE CLORHIDRATO DE METANFETAMINA, Reclasificado del Delito de Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, en la Hipótesis de Posesión de Clorhidrato de Metanfetamina con Fines de Comercio en la Variante de Venta, cometido en agravio de LA SOCIEDAD; y ? Dejó a disposición de la Autoridad Sanitaria Correspondiente, Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes al aquí quejoso Rosalío Ramírez Vega. De lo trascrito, se sigue que si el amparo y protección de la Justicia de la Unión, se otorgó para los efectos precisados en líneas que anteceden, y si de las constancias de autos se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento en los términos indicados, es evidente que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales violadas. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad. Hágase del conocimiento de la parte solicitante de amparo este proveído, para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley en cita. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, SE ORDENA EL ARCHIVO DE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes en los Juzgados de Distrito, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo, se considera susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Asimismo, toda vez que se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el original del mismo, es susceptible de depuración; de conformidad al citado acuerdo, sin que en el caso obre en el mencionado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; y el duplicado es susceptible de destrucción. Glósese copia autorizada de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente juicio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, visto su contenido, se tiene que la autoridad responsable, informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional; en consecuencia con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias de cuenta, dese vista a las partes para que, dentro del término de tres días, manifiesten lo que a sus intereses convenga sobre el particular; en el entendido de que, si las partes no desahogan la referida vista dentro del plazo que se les concede, se resolverá lo que proceda respecto al cumplimiento del fallo protector en el momento procesal oportuno, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos que se cuenten en autos.

  4. Principal

    la parte quejosa, señala autorizado

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