Rosalio Olvera Sanchez
Expediente 87/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosalio Olvera Sanchez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto por el que este Juzgado desechó la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juez Primero Menor Mixto, con residencia en Salamanca, Guanajuato, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
CONSTANCIA: En cumplimiento a lo ordenado en proveído de dos de febrero de dos mil diecisiete, por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de esta misma fecha, el cual en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos que reclama del Juez Primero Menor Mixto, con residencian en Salamanca, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 87/2017-III; y, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo, como cita, sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, se desecha la presente demanda de garantías, por actualizarse motivos de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En el caso, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Se afirma lo anterior en relación al acto reclamado descrito en el inciso a), que a la letra dice: "a).- El auto de fecha 30 treinta de Noviembre del dos mil 2016 dieciséis, dictado por el H. Juzgado Primero Menor Mixto de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número *****, en el cual señala como improcedente tener por aceptando el cargo de perito por ser extemporánea su aceptación" Lo anterior es así, pues de las manifestaciones vertidas por el quejoso, se advierte que contra dicha determinación interpuso el recurso de revocación, mismo que fue resuelto el seis de enero de la presente anualidad. Como puede verse, la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciséis fue sustituida procesalmente por la diversa de seis de enero de la presente anualidad que confirmó la primera, atento a que con la interposición de ese recurso idóneo, se pretende modificar o revocar la resolución impugnada. Por lo cual, resulta claro que en el caso han cesado los efectos de la determinación de treinta de noviembre de dos mil dieciséis y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues se insiste, que al existir una resolución que sustituyó el acto reclamado, éste dejó de tener efectos legales propios y por ende los mismos, han cesado. Por otro lado, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de amparo, respecto del acto reclamado marcado con el inciso b), que dice: "b).- La Resolución de Fecha 06 seis de Enero del 2017 dos mil diecisiete la cual Resuelve el Recurso de Revocación en Contra del Auto de fecha 30 treinta de noviembre del dos mil 2016 dos mil dieciséis en la cual confirma el auto de la misa fecha." En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación" y al respecto adujo que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos, estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Como se adelantó, el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. Por lo tanto, la afectación que provoca el mencionado acto no es actual, sino que produce solamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, en cuya hipótesis podrá hacer valer esa situación al inconformarse contra la sentencia que resuelva el juicio ordinario civil; donde podrá combatir la violación que ahora señala como infracción a las leyes que rigen el procedimiento, a través del juicio de amparo directo de no favorecerle la apelación correspondiente. Máxime que no queda desprotegida la continuación del trámite del juicio ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Así, en el caso concreto, se advierte que el acto reclamado marcado con el inciso b), lo constituye el fallo de seis de enero de dos mil diecisiete que confirma el auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, por el que se declaró improcedente tener por aceptando el cargo de perito por ser extemporánea su aceptación, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sólo puede implicar una infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, los cuales, pueden ser reparados de obtener una sentencia favorable, por lo que no debe reclamarse en amparo indirecto. Por lo que al quedar plenamente demostrada las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, aplicada a contrario sensu y fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, tomando en consideración que la quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. Asimismo, se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su demanda, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Además, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Por último, con fundamento en el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso al Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes, que con el fin de respetar su derecho a la intimidad dentro del presente juicio, al hacerse pública la sentencia y demás resoluciones, en correlación a lo dispuesto en los artículos 110,113,117,118,119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se suprimirán sus datos personales por constituir información confidencial, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
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