Rosalio Monroy Gonzalez
Expediente 412/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 19/09/2016
Partes del expediente
- Rosalio Monroy Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
VI. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso Rosalio Monroy González, no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (fojas 172 a 174), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este sumario constitucional; en consecuencia, el proveído de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Por otra parte, del estado procesal de este juicio de amparo se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El expediente es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito (punto vigésimo primero, inciso IV), al haber concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. 2. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes (Punto segundo, inciso XVIII del acuerdo citado); asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo en mención. 3. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
Visto el escrito de cuenta mediante el cual Miguel Ángel Benhumea Sandoval, en su carácter de defensor particular del quejoso, mediante el cual desahoga la vista que le fue otorgada por auto de ocho de agosto de dos mil dieciséis, emitiendo las manifestaciones que a su derecho convienen respecto del cumplimiento brindado por la responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, respecto del fallo protector emitido en el presente juicio; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese para que surta los efectos legales procedentes. Por otra parte, atendiendo a lo manifestado dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 412/2016-VI, es menester resolver si se ha cumplido o no la sentencia de amparo; y, R e s u l t a n d o: Primero.- Por sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil dieciséis (foja 97 a 121), se concedió el Amparo y la Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Segundo.- Por auto de veintisiete de julio del año en curso, causo ejecutoria el presente juicio de amparo, que contiene los siguientes efectos: Que el juez responsable dejara insubsistente el auto de formal prisión controvertido únicamente en lo que a la probable responsabilidad se refiere y, en su lugar, atento a lo establecido en la sentencia protectora, se pronunciara de nueva cuenta con plenitud de jurisdicción con base a las pruebas de cargo y de descargo sometidas ante su potestad sobre a la probable responsabilidad del quejoso, ya que no se actualizaba la establecida como coautor por condominio del hecho en términos del artículo 11, fracción I, inciso d), del Código Penal del Estado de México abrogado, sino una diversa. Tercero.- Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito el siete de agosto del año en curso (foja 132 a 166), el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, informó sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, para acreditarlo, exhibió copia certificada de la determinación de dos de agosto de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 21/2011 de su índice estadístico. Mediante proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 167), se dio vista a las partes para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y, C o n s i d e r a n d o : Único.- El defensor particular de la parte quejosa mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis desahogo dicha vista que le fue otorgada, por lo que emitió manifestaciones que a su derecho conviene, respecto del cumplimiento de la autoridad responsable; por tanto, toda vez que la ejecución de sentencias es de orden público, con los elementos de convicción que obran en autos, este Juzgado de Distrito procede a resolver si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida. Para cumplir la ejecutoria, los actos que debía realizar dicha responsable serían los siguientes: Dejar insubsistente el auto de formal prisión controvertido únicamente en lo que a la probable responsabilidad se refiere; y, Atento a lo establecido en la sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (foja 97 121), se pronunciara de nueva cuenta con plenitud de jurisdicción con base a las pruebas de cargo y de descargo sometidas ante su potestad sobre a la probable responsabilidad del quejoso, ya que no se actualiza la establecida como coautor por condominio del hecho en términos del artículo 11, fracción I, inciso d), del Código Penal del Estado de México abrogado, sino una diversa. Del examen de la documental antes descrita, que merece pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que la responsable realizó lo siguiente: .El dos de agosto de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, procedió a restituir al quejoso Rosalio Monroy González, en el pleno goce sus garantías individuales violadas, restableciéndose las cosas al estado en que guardaban antes de su violación, dejando insubsistente el auto de plazo constitucional de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual decretó auto de formal prisión en contra del ahora quejoso, reiterando lo relativo al cuerpo del delito; y, al estudiar la probable responsabilidad del quejoso analizó las pruebas de cargo y descargo sometidas ante su potestad, estableciendo al abordar la probable responsabilidad del quejoso que su conducta se había verificado como autor material, pues el ejecuto materialmente la conducta que se le atribuye. De lo anterior se advierte que se encuentra debidamente cumplimentada la sentencia dictada en autos del presente juicio, para los efectos del artículo 196 de la Ley de Amparo, en virtud de que la responsable ha realizado el acto que dentro de sus atribuciones le fue requerido para dar cumplimiento al fallo protector. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, es de concluirse que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplimentada en sus términos, habida cuenta que se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía constitucional violada. Sin que se desatiendan las manifestaciones del defensor particular del quejoso con relación a que el Juez natural le restó valor probatorio a la documental consistente en recibo único 11415610, así como el hecho delictuoso se cometió a raíz de una contienda y/o riña entre el hoy quejoso y la víctima; pues dichas consideraciones son cuestiones de fondo y no constituyen las directrices del fallo protector, de lo que se obtiene para este órgano jurisdiccional que se encuentra cumplida en sus términos, la sentencia protectora, de ahí que no sea dable para éste Juzgador determinar en el sentido en que lo solicita el defensor particular de la parte quejosa. Finalmente, hágase del conocimiento lo anterior al quejoso, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo vigente, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único.- Ha sido cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías.
- Principal
VI.-Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso en el precepto legal 2° de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, quien en atención al proveído de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (fojas 129 y 130), comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para aseverar su dicho remite copia certificada de la determinación de dos de agosto del año en curso, dictada en la causa penal 21/2011 de su índice estadístico; en consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado en el acuerdo de referencia y sin efectos el apercibimiento respectivo. En esas condiciones, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibido que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
VI. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron la sentencia de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, la cual ampara y protege a la parte quejosa en el juicio constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria; realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Devuélvanse al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, las constancias de las que emana el acto reclamado, mismas que remitió como complemento a su informe justificado, y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Ahora, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito y con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, de cumplimiento a la ejecutoria, y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedor a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, en relación con el 59, fracción I, del código adjetivo citado, así como de los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones.
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