Rosalío Enrique Romero Guerrero

Expediente 1602/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1602/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
01/03/2017

Partes del expediente

  • Rosalío Enrique Romero Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al cual acompaña testimonio de la resolución pronunciada el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en el expediente de queja 302/2016, relativo al recurso de queja interpuesto en contra del auto pronunciado en el juicio de amparo 1602/2016-III promovido por Rosalío Enrique Romero Guerrero, mismo que también devuelve y dos tomos anexos. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." En consecuencia, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, acúsese el recibo correspondiente al Tribunal revisor, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso interpuesto y devuélvase el presente sumario al lugar donde se encontraba (archivo), tal y como fue ordenado mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis (foja 112). Finalmente, devuélvase a la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, los autos que integran el toca número 96/2016; el expediente número 950/2010; así como copia certificada de los proveídos de diez y veintinueve de noviembre, ambos del año en curso, para su conocimiento y efectos legales procedentes; asimismo se le solicita el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio del Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este Juzgado que fue admitido el recurso de queja interpuesto por Leticia María Hernández Ávila autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa por Rosalío Enrique Romero Guerrero, quedando registrado bajo el recurso de queja número Q-302/2016, relativo al expedientillo en que se actúa. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el escrito de Leticia María Hernández Ávila autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa por Rosalío Enrique Romero Guerrero, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de diez de noviembre del año en curso. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en Turno, y envíesele el juicio original 1602/2016-III con los anexos I y II; así como el escrito original del recurso y una copia del mismo para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal revisor. Sin que haya lugar a dar vista a las partes por el plazo de tres días para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad, según lo dispuesto por el numeral 101 del citado ordenamiento, tomando en consideración que no se admitió a trámite la demanda de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    1 OFICIO agréguese a sus autos el oficio II-1085/16 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que no acepta la competencia planteada, por lo que devuelve el juicio de amparo 1602/2016, promovido por Rosalío Enrique Romero Guerrero; asimismo, remite el toca de apelación 96/2016 de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y el expediente 950/2010 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla. Acúsese el recibo correspondiente y glósese el expedientillo formado con motivo de la remisión de los autos al órgano revisor. En ese tenor, se provee: 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. Ahora, resulta necesario precisar que de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, las cuales tienen valor probatorio pleno, consistentes en el toca 96/2016 de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y el expediente 950/2010 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de apelación 96/2016, por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en la que dejó insubsistente el auto de seis de agosto de dos mil doce, así como la sentencia dictada en el juicio 950/2010 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, para el efecto de que se nombre nuevo perito tercero en discordia y se continúe el procedimiento para el desahogo correcto de la prueba pericial en grafoscopía, y hecho lo anterior emita sentencia conforme a derecho con plenitud de jurisdicción. Precisado lo anterior, el suscrito Juez Federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, está última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos "intra-procesales", para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de apelación 96/2016, por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en la que dejó insubsistente el auto de seis de agosto de dos mil doce, así como la sentencia dictada en el juicio 950/2010 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, para el efecto de que se nombre nuevo perito tercero en discordia y se continúe el procedimiento para el desahogo correcto de la prueba pericial en grafoscopía, y hecho lo anterior emita sentencia conforme a derecho con plenitud de jurisdicción. La determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen, pues en la especie se advierte que la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dejó insubsistente el auto de seis de agosto de dos mil doce, así como la sentencia dictada, para el efecto de que se nombre nuevo perito tercero en discordia y se continúe el procedimiento para el desahogo correcto de la prueba pericial en grafoscopía, y hecho lo anterior emita sentencia conforme a derecho con plenitud de jurisdicción. De tal manera que ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama; por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se ordene reponer el procedimiento para que se nombre nuevo perito tercero en discordia y se continúe el procedimiento para el desahogo correcto de la prueba pericial en grafoscopía, y hecho lo anterior emita sentencia conforme a derecho con plenitud de jurisdicción, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación. En consecuencia, la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de apelación 96/2016, por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso. A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de apelación 96/2016, por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en la que dejó insubsistente el auto de seis de agosto de dos mil doce, así como la sentencia dictada en el juicio 950/2010 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, para el efecto de que se nombre nuevo perito tercero en discordia y se continúe el procedimiento para el desahogo correcto de la prueba pericial en grafoscopía, y hecho lo anterior emita sentencia conforme a derecho con plenitud de jurisdicción; misma que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. Lo anterior, sin que pase inadvertido que la quejosa alude a que la responsable, al resolver el recurso que concluyó con la resolución que hoy reclama, dejó de considerar el tema de la caducidad planteada, pues esta figura igualmente tiene efectos que no son de imposible reparación como se desprende, por analogía e identidad de razones jurídicas, la tesis (VIII Región)2o.3 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el libro 13, diciembre de dos mil catorce, tomo I, página 801, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.)]. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. 3 SE FORMAN CUADERNOS DE PRUEBA Dado que la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, acompañó a su informe justificado los autos originales del toca 96/2016 y del juicio 950/2010 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla; en consecuencia, con los mismos fórmense los anexos I y II, respectivamente.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano