Rosalio Contreras Ávalos

Expediente 617/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
617/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
19/01/2021

Partes del expediente

  • Rosalio Contreras Ávalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 617/2020-III, promovido por * * , por su propio derecho, contra los actos de los Jueces de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, con sede en Colima y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, Rosalio Contreras Avalos (en adelante, quejoso o agraviado o parte quejosa o parte agraviada) solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que en seguida se precisan: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: 1.- LA C. * * . 2.- EL C. * *. 3.- EL C. * * . 4.- EL C. * * . 5.- EL C. * * . 6.- EL C. * * . 7.- LA C. * * . Los 7 siete anteriores en su carácter todos y cada uno de ellos de Juez de Primera Instancia del Nuevo sistema de Justicia Penal del Primer Partido Judicial con sede en la Ciudad de Colima, Colima, con domicilio ubicado en la Avenida Gonzalo De Sandoval Número 2000 En La Colonia La Estancia Con Código Postal 28048 En La Ciudad de Colima, Colima. 8.- EL C. JUEZ TITULAR DEL JUZGADO PRIMERO PENAL. 9.- EL C. JUEZ TITULAR DEL JUZGADO SEGUNDO PENAL. 10.- EL C. JUEZ TITULAR DEL JUZGADO PRIMERO PENAL. Los tres últimos nombrados pertenecientes al Sistema Tradicional Del Primer Partido Judicial Con Sede En La Ciudad De Colima, con domicilio ubicado en Avenida Gonzalo De Sandoval Número 200 En La Colonia La Estancia Con Código Postal 28048 En La Ciudad De Colima, Colima. 11.- EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA MES ÚNICA del nuevo sistema de justicia penal en el municipio de Cuauhtémoc colima, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Colima, con domicilio conocido en la municipalidad antes mencionada. EJECUTORAS: 12.- EL C. DIRECTOR DE CONTROL DE PROCESOS dependiente de la Fiscalía Del Estado de Colima, con domicilio ubicado en Libramiento Ejercito Mexicano Número 200 En La Colonia Los Trabajadores En La Ciudad de Colima, Colima. 13.- El C. DIRECTOR DE LA POLICÍA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA en el estado dependiente de la Fiscalía General del Estado de Colima, con domicilio ubicado en Libramiento Ejercito Mexicano Número 200 En La Colonia Los Trabajadores En La Ciudad De Colima, Colima. 14.- EL C. COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA dependiente de la Fiscalía General del Estado de Colima, con domicilio ubicado en libramiento Ejercito Mexicano Número 200 En La Colonia Los Trabajadores En la Ciudad de Colima, Colima. 15.- EL C. DIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES dependiente de la Fiscalía General Del Estado de Colima, con domicilio ubicado en Libramiento Ejercito Mexicano Número 200 En La Colonia Los Trabajadores En La Ciudad de Colima, Colima. 16.- EL C. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA dependiente de la Fiscalía General Del Estado de Colima, con domicilio ubicado en Libramiento Ejercito Mexicano Número 200 En La Colonia Los Trabajadores En La Ciudad de Colima, Colima. 17.- C. COMANDANTE DE LA POLICÍA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA dependiente de la Fiscalía General del Estado De Colima, con sede en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, con domicilio conocido en la municipalidad antes mencionada. 18.- C. COMANDANTE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA dependiente de la Fiscalía General Del Estado de Colima, con sede en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, con domicilio conocido en la municipalidad antes mencionada. [.] ACTOS RECLAMADOS Actos privativos de la libertad de las autoridades responsables señaladas como ordenadoras les reclamo la posible orden de aprehensión, reaprehensión, presentación, comparecencia, citación y/o cualquier otra dada en mi contra que tenga por efecto privarme de mi libertad personal y de las autoridades ejecutoras el cumplimiento que pretenden dar a dicha orden, ya que el suscrito ROSALIO CONTRERAS AVALOS, no he cometido delito alguno". SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Previo requerimiento, por acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 617/2020-III; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien no formuló pedimento]; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibidos en autos los informes justificados, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Común, página: 255, registro 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral de los escritos de demanda, aclaración y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, presentación o citación, girada en su contra. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, tesis: P./J. 40/2000, registro 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su respectivo informe justificado la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, en funciones de Juez de Despacho, con sede en Colima, el Juez Primero de lo Penal del Primer Partido Judicial con sede en Colima, el Juez Segundo de lo Penal del Primer Partido Judicial con sede en Colima, el Director General de Procedimientos Penales, con sede en Colima, el Agente del Ministerio Público de la Mesa Única de Cuauhtémoc, negaron la existencia de los actos que se les atribuyen; asimismo, la parte quejosa no ofreció probanza alguna para desvirtuar el sentido negativo de dichos informes; por lo que, en el presente caso, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 284, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305, Apéndice de 2011, bajo el tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". CUARTO. Análisis respecto a la certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado que respectivamente presentaron cada una de las autoridades responsables en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: El Comandante de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Colima, el Director General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Colima, la Directora General de Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado de Colima, aceptaron la certeza del acto reclamado, consistente en que existe una orden de reaprehensión derivada de la causa penal 46/1993, emitida por el Juez Penal de Primera Instancia de Villa de Álvarez, Colima. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Quinta Época, tomo VI, Común, Materia: Común, tesis: 278, registro 917812, página 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, esa confesión de que existe el acto reclamado, está corroborada con las constancias que anexó a su informe con justificación las referidas autoridades responsables, consistentes en las copias certificadas de los oficios 2964/93 y 1822, ambos emitidos en la causa penal 46/1993, mismas que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, Materia: Común, Tesis: 226, página: 153, registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión derivada de la causa penal 46/1993, emitida por el Juez Penal de Primera Instancia de Villa de Álvarez, Colima; en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, página: 262, registro 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia: Común, Tesis: IV.3o.108 K, página: 353, registro 208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". Ahora bien, este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables." De los artículos transcritos se desprende que debe de llamarse al juicio de amparo a la autoridad que ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Luego, del análisis integral del libelo constitucional, se advierte que la quejosa reclama la privación de la libertad. En efecto, de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama la orden de reaprehensión y que de los informes justificados rendidos por el Director de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia, el Director General y el Comandante de la Policía Investigadora de la Fiscalía General, todos del Estado de Colima, se advierte que la autoridad que emitió dicha orden de captura fue librada por el Juez Penal de Primera Instancia de Villa de Álvarez, Colima, dentro de la causa penal 46/1993, girada contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de omisión de cuidado, cometido en agravio de los entonces menores de edad Nohemí y Juan Ramón ambos de apellidos Contreras Pérez, representados por Candelaria Pérez Rosas. Autoridad que no fue llamada como responsable al presente sumario, en razón de que la parte quejosa fue omisa en pronunciarse al respecto, no obstante que fue requerida para tal efecto mediante proveído de seis de noviembre del año en curso, por lo que en la audiencia constitucional, se hizo efectivo el apercibimiento formulado en el aludido acuerdo y se ordenó resolver el presente juicio, únicamente con las autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y por los actos originalmente reclamados. Así las cosas, como ya se precisó, la citada orden de captura fue emitida por el Juez Penal de Primera Instancia de Villa de Álvarez, Colima; quien no fue llamado como autoridad responsable al presente juicio de garantías, por lo que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para entrar al estudio de los conceptos de violación de los actos reclamados, en atención a que se encuentra inaudito y, por ende, en estado de indefensión, al no haber sido llamada a juicio, por lo que este Juzgado de Distrito no está en oportunidad de hacer pronunciamiento alguno en cuanto a la inconstitucionalidad que le atribuye el quejoso a la orden de reaprehensión, al ser dicha autoridad la directamente encargada de haber ordenado la imposición de la referida orden de captura. De ahí que, la parte quejosa se encontraba obligada a señalar a la citada autoridad para que compareciera al juicio de amparo, a fin de que no quedara inaudita y estuviera en posibilidad de efectuar su defensa y, como no lo hizo, tampoco es factible analizar la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que se actualiza la causa de improcedencia indicada y, procede sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en concomitancia con los diversos preceptos 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, enero de 1999, página 113, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Asimismo, la tesis visible en la Octava Época del Semanario acabado de citar, tomo VI, segunda parte-2, julio a diciembre de 1990, página 468, del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OMISION DE SU SEÑALAMIENTO. IMPOSIBILIDAD DE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no fue llamada a juicio y, por ende, no fue oída en el mismo". En mérito de lo anterior, no es viable analizar los conceptos de violación. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." SEXTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E :ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso * * , contra los actos reclamados a las autoridades responsables; en los términos precisados en los considerando tercero y quinto de esta resolución.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos se advierte que para hoy está señalada la celebración de la audiencia constitucional; la cual no es posible llevar a cabo debido a que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para que señale si es su deseo ampliar la demanda de amparo; por tanto, procede diferir la referida audiencia y en su lugar señalar las nueve horas con treinta y tres minutos del quince de diciembre de dos mil veinte.

  4. Incidental

    Resolución interlocutoria cuyos puntos resolutivos establecen: "PRIMERO. Se niega al incidentista ***, la suspensión definitiva de los actos que reclama a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero y por los motivos expuesto en el mismo. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ***, contra los actos reclamados de la autoridades responsables denominadas Director de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia, el Director General y el Comandante de la Policía Investigadora de la Fiscalía General, todos del estado de Colima; para los efectos expuestos en el considerando cuarto."

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