Rosalio Chagoya Urrutia

Expediente 1028/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1028/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • Rosalio Chagoya Urrutia

Actuaciones

  1. Principal

    AGRÉGUESE A LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO QUE REMITE EL ACTUARIO ADSCRITO AL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, INFORMA QUE DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL RADICÓ LA DEMANDA DE AMPARO QUE LE FUE REMITIDA POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO CON MOTIVO DE LA INCOMPETENCIA PLANTEADA EN AUTOS. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE DETERMINA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES DESTRUIBLE. SE DETERMINA QUE EL PRESENTE ASUNTO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL JURÍDICA E HISTÓRICA. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.

  2. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO REMITIDO POR EL ACTUARIO ADSCRITO AL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, A TRAVÉS DEL CUAL ACUSA RECIBO DE LOS AUTOS ORIGINALES DEL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, E INFORMA QUE PREVIO A REALIZAR PRONUNCIAMIENTO RELATIVO A LA COMPETENCIA DECLINADA POR ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL REALIZÓ REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LOS TÉRMINOS QUE AHÍ INDICA. SE TIENE POR RECIBIDA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, DE LA QUE SE TOMA EL DEBIDO CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 10 DE DICIEMBRE DE 2018, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, diez de diciembre de dos mil dieciocho. Quejoso. Rosalio Chagoya Urrutia. Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 1028/2018-III. III. Incompetencia. Vista la demanda de amparo presentada por Rosalio Chagoya Urrutia, se advierte que el quejoso tilda de inconstitucional la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la cual la autoridad responsable confirmó el auto de veinticinco de octubre del año que transcurre, en el que decretó la caducidad de la instancia por inactividad procesal dentro del juicio 105/2015-C, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de esta ciudad; determinación que en términos de lo dispuesto en el ordinal 176 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio antes citado, sin decidirlo en lo principal, la cual resulta susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Es aplicable a lo anterior, por identidad de razón la Jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 99/2002-SS, visible en la página 236, Tomo XVI, Diciembre de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." Lo anterior se afirma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 176 y 47 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen: "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta ley". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda". "Artículo 37.- Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:- - I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento...". Los actos que deben ser promovidos en la vía directa, competencia de los órganos jurisdiccionales mencionados, son las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. El artículo 170, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por sentencia definitiva y resolución que pone fin al juicio, como enseguida se reproduce: "Artículo 170.- (.) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Así como en el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente establece: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) V.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (...) La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten". De los preceptos legales antes transcritos, se infiere que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea por violaciones cometidas en las propias resoluciones o durante la secuela del procedimiento, se promoverá en vía de amparo directo. Luego, como la competencia se erige como una garantía de legalidad y, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; por ende, si en el cúmulo de atribuciones jurisdiccionales de los juzgados de distrito no se encuentra la concerniente al conocimiento de los juicios de amparo directos, resulta cierto, que para defender el enunciado de principio de legalidad, tutelado en el artículo 16 constitucional, este tribunal carece de competencia para conocer de la demanda de amparo en comento, pues al constituir la caducidad del procedimiento del juicio ya referido, una resolución que pone fin al juicio generador de los actos reclamados; en términos de lo dispuesto en los numerales antes trascritos, el conocimiento del asunto corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil en Turno del Decimosexto Circuito con sede en Guanajuato, capital que corresponda, para que tenga a bien resolver si confirma o revoca la presente determinación, solicitando atentamente se sirva acusar de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a J. Amado Anaya Méndez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos de dicho numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Juana Noemí Arrona Rocher y Jorge Horta Gómez. V. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe."

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