Rosalio Avendaño Espinosa
Expediente 29/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 04/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Rosalio Avendaño Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
MESA 7-B.- Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra del auto de siete de julio del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado estado. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso a), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un asunto en el que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa Rosalío Avendaño Espinosa, en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que se le previno para que se presentara a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos ordenados en dicho acuerdo, transcurrió del dos al veintinueve de junio del presente año, sin contar el cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintinueve y treinta de junio del corriente por ser días inhábiles; lo anterior es así debido a que la notificación fue realizada el treinta y uno de mayo del año en curso, la cual surtió efectos al día siguiente, esto es, el uno de junio de la presente anualidad, a fin de que fueran publicados en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la República, y con ello emplazar a juicio a las terceras interesadas Yulico Liliana y Jessica Paulina, ambas de apellidos, Avendaño Argueta. Ahora bien, a la orden de emplazar por edictos al referido tercero interesado, le siguen tres distintos momentos, y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir ésta, de tal suerte que la parte demandante de amparo debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que, primero, recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas. Por otro lado, el incumplimiento de la obligación del impetrante de amparo de recoger los edictos, dentro del plazo concedido, retarda la impartición de justicia, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. En efecto, tomando en consideración la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen todo juicio, el llamamiento de la parte tercera interesada, permite tener por válidamente constituida la relación jurídico-procesal, cuyo incumplimiento atribuible a la parte quejosa al no recoger los edictos para el pago y publicación de éstos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues con la no publicación de los edictos ordenados, queda paralizado el juicio. Y, lo anterior, torna improcedente el juicio de amparo, porque no es válido que este órgano jurisdiccional resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a las terceras interesadas, cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución; pues no debe perderse de vista que a la parte quejosa Rosalío Avendaño Espinosa, desde el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se le notificó personalmente el proveído de veinticuatro de mayo del presente año, a fin de que compareciera a este Juzgado de Distrito a recoger los edictos ordenados para notificar a la referida tercero interesada, por una parte y por otra, de la certificación secretarial que antecede se advierte que el término de veinte días concedido en el citado acuerdo, feneció el veintinueve de junio del actual; esto es, ha transcurrido el plazo otorgado, sin que la parte quejosa haya demostrado interés en la continuación del juicio, al no presentarse a recoger los mencionados edictos para su publicación, ni a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, por lo tanto, revela e indica el desinterés de ésta con la continuación del juicio de amparo. En virtud de lo anterior, previa ponderación de las circunstancias particulares del caso concreto, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno; y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya el criterio, aprobado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 64/2002, visible en la página 211, Tomo XVI, Julio de 2002, Materia Común, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 186587, ahora actualizada con el número de tesis 17, visible en la página veinticinco, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización 2002), Novena Época, con registro 922475, que dice: (.) No pasa inadvertido el criterio de la Honorable Segunda Sala en la que modificó el criterio contenido en la tesis 2a./J. 64/2002, derivado de la contradicción de tesis 16/2000-PL, la cual aparece publicada con el número de tesis 2a./J. 108/2010, visible en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Jurisprudencia Materia Común, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 164074, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Dicho criterio establece que no necesariamente conduce al sobreseimiento del juicio de amparo la omisión de la parte quejosa para recoger los edictos para emplazar a la tercera interesada; sin embargo, para ello debe satisfacer ciertas circunstancias, en las que prevalecen la manifestación de la parte quejosa de su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y de las particulares del caso que demuestren la incapacidad para pagar las publicaciones en cuestión; ahora bien, contrario a ello, de autos se advierte que la parte quejosa no ha expresado ni demostrado que se encuentra en alguno de los supuestos a que alude la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exentarlo de su obligación, es decir, que no tiene la capacidad económica para sufragar el pago de la publicación de los edictos; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en acuerdo veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación a la fracción II, del artículo 63 de la propia ley, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Apoya lo anterior la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página trescientos ochenta y seis, del Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUEROS QUE SE FIJA EN UN LUGAR VISIBLE DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C), EN RELACION AL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EL ACUERDO QUE ANTECEDE QUE DICE LO SIGUIENTE: "MESA 6-B.- Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa Rosalío Avendaño Espinosa, en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que se le previno para que se presentara a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos ordenados en dicho acuerdo, transcurrió del dos al veintinueve de junio del presente año, sin contar el cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintinueve y treinta de junio del corriente por ser días inhábiles; lo anterior es así debido a que la notificación fue realizada el treinta y uno de mayo del año en curso, la cual surtió efectos al día siguiente, esto es, el uno de junio de la presente anualidad, a fin de que fueran publicados en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la República, y con ello emplazar a juicio a las terceras interesadas Yulico Liliana y Jessica Paulina, ambas de apellidos, Avendaño Argueta. Ahora bien, a la orden de emplazar por edictos al referido tercero interesado, le siguen tres distintos momentos, y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación y exhibir ésta, de tal suerte que la parte demandante de amparo debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que, de suyo, entraña diversos tiempos, ya que, primero, recoge los edictos; a continuación, los paga; y, por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas. Por otro lado, el incumplimiento de la obligación del impetrante de amparo de recoger los edictos, dentro del plazo concedido, retarda la impartición de justicia, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. En efecto, tomando en consideración la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen todo juicio, el llamamiento de la parte tercera interesada, permite tener por válidamente constituida la relación jurídico-procesal, cuyo incumplimiento atribuible a la parte quejosa al no recoger los edictos para el pago y publicación de éstos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues con la no publicación de los edictos ordenados, queda paralizado el juicio. Y, lo anterior, torna improcedente el juicio de amparo, porque no es válido que este órgano jurisdiccional resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a las terceras interesadas, cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución; pues no debe perderse de vista que a la parte quejosa Rosalío Avendaño Espinosa, desde el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se le notificó personalmente el proveído de veinticuatro de mayo del presente año, a fin de que compareciera a este Juzgado de Distrito a recoger los edictos ordenados para notificar a la referida tercero interesada, por una parte y por otra, de la certificación secretarial que antecede se advierte que el término de veinte días concedido en el citado acuerdo, feneció el veintinueve de junio del actual; esto es, ha transcurrido el plazo otorgado, sin que la parte quejosa haya demostrado interés en la continuación del juicio, al no presentarse a recoger los mencionados edictos para su publicación, ni a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, por lo tanto, revela e indica el desinterés de ésta con la continuación del juicio de amparo. En virtud de lo anterior, previa ponderación de las circunstancias particulares del caso concreto, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno; y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya el criterio, aprobado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 64/2002, visible en la página 211, Tomo XVI, Julio de 2002, Materia Común, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 186587, ahora actualizada con el número de tesis 17, visible en la página veinticinco, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización 2002), Novena Época, con registro 922475, que dice: (.) No pasa inadvertido el criterio de la Honorable Segunda Sala en la que modificó el criterio contenido en la tesis 2a./J. 64/2002, derivado de la contradicción de tesis 16/2000-PL, la cual aparece publicada con el número de tesis 2a./J. 108/2010, visible en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Jurisprudencia Materia Común, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 164074, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Dicho criterio establece que no necesariamente conduce al sobreseimiento del juicio de amparo la omisión de la parte quejosa para recoger los edictos para emplazar a la tercera interesada; sin embargo, para ello debe satisfacer ciertas circunstancias, en las que prevalecen la manifestación de la parte quejosa de su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y de las particulares del caso que demuestren la incapacidad para pagar las publicaciones en cuestión; ahora bien, contrario a ello, de autos se advierte que la parte quejosa no ha expresado ni demostrado que se encuentra en alguno de los supuestos a que alude la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exentarlo de su obligación, es decir, que no tiene la capacidad económica para sufragar el pago de la publicación de los edictos; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en acuerdo veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación a la fracción II, del artículo 63 de la propia ley, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Apoya lo anterior la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página trescientos ochenta y seis, del Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno
- Principal
MESA 6.- Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional está señalada para el día de hoy, sin que se esté en aptitud de llevarla a cabo, toda vez, que la parte quejosa no fue notificada de manera personal del requerimiento que se le hizo en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, para efectos de que compareciera a este órgano jurisdiccional a solicitar la entrega de los edictos correspondientes con el objeto de su publicación para emplazar a juicio a las terceras interesadas, no obstante haberse ordenado la notificación personal, como lo establece el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Para ello se ordena al actuario de la adscripción notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. En atención a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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