Rosalino Jimenez Velazquez

Expediente 76/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
76/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2022

Partes del expediente

  • Rosalino Jimenez Velazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio 76/2022-IV folio 1922. dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio suscrito por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido se toma conocimiento de la admisión del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto que desecho la demanda de amparo, la cual quedo registrado como la queja 39/2022 de su índice. Notifíquese.

  2. Principal

    Juicio 76/2022 folio 1527. ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el escrito signado por ***autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de cuenta que contiene los agravios y una copia del mismo, así como una copia certificada de todo lo actuado en este sumario, para que sean tomadas en cuenta para resolver el recurso aludido, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de mérito, agregándose a los autos una copia del citado escrito de agravios. Asimismo, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en el sentido de que es cierto el acto impugnado a través del recurso citado, en virtud de que el veinticuatro de enero pasado, se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa por las razones ahí expuestas. Notifíquese.

  3. Principal

    Juicio 76/2022-IV folio 962. veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, con el que transcribe el proveído de tres de enero del año en curso, emitido en el juicio de amparo 344/2021- VIII de su índice, del que se advierte que se declaró la separación de juicios respecto de los actos alla reclamados, remitiendo al efecto copia certificada de la demanda que dio inicio a dicho sumario, para que se haga el pronunciamiento sobre los siguientes actos d).- La inhumana condición laboral de continuar prestando sus servicios a las demandadas durante la pandemia covid-19, no obstante de que es persona vulnerable (padece hipertensión, estrés por el trabajo y jornada laboral asignada) ha venido desempeñándose al servicio de las autoridades responsables con temor a contagiarse y estas prácticamente sin respetar los decretos presidenciales y de la secretaría de salud federal, en el que se establece las medidas y protocolos de atención y seguridad a personas vulnerables, lo han obligado a trabajar y desempeñarse a sus servicios durante la pandemia, so pena de baja. e).- La omisión de acatar las medidas y protocolos de actuación recomendados por las autoridades sanitarias para separar temporalmente del lugar del trabajo con goce de sueldo, toda vez que pertenece a las personas del grupo de riesgo vulnerable para contraer el virus denominado covid19, ya que tiene un cuadro médico crónico de salud, por hipertensión y estrés laboral así como también de haberse emitido indicaciones médicas por la doctora Garmenda Rosario Domínguez, por posible padecimiento de covid19, a la fecha no se le ha hecho entrega de los estudios o resultados médicos; por lo tanto las responsables ordenadoras al omitir acatar las medidas y protocolos de actuación recomendados por las autoridades sanitarias, y ordenar que desempeñe su trabajo como vigilante bancario pese a que dichas autoridades están enteradas de su precaria condición de salud, violan a su derecho humano a la vida establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. f).- La falta de cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 4, 5 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la omisión de garantizarles el derecho a un trabajo y la salud. En consecuencia, con fundamento en los artículos 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el diverso numeral 37, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del citado asunto. Acúsese recibo. ASPECTOS GENERALES Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 76/2022-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al analizar la demanda de amparo presentada por el quejoso Rosalino Jiménez Velázquez, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que destacan como actos reclamados en este juicio, los anteriormente mencionados. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Al respecto, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de la Materia. En efecto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal. Por su parte, la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la citada legislación señalan lo siguiente Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El artículo 61, fracción XXIII, ibídem, dispone que el juicio de amparo no procede en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. A su vez, el artículo 5, fracción II del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de esa Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En tanto que la fracción I, del numeral 1 de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así las cosas, los actos reclamado en esta instancia constitucional no emanan de una relación de supra a subordinación -entre una autoridad y el gobernado-, sino en una relación de coordinación; es decir, en un plano de igualdad de entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, esto es, en igualdad ante la ley, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. En el caso a estudio, el quejoso señaló como actos reclamados de las autoridades responsables, entre otros la inhumana condición laboral de continuar prestando sus servicios a las demandadas durante la pandemia covid-19, no obstante de que es persona vulnerable (padece hipertensión, estrés por el trabajo y jornada laboral asignada) ha venido desempeñándose al servicio de las autoridades responsables con temor a contagiarse; en vía de consecuencia, la omisión de acatar las medidas y protocolos de actuación recomendados por las autoridades sanitarias, pues considera que debieron separarlo temporalmente de su centro de trabajo con goce de sueldo, en razón de pertenecer al grupo de personas vulnerables con riesgo para contraer el virus denominado Covid-19, por ser una persona que padece hipertensión arterial; por ende, también se duele de la falta de cumplimiento a diversos dispositivos constitucionales que se traducen en la omisión de garantizarle el derecho a la salud y trabajo. Lo cual constituye una determinación derivada de una relación laboral que existe entre una autoridad pública perteneciente al Gobierno del Estado de Tabasco y el promovente del amparo en su calidad de trabajador activo de dicho ente jurídico, por lo que se estima que el acto reclamado, así como su ejecución y consecuencias, no puede considerarse acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, al ponderar que el solicitante del amparo bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, manifestó ser trabajador al servicio de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial, como vigilante Bancario 4to de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De ahí, se aprecia que la relación entre el aquí quejoso como vigilante Bancario 4to de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es de índole laboral; en virtud que el mencionado cargo se encuentra dentro de la clasificación de los cuerpos policiales de seguridad pública del Estado de Tabasco, contenidos en el numeral 461 de la Ley Sistema del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco. Consecuentemente, le resulte aplicable lo expuesto en el segundo párrafo del artículo 71 de la citada Ley Sistema del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, que dispone Artículo 71. Régimen laboral El régimen laboral de los miembros de las instituciones policiales, tanto en la Policía Estatal como en los cuerpos de Policía Municipal, cualquiera que sea la función que desempeñen, se regulará conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, la presente Ley y los reglamentos que de ésta deriven. Todos los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública que no pertenezcan al Servicio de Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables y en caso que no acrediten las evaluaciones de control de confianza, cuando por disposición expresa estén obligados a someterse a ellas.*** Aunado a ello, conviene relatar lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 127/2020, cuya materia consistió en determinar si el conocimiento de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de la negativa de aplicar en beneficio de alguna persona trabajadora las medidas implementadas para prevenir los contagios de la enfermedad COVID-19 en los centros de trabajo, corresponde a un juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo, o bien en materia administrativa. En dicha ejecutoria, la aludida Segunda Sala, con el propósito de contextualizar la temática de la contradicción de tesis, precisó que el treinta de enero de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente, el once de marzo de dos mil veinte, como consecuencia de la rapidez de su propagación, así como por su gravedad, tal Organización la declaró como una pandemia. El veinticuatro siguiente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS- CoV2 (COVID-19). Como parte de esas medidas, se instruyó a los sectores público, privado y social a evitar la asistencia a los centro de trabajo, de los adultos mayores de sesenta y cinco años o más, así como de las personas ubicadas en los grupos de riesgo, quienes en todo momento conservarían su derecho a recibir su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad laboral vigente. De igual manera, se señaló que las medidas adoptadas se llevarían a cabo con estricto respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores en todos los sectores, además de que las relaciones laborales continuarían rigiéndose conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo correspondientes, al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Finalmente, el treinta de marzo de dos mil veinte, el Consejo General de Salubridad declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que llevó a la implementación de acciones extraordinarias, entre las que destaca, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales durante el periodo del treinta de marzo al treinta de abril, ambos de dos mil veinte, continuando únicamente en funcionamiento las actividades necesarias para atender la emergencia sanitaria, las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la actividad legislativa, así como las de los sectores fundamentales de la economía, entre otras. En ese contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que si bien se advertía que los acuerdos mencionados derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, lo cierto es que ellos también tienen un impacto en el mundo del trabajo. Ello lo estimó así, porque del análisis de su contenido, en particular, de las acciones dirigidas a disminuir los riesgos de contagio en los centros de trabajo, se desprende que con motivo del modo de transmisión de la enfermedad, el Estado implementó varias medidas para garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Lo anterior, en el entendido de que las acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras, de ahí que las acciones adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de las trabajadoras y los trabajadores al virus SARS-CoV2. Puntualizó que al respecto, destaca el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, remitido por la Organización Internacional del Trabajo, en el que se estableció que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. En ese sentido, los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia. Por ende, concluyó que si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las personas trabajadoras, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. En ese contexto, a juicio de la Segunda Sala, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores en sus centros de trabajo. Las consideraciones expuestas dieron origen la jurisprudencia 2a./J. 42/2020 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 588, del contenido siguiente COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto a qué Juez de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora, las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo; al respecto, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno decidió que el asunto era competencia de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, el otro resolvió que correspondía conocer de éste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo para conocer de las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de la negativa de aplicar en beneficio de una persona trabajadora, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo. Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Establecido dicho contexto, se puede advertir que entre las autoridades señaladas como responsables y el ahora quejoso existe una relación de naturaleza laboral, debido a que éste manifestó ser trabajador al servicio de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial como vigilante Bancario 4to de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; por tanto, el actuar de las responsables se deriva del nombramiento o del contrato de prestación de servicios celebrado. Por ende, su aplicación está sujeta a un control de índole laboral, pues es la propia Ley Laboral la que prevé su creación y aplicación; y, por lo mismo el trabajador y patrón actúan en un plano de particulares y no de supra subordinación lo que a su vez genera la ausencia del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto.*** No se soslaya, que el promovente del amparo aduce una omisión atribuida a las autoridades responsables en aplicar las medidas y protocolos de actuación, recomendados por las autoridades sanitarias, pues pertenece a las personas del grupo de riesgo vulnerable para contraer Covid-19, dado que es una persona que padece de una enfermedad crónica degenerativa, esto es, hipertensión arterial y que por ello se debe autorizar su resguardo domiciliario. Empero, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad, por lo que aun cuando tales medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2, pudieran encontrar fundamento en diversos decretos y acuerdos a nivel general, no pierde su naturaleza laboral, porque su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Razón por la que, ese reclamo suscitado con motivo de la relación laboral entre el trabajador y el patrón equiparado, deba ser ventilado ante la autoridad competente y no ante este órgano de control constitucional, pues queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular. Por lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo intentado, en razón que el acto del que se duele la parte quejosa no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del amparo, pues no es el medio para reclamarlos.*** Por lo que ante tales circunstancias hace que el juicio de amparo sea improcedente en términos de la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el precepto 5, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu y con fundamento en el artículo 113 del mismo cuerpo legal, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO DEL QUEJOSO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Javier Méndez Pérez, Lisbeth de la O Ovando, Lucero Cruz Hernández y Ricardo Manuel Méndez Pérez. Además, téngase como medio de notificación alterno la dirección de correo electrónico y el número telefónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto: Xavier.lis1975@hotmail.com y 99-31-65-44- 65. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otra parte, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario javier197512 se encuentra registrado; instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. SE EXHORTA AL TRÁMITE ELECTRÓNICO. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que considere solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.

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