Rosalinda Zamora García

Expediente 714/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
714/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Rosalinda Zamora García

Actuaciones

  1. Principal

    gréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual remite el testimonio de la resolución pronunciada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el conflicto competencial administrativo 13/2021, en el cual se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Rosalinda Zamora García, en contra del acto consistente en la resolución de trece de julio de dos mil veintiuno, pronunciada por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca 322/2021, que confirmó el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario 222/2019 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Silao de la Victoria, Guanajuato." Consecuentemente, acúsese recibo a la superioridad; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente expediente como asunto concluido. En términos de lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se establece: a) Con fundamento en el artículo 20, fracción l, inciso a), este expediente es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses contado a partir del presente acuerdo. b) Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, transcribe el proveído de veinte de septiembre del presente año, dictado en el expediente 13/2021 de su índice, en el que se advierte que dicho tribunal admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato y este órgano jurisdiccional. En mérito de lo anterior, estese en espera de la resolución que en su momento emitirá la superioridad en relación con el conflicto competencial.

  3. Principal

    agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, comunica que determinó insistir con la competencia declinada para que este órgano de control constitucional conozca del juicio de amparo 798/2021 de su índice, por lo cual ordenó remitir los autos originales de ese juicio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, para la substanciación del conflicto competencial respectivo.-

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, al cual acompaña el juicio de amparo 798/2021, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Rosalinda Zamora García; lo anterior en virtud de que en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el citado órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda, al sostener que el acto reclamado tendrá ejecución dentro del territorio sobre el que este Juzgado de Distrito ejerce competencia, al derivar del juicio ordinario civil 222/2019-C, del índice del Juzgado Primero Civil de Silao de la Victoria, Guanajuato. No se acepta competencia. Hágase saber respetuosamente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, que no se acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por Rosalinda Zamora García, esto en atención a que el acto reclamado carece de ejecución material; por ende, atento a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, debe conocer de ésta el Juez de Distrito ante quien se haya presentado. Tal dispositivo legal es del contenido siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Para justificar tal aserto, es menester precisar el acto reclamado, el cual consiste en: La resolución de trece de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca 322/2021, por el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por la cual confirmó el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Primero Civil de Partido Judicial de Silao de la Victoria, Guanajuato, en los autos del juicio ordinario civil 222/19-C, en el que estimó que no operaba la caducidad de la instancia. Dicha resolución no conlleva consecuencia alguna de ejecución, esto en atención a que la caducidad de la instancia únicamente implica la anulación de todos los actos procesales acaecidos en el procedimiento, al decretar el sobreseimiento del asunto, por lo que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la presentación de la demanda natural, levantándose las medidas preparatorias, de aseguramiento y cautelares que hubieran sido decretadas, pero sin influir en las relaciones sustantivas existentes entre las partes, tal como lo prevé el numeral 387 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Esa decisión no lleva implícito ningún acto de ejecución, porque únicamente se trata de un acto declarativo, que niega su actualización, por no haber transcurrido un término continuo y mayor a ciento veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se haya verificado el último acto procesal, o bien, notificado la última resolución o presentada la última promoción, acorde a lo establecido en el artículo 385 de la codificación en estudio. Por ende, los efectos de dicho pronunciamiento no trascienden al mundo fáctico, porque no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino únicamente en el plano formal, derivado de la confirmación del Ad quem sobre la no actualización de la caducidad de la instancia asumida, en un primer momento, por el juez de primera instancia, en el sentido antes mencionado, esto es, que en el caso concreto no transcurrió el término de ley para que opere y, por ende, no puede declararse concluida la contienda, a través de la declaración de su sobreseimiento ni surtir el efecto de tener por no presentada la demanda; sino sólo remueve, en los términos apuntados, el obstáculo que impide la substanciación natural del procedimiento; pero, se insiste, sin producir algún efecto físico sobre éste, sólo formalmente se libera para seguir su curso, al ya no existir impedimento legal que lo dilate. Por tanto, la resolución reclamada por la quejosa Rosalinda Zamora García, atribuida al Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, carece de ejecución material, lo que implica que debe conocer de la presente demanda de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado, que en el caso específico lo es el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, de conformidad con el citado párrafo tercero del ordinal 37 de la ley de la materia. De considerarse lo contario, conllevaría en dotar de efectos ejecutivos a una decisión que sólo posee consecuencias declarativas, pero que no conlleva modificación alguna sobre el estado de las cosas que conciernen al procedimiento, lo que a la postre implicaría inobservar lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J.119/2008, visible en la página 50, tomo XXIX, materia civil, febrero de 2009, registro 167963, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL DILATORIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO. Las excepciones procesales dilatorias tienen como finalidad excluir relativa o provisionalmente la acción del demandante, pues a través de ellas se denuncia el incumplimiento o la falta de presupuestos procesales (como la competencia del juzgador, la vía seguida para tramitar la demanda o la personería de los litigantes). Así, la desestimación de una excepción de ese talante, por considerarla improcedente, no puede reputarse como un acto de ejecución material sino como uno meramente declarativo, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a confirmar la determinación del inferior, en el sentido de que no hay obstáculo que impida la prosecución natural del proceso judicial. En ese sentido y atento al artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material, se concluye que la competencia para conocer del amparo promovido contra la resolución de segundo grado que confirma la interlocutoria que desecha una excepción procesal dilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad emisora del acto reclamado, pues al no ordenar la realización de alguna conducta, no se ejecuta ni requiere de ejecución material." De igual manera, da sustento a lo anterior, la diversa tesis aislada II.2o.P.11K(10a.), pronunciada por el Segundo Tribunal colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, ubicada en la página 1460, libro 5, tomo II, materia común, abril de 2014, registro 2006112, de contenido: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO QUE CARECE DE EJECUCIÓN MATERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE HAYA PRESENTADO LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada establece que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, lo será aquel que tenga jurisdicción en donde resida la autoridad que dictó la resolución reclamada. Por su parte, el artículo 37 de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece prevé que, en esos casos, el competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo que de una interpretación histórica de esta última disposición, se hace evidente la intención del legislador ordinario de modificar esa regla de competencia y, por ende, debe interpretarse literalmente, ya que el órgano legislativo sólo consideró como parámetro objetivo para fincar la competencia de los Jueces de Distrito, la naturaleza ejecutiva del acto impugnado, pues en estos supuestos el competente es aquel donde el acto debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; pero en caso de que el acto carezca de esa característica, el competente es el Juez de la jurisdicción ante quien se haya presentado la demanda. De suerte que es manifiesta la intención del legislador de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, al permitir que éstos opten por el tribunal al que les resulta más sencillo acudir, conclusión a la que se llega, haciendo un análisis comparativo del mencionado artículo 36 de la ley abrogada y las dos iniciativas de proyecto para la expedición de la nueva ley. Sin que se soslaye, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en el juicio de amparo, en virtud de que las interpretaciones realizadas fueron en relación con disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y, por tanto, en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el citado medio de difusión el dos de abril de dos mil trece, al contraponerse a lo regulado por la legislación vigente, aquél es inaplicable." Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 37, tercer párrafo, en relación con el numeral 48 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia territorial que el juez de Distrito declinante plantea para conocer de la presente demanda de amparo; en consecuencia, devuélvansele los presentes autos, solicitándole que comunique su decisión para los efectos legales correspondientes. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.

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