Rosalinda Rodríguez Palma

Expediente 320/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
320/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Rosalinda Rodríguez Palma

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintinueve de abril del año que transcurre, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por Rosalinda Rodríguez Palma, por derecho propio, contra actos del Comisario General José Rubén Aguilar Valdés, Director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 320/2021-III. Cabe señalar que, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la quejosa. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la quejosa está encaminada a reclamar: El requerimiento que le fuera efectuado mediante oficio DSPM/0435/2021, de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, signado por el Comisario General Director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal, Estado de México; en el que se le solicita se presente ante la Encargada de la Unidad de Asuntos Internos para aclarar su situación antes de presentarse a su centro de trabajo. Expuesto lo anterior, se debe analizar si existe o no motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que, respecto del acto reclamado por la parte quejosa se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, del ordenamiento legal citado, estos últimos interpretados a contrario sensu. Los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, del ordenamiento legal citado, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". Establecen que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para la procedibilidad del mismo, debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; de tal manera que un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, se vea afectado por un acto de autoridad, ocasionándole así un perjuicio a su titular. De ahí que la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Precisado lo anterior, es válido afirmar que el gobernado goza de interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. Por tanto, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. Sentado lo anterior, debe señalarse que, el acto reclamado por la parte quejosa no puede considerase como acto de imposible reparación o que sus consecuencias impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, ya que no tiene como consecuencia directa e inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera. Pues, no obstante que la quejosa aduzca que con la ejecución del acto que reclama se violenta en su perjuicio su derecho humano a la vida y la salud por ser persona vulnerable debido a los padecimientos de salud que presenta, del contenido del oficio que incluso la misma anexa a su demanda, se advierte que la finalidad del mismo es que se presente ante la Encargada de la Unidad de Asuntos Internos de la dependencia donde presta sus servicios como policía, a efecto de aclarar su situación antes de presentarse a su centro de trabajo; es decir, en modo alguno se constriñe a la parte quejosa a que acuda a su fuente de trabajo a prestar sus servicios. En consecuencia, al no incidir el acto recamado en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, por no afectar derecho subjetivo alguno, es que se considera actualizada la causa de improcedencia en estudio, y por ende, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo intentada por la parte quejosa, contra el acto y autoridad ya precisados. Luego, dado que la quejosa señala diversos medios por los que solicita ser notificada, y el domicilio físico señalado se ubica fuera de la jurisdicción en la que este juzgado de distrito ejerce competencia, empero, de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "Lex77", con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como 28 y 29 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico y por señalado éste como domicilio para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Y tocante al correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente se tiene como medio de contacto para comunicaciones no procesales. Asimismo, a partir de esta fecha se le permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, empero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que las autoridades responsables pudieran remitir como clasificada, reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En diversa tesitura, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eliseo Pérez Acevedo y César Alejandro González Sánchez, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; asimismo, en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona, limitación que se establece hasta en tanto se cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacerse del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, se faculta a la Secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual, así como enviar, en el caso de ser necesario, las comunicaciones oficiales dirigidas a Juzgados de Distrito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica.

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