Rosalinda Posada López

Expediente 1711/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1711/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Rosalinda Posada López y Otros.
  • Rosalinda Posada López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vistos: la certificación que antecede y del estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra el auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido del proveído pronunciado se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos y tomos exhibidos por las partes o autoridades responsables, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LAS QUEJOSA... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos del que se advierten los oficios glosados, signados por el Juez Especializado en Materia Laboral Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y Actuario Notificador del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales rindieron informe justificado y el primero de ellos anexó documentales relativas al mismo. Al efecto, se acuerda: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama del 1. Juez Primero Especializado en Matera Laboral Región Uno, con residencia en esta ciudad, y del 2. Actuario de su adscripción, lo siguiente: La omisión de proveer el escrito de demanda, registrado con el número ********************; y, Su notificación. En ese tenor, tocante a los actos reclamados sintetizados con los incisos a) y b), este juzgador advierte oficiosamente que se actualizar la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que torna improcedente el juicio de amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. De la interpretación que se hace de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, los impetrantes de amparo hicieron valer como acto reclamado, la omisión de proveer el escrito de demanda, registrado con el número ********************, así como su notificación. No obstante, de las constancias que remitió el Juez responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al haber sido expedidas por un funcionario público revestido de la fe pública, además, ante la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores, que así lo indican, se advierte que mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, la citada autoridad admitió a trámite el escrito de demanda presentado por los aquí quejosos. Por su parte, el actuario adscrito al juzgado responsable, notificó el anterior auto de radicación a la parte actora aquí quejosa, el trece de enero de esta anualidad. Por tanto, quien hoy resuelve considera que los actos reclamados a que se refiere la parte solicitante de amparo han cesado en sus efectos, en mérito de que la omisión que reclamaba fue subsanada, con el proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, en que la autoridad responsable admitió a trámite el escrito de demanda por ellos presentado y su notificación realizada el trece de enero del año en curso. Así, resulta inconcuso que el acto que el solicitante del amparo reclamó en esta vía, cesó sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo dejó de producirlos, restituyéndose al inconforme en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse las causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, Tiene aplicación al caso la jurisprudencia que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Sin que obste a lo anterior, que no haya transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la referida responsable; pues en ese sentido debe precisarse que en el presente asunto se actualizaron dos causas de improcedencia, por lo que en cumplimiento a lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a impartir justicia de forma pronta y expedita; por ende, se estima que a ningún fin practico resultaría diferir la audiencia constitucional para que transcurra el término de los ocho días concedido, pues llegada la fecha de la audiencia este órgano jurisdiccional no variaría el sentido de esta sentencia; por el contrario, la sola circunstancia del diferimiento de la audiencia constitucional retardaría en mayor proporción el procedimiento dentro del juicio laboral de origen, y por ende se contravendría aún más el derecho vulnerado, lo cual iría en contra de lo pretendido por el propio peticionario del amparo. En consecuencia, SE DEJA SIN EFECTOS la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finamente, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de registro de este órgano jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este juzgado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos del que se advierten los oficios glosados, signados por el Juez Especializado en Materia Laboral Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y Actuario Notificador del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales rindieron informe justificado y el primero de ellos anexó documentales relativas al mismo. Al efecto, se acuerda: CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama del 1. Juez Primero Especializado en Matera Laboral Región Uno, con residencia en esta ciudad, y del 2. Actuario de su adscripción, lo siguiente: La omisión de proveer el escrito de demanda, registrado con el número ********************; y, Su notificación. En ese tenor, tocante a los actos reclamados sintetizados con los incisos a) y b), este juzgador advierte oficiosamente que se actualizar la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que torna improcedente el juicio de amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. De la interpretación que se hace de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, los impetrantes de amparo hicieron valer como acto reclamado, la omisión de proveer el escrito de demanda, registrado con el número ********************, así como su notificación. No obstante, de las constancias que remitió el Juez responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, al haber sido expedidas por un funcionario público revestido de la fe pública, además, ante la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores, que así lo indican, se advierte que mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, la citada autoridad admitió a trámite el escrito de demanda presentado por los aquí quejosos. Por su parte, el actuario adscrito al juzgado responsable, notificó el anterior auto de radicación a la parte actora aquí quejosa, el trece de enero de esta anualidad. Por tanto, quien hoy resuelve considera que los actos reclamados a que se refiere la parte solicitante de amparo han cesado en sus efectos, en mérito de que la omisión que reclamaba fue subsanada, con el proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, en que la autoridad responsable admitió a trámite el escrito de demanda por ellos presentado y su notificación realizada el trece de enero del año en curso. Así, resulta inconcuso que el acto que el solicitante del amparo reclamó en esta vía, cesó sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo dejó de producirlos, restituyéndose al inconforme en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al actualizarse las causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, Tiene aplicación al caso la jurisprudencia que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Sin que obste a lo anterior, que no haya transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la referida responsable; pues en ese sentido debe precisarse que en el presente asunto se actualizaron dos causas de improcedencia, por lo que en cumplimiento a lo establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a impartir justicia de forma pronta y expedita; por ende, se estima que a ningún fin practico resultaría diferir la audiencia constitucional para que transcurra el término de los ocho días concedido, pues llegada la fecha de la audiencia este órgano jurisdiccional no variaría el sentido de esta sentencia; por el contrario, la sola circunstancia del diferimiento de la audiencia constitucional retardaría en mayor proporción el procedimiento dentro del juicio laboral de origen, y por ende se contravendría aún más el derecho vulnerado, lo cual iría en contra de lo pretendido por el propio peticionario del amparo. En consecuencia, SE DEJA SIN EFECTOS la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finamente, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de registro de este órgano jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este juzgado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vistos; los oficios de cuenta suscritos por el Juez Especializado en Materia Laboral Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y Actuario Notificador del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales rinden informe justificado. Además, la primera de ellas remite constancias relativas al mismo. Asimismo, que la audiencia constitucional se encuentra fijada para el día de hoy. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos las comunicaciones y anexo de cuenta. En atención a su contenido, se tiene por rendidos los informes de las responsables, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En ese tenor, DÉSE VISTA a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convengan. Relaciónense en la audiencia constitucional. Tocante a las constancias adjuntas al informe, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable oficiante, las que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas al momento de emitir el fallo correspondiente. Por otro lado, como lo señala dicha responsable se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Respecto al correo electrónico que pone a disposición la autoridad responsable respectiva, tómese nota del mismo, al no ser un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, por lo que, los órganos jurisdiccionales adicionalmente pueden hacer uso de dicho medio de comunicación. En ese tenor, para dar margen a lo anterior, y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sin necesidad de notificar a través de oficio el presente acuerdo a la autoridad responsable, pues el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por lo tanto, se ordena notificarla por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, enero de 2013, Décima Época, con registro 2002576: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE POR LISTA.

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