Rosalinda Pérez Díaz

Expediente 493/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
493/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
08/05/2017

Partes del expediente

  • Rosalinda Pérez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual subsana la prevención formulada en proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en orden de lanzamiento y su ejecución.Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;"De los citados numerales se desprenden dos reglas, una general y una específica, de procedencia del juicio de amparo indirecto.La primer regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende del primer párrafo de la fracción IV, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia.La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto se advierte de los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso.Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas.Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución.Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural.A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural.De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar.Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable.Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto."Luego, si en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en la orden de lanzamiento emitida en cumplimiento a la sentencia dictada el seis de abril de dos mil dieciséis, dentro del expediente 377/2014 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de del Distrito Judicial de Chiapa, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por ***, en contra de ***; deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada.Lo anterior, pues dicha determinación contrario a lo manifestado por la parte promovente, deriva de la ejecución de la sentencia antes descrita, lo que se concluye de las constancias que adjunta a su escrito aclaratorio, de las cuales se advierte:El seis de abril de la anualidad pasada se emitió la sentencia condenatoria en el juicio ordinario civil reivindicatorio 377/2014, del índice de la autoridad señalada como responsable. En el resolutivo de segundo del citado fallo se determinó:. se condena a la demandada para que dentro del término de cinco días siguientes al que sea ejecutable esta sentencia, entregue el bien inmueble citado. apercibiéndole que en caso de no hacerlo se procederá a su lanzamiento a su costa En las anteriores condiciones, si el acto reclamado materializa el apercibimiento señalado, resulta inconcuso que la sentencia ya es ejecutable, pues sería hasta ese momento en el cual se concretaría el lanzamiento. Por tanto, la etapa procesal de la que deriva el acto en cuestión, es la ejecución de sentencia.Ahora bien, en los actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que:- Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento La que ordena el archivo definitivo del expediente.En esas condiciones, es evidente que en el caso que nos ocupa, no se satisface la hipótesis señalada por el párrafo tercero, fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución.Por consiguiente, la impetrante deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo, incluidas las relativas a la entrega del bien inmueble, que se entiende una actuación intermedia tendente a lograr el cumplimiento de la sentencia.Un criterio en contrario implicaría obstaculizar el cumplimiento de la cosa juzgada en detrimento del derecho del ejecutante a reclamar lo obtenido en un juicio en el que se presume se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, en el que la parte ejecutada tuvo la oportunidad de ser oída y vencida previamente al acto privativo, aun cuando haya decidido, de haber sido el caso, no comparecer al mismo.Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:"ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva."En los mismos términos, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253 , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto:"ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo."En las relatadas consideraciones, si la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra de una resolución intermedia dictada en ejecución de sentencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente.Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOSEl artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles).Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOSSe autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto.Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.PEDIMENTO MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITOPor otra parte, agréguese a los autos el pedimento de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado, mediante el cual solicita copias simples de las constancias que ahí describe. Por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que no es parte en el juicio en que se actúa, en términos del artículo 5 fracción lV, de la Ley de Amparo, con relación a lo proveído en líneas que anteceden. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio proveniente del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Playas de Catazajá, Chiapas, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 89/2017, orden 105/2017 del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para emplazar a juicio a la parte tercero interesado Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Playas de Catazajá, Chiapas, por tanto, dese de baja y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno que se lleva en este juzgado para esos casos. Por otra parte, de las constancias que anexa la autoridad oficiante, se advierte que el tercero interesado de referencia señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del juzgado de su adscripción; en tal virtud, dígasele que no ha lugar a tener como domicilio para tales efectos el que indica, toda vez que dicho domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, por lo que no cumplió el requerimiento realizado en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, realícense las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad, o bien solicite que las notificaciones se le realicen de conformidad con lo dispuesto por el precepto 26, fracción IV, de la Ley de la materia, para lo cual previamente deberá obtener su firma electrónica. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Playas de Catazajá, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda, notifique el presente proveído al Fiscal del Ministerio Público de su adscripción. Asimismo, requiérase a dicha autoridad, para que de cumplimiento a este mandato dentro del término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Federal en mención, apercibida de que en caso de no hacerlo, les será impuesta, una multa en términos del artículo 59, fracción I, del invocado Código. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a ese Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Hecho lo anterior, deberá devolver inmediatamente el despacho a este Juzgado. Notifíquese y por despacho al tercero interesado Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, con sede en Playas de Catazajá, Chiapas.

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