Rosalinda Imelda Toledo Ramírez

Expediente 526/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
526/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2016

Partes del expediente

  • Rosalinda Imelda Toledo Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese impugnado mediante el recurso previsto para el caso en la Ley de Amparo, el auto emitido en el presente sumario; por tanto, con fundamento en los artículos 97, inciso a) y 98 de la ley invocada, en relación con los numerales 288, 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto de tres de mayo de dos mil dieciséis, por el que se desechó de plano la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con la certificación de cuenta y con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De acuerdo con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo. c) Pasando cinco años, del citado auto de archivo, este expediente es destruible.

  2. Principal

    Intégrese a los autos, para que surta los efectos legales conducentes el escrito de cuenta por medio del cual la quejosa da cumplimiento al requerimiento formulado el veintiuno de abril del año en curso, por tanto se provee lo conducente al respecto. Este Juzgado desecha la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA QUEJOSA EL AUTO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 526/2016, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, QUE SUSTANCIALMENTE DICE: "INTÉGRESE A LOS AUTOS, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES EL ESCRITO DE CUENTA POR MEDIO DEL CUAL LA QUEJOSA DA CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO FORMULADO EL VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, POR TANTO SE PROVEE LO CONDUCENTE AL RESPECTO. ESTE JUZGADO DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.", POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS Y POR LISTA EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA. cbp

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos, del juicio de amparo indirecto 2014/2015, promovido por TERESA ROMERO ESCOBAR, contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante oficio de once de diciembre de dos mil quince y anexos enviados por el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, remitió por incompetencia el amparo directo 1005/2015, formado con motivo de la demanda que promovió Teresa Romero Escobar; turnado a este Órgano Jurisdiccional el catorce del mismo mes y año; demanda en la cual la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se indican (foja 4): "AUTORIDAD RESPONSABLE: Magistrados de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México". "ACTO RECLAMADO. Lo es la sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil quince, dictada en el toca de apelación 936/2015 que ante la autoridad responsable se tramitó, derivado del expediente 455/2015 radicado en el Juzgado Quinto Familiar de Toluca, México.". SEGUNDO. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, este juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no presentó pedimento ministerial alguno; ordenó se notificara al tercero interesado, quien se apersonó al presente juicio mediante escrito de veinticinco de enero del año en curso (fojas 65 y 66 de autos); y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII de la Constitución General de la República; 1° fracción I, 37 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que la omisión que constituye el acto reclamado se le atribuye a un tribunal que reside dentro de la circunscripción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil, página treinta y dos, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la quejosa reclama: La resolución interlocutoria de diez de noviembre de dos mil quince, dentro del Toca de Apelación 936/2015. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pues al rendir su informe con justificación, los aceptó; aunado a que de las constancias que se adjuntó al mismo, se advierte su certeza. CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Como un aspecto prioritario, conviene dejar establecido que la quejosa, en los autos del expediente 455/2015, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, relativo al divorcio incausado entre la quejosa Teresa Romero Escobar y Luis Rivera Luna, promovió incidente de liquidación de sociedad conyugal, en el cual demandó del nombrado en segundo lugar, diversas prestaciones. Situación que se acredita con las constancias allegadas al presente sumario, de las que se advierte que, por auto de diecisiete de junio de dos mil quince, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dio trámite al citado incidente, ordenó notificar a Luis Rivera Luna, para que en el plazo de tres días manifestara lo que su interés legal conviniera. Mediante acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil quince, se tuvo por precluido el derecho que pudo haber ejercitado Luis Rivera Luna, al no haber desahogado la vista otorgada mediante auto de diecisiete de junio de dos mil quince en el término concedido para ello, y se señalaron las diez horas con quince minutos del diecisiete de septiembre de dos mil quince para llevar a cabo la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 1.217 del Código Procesal de la Materia; realizado lo anterior, se turnaron los autos para dictar la resolución interlocutoria correspondiente. El veintitrés de septiembre de dos mil quince, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, resolvió el incidente de liquidación de sociedad conyugal, en los siguientes términos: "Primero. Ha sido improcedente el incidente de liquidación de sociedad conyugal que ha hecho valer TERESA ROMERO ESCOBAR, en consecuencia; Segundo. No se aprueba el inventario formulado por TERESA ROMERO ESCOBAR, el diecisiete (17) de Junio de dos mil quince (2015), respecto de los bienes que aduce forman parte de la sociedad conyugal habida con su contraparte LUIS RIVERA LUNA". Inconforme con la anterior resolución, la quejosa TERESA ROMERO ESCOBAR, interpuso recurso de apelación del que por razón de turno correspondió conocer a la Primera Sala Familiar de Toluca, Estado de México, mismo que fue admitido mediante proveído de siete de octubre de dos mil quince, registrándose con el número Toca 936/2015. El diez de noviembre de dos mil quince, se emitió la correspondiente resolución dentro del Toca 936/2015, en el que la Primera Sala Familiar de Toluca, Estado de México, resolvió: [.] PRIMERO. Han resultado parcialmente fundados los motivos de inconformidad hechos valer por TERESA ROMERO ESCOBAR, en consecuencia: SEGUNDO. Se modifican los resolutivos primero y segundo de la sentencia interlocutoria de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, pronunciada por la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, para quedar del tenor: "PRIMERO. Ha sido procedente el incidente de liquidación de sociedad conyugal que ha hecho valer TERESA ROMERO ESCOBAR; en consecuencia, SEGUNDO. Se aprueba parcialmente el inventario formulado por TERESA ROMERO ESCOBAR, el diecisiete (17) de junio de dos mil quince, únicamente en cuanto al mobiliario doméstico, y los artículos de trabajo del taller de cera artesanal, consistentes en herramientas, materia prima y productos terminados, los cuales se encuentran el interior del inmueble ubicado en calle interior José María Liceaga, Barrio de Santa Cruz, San Pablo Autopan, Toluca, México, según refiere la actora incidentista. A petición expresa, cítese a las partes para que comparezcan a una junta, a efecto de establecer las bases para la partición de los bienes que integran la sociedad, o en su caso designen partidor de común acuerdo, en caso contrario el juzgador la designará". [.] Siendo la anterior resolución la que constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de la procedencia del presente juicio de amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 64, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, ni se actualiza causa alguna de improcedencia que de oficio deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la impetrante de garantías. SEXTO. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La quejosa argumenta que se vulneraron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas en el artículo 16 constitucional, ya que la Sala responsable no fundó, ni motivó la interlocutoria reclamada, pese a que a la autoridad solamente tiene permitido hacer lo que la ley expresamente establece. Asimismo, -aduce- la autoridad responsable realiza una inexacta interpretación de los artículos 1.137, 1.194, 1.195, 1.198, 1.359 y 2.115 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 4.42 del Código Civil, ambos del Estado de México, y de cada uno de los actos procesales realizados ante ella; en específico vulnera el principio de congruencia que toda resolución debe contener, además de que no existe una debida fundamentación y motivación. Dicho planteamiento resulta infundado, como a continuación se verá. Por principio, conviene traer a cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, que establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento." La garantía de legalidad consagrada en el precepto constitucional trascrito establece, como uno de los elementos esenciales, el que todo acto de autoridad se encuentre fundado y motivado. Esto es, toda autoridad está obligada, al emitir un acto de molestia, fundarlo en la ley, es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión. Así, se advierte que la garantía de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral, abarcando tanto a los actos administrativos como a los jurisdiccionales. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Así, el precepto en mención consagra lo que la doctrina jurídica ha denominado garantía de legalidad, el cual constituye un mandamiento supremo para que toda autoridad al emitir los actos que trasciendan a la esfera jurídica de los particulares, los funde y motive suficientemente. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en forma reiterada que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. En cambio, por motivación, debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente; por tanto, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el supuesto específico previsto en la norma, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. Entonces, para que una autoridad cumpla con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Carta Magna, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, precise los razonamientos jurídicos que la condujeron a la adecuación de los hechos sometidos en la específica hipótesis normativa de que se trate. En otras palabras, para que una autoridad pueda actuar, sin violar el artículo 16 constitucional, se requiere, entre otras condiciones, que obre no sólo de acuerdo con una ley (fundamentación de su procedimiento), sino que en el caso concreto hacia el cual va encaminada su actuación se encuentren los extremos previstos o contenidos en aquélla (motivación del procedimiento). De esta manera, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado cuando las autoridades no ciñen su conducta a alguna disposición legal, sea de la naturaleza y categoría que fuere, obligación que se constata como consecuencia directa y necesaria del principio de legalidad y que ha confirmado la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación en los términos siguientes: "Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"; de ahí que la ratio legis de dicho artículo no sólo es que los actos realizados por las autoridades contengan los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exista motivo para emitirlos y exista un precepto de la ley que los funde. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia consultable en la página 52, número 73, del Tomo III, Parte SCJN, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Asimismo, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que su fundamentación y motivación se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, de lo que invariablemente deriva el principio de congruencia que deben cumplir tales resoluciones. La jurisprudencia que se comenta es la tesis 1a./J. 139/2005 publicada en la página 162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, cuyo texto y rubro son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Bajo ese contexto, de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable declaró, parcialmente fundados los agravios de la aquí quejosa, al tenor de las siguientes consideraciones: La facultad de libre valoración en materia probatoria del Juzgador, se encuentra prevista por el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles; no obstante, dicha facultad no implica su ejercicio arbitrario, sino que es una atribución discrecional, cuya aplicación tendrá en todo caso que justificarse a través del respectivo razonamiento lógico jurídico. En el caso sujeto a estudio, contrario a lo que sostiene la apelante, la A quo analizó los medios de convicción ofertados, tanto en forma individual como en su conjunto, expresando las razones por las cuales no otorgó convicción al material probatorio, con lo cual dio cumplimiento al numeral 1.359 del Código Procesal. De modo que -adujo- no pasa desapercibido que ante la falta de contestación del demandado incidentista, se produce una presunción que necesariamente debe adminicularse con otros medios de prueba para generar convicción; por tanto, la conducta omisiva de Luis Rivera Luna, por sí sola, no es suficiente para tener por ciertos los hechos narrados en la liquidación que nos ocupa, para acreditar la existencia de los bienes inventariados, como se afirma en los agravios. Añadió que la falta de objeción de los documentos exhibidos consistentes en copias simples del contrato de contrato de compra-venta de veintiséis de junio de dos mil ocho, celebrado entre María Martínez García, en su calidad de vendedora, y Luis Rivera Luna, en su calidad de comprador, en relación con el inmueble ubicado en calle interior José María Liceaga, Barrio de Santa Cruz, San Pablo Autopan, Toluca, Estado de México y de las facturas de vehículos, de ninguna forma implica su perfeccionamiento como medio de prueba, como lo pretende la actora incidentista, en virtud de que las copias simples carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, y para el caso de ser adminiculadas con otras pruebas, quedan al prudente arbitrio del juzgador con valor indiciario únicamente. Además, -precisó- los sellos de la Delegación de San Pablo Autopan, del H. Ayuntamiento de Toluca, adheridos a la copia simple del contrato de compraventa en comento, no otorgan carácter de documento público a la copia fotostática exhibida, como lo afirma Teresa Romero Escobar, es así, porque de acuerdo a los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los delegados municipales son autoridades auxiliares con atribuciones para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos, sin que puedan constituirse en fedatarios públicos, por no ser parte de las funciones que la ley de la materia les confiere y en ese tenor la impresión de los sellos en la documental de referencia, no le otorga el valor de prueba plena previsto en el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles. En ese orden, -indicó- respecto de la prueba de reconocimiento de contenido y firma del contrato de compraventa del bien inmueble en cuestión, con independencia de que la A quo la haya admitido y ordenado la celebración de la audiencia de desahogo, a pesar de la diferencia en el nombre de quien vendió y de quien compareció como reconocedora, ello no implica obligación para la Juzgadora de otorgarle convicción, o restarle valor probatorio como lo expresa la apelante, porque únicamente en la sentencia es cuando se está en aptitud de valorar el caudal probatorio, no antes; asimismo, es falso que a partir del desahogo de la prueba de reconocimiento, ésta haya adquirido valor convictivo, sino que es en la sentencia cuando después del análisis que ordena el numeral 1.359 del Código de Procedimientos Civiles, el Juez otorgará o no, valor probatorio a los medios convictivos legalmente ofrecidos y desahogados. Agregó que lo anterior, aunado al hecho de la disimilitud entre la firma visible en el apartado de vendedor del contrato de compraventa, con la firma asentada en la credencial de elector que en copia simple se agregó al incidente y la huella dactilar impresa en la audiencia incidental de pruebas y alegatos, constituye otro factor que genera incertidumbre respecto a la identidad de la persona que aparece como vendedora en el contrato aludido y quien compareció al reconocimiento de contenido y firma. Por lo tanto, la prueba testimonial, corre la misma suerte que la prueba de reconocimiento, ya que no existe certeza de que la persona que aparece como vendedora en el contrato multicitado, sea la misma que compareció a la audiencia de desahogo de pruebas; máxime que al responder al interrogatorio formulado, la ateste no proporcionó la ubicación exacta del inmueble objeto de compraventa, al mencionar que no recuerda la calle en la que se encuentra ubicado el inmueble, o a qué fueron las partes quienes compraron el terreno, cuando de la copia simple del contrato se aprecia que únicamente fue el demandado incidentista quien fungió como comprador y la recurrente figuró como testigo. Así, -continuó- esas circunstancias conllevan a reiterar lo afirmado por la A quo, en el sentido de no otorgar valor probatorio al ateste, al no demostrar conocimiento preciso de los hechos declarados, ante la ausencia de credibilidad subjetiva del testigo y falta de credibilidad objetiva del testimonio. Con relación a lo anterior, -concluyó- si bien el Juez tiene atribuciones para allegarse de los elementos probatorios para el conocimiento de la verdad de los hechos controvertidos, también lo es, que esa facultad no puede entenderse en el sentido de eximir a las partes de su obligación de allegar pruebas a fin de demostrar sus pretensiones, ni mucho menos de perfeccionar las deficientemente aportadas; más aún, atendiendo a la naturaleza jurídica de la liquidación de la sociedad conyugal, eminentemente patrimonial, no se ubica en una hipótesis que permita la suplencia de la deficiencia, por lo que no es jurídicamente factible, exigir al Juez allegarse de pruebas o perfeccionar las aportadas. Por otra parte, -adujo- para el caso de las documentales consistentes en las copias simples de las facturas de los vehículos descritos en el inventario exhibido, es la propia actora incidentista Teresa Romero Escobar, la obligada a presentar los elementos probatorios o realizar las diligencias necesarias para perfeccionar las probanzas mencionadas, puesto que sería tanto como exigir al juzgador una intervención activa en dicho perfeccionamiento, lo cual es inadmisible. Más aun, -dijo- la falta de contestación del demandado incidentista no es suficiente, en atención a que la ahora apelante debió realizar las gestiones necesarias y conducentes para fortalecer el aporte convictivo de las copias simples de las facturas exhibidas, ya que al no hacerlo, éstas mantienen la calidad de copias simples fotostáticas sin valor probatorio propio, y por tanto a nada útil conduciría el análisis de su contenido o de los endosos asentados en el reverso de los documentos, por la imposibilidad de generar convicción. En ese contexto, -señaló- se comparte la valoración realizada por la A quo respecto del caudal probatorio allegado a juicio, siendo correcta su decisión de no conceder convicción, al no existir medio de prueba alguno que pueda adminicularse a la presunción generada por la confesión ficta derivada de la falta de contestación del demandado incidentista, o algún otro elemento probatorio que permita perfeccionar las copias simples exhibidas, sin que la falta de objeción o impugnación de la parte contraria sea suficiente para ello. Conforme a lo anterior, la autoridad responsable declaró infundados los agravios expresados por la recurrente, aquí quejosa Teresa Romero Escobar y acotó que lo anterior, no es óbice para que la actora incidentista (en esa vía), una vez que cuente con los documentos y elementos de prueba idóneos, ante las instancias jurisdiccionales, podrá deducir los derechos que tiene respecto de los bienes adquiridos e incorporados a la masa común de la sociedad conyugal. Lo anterior revela que, contrario a lo estimado por la parte quejosa, el juez responsable sí fundó y motivó la resolución reclamada, pues expuso las razones por las cuales desestimó las objeciones planteadas por la accionante de derechos fundamentales. Por tanto, debe estimarse cumplida la garantía de legalidad tutelada en el artículo 16 de la Carta Magna, en el aspecto relativo a la fundamentación y motivación de la resolución, lo que torna infundado el motivo de inconformidad que nos ocupa. En otro aspecto, la quejosa argumenta que la interlocutoria reclamada vulnera el artículo 14 de la Constitución Federal, que dispone que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que en su carácter de accionante en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, no fueron reconocidos los bienes que propuso, en consecuencia, no se le otorgó el correspondiente cincuenta por ciento de los mismos. El reseñado planteamiento resulta infundado, puesto que con independencia de que a la postre no resultaron fundadas las pretensiones de la aquí quejosa, lo cierto es que en las instancias a las que acudió, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, ello porque de las constancias del incidente de origen y del respectivo toca formado con motivo de la apelación interpuesta por la quejosa, se advierte que una vez que la misma instó al Juez de origen con la interposición del incidente de liquidación de sociedad conyugal dentro del expediente 455/2015, el órgano jurisdiccional le dio trámite al mismo; además, admitió las pruebas ofrecidas, celebró la audiencia incidental y en su momento resolvió el incidente planteado, cuya determinación fue recurrida por la quejosa, lo que diera origen a la integración del Toca 936/2015, del índice de la Primera Sala Regional Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de donde deriva el acto reclamado. Por tanto, es evidente que no existe violación a la garantía de audiencia que tutela el artículo 14 constitucional. Ahora bien, señala la quejosa que el artículo 1.359 establece una excepción respecto de la valoración de las documentales públicas, las cuales harán prueba plena en contra de quien se presenten, además dentro de las reglas de valoración, el Juzgador está obligado a realizar la valoración individual de cada probanza, así como en su conjunto, es decir, las pruebas deben ser contrapuestas entre sí para el efecto de que el Juzgador tenga una mejor conocimiento de la verdad, basándose en su experiencia y en la lógica, lo cual no realizó, ello -afirma- por las siguientes consideraciones: a) Si un documento privado es ofrecido como prueba por una de las partes y el mismo no es objetado en cuanto a su autenticidad, contenido y firma, tiene todo el valor probatorio para acreditar los hechos respectivos; b) Luego, si el demandado incidentista no contestó la demanda y no ofreció prueba que contradiga el contenido de las documentales en cuestión, se actualiza una confesión ficta y por tanto la presunción de la existencia de todos los bienes mencionados en la liquidación de la sociedad conyugal; c) De conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica Municipal, dentro de las atribuciones de los delegados municipales está expedir certificaciones, que si bien no los convierten en documentos públicos, sí crea la presunción de que existe el original, ya que es ese documento original el cual después de ese acto jurídico de compra-venta el que se preserva en las delegaciones municipales de donde se saca la copia fotostática y se le imprime sellos de dicha delegación, como consta en el contra exhibido en el incidente de liquidación; d) El razonamiento de la responsable en cuanto a que la prueba de reconocimiento de contenido y firma del contrato de compra-venta del bien inmueble listado en la liquidación, no debió ser admitida ni desahogada, motivo por el cual la Juzgadora de origen no tenía la obligación de concederle valor jurídico, carece de toda lógica jurídica puesto que dicha probanza fue admitida y desahogada en términos de ley, de no ser así no se habría admitido, luego, la autoridad estaba obligada a desahogar y valorar dicha probanza sola y en su conjunto; y, e) Asimismo, -la autoridad responsable- al referirse a la prueba testimonial aduce el mismo argumento respecto de la probanza de reconocimiento de contenido y firma y que por tanto corre con la misma suerte, sumado a que, según su perspectiva, la testigo no supo la dirección exacta del inmueble en la ella había participado como vendedora, situación derivada de un mal estudio por parte de la responsable ya que de autos de la liquidación de sociedad conyugal se puede leer claramente que al hacerle el cuestionamiento número cuatro, respondió que ya no recordaba la calle porque ya no vive ahí, ya que en dicho lugar vive su familia, y toda vez que de autos se deprende que el nombre de la calle que aparece en el contrato de compra-venta del inmueble en mención ha sido cambiado, resulta lógico que la ateste no recuerde su nombre, máxime que no vive en dicho lugar desde hace aproximadamente siete años, sin embargo sí tiene los "demás" datos de la ubicación del inmueble en comento. Las manifestaciones reseñadas en los incisos a) y b) son infundadas puesto que la quejosa parte de la premisa de que a partir de la falta de objeción respecto de la documental privada consistente en la copia del contrato de compra-venta de veintiséis de junio de dos mil ocho, celebrado entre María Martínez García, en su calidad de vendedora, y Luis Rivera Luna, en su calidad de comprador, en relación con el inmueble ubicado en calle interior José María Liceaga, Barrio de Santa Cruz, San Pablo Autopan, Toluca, Estado de México; aunado al hecho de que su contraparte no dio contestación a la demanda incidental interpuesta en su contra, se le debe por tener por confeso de los hechos, por lo que la responsable debió tener por acreditada la autenticidad del contenido de tal documento; sin embargo, soslaya que en el acto reclamado se sostuvo que tales presupuestos no eran suficientes para perfeccionar dicho medio de prueba, en virtud de que se trata de copias fotostáticas, las que por sí mismas carecen de valor probatorio y para el caso de ser adminiculadas con otras -como en la especie ocurre-, únicamente tendrán valor indiciario. Es decir, contrario a lo que afirma la quejosa, la autoridad responsable, valoró dichas probanzas, empero, como resultado de tal análisis concluyó que tales elementos resultaron insuficientes para acreditar la existencia de los bienes inventariados como parte de la sociedad conyugal; máxime que precisamente aludió al contenido del numeral 1.359 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en el sentido de que al no tratarse de una documental pública, su valor probatorio queda al arbitrio del órgano jurisdiccional. Esto es así, en virtud de que la copia simple del contrato de compra-venta exhibido por la actora incidentista ahora quejosa, no fue perfeccionada con diversa prueba que resulte eficaz para otorgarle el valor probatorio necesario para acreditar que el bien inmueble forma parte de la sociedad conyugal. Por tanto, es correcta la valoración de las pruebas realizada por la sala responsable, de ahí que no asista razón a la quejosa, pues no demostró que el bien inmueble fue adquirido por su entonces cónyuge Luis Rivera Luna, de ahí que se desestimen las aseveraciones en estudio. Además, en todo caso, dicha copia simple del contrato de compra-venta sólo demuestra tal acto, pero en modo alguno el derecho de propiedad, adquirido posteriormente por el demandado incidentista, en los términos descritos en líneas precedentes de esta ejecutoria. En relación con lo anterior, igualmente resultan infundadas las manifestaciones vertidas en el inciso c), en el sentido de que de conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, dentro de las funciones de los delegados municipales está expedir certificaciones. Lo anterior, es así, en virtud de que el artículo 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece lo siguiente: "Artículo 57.- Las autoridades auxiliares municipales ejercerán, en sus respectivas jurisdicciones, las atribuciones que les delegue el ayuntamiento, para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos, conforme a lo establecido en esta Ley, el Bando Municipal y los reglamentos respectivos. I. Corresponde a los delegados y subdelegados: a). Vigilar el cumplimiento del bando municipal, de las disposiciones reglamentarias que expida el ayuntamiento y reportar a la dependencia administrativa correspondiente, las violaciones a las mismas; b). Coadyuvar con el ayuntamiento en la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y de los programas que de él se deriven; c). Auxiliar al secretario del ayuntamiento con la información que requiera para expedir certificaciones; d). Informar anualmente a sus representados y al ayuntamiento, sobre la administración de los recursos que en su caso tenga encomendados, y del estado que guardan los asuntos a su cargo; e). Elaborar los programas de trabajo para las delegaciones y subdelegaciones, con la asesoría del ayuntamiento. f) vigilar el estado de los canales, vasos colectores, barrancas, canales alcantarillados y demás desagües e informar al ayuntamiento para la realización de acciones correctivas. g) Emitir opinión motivada no vinculante, respecto a la autorización de la instalación de nuevos establecimientos comerciales, licencias de construcción y cambios de uso de suelo en sus comunidades. II. Corresponde a los jefes de sector o de sección y de manzana: a). Colaborar para mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad de los vecinos del lugar, reportando ante los cuerpos de seguridad pública, a los oficiales calificadores las conductas que requieran de su intervención; b). Elaborar y mantener actualizado el censo de vecinos de la demarcación correspondiente; c). Informar al delegado las deficiencias que presenten los servicios públicos municipales; d). Participar en la preservación y restauración del medio ambiente, así como en la protección civil de los vecinos". De la transcripción anterior, se desprende que el numeral en comento, en su fracción I, inciso c), señala como atribución de los delegados y subdelegados la de auxiliar al secretario del Ayuntamiento con la información que requiera para expedir certificaciones, de lo que se sigue que, en todo caso, a quien le corresponde realizar certificaciones es al secretario del Ayuntamiento, no a los delegados, como lo afirma la quejosa, pues a estos solo se les brinda el carácter de auxiliares; y en ese sentido la autoridad responsable determinó que los delegados municipales no pueden constituirse en fedatarios, argumento que apoyó en la tesis del rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS. LOS DELEGADOS MUNICIPALES CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR LO CONSIGNADO EN ELLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)". Más aun, del contrato privado materia de la presente Litis, se desprende que únicamente consta en el anverso y reverso con un sello, del que se lee "H. Ayuntamiento de Toluca", "2006-2009", "Delegación San Pablo Autopan", con logotipo y firma de "Rubén Miranda Valdés, 3er Delegado", más no así con certificación alguna por parte de quien se encuentre facultado para ello. Sin que obste a lo anterior que la quejosa señale que el sello que contiene el aludido contrato, si bien, no lo convierte en un documento público, crea una presunción de la existencia del original; lo anterior, toda vez que tal como se adujo en el párrafo que antecede, lo cierto es que dicha documental en realidad no contiene una certificación, sino únicamente un sello de la Delegación de San Pedro Autopan, Toluca, Estado de México y una firma de quien -como ya se vio- no se encuentra facultado para realizar certificaciones, en el caso, del Tercer Delegado, de dicha localidad. De ahí que sea incorrecta la apreciación de la quejosa respecto a que se actualiza una presunción de la existencia de dicha documental, pues aunque pudiera pensarse que consta esa preexistencia del documento en cuestión, no existe certeza sobre el acto ahí consignado, de ahí que se desestimen las afirmaciones es estudio. Asimismo, devienen inoperantes las alegaciones de la quejosa en el sentido de que después del acto jurídico, el documento original se preserva en las delegaciones municipales de donde se saca la copia fotostática y se le imprimen sellos de la delegación; es así, puesto que dichas manifestaciones carecen de sustento, puesto que la quejosa no explica sobre qué base funda su dicho, por lo que deben tomarse como simples afirmaciones genéricas carentes de soporte legal. Por otra parte, los reseñados planteamientos señalados en los incisos d) y e), resultan inoperantes, porque la quejosa se limita a aducir que carece de toda lógica jurídica el planteamiento de la responsable en cuanto a que la prueba de reconocimiento de contenido y firma no debió ser admitida, desahogada y valorada por la Juzgadora de origen, por lo que no era obligación de esta última concederle valor jurídico, y que en cuanto a la testimonial por parte de Ma. Dolores Martínez García, dicha testigo, no supo la dirección exacta del lugar, lo que deriva de un mal estudio por parte de la autoridad responsable, puesto que de la diligencia de desahogo de tal testimonio se puede observar que al responder al cuarto cuestionamiento, adujo que ya no recordaba la calle porque ya no vive ahí, ya que en dicho lugar vive su familia, aunado a que de autos se desprende que el nombre de la calle que aparece en el contrato de compra-venta del inmueble en mención ha sido cambiado, por lo que resulta lógico que la ateste no recuerde su nombre, máxime que no habita en dicho lugar desde hace siete años aproximadamente. En efecto, de la resolución reclamada se aprecia que la autoridad responsable señaló que en el caso, la admisión de la probanza consistente el reconocimiento de firma y contenido, no implica obligación para la Juzgadora natural de otorgarle convicción, o restarle valor probatorio, porque únicamente en la sentencia es cuando se está en aptitud de valorar el caudal probatorio; asimismo, adujo que es falso que a partir del desahogo de la prueba de reconocimiento, ésta haya adquirido valor convictivo, sino que es en la sentencia cuando después del análisis que ordena el numeral 1.359 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el Juez otorgará o no, valor probatorio a los medios convictivos legalmente ofrecidos y desahogados, y en apoyo de su argumento invocó la tesis de rubro: "PRUEBAS MAL ADMITIDAS. SU VALORACIÓN DEBE HACERSE EN LA SENTENCIA". Planteamiento que no fue combatido en su totalidad por la solicitante de amparo, pues aunque cuestiona el hecho de que la responsable haya afirmado que la prueba de reconocimiento de contenido y firma no debió ser admitida, desahogada y valorada por la Juzgadora de origen, y en todo caso valorada hasta sentencia, y que en cuanto a la testimonial no era dable desestimarla por el solo hecho de que la ateste no recordara el nombre de la calle, circunstancia que justifica bajo el tenor de la temporalidad que tiene desde que no habita dicho predio; dejó de atender la razón fundamental en que descansa la afirmación de la responsable para estimar que tales probanzas no resultaron idóneas para robustecer el contenido del contrato, a saber: A) La diferencia del nombre entre la persona que firmó el contrato de mérito y la que compareció como reconocedora (en el contrato aparece María Martínez García y en la diligencia compareció Ma. Dolores Martínez García); y, B) La disimilitud entre la firma visible en el apartado de la vendedora en el contrato de compra-venta, con la firma asentada en la credencial de elector que en copia simple se agregó al incidente y la huella dactilar impresa en la audiencia incidental de pruebas y alegatos. Lo que adujo -la autoridad responsable- genera incertidumbre respecto de la identidad de la persona que aparece como vendedora en el contrato y quien compareció al reconocimiento de contenido y firma. En otras palabras, aun cuando pudiera resultar fundada la aseveración de la quejosa en el sentido de que las pruebas de reconocimiento de firma y contenido, así como la testimonial a cargo de Ma. Dolores Martínez García, fueron admitidas y desahogadas dentro del incidente de liquidación de sociedad conyugal y que por tanto, ambas eran susceptibles de valoración en dicha incidencia, no así hasta sentencia, como lo afirmó la autoridad responsable, subsiste la consideración de esta, acerca de que ambas probanzas no generan convicción para robustecer el contenido del contrato de mérito, por los motivos descritos en los incisos que anteceden, ello -se insiste- ante la falta de agravio tendente a combatir tales consideraciones. En ese tenor, la ausencia absoluta de impugnación respecto de las diversas consideraciones que esgrimió el tribunal responsable para sostener su desestimación en torno a dichas pruebas, torna inoperante el concepto de violación en estudio, en razón de que, con independencia de lo fundado o infundado que resulte, debe permanecer firme aquella consideración con base en la cual la Sala responsable se pronunció sobre los citados medios de prueba, por falta de impugnación concreta; máxime que no se actualiza alguno de los supuestos para suplir la deficiencia de la queja previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Es aplicable, por similitud jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, visible a fojas 731, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." Asimismo, la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, localizable a fojas 1130, Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Por último, la quejosa afirma que la resolución reclamada genera incertidumbre en cuanto a su contenido y alcance, además de que transgrede el principio de congruencia ya que primero el juzgador señala que son inoperantes los agravios planteados y por la otra aborda el fondo de ellos declarándolos infundados, dejándola en estado de indefensión. Sin embargo, tales afirmaciones devienen inoperantes, puesto que de la sola lectura de la resolución de diez de noviembre de dos mil quince, dictada por la autoridad responsable, se advierte que en el considerando segundo, fracción segunda, segundo párrafo, estimó que los agravios expresados por la allá recurrente Teresa Romero Escobar, resultaron parcialmente fundados, lo que diera lugar a modificar los resolutivos primero y segundo de la sentencia interlocutoria de veintitrés de septiembre de dos mil quince, pronunciada por el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; ante lo cual resulta inexistente la violación de que se duele la quejosa. Respecto a que la quejosa acreditó con pruebas fehacientes la existencia de todos los bienes que se menciona en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal promovida en contra de Luis Rivera Luna, tales aseveraciones son inoperantes, pues las hace descansar sustancialmente en las manifestaciones estudiadas en los incisos a) y b) que fueron desestimadas, pues ya quedó demostrado en esta ejecutoria que la quejosa no acreditó que el inmueble y objetos materia de liquidación pertenezcan a la sociedad conyugal por ser ella o el tercero interesado, propietarios de los mismos, como afirma, de ahí la inoperancia apuntada. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de jurisprudencia número XVII.1o.C.T. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos." Al resultar ineficaces los conceptos de violación y no actualizarse ninguna de las hipótesis de suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, puesto que aun y cuando la quejosa acude al amparo por sí misma y en representación de su menor hijo, lo cierto es que el acto reclamado es de naturaleza eminentemente patrimonial (liquidación de sociedad conyugal), por lo cual, procede negar la protección constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 79, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa Teresa Romero Escobar, por propio derecho y en representación de su menor hijo Luis Ángel Rivera Romero, contra el acto y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones y términos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia.

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