Rosalinda Hernández Pérez
Expediente 168/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/11/2018
Partes del expediente
- Rosalinda Hernández Pérez
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA...
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos la misiva proveniente del instituto responsable y anexo que se acompaña, mediante los cuales informa las acciones tendentes a dar cumplimiento con el fallo protector; por tanto, estese a la espera de recibir las constancias que así lo acrediten.
- Principal
visto el oficio de cuenta, se concede una prorroga de veinbte días para que dé cumplimiento a lo requerido en autos...
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y fotocopia certificada de la ejecutoria dictada en sesión de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión administrativo 250/2018-I de su índice, en el que se resolvió: "PRIMERO. En la materia del recurso se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y protege a Rosalinda Hernández Pérez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado De Baja California, Director, Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones del mencionado Instituto." En consecuencia, agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, así como el cuaderno de antecedentes relativo, desglosando del mismo las copias certificadas con que se formó, toda vez que son susceptibles de destrucción, con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un expediente auxiliar, conforme al punto segundo, fracción XX del citado acuerdo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora, en la ejecutoria dictada por la superioridad, se advierte que se confirmó la sentencia recurrida, en la que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa en los siguientes términos: "[.] para el efecto de que las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, dentro de sus respectivas competencias, den respuesta coherente y completa a la petición que les formuló Rosalinda Hernández Pérez, el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector; apercibidas que de no hacerlo en el plazo fijado, o de no manifestar el impedimento que tuviesen para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. En caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento a la sentencia de amparo, se impondrá a quien resulte responsable una multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez transcurrido el plazo concedido a las autoridades responsables, dese nueva cuenta para acordar lo conducente.
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