ROSALINDA GONZÁLEZ GARCÍA y Otros.
Expediente 499/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rosalinda González García
- ROSALINDA GONZÁLEZ GARCÍA y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA "9" VISTA LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE; COMO SE ADVIERTE QUE EL PLAZO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE PARA QUE LOS QUEJOSOS ROSALINDA GONZÁLEZ GARCÍA, ELTHON EMMANUEL GONZÁLEZ LOZANO, JOSÉ MARIO GONZÁLEZ GARCÍA Y FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA, SE INCONFORMARAN CON EL ACUERDO DE DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, TRANSCURRIÓ DEL DIECINUEVE AL VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,; SIN QUE HUBIESE SIDO RECURRIDO TAL PROVEÍDO; CON APOYO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE SU DIVERSO 2º, SE DECLARA QUE DICHA DETERMINACIÓN, HA QUEDADO FIRME; ASIMISMO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, PREVIAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. POR OTRA PARTE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8º Y 14, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 2º, FRACCIÓN XV, 5°, 7º Y 8°, DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 6º Y 7º DEL ACUERDO GENERAL 68/2004 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, A TRAVÉS DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA PUBLICACIÓN EN INTERNET DE LAS SENTENCIAS EJECUTORIAS Y RESOLUCIONES PÚBLICAS RELEVANTES, GENERADAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, A FIN DE INCENTIVAR EL INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 37, 38 Y 88 DEL ACUERDO GENERAL 84/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, SE ORDENA A LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO QUE SE ELABORE LA CORRESPONDIENTE VERSIÓN PÚBLICA SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE AL EFECTO ESTABLECE EL "PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS GENERADOS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN Y EL MARCADO DE INFORMACIÓN RESERVADA, CONFIDENCIAL O DATOS PERSONALES" APROBADO POR MAYORÍA DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, MEDIANTE SESIÓN DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE Y SE ENVÍE AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). POR OTRA PARTE, COMO DE LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE SE DESPRENDE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y DE RELEVANCIA HISTÓRICA, JURÍDICA Y DOCUMENTAL, PARA EFECTOS ARCHIVISTICOS, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.
- Principal
MESA "9" Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el termino concedido a la parte quejosa en proveído de veintinueve de mayo de dos mil quince, notificado por lista a la parte quejosa, transcurrió del tres al nueve de junio de dos mil quince, sin que a la fecha haya desahogado la prevención que se le mando dar, en consecuencia como dicho término ha fenecido sin haberse cumplido, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA de garantías, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA "9" MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A OCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE LA MATERIA, AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL ESCRITO SIGNADO POR LA QUEJOSA ROSALINDA GONZÁLEZ GARCÍA; EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO DÍGASELE AL PROMOVENTE QUE CON EL ESCRITO DE CUENTA NO DESAHOGA LA PREVENCIÓN QUE SE LE MANDÓ DAR EN AUTO DE VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO CURSO, PUES NO MANIFIESTA UN DESAHOGO LÓGICO NI MUCHO MENOS JURÍDICO YA QUE ÚNICAMENTE SE EMPEÑA EN MANIFESTAR QUE "LA C. FISCAL, NO DIO CONTESTACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE ESTA DIRIGIÓ AL RESPONSABLE DE AGENCIA QUE SEGÚN NO ES COMPETENTE PARA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA" POR LO QUE ESTE JUZGADOR CONSIDERA QUE AUNQUE NO LE HAYA DADO CONTESTACIÓN LA AUTORIDAD DE LA QUE SE AFERRA LA PARTE QUEJOSA QUE LE CONTESTE, LE ESTÁ DANDO RESPUESTA UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA "C. FISCALÍA EN IZTACALCO" COMO ASÍ LO REFIERE CON ESE NOMBRE EN SU ESCRITO DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE Y AÚN A SABIENDAS DE LA PARTE QUEJOSA QUE EN UNA FISCALÍA EXISTEN MUCHAS DENOMINACIONES DE AGENTES MINISTERIALES, LO DIRIGIÓ A DICHA FISCALÍA, LA CUAL PUEDE DELEGAR FUNCIONES A SUS AGENTES ADSCRITOS A LA MISMA; ADEMÁS DE QUE DE LA RESPUESTA QUE LE DA EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DE AGENCIA EN IZC-1, SE DESPRENDE QUE LE HACE SABER: "QUE NO HA LUGAR A SUS PETICIONES FORMULADAS TODA VEZ QUE NO CORRESPONDE AL SUSCRITO LA EXTRACCIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA YA QUE LA PONENCIA DE RESERVA FUE APROBADA POR EL SUBPROCURADOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS DESCONCENTRADAS EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2012." POR LO QUE DICHA PETICIÓN DEBERÁ REALIZARLA A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE; CIRCUNSTANCIA QUE RESULTA DE SUMA IMPORTANCIA SEA ACLARADA POR LA PROMOVENTE A EFECTO DE ESTAR EN APTITUD DE PROVEER LO QUE EN DERECHO PROCEDA EN EL ENTENDIDO DE QUE SIGUE CORRIENDO EL TÉRMINO DE LOS CINCO DÍAS QUE SE LE CONCEDIÓ EN EL MISMO. ENCUENTRA APOYO LO ANTES EXPUESTO EN LA TESIS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, VISIBLE EN LA PÁGINA 267, TOMO VIII-OCTUBRE, OCTAVA ÉPOCA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUYO RUBRO Y TEXTO REZA: "REVISIÓN, EL TÉRMINO CONCEDIDO PARA QUE EL RECURRENTE CUMPLA CON UNA PREVENCIÓN, NO SIGNIFICA QUE DEBA EXTENDERSE PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE. EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO DETERMINA QUE EL TÉRMINO PARA INTERPONER LA REVISIÓN SER DE DIEZ DÍAS, Y EL DIVERSO 88 DE LA LEY SEÑALA LOS CASOS CUANDO A LA INSTANCIA DE REVISIÓN, SEA POR ERROR O DESCUIDO, NO SE PRESENTAN LAS COPIAS DEBIDAS PARA CADA UNA DE LAS PARTES DEL JUICIO, DAR MOTIVO A PREVENCIÓN POR PARTE DEL JUEZ DE DISTRITO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE TRES DÍAS SE ACOMPAÑEN LA TOTALIDAD DE LAS COPIAS REQUERIDAS, SO PENA DE TENER POR NO INTERPUESTO EL RECURSO, DE ACUERDO CON LO ANTERIOR SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS REFERIDO NO SE EXTIENDA EN BENEFICIO DEL RECURRENTE, SINO QUE EN DICHO PLAZO SE MANIFIESTEN LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD QUE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA OCASIONES, PUES ES EN ESOS MOMENTOS EN QUE SE INTEGRA LA LITIS ANTE EL ÓRGANO REVISOR, LA CUAL NO PODRÁ VARIARSE AUN CUANDO EXISTA ACTO PREVENTIVO, Y SÓLO DEBE GUARDARSE AL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA "9" MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. Vista la demanda de amparo promovida por los directos quejosos ROSALINDA GONZÁLEZ GARCÍA, ELTHON EMMANUEL GONZÁLEZ LOZANO, JOSÉ MARIO GONZÁLEZ GARCÍA y FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA, contra actos del FISCAL EN IZTACALCO, por lo que en atención a ello con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 103, fracción 1º, 107, fracciones I, III incisos b) y c) y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 3º, 5º, fracción I, 37, 75, 107, 108, 112 y 115, estos de la Ley de Amparo en vigor a partir de esta fecha, regístrese en el libro de gobierno con el número 499/2015-9, fórmese el expediente impreso y el expediente electrónico el que alude el artículo 3º de la ley de la materia, con base en su artículo Décimo Primero Transitorio. Ahora bien, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto debe desecharse de plano la demanda. En ese tenor, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existirá causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano." El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". También es ilustrativa sobre el particular, la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En ese tenor, de la lectura minuciosa hecha al ocurso de cuenta, se advierte LA FALTA DE FIRMA de los quejosos de nombre ELTHON EMMANUEL GONZÁLEZ LOZANO, JOSÉ MARIO GONZÁLEZ GARCÍA y FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA. En ese sentido, cabe señalar que uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo es el de agravio personal y directo, contemplado esencialmente en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, cuyo texto son los siguientes: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada..." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley.8 El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita". De los preceptos transcritos se infiere con claridad que para que el juicio de amparo sea procedente es menester que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; luego, una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos personales o patrimoniales, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Lo que en el caso no ocurre, pues el acto que se reclama no se encuentra en los casos de excepción previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los cuales cualquier persona puede presentar a nombre del directo quejoso la demanda de garantías, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, y el directamente agraviado se encuentre imposibilitado para promover amparo, aspecto que no se desprende su actualización en el contenido del escrito de solicitud de amparo. En ese tenor, dicho precepto establece: "ARTÍCULO 15.-Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,10 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.". En este sentido, los promoventes, ELTHON EMMANUEL GONZÁLEZ LOZANO, JOSÉ MARIO GONZÁLEZ GARCÍA y FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA, carecen de legitimación para promover el presente juicio de garantías, pues, como ya se dijo, el acto que reclama no se encuentra en alguno de los supuestos a que se contrae el artículo 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Bajo esa óptica, se colige que al actualizarse la causal de improcedencia en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 15, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de dicho cuerpo normativo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por ELTHON EMMANUEL GONZÁLEZ LOZANO, JOSÉ MARIO GONZÁLEZ GARCÍA y FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GARCÍA. Es aplicable al caso la tesis número VI.1o.151 K , visible en la página 303, Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal.". Así como la diversa tesis visible en la página 210, Tomo VII, Enero de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTAR SUSCRITA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La demanda de amparo debe estar firmada por quien la formula, pues tal formalidad es indispensable por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si dicha demanda no está suscrita por quien aparece como promovente en su texto, debe resolverse que no se ha promovido legalmente el juicio de garantías.". Ahora bien, por otra parte, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, con fundamento en los artículos 108, II, 110, 114, fracción IV, 115, 116 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, precise con claridad, cuál es el acto que reclama, ya que del escrito inicial de demanda, se desprende que se duele de LA OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN A LA PETICIONARIA DE GARANTÍAS DE SU ESCRITO DE FECHA OCHO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, el cual fue recibido en la FISCALÍA DESCONCENTRADA DE INVESTIGACIÓN EN IZTACALCO (anexo 2); posteriormente, de los anexos que exhibe la quejosa en su escrito de cuenta (anexo 1), se desprende que ya se le dio contestación de dicho escrito el diez de abril del año en curso por el encargado de la Agencia en Iztacalco, lo anterior para el efecto de que este juzgador se encuentra en aptitud de entablar la Litis constitucional, lo cual es un requisito indispensable para estudiar su demanda, lo anterior con fundamento en el artículo 108 fracción V, en relación con el artículo 114, fracción II de la Ley de Amparo; escrito aclaratorio que al integrar la demanda, se deberán acompañar las copias necesarias del mismo para cada una de las partes, se apercibe a la parte quejosa para que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del plazo antes concedido, se tendrá por no presentada dicha demanda. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia I.2o.A. J/24, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Febrero de 2000, visible a Página: 932, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que cuando la demanda incumpla con los requisitos que en dicho precepto de señalan, procede mandarla aclarar, con el apercibimiento de que en caso de incumplir con la prevención se tendrá por no interpuesta. Sin embargo, si la prevención que se formula resulta injustificada o innecesaria, en virtud de que el requisito objeto de dicha aclaración desde un principio se encontraba satisfecho dentro del ocurso de referencia, o bien porque dicho requisito no está previsto en el precepto legal en cita, no procede tener por no interpuesta la demanda de garantías, aun y cuando no se hubiera desahogado dicha prevención o se haya hecho extemporáneamente." Asimismo sostiene lo anterior el criterio jurisprudencial P./J. 36/2001, sostenido por el Pleno de nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible en la Página: 79, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." De igual forma hágase del conocimiento del aquí quejoso que en caso de que el escrito aclaratorio no satisfaga la prevención ordenada en el presente proveído dicho desahogo no interrumpirá el plazo concedido para tal fin, de conformidad con lo señalado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 106/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Página: 133 que a la letra reza: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda, y por autorizados a las personas que menciona en el mismo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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