Rosalinda Gollaz Gil

Expediente 823/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
823/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Rosalinda Gollaz Gil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este expediente como asunto concluido. Asimismo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente en que quede debidamente notificado del presente proveído, comparezca ante este tribunal federal, debidamente identificada, a fin de que le sea devuelta la copia de la audiencia de fecha cuatro de febrero de dos mil diez, que exhibió en su escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo, será destruida conjuntamente con el presente expediente transcurrido el término de ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de depuración, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído; por lo que, previa digitalización, únicamente deberán conservarse la demanda y sentencia respectivas, ya que a criterio del suscrito, no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    *** Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este expediente como asunto concluido. Asimismo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente en que quede debidamente notificado del presente proveído, comparezca ante este tribunal federal, debidamente identificada, a fin de que le sea devuelta la copia de la audiencia de fecha cuatro de febrero de dos mil diez, que exhibió en su escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo, será destruida conjuntamente con el presente expediente transcurrido el término de ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de depuración, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído; por lo que, previa digitalización, únicamente deberán conservarse la demanda y sentencia respectivas, ya que a criterio del suscrito, no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 823/2017-ll-A, promovido por Bani Oropeza Hernández, en su carácter de apoderada de Rosalinda Gollaz Gil, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la que fue remitida a este juzgado por razón de turno el mismo día, Bani Oropeza Hernández, en su carácter de apoderada de Rosalinda Gollaz Gil, promovió juicio de amparo en el que como autoridad responsable señaló a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a quien le reclamó: "IV.- ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 13 trece de julio de 2017 dos mil diecisiete pronunciado por la autoridad responsable y notificado el día 29 veintinueve de agosto del mismo año, en el cual niega el embargo de partidas.". SEGUNDO. Por auto de once de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió informe justificado a la responsable, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción 1, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por razón de técnica jurídica, posterior a que se fije la competencia, deberá analizarse la certeza o existencia de los actos reclamados a la luz de los informes justificados y las constancias que obren en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 76, abril de 1994, página 68, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y según confirma la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos en que tal proceder resulte necesario para una mejor impartición de justicia. Se transcribe el rubro de la mencionada tesis para efectos ilustrativos: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En este orden, del análisis de la demanda de amparo y del informe justificado rendido por la responsable, se colige que, la parte quejosa Bani Oropeza Hernández, en su carácter de apoderada de Rosalinda Gollaz Gil, reclama por esta vía la resolución incidental de trece de julio del dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral 379/2009, promovido por Ricardo Jiménez Estrada, en su carácter de apoderado de Rosalinda Gollás Gil, que declaró improcedente la revisión de actos del ejecutor en contra del Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Tlaxcala. TERCERO. La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en representación de dicha junta, rindió su informe justificado reconociendo la existencia del acto reclamado (folio 24); además, su existencia se corrobora con las certificadas deducidas del expediente laboral 379/2009-2. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 749 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común, Primera Parte, Sexta Sección, Procedimiento de Amparo Indirecto, página 830, que expresa lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse de oficio las causales de improcedencia, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; sin que ello implique que este juzgador esté obligado a expresar en la sentencia, el análisis de cada una de las hipótesis normativas previstas en el numeral 61 de la citada legislación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1985, Tomo VIII, Número 158, página 262, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Considerando que el suscrito no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, ya sea invocada por las partes o de oficio, procede analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. QUINTO. Antes del análisis de los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa, resulta pertinente hacer una breve relación de las constancias del sumario laboral 379/2009, mismas que se consideran trascendentales para la resolución de este juicio y, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por remisión expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, al tratarse de documentales públicas: 1. El diecinueve de marzo de dos mil diez, se dictó laudo condenatorio en contra del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, denominado Desarrollo Integral de la Familiar -DIF- Municipal Apizaco (fojas 84 a 87), la cual fue confirmada en el amparo directo D-284/2010, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito (fojas 90 a 110). 2. Mediante auto de veinte de enero de dos mil doce, se dictó el auto de requerimiento de pago y en su caso embargo en contra de la parte demandada actual tercero interesada Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, denominado Desarrollo Integral de la Familiar -DIF- Municipal Apizaco (fojas 114). 3. Mediante promoción de quince de enero de dos mil catorce, presentada ese mismo día, la parte actora solicitó se despachara auto de ejecución (foja 118 y 119). 4. Por auto de siete de marzo de dos mil catorce, se ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo (foja 120), diligencia que se llevó a cabo el veintiocho de mayo de dos mil quince, en la que se estableció la imposibilidad de efectuar el embargo de los bienes de la demanda hoy tercera interesada (foja 121). 5. El apoderado de la aquí quejosa, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil quince, interpuso recurso de revisión de actos de ejecución del actuario y en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo (fojas 122 a 125), mismo que se admitió el cuatro de agosto del mismo año (foja 126). 6. El veintiocho de septiembre de dos mil quince se llevó a cabo la audiencia de alegatos y desahogo de pruebas, en relación al recurso de revisión de actuario (fojas 127 y 128). 7. El trece de julio de dos mil diecisiete, se resolvió el recurso de revisión de actos de actuario, el que se declaró improcedente, resolución que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo (folios 166 a 171). SÉPTIMO. No se transcriben los motivos de inconformidad formulados por la quejosa, pues con ello no se infringen disposiciones de la Ley de Amparo, ni se crea un estado de indefensión, de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, del texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capitulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Sentado lo anterior, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable transgrede los artículos 14 y 17 Constitucionales, así como el acceso a la impartición de justicia, ya que jamás señalaron para embargar las partidas presupuestales, ya que lo que se solicitó fue que se creara una partida presupuestal para que se realice el pago del laudo, la cual no se encuentra inmersa en el artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo, ni restringe el pago de un laudo de la partida que se designe crear para hacer efectivo el pago al que fue condenado la demandada, dado que el presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio Fiscal 2017 establece un fondo especial para el pago de laudos y resoluciones judiciales. Continua manifestando la parte quejosa, que la determinación de la responsable obstaculiza la ejecución del laudo, al sostener que las omisiones de los actos cometidos por el actuario no es objeto de estudio en el recurso de revisión de actos de actuario y se exhorto a la actora hoy quejosa para que haga sus solicitudes ante la autoridad correspondiente. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, pues contrariamente a lo que sostiene, si solicitó el embargo de las partidas presupuestales, ya que en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintiocho de mayo de dos mil quince, la parte actora hoy quejosa en el uso de la palabra manifestó "se embargue en este acto la partida presupuestal correspondiente", situación por la cual el Actuario de la Junta responsable, estableció en la mencionada diligencia, que "no se traba embargo sobre la partida presupuestal antes mencionada toda vez que la demandada Organismo Público Descentralizado del Gobierno del H. Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala Denominado Desarrollo Integral de la Familiar del Municipal Apizaco, es un Organismo Público sin fines de lucro, cuyo funcionamiento dependiente del presupuesto asignado por lo tanto no son susceptibles de embargo, aunado a lo anterior debe observarse por analogía lo establecido en la Ley del Patrimonio del Estado de Tlaxcala, en sus artículos 2, fracción II, 3 y 4 que señalan que los organismos públicos autónomos del Gobierno Estatal y el patrimonio Público está constituido por los bienes muebles e inmuebles, Derechos patrimoniales e inversiones financieras y su patrimonio público es inalienable e imprescriptible y no podría aplicarse ninguna medida de apremio, mandamiento de ejecución, ni hacerse efectivo por ejecución forzosa mediante sentencia dictada en contra de los bienes que al constituyen." Asimismo, se refiere que se solicitó crear una partida presupuestal para realizar el pago del laudo, también deviene infundado, puesto que dicha petición fue hecha al Actuario de la junta responsable en la diligencia de requerimiento de pago y embargo, pues como acertadamente la responsable lo estableció en el acto reclamado, no es materia del recurso de revisión de actos del actuario, dado que dicho funcionario no tiene facultades para dictar el acuerdo o resolución correspondiente en la que se ordene crear partidas presupuestales para el pago del laudo dictado en el expediente laboral generador del acto reclamado, ni estaba en aptitud de embargar una partida que aún no existe. Por último, debe de establecerse que con la emisión del acto reclamado, no se obstaculiza la impartición de justicia, puesto que al no existir la partida presupuestaria para hacer el pago a la quejosa, ni la orden para crearla, ni el supuesto de que la hoy tercera interesada y el ayuntamiento de Apizaco, no puedan pagar la cantidad adeudada, devienen infundados los conceptos de violación. En ese orden de ideas, al desestimarse los conceptos de violación procede negar el amparo a la quejosa Rosalinda Gollaz Gil. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a Bani Oropeza Hernández, en su carácter de apoderada de Rosalinda Gollaz Gil, por el acto que reclamaron de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistente en la resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, en los términos señalados en el último considerando de este fallo. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    *****V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 823/2017-ll-A, promovido por Bani Oropeza Hernández, en su carácter de apoderada de Rosalinda Gollaz Gil, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, la que fue remitida a este juzgado por razón de turno el mismo día, Bani Oropeza Hernández, en su carácter de apoderada de Rosalinda Gollaz Gil, promovió juicio de amparo en el que como autoridad responsable señaló a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a quien le reclamó: "IV.- ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 13 trece de julio de 2017 dos mil diecisiete pronunciado por la autoridad responsable y notificado el día 29 veintinueve de agosto del mismo año, en el cual niega el embargo de partidas.". SEGUNDO. Por auto de once de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió informe justificado a la responsable, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción 1, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por razón de técnica jurídica, posterior a que se fije la competencia, deberá analizarse la certeza o existencia de los actos reclamados a la luz de los informes justificados y las constancias que obren en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 76, abril de 1994, página 68, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y según confirma la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos en que tal proceder resulte necesario para una mejor impartición de justicia. Se transcribe el rubro de la mencionada tesis para efectos ilustrativos: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En este orden, del análisis de la demanda de amparo y del informe justificado rendido por la responsable, se colige que, la parte quejosa Bani Oropeza Hernández, en su carácter de apoderada de Rosalinda Gollaz Gil, reclama por esta vía la resolución incidental de trece de julio del dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral 379/2009, promovido por Ricardo Jiménez Estrada, en su carácter de apoderado de Rosalinda Gollás Gil, que declaró improcedente la revisión de actos del ejecutor en contra del Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Tlaxcala. TERCERO. La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en representación de dicha junta, rindió su informe justificado reconociendo la existencia del acto reclamado (folio 24); además, su existencia se corrobora con las certificadas deducidas del expediente laboral 379/2009-2. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 749 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común, Primera Parte, Sexta Sección, Procedimiento de Amparo Indirecto, página 830, que expresa lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse de oficio las causales de improcedencia, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; sin que ello implique que este juzgador esté obligado a expresar en la sentencia, el análisis de cada una de las hipótesis normativas previstas en el numeral 61 de la citada legislación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1985, Tomo VIII, Número 158, página 262, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Considerando que el suscrito no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, ya sea invocada por las partes o de oficio, procede analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. QUINTO. Antes del análisis de los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa, resulta pertinente hacer una breve relación de las constancias del sumario laboral 379/2009, mismas que se consideran trascendentales para la resolución de este juicio y, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por remisión expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, al tratarse de documentales públicas: 1. El diecinueve de marzo de dos mil diez, se dictó laudo condenatorio en contra del Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, denominado Desarrollo Integral de la Familiar -DIF- Municipal Apizaco (fojas 84 a 87), la cual fue confirmada en el amparo directo D-284/2010, del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito (fojas 90 a 110). 2. Mediante auto de veinte de enero de dos mil doce, se dictó el auto de requerimiento de pago y en su caso embargo en contra de la parte demandada actual tercero interesada Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, denominado Desarrollo Integral de la Familiar -DIF- Municipal Apizaco (fojas 114). 3. Mediante promoción de quince de enero de dos mil catorce, presentada ese mismo día, la parte actora solicitó se despachara auto de ejecución (foja 118 y 119). 4. Por auto de siete de marzo de dos mil catorce, se ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo (foja 120), diligencia que se llevó a cabo el veintiocho de mayo de dos mil quince, en la que se estableció la imposibilidad de efectuar el embargo de los bienes de la demanda hoy tercera interesada (foja 121). 5. El apoderado de la aquí quejosa, mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil quince, interpuso recurso de revisión de actos de ejecución del actuario y en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo (fojas 122 a 125), mismo que se admitió el cuatro de agosto del mismo año (foja 126). 6. El veintiocho de septiembre de dos mil quince se llevó a cabo la audiencia de alegatos y desahogo de pruebas, en relación al recurso de revisión de actuario (fojas 127 y 128). 7. El trece de julio de dos mil diecisiete, se resolvió el recurso de revisión de actos de actuario, el que se declaró improcedente, resolución que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo (folios 166 a 171). SÉPTIMO. No se transcriben los motivos de inconformidad formulados por la quejosa, pues con ello no se infringen disposiciones de la Ley de Amparo, ni se crea un estado de indefensión, de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, del texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capitulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Sentado lo anterior, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable transgrede los artículos 14 y 17 Constitucionales, así como el acceso a la impartición de justicia, ya que jamás señalaron para embargar las partidas presupuestales, ya que lo que se solicitó fue que se creara una partida presupuestal para que se realice el pago del laudo, la cual no se encuentra inmersa en el artículo 952 de la Ley Federal del Trabajo, ni restringe el pago de un laudo de la partida que se designe crear para hacer efectivo el pago al que fue condenado la demandada, dado que el presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio Fiscal 2017 establece un fondo especial para el pago de laudos y resoluciones judiciales. Continua manifestando la parte quejosa, que la determinación de la responsable obstaculiza la ejecución del laudo, al sostener que las omisiones de los actos cometidos por el actuario no es objeto de estudio en el recurso de revisión de actos de actuario y se exhorto a la actora hoy quejosa para que haga sus solicitudes ante la autoridad correspondiente. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, pues contrariamente a lo que sostiene, si solicitó el embargo de las partidas presupuestales, ya que en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintiocho de mayo de dos mil quince, la parte actora hoy quejosa en el uso de la palabra manifestó "se embargue en este acto la partida presupuestal correspondiente", situación por la cual el Actuario de la Junta responsable, estableció en la mencionada diligencia, que "no se traba embargo sobre la partida presupuestal antes mencionada toda vez que la demandada Organismo Público Descentralizado del Gobierno del H. Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala Denominado Desarrollo Integral de la Familiar del Municipal Apizaco, es un Organismo Público sin fines de lucro, cuyo funcionamiento dependiente del presupuesto asignado por lo tanto no son susceptibles de embargo, aunado a lo anterior debe observarse por analogía lo establecido en la Ley del Patrimonio del Estado de Tlaxcala, en sus artículos 2, fracción II, 3 y 4 que señalan que los organismos públicos autónomos del Gobierno Estatal y el patrimonio Público está constituido por los bienes muebles e inmuebles, Derechos patrimoniales e inversiones financieras y su patrimonio público es inalienable e imprescriptible y no podría aplicarse ninguna medida de apremio, mandamiento de ejecución, ni hacerse efectivo por ejecución forzosa mediante sentencia dictada en contra de los bienes que al constituyen." Asimismo, se refiere que se solicitó crear una partida presupuestal para realizar el pago del laudo, también deviene infundado, puesto que dicha petición fue hecha al Actuario de la junta responsable en la diligencia de requerimiento de pago y embargo, pues como acertadamente la responsable lo estableció en el acto reclamado, no es materia del recurso de revisión de actos del actuario, dado que dicho funcionario no tiene facultades para dictar el acuerdo o resolución correspondiente en la que se ordene crear partidas presupuestales para el pago del laudo dictado en el expediente laboral generador del acto reclamado, ni estaba en aptitud de embargar una partida que aún no existe. Por último, debe de establecerse que con la emisión del acto reclamado, no se obstaculiza la impartición de justicia, puesto que al no existir la partida presupuestaria para hacer el pago a la quejosa, ni la orden para crearla, ni el supuesto de que la hoy tercera interesada y el ayuntamiento de Apizaco, no puedan pagar la cantidad adeudada, devienen infundados los conceptos de violación. En ese orden de ideas, al desestimarse los conceptos de violación procede negar el amparo a la quejosa Rosalinda Gollaz Gil. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a Bani Oropeza Hernández, en su carácter de apoderada de Rosalinda Gollaz Gil, por el acto que reclamaron de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistente en la resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, en los términos señalados en el último considerando de este fallo. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

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