Rosalinda Garcia Lopez
Expediente 170/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rosalinda Garcia Lopez
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida *****, contra actos que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda.En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia.Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes:I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En ese sentido, debe precisarse que del capítulo de acto reclamado, se advierte que la parte quejosa impugna del Juez responsable, el auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el que no se admitió el juicio de guardia y custodia pretendido, al que recayó el número de expediente 503/2020. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.El citado dispositivo legal, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.Se exceptúa de lo anterior:a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos, en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada.Partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado.Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate.Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario:a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial;b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente:"IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución."En consecuencia, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues el auto reclamado, en el que el Juez responsable en auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, no admitió el juicio promovido por la demandante, es susceptible de ser apelado. Para una mayor comprensión es necesario citar los artículos 427 y 428del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que disponen: Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior.Procedencia de la apelaciónArtículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas.Por tanto, de conformidad con el artículo 427 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el recurso de apelación es procedente contra del auto dictado por el Juez responsable.En consecuencia, procede el recurso de apelación previsto en el artículo 427 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el cual va tener por efecto confirmar, revocar o modificar la determinación reclamada.Lo anterior es así, pues de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que el proveído reclamado corresponde al auto de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el que no se admitió el juicio pretendido, por lo que se refiere a cuestiones de índole meramente procesal, es decir, adjetivas, no sustantivas que no trascienden del procedimiento; lo que conlleva a establecer que tal determinación es apelable; recurso que en el caso no fue agotado por el directo quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.44/2012 (10ª) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época, visible en la página 729, cuyo rubro y texto es el siguiente:"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo."Esto es así, toda vez que, en el caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado, en el que se no fue admitido el juicio de guarda y custodia pretendido, no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni la quejosa es persona extraña al procedimiento, sino que se trata de la parte actora, tal como se advierte de las constancias del procedimiento de origen. Además de que la ley es muy clara en precisar la procedencia del recurso en contra de acuerdos como el reclamado, pues no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la quejosa quedará en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo.En ese orden de ideas, en contra del acuerdo reclamado, procedía el recurso de apelación, el cual la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar; y al no haberlo hecho así, el juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser susceptible de análisis un acto respecto del cual previamente debió interponerse el medio de impugnación que la ley prevé, actualizándose así, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo.Sin que obste que en el caso el acto reclamado guarde relación con la guarda y custodia de una menor, lo cual pudiera considerarse como un acto cuya ejecución es de imposible reparación; sin embargo, como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la irreparabilidad del acto no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad; de ahí que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar previo a la promoción del presente juicio de amparo, el recurso procedente en contra del referido acto aquí reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 113/2013 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 350 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo."Al respecto, también resulta importante destacar, que no pasa inadvertida para quien esto resuelve, la existencia de la jurisprudencia 1ª./J.77/2013 (10ª), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO"; sin embargo, no resulta exactamente aplicable al caso, porque no obstante que está involucrada una menor de edad y pudiese decirse que con motivo del desechamiento del juicio, pudiese sufrir una afectación; lo cierto es que la determinación de mérito que se combate vía amparo indirecto, de conformidad con la información que se desprende de la demanda, fue dictada precisamente para salvaguardar el interés superior de la menor, ante la falta de personalidad o legitimación para acudir en representación de la menor de la aquí quejosa; es decir, que con la emisión del referido acuerdo reclamado no se advierte que de ejecutarse se genere la existencia de un riesgo para la menor y que por ello se requiera la existencia de un medio de impugnación que permita la suspensión de la ejecución del acto reclamado, pues por el contrario, con su ejecución se pretende salvaguardar su interés superior, en virtud de que solicita su custodia una persona que no acreditó personalidad para ello, por lo que en el caso no se actualiza el supuesto de excepción establecido en la jurisprudencia mencionada. En tal virtud, no se advierten indicios de que el desechamiento del juicio, pudiera poner en situación de vulnerabilidad su interés superior, que conlleve la salvaguarda de sus derechos.En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, las que resultan indudables, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes.Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo; asimismo, téngase como sus autorizados a las personas que designa en su demanda de amparo, con las limitaciones del artículo 112 de la Ley de amparo. Ahora bien, en cuanto a su diversa solicitud, consistente en que se permita el uso de medios electrónicos para tomar fotografías del presente expediente; con apoyo en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se accede a lo instado.Teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020.Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En el entendido, que las diligencias de notificación deberán realizarse acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores públicos del CJF que realiza notificaciones.
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