Rosalinda Ferreyra Ramirez

Expediente 1307/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1307/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Rosalinda Ferreyra Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se desprende que mediante escrito presentado el siete de diciembre pasado, en cumplimiento a la prevención que se hizo a la quejosa manifestó que también es su deseo señalar como acto reclamado el Acuerdo Administrativo de trece de septiembre de dos mil veintidós, como el oficio ********************, emitido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, y que en diverso proveído de ocho del mes y año en curso, se requirió a la promovente para que ratificara su escrito presentado el siete de los actuales, lo cual ya aconteció. Ahora bien, el suscrito estima que procede desechar la demanda respecto de los actos reclamados por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el Acuerdo Administrativo de trece de septiembre de dos mil veintidós, por las siguientes razones:? El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe:?? "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano".? En efecto, este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia.? Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.?? En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio.? Ahora, el numeral 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, disponen:? "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:? I.Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;?? II.?Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;?? III.?Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;? IV.Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."? "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."? "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquéllos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor."? "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)".? De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber:? a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame;? b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor.? c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17.?? Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el último de los supuestos descritos.?? En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos; además de que el artículo 19 de la ley de la materia, señala claramente los días inhábiles para su presentación.? De las documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda, específicamente de la cédula de notificación de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, realizada por la notificadora habilitada del H. Ayuntamiento de Morelia, se advierte que en esa data notificó a la quejosa el acuerdo administrativo de fecha trece de septiembre del mismo año, que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En las relatadas condiciones, es inconcuso que si la parte quejosa se enteró del acto reclamado, desde el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, el término de quince días que prevé la ley de la materia, para promover demanda de amparo en su contra, la cual presentó el uno de los actuales, transcurrió en exceso; por tal motivo resulta extemporánea la demanda de garantías respecto del acto en cuestión, en virtud de haber excedido en exceso el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo.? Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,? tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que a la letra dice:? "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).? El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados."? Por otra parte, respecto de los diversos actos reclamados consistentes en los oficios número 1741/2022 y ********************, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIII, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]" La disposición legal transcrita permite establecer que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de otros consentidos, como se observa de la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, localizable en la página 12, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Del referido criterio se obtiene que el juicio de amparo es improcedente, cuando se promueve contra actos que no son sino una consecuencia legal de otro, que la ley reputa como consentido, es decir, que entre el acto reclamado y el cual se consintió, exista una relación de causa y efecto, o sea, que se traduzca en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. De igual manera, es de citar la diversa tesis de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 922, del Tomo LXXXI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital 323235, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Del criterio citado derivan los elementos necesarios para considerar a un acto derivado de otro consentido: 1. El acto sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente. 2. El acto anterior no se haya combatido a pesar de causarle agravio. 3. El acto reclamado no se combata por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. De ese modo, el consentimiento existe por el inejercicio del derecho de impugnación destinado a primer algún medio de defensa en contra del acto de autoridad, es decir, por la falta de la interposición de los recursos previstos en la ley o, en su caso, del juicio de amparo, toda vez que son estos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o nulificarlos; y, por tanto, solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa sirven como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. Por tanto, la justificación de esta causa de improcedencia radica en que el juicio de amparo no puede ser el remedio extraordinario para analizar la constitucionalidad de un acto de autoridad, cuyo antecedente necesario no fue impugnado por el quejoso mediante un recurso ordinario o, en su caso, el propio juicio de amparo; sostener lo contrario, implicaría dejar al quejoso la posibilidad de promover el amparo en contra del acto posterior, aun cuando su situación jurídica sea la misma al primer acto. Ahora, de las documentales que adjunto la quejosa a su demanda de amparo, consistentes en los oficios número 1741/2022 y ********************, ambos de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, expedidos por el Director de Mercados y Plazas, dirigidos a la quejosa y a -, respectivamente, se advierte en ambos lo siguiente: ".Toda vez que no ha dado cumplimiento al Acuerdo Administrativo de fecha trece de septiembre del año 2022, emitido por esta Dirección de Mercados y Plazas, en el cual se delimitó el espacio que corresponde a la licencia municipal de funcionamiento número - expedida a la C. -, siendo el número -del área de sombreros del Mercado Independencia, razón por la cual se emitió la orden escrita-de fecha 17 de noviembre del año en curso, con la cual los inspectores adscritos a esta Dirección, dieron cumplimiento con la correspondiente clausura del local en cita, actuación en la que usted manifestó que el local es ocupado por su señora madre -donde oferta manteles de plásticos." Atento a lo anterior, es evidente que los oficios números 1741/2022 y ********************, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, son consecuencia del acuerdo administrativo de trece de septiembre del mismo año, que fue consentido. Por tanto, desde que se emitió el acuerdo administrativo de trece de septiembre, en el que se requirió a la quejosa para que retirara sus pertenecías y mercancía del local número seis del área de sombreros del Mercado Independencia de esta ciudad, estuvo conforme con dicha determinación, siendo evidente que estuvo en posibilidad de inconformarse respecto del acuerdo de referencia, en donde pudo hacer valer los argumentos relativos a lo correcto o incorrecto del mismo, por lo cual, es inconcuso que la decisión que en realidad le perjudicaba era precisamente la emitida el trece de septiembre de dos mil veintidós, la cual consintió. Se cita al respecto la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado, consultable en la página 582, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital 202345, del rubro y siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas artículo 61 fracción XIII y XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 19, procede DESECHAR la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial se desprende que la autoridad responsable, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no ha remitido las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector. Atento a lo anterior, requiérase a la responsable de mérito, para que dentro del término de tres días legamente computado, se sirva remitir las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento dado a la sentencia emitida en el presente juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar la imposibilidad que haya tenido para cumplir con la misma, se le impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso la resolucion emitida el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós que en esencia señala "... Vistos para resolver los autos del juicio de amparo II-998/2022-2 promovido por - - por propio derecho contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacan con residencia en esta ciudad y otra y Por lo expuesto y fundado y con sustento ademas en los articulos 33 35 37 74 77 y sexto transitorio de la Ley de Amparo S E R E S U E L V E UNICO La justicia Federal ampara y protege a - - respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas en el considerando segundo para los efectos precisados en el cuarto considerando Notifiquese personalmente ..." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 27 fracción I inciso B de la Ley de Amparo.

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