Rosalinda Cordero Guridi

Expediente 630/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
630/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Rosalinda Cordero Guridi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de julio de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: IV. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado resuelve recurso. Se desecha demanda de amparo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la persona secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el expediente original del juicio de amparo indirecto 630/2023-V de la estadística de este órgano jurisdiccional, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de junio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 152/2023 de su índice, misma que en su único punto resolutivo establece: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por *** en contra del acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 630/2023, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo de Juicios Federales en el Estado de Puebla." Acuse de recibo. En consecuencia, acúsese recibo de estilo al Tribunal Colegiado del expediente original del juicio de amparo indirecto 630/2023-V, así como del testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de junio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 152/2023 de su índice. Por otra parte, respecto al cuaderno de antecedentes que se ordenó formar, agréguense a los autos únicamente los documentos recibidos de manera física. Se advierte que el tribunal oficiante preciso los efectos para los cuales se declaró fundado el recurso de queja siendo los siguientes: *** En consecuencia, se procede a proveer lo conducente conforme a derecho corresponde. En primer lugar, se precisa que el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 152/2023 del índice del tribunal colegiado oficiante fue emitida el quince de junio de dos mil veintitrés. En segundo lugar, se precisa que constituye un hecho notorio que en sesión pública ordinaria celebrada el jueves veintidós de junio del año en curso, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad con número de expediente 71/2023 y sus acumuladas, en la que se declaró la invalidez del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés, pues se estimó que, durante la aprobación del referido decreto, el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, tal como se advierte de la versión taquigráfica de la referida sesión pública ordinaria que se inserta en seguida: *** De lo anterior, se advierte que, posterior a la fecha de la ejecutoria emitida por el tribunal colegiado oficiante [veintidós de junio de dos mil veintitrés], la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar el decreto de referencia, el cual constituye en esencia el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia respecto de la demanda de amparo acorde a las consideraciones anteriormente narradas, sin que lo anterior implique desatender la ejecutoria recibida, pues de oficio se advierten cuestiones que no eran consideradas al momento de que se pronunció el tribunal colegiado al resolver el recurso de queja. Expuesto lo anterior, del análisis de la demanda de amparo se advierte que, en virtud a nuevos hechos ocurridos, procede desecharla por ser notoriamente improcedente atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a la persona juzgadora de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, promulgación y publicación del "Decreto por el cual se realizan reformas, adiciones y derogaciones a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral", se actualiza al día de hoy, la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: *** Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando este haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. *** En ese sentido, de las consideraciones expuestas anteriormente, se advierte que derivado de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves veintidós de junio del año en curso, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad con número de expediente 71/2023 y sus acumuladas, en la que se declaró la invalidez del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés. Al declararse la invalidez del Decreto impugnado, el Alto Tribunal determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquel, es decir, al dos de marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, con la determinación adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de junio de dos mil veintitrés, cesan los efectos del acto reclamado, por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera concedido el amparo, pues en su caso, esa concesión tendría el efecto de declarar la inconstitucionalidad del Decreto cuestionado, lo que ya aconteció en la especie. Por tanto, derivado del hecho anterior, los actos reclamados han cesado sus efectos; pues en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo [treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés], esto es, el veintidós de junio de dos mil veintitrés, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del decreto que se impugna en la presente vía constitucional. Bajo ese tenor, se puede advertir que los efectos de esos actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional. Es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, SOBRESEIMIENTO POR CESACION DE LOS EFECTOS DEL, CUANDO SE DEROGA LA LEY COMBATIDA, AUN SI EXISTEN COMPROBADOS ACTOS DE APLICACION, POR NO HABER RENDIDO INFORME AUTORIDADES RESPONSABLES, Y SI SE COMBATIO LA LEY POR SER AUTOAPLICATIVA. *** También resulta aplicable, el criterio sustentado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. *** Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. *** "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. *** En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente a la fecha en que se dicta la presente determinación. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Autoridad informa notificación a perito oficial. Agréguese a los autos el oficio del Titular del Instituto de Ciencias Forenses, mediante el cual informa que realizó las gestiones correspondientes a fin de notificar a la perita oficial Ximena Ramos Valdez, el acuerdo del diecinueve de abril de dos mil veintitrés; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado devuelve autos originales. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual informa que no fue recurrido el proveído de treinta de marzo del presente año emitido en el toca R-174/2023, que desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado, Antonio Juárez Luna, en contra de la sentencia de uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo; por lo que se declaró que tal proveído quedó firme. Además, remite el original del juicio de amparo 2095/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese de recibo al Tribunal oficiante respecto del expediente original del juicio de amparo 2095/2022, del índice de este juzgado. Cuaderno de antecedentes. Procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de revisión y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

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