Rosalinda Cigarroa Escabar y Otros.

Expediente 987/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
987/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
25/01/2021

Partes del expediente

  • Rosalinda Cigarroa Escabar y Otros.
  • Rosalinda Cigarroa Escabar

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de quince de diciembre de dos mil veinte, por el que se desecha la demanda de amparo promovida por Rosalinda Cigarroa Escobar y Martín Reyes Bautista, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. NOTIFÍQUESE...MESA 7

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de diciembre de dos mil veinte. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Rosalinda Cigarroa Escobar y Martín Reyes Bautista, por propio derecho, contra actos que reclaman de María Esther Trejo Manubes presidenta de COPASI. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 987/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Ahora, atendiendo a que la demanda presentada por los quejosos Rosalinda Cigarroa Escobar y Martín Reyes Bautista, por propio derecho, se realizó electrónicamente, del contenido de la misma, se advierte que la misma carece de la firma electrónica de los peticionarios de garantías, tal y como se observa del contenido del archivo correspondiente. En ese orden de ideas, es menester señalar el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la anterior transcripción, se puede advertir que constitucionalmente el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste solo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la carta fundamental o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; es decir, solo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de control constitucional constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo, regula la legitimación para acudir a promover el amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del numeral 5o., fracción I, de esa legislación, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos estatuidos en el diverso 1o de la ley aplicable y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe destacar que en la forma escrita, la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta mediante la firma, ya que ésta constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes, expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente y con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; de donde se advierte que es requisito indispensable que el escrito a través del cual se insta la tutela judicial contenga la firma autógrafa del promovente, ya que de lo contrario debe estimarse que en dicho escrito no se incorporó esa expresión de voluntad de la persona, cuyo nombre encabeza el ocurso. De tal modo, que si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone explícitamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, en relación con el numeral 6 de la Ley de Amparo, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente; salvo en los casos de excepción que expresamente estatuidos en la propia ley. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la demanda de amparo fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en este sentido debe señalarse que el uso de la firma electrónica, se encuentra regulado en el artículo 3o. de la Ley de Amparo al señalar la posibilidad para las partes de actuar ante este órgano jurisdiccional mediante el empleo de diversas tecnologías electrónicas, como lo es la firma electrónica, la cual se encuentra regulada en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, del cual se puede deducir que la Firma Electrónica Certificada del Poder dentidad a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de tal forma que al presentar la demanda de amparo por vía electrónica, como en el caso que nos ocupa, la misma debió´ contar con dicha firma electrónica de quienes aparecen como promoventes, sin que se cubra dicho requisito con el hecho de que el mismo contenga firmas autógrafas. Es decir, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito; es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a "instancia de parte agraviada" y, por esa razón, debe estar firmada electrónicamente con la FIREL de la parte quejosa, a fin de que no exista duda sobre la voluntad del quien aparece como promovente, sin que sea factible que ante la ausencia de la firma electrónica de una demanda de amparo por los quejosos, presentada por los medios electrónicos a los que se ha hecho referencia, este juzgador proceda en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, que se requiera para la satisfacción de un requisito fundamental para demostrar el consentimiento y voluntad de quien promueve el amparo, porque ante la ausencia de firma lo único indubitable, es que no existe voluntad de los quejosos de presentar la demanda; es decir, no hay instancia de parte y, en ese sentido no cabe prevención alguna. Ahora, no se soslaya que conforme al artículo 15 de la ley referida, dicha firma electrónica resulta innecesaria cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el precepto legal citado; sin embargo, los actos reclamados expuestos en el escrito de demanda presentada por los impetrantes de amparo no se encuentran en el supuesto, pues de los antecedentes citados por éstos, no se advierte la imposibilidad que tengan para promover personalmente o por los medios electrónicos referidos. De lo anterior, se ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad del agraviado, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo, o como es en el caso que nos ocupa, de la firma electrónica de quien aparece como promovente, la cual hace las veces de firma autógrafa; de tal manera que sí éste se presenta sin la misma, debe desecharse, pues no existe certeza de su autenticidad, más aún, que tal y como ya se advirtió, del contenido de la propia demanda, no se advierte la imposibilidad que tengan los quejosos para promover personalmente. Por tanto, dado que la firma electrónica de los promoventes no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que la voluntad de la parte, de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, es por lo que, ante la falta de firma en el caso en concreto de la firma electrónica de los inconformes, no hay forma de saber si es voluntad de esas personas, promover el juicio constitucional, sin que dicho requisito se pueda tener por satisfecho con las dos firmas que calzan el documento y que al parecer son autógrafas, pues no se tiene la certeza de que las mismas correspondan a los quejosos y por ende, no se aprecia la voluntad de quienes aparecen como promoventes, es decir, no hay instancia de parte. En consecuencia, toda vez que la demanda de amparo en cuestión, carece del signo escrito que exteriorice la voluntad de las personas que demandan la protección y dado que por disposición de artículo 107, fracción I, de la Constitucional Federal y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, éste debe declararse improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, interpretando a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede desecharla, al no existir petición de dicho quejoso que figura como afectado por el acto de autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada visible en la página 315, Tomo X, Octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Así como, la tesis aislada visible en la página 303, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Máxime que los actos que señalan como reclamados consistentes en la posible detención por parte de la policía municipal ya que refieren que reinstalarán una canastilla para bolsas de basura, no son actos privativos de la libertad, sino que en todo caso se trata actos futuros de realización incierta, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del juicio amparo, puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretende combatir, aun no se han materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio, en el entendido que no se le atribuye a alguna autoridad en los antecedentes de la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Desechamiento de la demanda. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica por Rosalinda Cigarroa Escobar y Martín Reyes Bautista, por propio derecho. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Por otro lado toda vez que los quejosos no señalaron un domicilio para oír y recibir notificaciones, mientras no señalen un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, por única ocasión se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calzada del Invernadero, 41, unidad habitacional Adolfo López Mateos, código postal 54070, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, notifique el contenido del presente proveído a los quejosos. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento.Notifiquese.

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