Rosalinda Celeste Ocampo García
Expediente 263/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/05/2021
Partes del expediente
- Rosalinda Celeste Ocampo García
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Presidenta en representación de la Junta Especial Número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, rinde su informe justificado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, la documental que adjunta a dicho informe. Ahora, cabe precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo constituye: - La omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral con expediente número ----- dentro del término previsto por la Ley Federal del Trabajo. De las constancias enviadas por la Junta responsable, se desprende que el veintiséis de abril de la presente anualidad, emitió el laudo correspondiente. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto han cesado los efectos del acto reclamado, lo que impone sobreseer en el presente juicio, en virtud de que mediante oficio sin número, recibido en este Juzgado el trece de los corrientes, la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, remitió constancias que acreditan que el veintiséis de abril de la anualidad cursante se pronunció respecto del acto reclamado; esto es, emitió el laudo correspondiente en los autos del expediente laboral -----; tal y como se advierte de las constancias que anexó en copia certificada; documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Así es, el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Sobre el particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. En ese contexto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, en el caso, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado, pues si la quejosa reclama la omisión de dictar el laudo correspondiente; y, éste fue emitido el veintiséis de abril del año en curso, es evidente que el acto reclamado dejó de existir; pues al reprogramar la fecha respectiva, la dilación de la que se dolió dentro del juicio laboral quedó insubsistente, creándose una situación jurídica que destruyó la que originó la promoción del presente juicio, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro 196820, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación jurídica anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo." Por tanto, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y procede sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandatan los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sirve de sustento la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 184572, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, con el epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En cumplimiento al apercibimiento inserto en el CITATORIO de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se notifica por lista a la parte quejosa el auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, que es del tenor siguiente: Toluca, Estado de México; catorce de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Presidenta en representación de la Junta Especial Número Tres, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, rinde su informe justificado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, la documental que adjunta a dicho informe. Ahora, cabe precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo constituye: - La omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral con expediente número ----- dentro del término previsto por la Ley Federal del Trabajo. De las constancias enviadas por la Junta responsable, se desprende que el veintiséis de abril de la presente anualidad, emitió el laudo correspondiente. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto han cesado los efectos del acto reclamado, lo que impone sobreseer en el presente juicio, en virtud de que mediante oficio sin número, recibido en este Juzgado el trece de los corrientes, la Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, remitió constancias que acreditan que el veintiséis de abril de la anualidad cursante se pronunció respecto del acto reclamado; esto es, emitió el laudo correspondiente en los autos del expediente laboral -----; tal y como se advierte de las constancias que anexó en copia certificada; documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Así es, el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Sobre el particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. En ese contexto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, en el caso, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado, pues si la quejosa reclama la omisión de dictar el laudo correspondiente; y, éste fue emitido el veintiséis de abril del año en curso, es evidente que el acto reclamado dejó de existir; pues al reprogramar la fecha respectiva, la dilación de la que se dolió dentro del juicio laboral quedó insubsistente, creándose una situación jurídica que destruyó la que originó la promoción del presente juicio, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro 196820, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación jurídica anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo." Por tanto, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y procede sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. No es óbice que dicho sobreseimiento se decrete fuera de la audiencia constitucional, puesto que se surte la causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable razonada en párrafos precedentes. De estimarse lo contrario, se incurriría en una dilación que en nada abonaría a la impartición de justicia pronta, completa y eficaz que mandatan los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sirve de sustento la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 184572, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, con el epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual la Secretaria de la Comisión de Servicios Profesional de Carrera, Honor y Justicia de Almoloya de Juárez, Estado de México, informa las gestiones que está realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente; igualmente, remite las constancias con las que lo acredita, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
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