Rosalinda Alarcón Soto

Expediente 595/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
595/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/12/2021

Partes del expediente

  • Rosalinda Alarcón Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a trece de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ROSALINDA ALARCÓN SOTO, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 595/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente dispone que el Juez de Distrito debe desechar una demanda cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sobre esta perspectiva, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.]." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." (Lo resaltado es propio). En ese sentido, la impetrante del amparo, precisa como acto reclamado: "El acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el cuadernillo administrativo 668/2021 formado con motivo de la promoción dirigida al Juicio Especial Hipotecario 2507/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Ver." Para una mejor comprensión del asunto, es conveniente destacar que del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que por esta vía se combate fue emitido en ejecución de sentencia, pues de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la impetrante, y de los conceptos de violación, se desprende. "La suscrita interpuso incidente de nulidad de actuaciones dentro de la sección de ejecución del expediente 2507/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Ver., ello al considerar que dentro del procedimiento de remate iniciado se han lesionado en mi perjuicio violaciones a las formalidades esenciales que rigen dicha clase de actos jurídicos." De lo anterior, se colige que el acuerdo de veinticuatro de noviembre del año en curso, dictado en el cuadernillo 668/2021 formado con motivo de la promoción dirigida al juicio especial hipotecario 2507/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, en el que omite dar curso al recurso de apelación interpuesto por el autorizado de la parte demandada, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio especial hipotecario. Se afirma lo anterior, porque dicha actuación no puede considerarse como un acto autónomo, sino que por el contrario, se trata de un acto dictado en el procedimiento de ejecución, lo que implica que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme a la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, no es aplicable la regla genérica de procedencia prevista en la citada fracción, sino aquella que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de un fallo, motivo por el cual el presente sumario de derechos fundamentales resulta improcedente. En efecto, el acuerdo de veinticuatro de noviembre del año en curso, dictado en el cuadernillo 668/2021 formado con motivo de la promoción dirigida al juicio especial hipotecario 2507/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, y omite dar curso al recurso de apelación interpuesto por el autorizado de la parte demandada, no es la última resolución dentro del procedimiento de ejecución; por tanto, no se satisface el requisito de procedibilidad del juicio de amparo en la vía indirecta a que se contrae la fracción IV, del numeral 107 de la Ley de Amparo, pues no constituye un acto que posea autonomía propia o que no tenga como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Lo anterior es así, porque tal acto no goza de autonomía propia o destacada con relación al procedimiento de ejecución de sentencia -debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante- sino que el auto combatido no es ajeno a la cosa juzgada, pues está relacionado con la forma en que se pretende ejecutar la sentencia y planillas de liquidación de intereses aprobadas, ya que tiene como apoyo la existencia de un fallo que tiene el carácter de cosa juzgada. Por consiguiente, si en el caso, el juicio de amparo se promovió en contra de un auto dictado en la etapa de ejecución de sentencia y con independencia de las violaciones en que se haya incurrido, se tiene que: a) no se presentó en contra del último acto dictado en la ejecución de la sentencia -sino en contra de una determinación que se emitió en dicha etapa-; y b) no se genera una afectación de derechos sustantivos del impetrante-toda vez que se relaciona directamente con la ejecución de la cosa juzgada-; es claro que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, ya que el impetrante podrá hacer valer las violaciones cometidas en dicho proveído hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución; puesto que, en su caso, al tener por cumplido el fallo, declarar la imposibilidad material o jurídica para ejecutarlo o bien, ordenar el archivo del expediente, estará en aptitud de formular las violaciones derivadas del auto aquí reclamado. Tiene apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Sin que el auto dictado en el juicio especial hipotecario tenga una ejecución de imposible reparación, es decir, que afecte de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural no resarcibles en la resolución definitiva, para considerar que excepcionalmente procede en su contra el juicio de amparo indirecto, de conformidad con la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual solo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Ello es así, pues el acuerdo de veinticuatro de noviembre del año en curso, dictado en el cuadernillo 668/2021 formado con motivo de la promoción dirigida al juicio especial hipotecario 2507/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, en el cual se omite dar curso al recurso de apelación interpuesto por el autorizado de la parte demandada, no es la última resolución dentro del procedimiento de ejecución; por lo que es inconcuso, que se encuentra directamente vinculado con la ejecución de la sentencia dictada en el juicio especial hipotecario 2507/2016 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad. Esto es así, porque, en la sesión del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo lugar el cuatro de mayo de dos mil diez, origen de la jurisprudencia anterior, se resolvió que el juicio de amparo indirecto sí es procedente en contra de actos intermedios emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, siempre que dichos actos: a) Afecten de manera directa derechos sustantivos, y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En la ejecutoria citada se señaló que los derechos sustantivos afectados se considerarán ajenos a la cosa juzgada cuando sean ajenos a los derechos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, cuando la afectación a dichos derechos no sea una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto no sólo es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sino que contra actos intermedios emitidos dentro de dicho procedimiento, en la medida en que afecten en forma directa derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, cuestión que en el caso, como se analizó, no acontece dado que el requerimiento de pago fue emitido en acatamiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen y a las planillas de liquidación aprobadas, por ende, no es ajeno a la cosa juzgada en definitiva. Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por ser notoria e indudable su improcedencia. AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a RafaeI Santorum Vásquez, Hugo Edel Cornejo Domínguez, Isidro Santorum Melo y Gamaliel Villegas González, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Alejandra Gómez González y Rafael Santorum Melo, al no contar con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito. ACCESO, CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Por otra parte, toda vez que la quejosa solicita el acceso y la consulta del expediente electrónico del presente juicio, así como notificaciones electrónicas; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por dicho medio. En virtud de lo anterior, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, para que de inmediato, realice el trámite correspondiente para que la impetrante pueda tener acceso, consultar y ser notificada vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo, con el usuario: Abogadocornejo. Se significa al ocursante, que a partir del día de hoy se encuentra habilitada para realizar la consulta vía internet, así como recibir notificaciones personales vía electrónica; por lo que, todas las notificaciones que se le realicen en este asunto, se regirán conforme a lo previsto en la ley de la materia para las notificaciones electrónicas. Se tienen por señalados el correo electrónico y el número telefónico proporcionados por la impetrante, y agréguense como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario J Arturo Mojica Sosa, que autoriza y da fe.

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