Rosalina Cano Ramos
Expediente 676/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 676/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rosalina Cano Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así mismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, en virtud de que el dieciséis de agosto de este año, se desechó la demanda y que dicha determinación causa estado con esta fecha. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Finalmente, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental.
- Principal
Agréguese el escrito signado por Rosalina Cano Ramos, parte quejosa, mediante el cual en atención a la prevención formulada en autos aclara su demanda de amparo en los términos que se le solicitaron; en tal virtud se provee: Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda y escritos aclaratorios, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y escritos aclaratorios se colige que la quejosa reclama de la autoridad responsable: La determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, dictada en el expediente 160/2002, por el Juez Primero de lo Familiar, de esta ciudad, en el que no se ha dictado sentencia, según lo manifestado por la quejosa bajo protesta de decir verdad. Sobre el particular, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, este última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( . . . ) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada ley, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. Así pues, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, debido a que tales criterios se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dichos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor; puesto que hacer extensivo el concepto de "actos de imposible reparación" o "de ejecución irreparable" "a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal", porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica "es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva". De igual forma, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que la posible afectación al derecho a la administración de justicia pronta, derecho a la jurisdicción, o bien, al hecho de que el tiempo transcurrido en la tramitación de un procedimiento no pueda ser objeto de restitución posterior, no tiene el alcance de hacer procedente el juicio de amparo indirecto, en tanto que dicha lesión no reviste de la naturaleza "material" necesaria para ser considerada como un verdadero acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Cierto, el mero hecho de que algún acto de un órgano jurisdiccional afecte la prontitud o celeridad con la que deben llevarse a cabo los juicios, no implica de suyo, que se está frente a un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que una de las motivaciones de la reforma constitucional fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, "debe estimarse que la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional", de tal suerte que "sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza", en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo. Consecuentemente, si el legislador federal, en uso de su facultad configurativa, decidió "acotar" la noción de los actos de imposible reparación, a fin de que sólo en casos verdaderamente excepcionales los gobernados puedan combatir mediante el juicio de amparo indirecto actos intraprocesales, resulta inconcuso que, por regla general, la sola afectación a la celeridad o prontitud de los procedimientos jurisdiccionales es insuficiente para actualizar la hipótesis contenida en el precepto 107, fracción V, de la ley de la materia. Máxime si, abundó el tribunal pleno, estimar lo contrario, conllevaría a aceptar que, prácticamente, cualquier actuación dilatoria en la administración de justicia o abstención de admitir y dar trámite a una promoción o solicitud de las partes -y cuya ilegalidad tendría como efecto que se mande a reponer el procedimiento-, podría ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto, por estimarse que resulta lesiva al derecho a la justicia pronta. Con lo cual, indefectiblemente, se vaciaría de contenido la finalidad que tuvo el legislador federal, consistente en dotar de verdadera excepcionalidad a la hipótesis de procedencia de la acción constitucional prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, ya que facilitaría la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios, pretextándose la violación al acceso a la justicia pronta. En consecuencia -concluyó el alto tribunal-, es dable colegir que, por regla general, los actos dictados dentro de un juicio que presuntamente generen una afectación a la celeridad o expedites del proceso, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. De acuerdo con lo anterior, la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, dictada en el expediente 160/2002, por el Juez Primero de lo Familiar, de esta ciudad, no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Se afirma lo dicho, en razón de que es un acto que produce efectos intraprocesales que no menoscaban de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte quejosa en cuanto sus consecuencias no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que dependen de que lleguen o no a trascender al desenlace del procedimiento natural, instante en el que sus secuelas se consumarían de manera efectiva. Ciertamente, los efectos del acto reclamado no son de imposible reparación al no afectar de manera inmediata derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad, de tal dimensión que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener un laudo favorable en el procedimiento de origen por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate, sino sólo formales o intraprocesales que no afectan los derechos mencionados. Si bien la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual se determinó improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, puede violentar el derecho a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional ante una eventual reposición de procedimiento, ello no conlleva a que, derivado de tal afectación, se considere de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto, ya que es menester que la referida violación sea de naturaleza "material" y no puramente formal o adjetiva, pues tal acto solamente depara consecuencias dentro del procedimiento, al afectarse la celeridad o prontitud del juicio originalmente promovido, sin que trascienda a la persona o bienes del quejoso, más allá de lo meramente procedimental. Esa postura es la más acorde con el propósito al que está llamado a salvaguardar la nueva redacción del precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, a saber, "evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional", pues la interposición de múltiples juicios de amparo contra actos intraprocesales, lejos de permitir salvaguardar el referido derecho, podría traducirse también en una afrenta a la prontitud de la justicia, al retrasar el dictado del fallo definitivo en el procedimiento laboral de origen. De esta forma, es improcedente el presente juicio de amparo indirecto en tanto que el acto reclamado únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor de la quejosa, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio de origen se desarrollara en todas sus etapas, y el impetrante tendría la oportunidad de ser oído y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo, en términos de la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo. Máxime, que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que en el expediente 160/2002, del cual deriva el acto reclamado no se ha dictado la sentencia correspondiente. En apoyo de lo anterior, por las razones jurídicas que la forman, se cita la jurisprudencia 2a./J 23/2008, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". Asimismo la jurisprudencia VI.2o.C. J/11 (10a.), del texto siguiente: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley". De igual forma, la tesis I.3o.C.66 K (10a.), que a la letra dice: "COSTAS. PARA QUE SU CONDENA EN UN INCIDENTE SEA RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, DEPENDE DE QUE LA MATERIA DEL FONDO DE AQUÉL HAGA PROCEDENTE DICHO JUICIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 29/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, junio de 2009, página 77, de rubro: "COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA.", establece que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente. En ese sentido, la ausencia de condena en costas no hace procedente por sí misma el juicio de amparo indirecto, debido a que no afecta directamente un derecho sustantivo, ya que puede acontecer que aquella condena se decida al momento de resolver en definitiva el fondo del juicio, donde incluso, de oficio el juzgador realice la compensación de las costas correspondientes a dicho incidente con las del fondo del negocio, en cuyo supuesto podrá reclamarse en amparo directo como una violación procesal o en una formal, según el caso; de ahí que el amparo indirecto será procedente únicamente cuando exista condena en costas en el incidente cuya materia no sea reclamable mediante dicho juicio, pero éstas traten de ejecutarse". Decisión En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIECISIETE DE AGOATO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguese el escrito signado por Rosalina Cano Ramos, parte quejosa, mediante el cual en atención a la prevención formulada en autos aclara su demanda de amparo en los términos que se le solicitaron; en tal virtud se provee: Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda y escritos aclaratorios, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y escritos aclaratorios se colige que la quejosa reclama de la autoridad responsable: La determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, dictada en el expediente 160/2002, por el Juez Primero de lo Familiar, de esta ciudad, en el que no se ha dictado sentencia, según lo manifestado por la quejosa bajo protesta de decir verdad. Sobre el particular, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, este última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( . . . ) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada ley, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. Así pues, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, debido a que tales criterios se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dichos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor; puesto que hacer extensivo el concepto de "actos de imposible reparación" o "de ejecución irreparable" "a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal", porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica "es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva". De igual forma, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que la posible afectación al derecho a la administración de justicia pronta, derecho a la jurisdicción, o bien, al hecho de que el tiempo transcurrido en la tramitación de un procedimiento no pueda ser objeto de restitución posterior, no tiene el alcance de hacer procedente el juicio de amparo indirecto, en tanto que dicha lesión no reviste de la naturaleza "material" necesaria para ser considerada como un verdadero acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Cierto, el mero hecho de que algún acto de un órgano jurisdiccional afecte la prontitud o celeridad con la que deben llevarse a cabo los juicios, no implica de suyo, que se está frente a un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que una de las motivaciones de la reforma constitucional fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, "debe estimarse que la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional", de tal suerte que "sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza", en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo. Consecuentemente, si el legislador federal, en uso de su facultad configurativa, decidió "acotar" la noción de los actos de imposible reparación, a fin de que sólo en casos verdaderamente excepcionales los gobernados puedan combatir mediante el juicio de amparo indirecto actos intraprocesales, resulta inconcuso que, por regla general, la sola afectación a la celeridad o prontitud de los procedimientos jurisdiccionales es insuficiente para actualizar la hipótesis contenida en el precepto 107, fracción V, de la ley de la materia. Máxime si, abundó el tribunal pleno, estimar lo contrario, conllevaría a aceptar que, prácticamente, cualquier actuación dilatoria en la administración de justicia o abstención de admitir y dar trámite a una promoción o solicitud de las partes -y cuya ilegalidad tendría como efecto que se mande a reponer el procedimiento-, podría ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto, por estimarse que resulta lesiva al derecho a la justicia pronta. Con lo cual, indefectiblemente, se vaciaría de contenido la finalidad que tuvo el legislador federal, consistente en dotar de verdadera excepcionalidad a la hipótesis de procedencia de la acción constitucional prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, ya que facilitaría la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios, pretextándose la violación al acceso a la justicia pronta. En consecuencia -concluyó el alto tribunal-, es dable colegir que, por regla general, los actos dictados dentro de un juicio que presuntamente generen una afectación a la celeridad o expedites del proceso, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. De acuerdo con lo anterior, la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, dictada en el expediente 160/2002, por el Juez Primero de lo Familiar, de esta ciudad, no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Se afirma lo dicho, en razón de que es un acto que produce efectos intraprocesales que no menoscaban de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte quejosa en cuanto sus consecuencias no impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que dependen de que lleguen o no a trascender al desenlace del procedimiento natural, instante en el que sus secuelas se consumarían de manera efectiva. Ciertamente, los efectos del acto reclamado no son de imposible reparación al no afectar de manera inmediata derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad, de tal dimensión que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener un laudo favorable en el procedimiento de origen por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate, sino sólo formales o intraprocesales que no afectan los derechos mencionados. Si bien la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual se determinó improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, puede violentar el derecho a la administración de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional ante una eventual reposición de procedimiento, ello no conlleva a que, derivado de tal afectación, se considere de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto, ya que es menester que la referida violación sea de naturaleza "material" y no puramente formal o adjetiva, pues tal acto solamente depara consecuencias dentro del procedimiento, al afectarse la celeridad o prontitud del juicio originalmente promovido, sin que trascienda a la persona o bienes del quejoso, más allá de lo meramente procedimental. Esa postura es la más acorde con el propósito al que está llamado a salvaguardar la nueva redacción del precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, a saber, "evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional", pues la interposición de múltiples juicios de amparo contra actos intraprocesales, lejos de permitir salvaguardar el referido derecho, podría traducirse también en una afrenta a la prontitud de la justicia, al retrasar el dictado del fallo definitivo en el procedimiento laboral de origen. De esta forma, es improcedente el presente juicio de amparo indirecto en tanto que el acto reclamado únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor de la quejosa, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio de origen se desarrollara en todas sus etapas, y el impetrante tendría la oportunidad de ser oído y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo, en términos de la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo. Máxime, que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que en el expediente 160/2002, del cual deriva el acto reclamado no se ha dictado la sentencia correspondiente. En apoyo de lo anterior, por las razones jurídicas que la forman, se cita la jurisprudencia 2a./J 23/2008, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". Asimismo la jurisprudencia VI.2o.C. J/11 (10a.), del texto siguiente: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley". De igual forma, la tesis I.3o.C.66 K (10a.), que a la letra dice: "COSTAS. PARA QUE SU CONDENA EN UN INCIDENTE SEA RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, DEPENDE DE QUE LA MATERIA DEL FONDO DE AQUÉL HAGA PROCEDENTE DICHO JUICIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 29/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, junio de 2009, página 77, de rubro: "COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA.", establece que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente. En ese sentido, la ausencia de condena en costas no hace procedente por sí misma el juicio de amparo indirecto, debido a que no afecta directamente un derecho sustantivo, ya que puede acontecer que aquella condena se decida al momento de resolver en definitiva el fondo del juicio, donde incluso, de oficio el juzgador realice la compensación de las costas correspondientes a dicho incidente con las del fondo del negocio, en cuyo supuesto podrá reclamarse en amparo directo como una violación procesal o en una formal, según el caso; de ahí que el amparo indirecto será procedente únicamente cuando exista condena en costas en el incidente cuya materia no sea reclamable mediante dicho juicio, pero éstas traten de ejecutarse". Decisión En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente."
- Principal
Agréguese el escrito signado por Rosalina Cano Ramos, parte quejosa, por medio del cual pretende desahogar la prevención realizada en proveído de doce de julio del año en curso; en atención a su contenido, se acuerda: Subsiste prevención. No ha lugar a tenerla por desahogando la prevención realizada en auto de doce de julio del año en curso, toda vez que en dicho proveído se le requirió a efecto de que manifestara bajo protesta de decir verdad en forma cronológica, sucinta y detallada todos los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, esto es, relatara todo el estado procesal del juicio 160/2002, sin dejar de exponer en qué etapa se encuentra y si cuenta con sentencia. Lo anterior, pues una vez analizado el escrito inicial de demanda y escrito de aclaración, se advierte que la quejosa reclama la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones propuesto Motivo por el cual se le requirió a efecto de que precisara el estado procesal del juicio 160/2002, sin dejar de exponer en qué etapa se encuentra y si cuenta con sentencia. En tal virtud, y toda vez que en su escrito de aclaración solo refiere bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, sin referir el estado procesal del juicio 160/2002. Por lo que resulta necesario que la parte quejosa precise el estado procesal del juicio 160/2002, sin dejar de exponer en qué etapa se encuentra y si cuenta con sentencia. En ese orden de ideas, no ha lugar a tener a la promovente por desahogando la prevención realizada el doce de julio del año en curso y, por ende, subsiste el requerimiento formulado. Finalmente, hágase del conocimiento de la quejosa que el término concedido en auto de doce de julio de este año, que le fue notificado el veintitrés de julio del presente año, surtiendo sus efectos el veintisiete siguiente, se interrumpió con la presentación del escrito de cuenta; por lo que cuenta con cuatro días a efecto de dar cumplimiento con lo anterior, los cuales empezarán a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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