Rosalia Torreblanca Huerta
Expediente 548/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/05/2019
Partes del expediente
- Rosalia Torreblanca Huerta
Actuaciones
- Principal
MESA VI Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de tres de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Rosalía Torreblanca Huerta, por derecho propio, sin que dicha impetrante lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y por medio de lista a la parte quejosa.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México; a nueve de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad con que cuenta el Actuario de la adscripción para notificar a la quejosa **, el auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Es aplicable la jurisprudencia visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, con número de registro 205152, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES." Ahora bien, en virtud de la imposibilidad para realizar la notificación de mérito, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa en comento el auto de tres de mayo de dos mil diecinueve, así como el presente, y los posteriores, incluso los de carácter personal por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado. Notifíquese y por medio de lista a la parte quejosa. AUTO INSERTO. "Toluca, Estado de México; tres de mayo de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 548/2019-VI. ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, este juzgador interpreta que el acto reclamado es el acuerdo de ocho de abril de dos mil diecinueve, emitido en los autos del expediente ***/2018, en el que la responsable no reconoció la personalidad del apoderado legal de la quejosa, para tenerla por presentada en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como sus consecuencias legales. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que la autoridad sepa desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. DESECHAMIENTO. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que la determinación por la que no se reconoció el carácter de representante legal al abogado de la parte actora, aquí quejosa, durante la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y, por tanto, no tuvo oportunidad de ofrecer medios de convicción a su favor, aspecto sobre el cual versa en esencia el acto que se tilda de inconstitucional, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, el acuerdo de ocho de abril de dos mil diecinueve, emitido en los autos del expediente J.A/430/2018, en el que la responsable no reconoció la personalidad del apoderado legal de la quejosa, para tenerla por presentada en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural y sus efectos podrían no trascender al sentido del fallo; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso que la parte quejosa obtenga un laudo favorable, en el expediente ***/2018, del índice de la Junta responsable, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse el laudo definitivo; ello conforme a lo dispuesto en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la parte quejosa no obtenga un laudo acorde a sus pretensiones, toda vez que la materia del acto reclamado consiste, en esencia, en el acuerdo de ocho de abril de dos mil diecinueve, emitido en los autos del expediente ***/2018, en el que la responsable no reconoció la personalidad del apoderado legal de la quejosa, para tenerla por presentada en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Página 39, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Así como la tesis VII.2o.T.35 L (10a.), Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, disponible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1754, que establece: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESCONOCE LA QUE OSTENTA EL APODERADO O REPRESENTANTE DEL DEMANDADO CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN O INCIDENCIA PROPUESTA POR SU CONTRAPARTE, O POR UN PRONUNCIAMIENTO OFICIOSO DE LA JUNTA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente del acuerdo de ocho de abril de dos mil diecinueve, emitido en los autos del expediente J.A/430/2018, en el que la responsable no reconoció la personalidad del apoderado legal de la quejosa, para tenerla por presentada en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, y como consecuencia de ello, una posible violación a las leyes del procedimiento, la cual puede reclamarse como ya se dijo, a través del juicio de amparo directo, en caso de que le sea desfavorable la sentencia definitiva que recaiga al juicio natural; ello conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, dado que en el caso, se actualizan la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Rosalía Torreblanca Huerta, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción I de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. En diverso aspecto, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en los términos que indica expresamente en su demanda de amparo, al tratarse de un juicio en materia laboral promovido por la parte trabajadora. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese."
- Principal
MESA VI. UN ACUERDO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.
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