Rosalía Patrocinio Cernas Cruz
Expediente 697/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosalía Patrocinio Cernas Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil diecinueve. Adjúntese el oficio del Presidente Municipal Constitucional de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; enviando al efecto diversas constancias para acreditar su dicho; sin embargo de las mismas, no se advierte que se haya anexado copia certificada del acuerdo por el que dio contestación a los escritos de la quejosa de quince y veintitrés de julio de dos mil diecinueve y de la notificación del mismo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérasele para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria de referencia, esto es, deberá de remitir copia certificada de las constancias citadas en el párrafo que antecede, con apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional ($4,224.50), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Adjúntese el escrito de la quejosa Rosalía Patrocinio Cernas Cruz, en atención a su contenido y como lo solicita devuélvase los documentos que anexó a su escrito de demanda, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Rosalía Patrocinio Cernas Cruz, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la ley de la materia, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la citada Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria de amparo; apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional ($4,224.50), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 697/2019 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ROSALÍA PATROCINIO CERNAS CRUZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Síndico Municipal, Presidente Municipal y Cabildo del Ayuntamiento Constitucional, todos de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; consistente en: "1.- La falta de proveído a la petición dirigida por la suscrita, mediante escrito fechado y recibido el quince de julio de dos mil diecinueve, en la Sindicatura Municipal Constitucional de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, con lo cual se violenta el procedimiento establecido por la Ley, y se hace nugatoria la impartición y administración de Justicia. 2.- La denegación de justicia por parte de las responsables, al no ejercer su autoridad para restituir el uso de la vialidad en el "CAMINO REAL" que da acceso a la propiedad de la quejosa. 3.- Reclamo además las consecuencias de hecho y de derecho que de los anteriores actos emanen; como la reparación del daño, por las pérdidas que me causó el cierre del camino, puesto que soy agricultora y ganadera, al no poder sembrar maíz de temporal para consumo y forraje; así como la participación por omisión de las responsables en la comisión del delito de obstrucción de una vía de comunicación, al no querer, poder o no saber resolver la problemática." Que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 8°, 11 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de seis de agosto del presente año, la quejosa ROSALÍA PATROCINIO CERNAS CRUZ, mediante escrito de catorce de agosto de dos mil diecinueve (foja 18), manifestó que también señalaba como acto reclamado el siguiente: "La falta de proveído a las peticiones dirigidas por la suscrita, mediante escrito fechado y recibido el quince de julio de dos mil diecinueve, en la Sindicatura Municipal Constitucional de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y del escrito de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve, dirigido al Presidente Municipal y al Cabildo en Pleno del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, con lo cual se violenta el procedimiento establecido por la Ley, y se hace nugatoria la impartición y administración de justicia." Asimismo, en diverso ocurso de veintiocho de agosto de este año, señaló que la demanda la promovía por propio derecho (foja 21). TERCERO. En proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 22-24), este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita, y señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención del promovente, analizando los anexos y la información allegada en el expediente. Apoya a lo anterior, al jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo indirecto en su integridad, así como del escrito de catorce de agosto del año en curso, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional es: La omisión de dar respuesta a sus escritos de petición presentados ante las autoridades responsables el quince y veintitrés de julio de dos mil diecinueve. CUARTO.- La Síndica Procuradora del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, con dicho carácter y como representante legal del Ayuntamiento de ese lugar, negó la existencia de los actos reclamados (fojas 32-85). Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que no anexó constancia alguna de la que se advierta ya dio respuesta al escrito de petición de la quejosa, con sello de recibido de quince y veintitrés de julio de dos mil diecinueve, acuse que adjuntó la quejosa en original a su demanda de amparo. Por su parte, el Presidente Municipal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, no rindió su informe justificado, no obstante de haber quedado legalmente notificado de su petición como se desprende del acuse de recibo que obra en autos (foja 31); por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, la Síndica Procuradora del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, con dicho carácter y como representante legal del Ayuntamiento de ese lugar, manifiesta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Toda vez que indica que sí atendió el escrito de la quejosa, presentado ante esa autoridad el quince de julio de dos mil diecinueve, ya que citó a los representantes del comité vecinal quienes de manera arbitraria e ilegal cerraron el acceso al camino cosechero, para vehículos de los vecinos colindantes al mismo, a fin de conciliar y al no haber llegado a un arreglo, se determinó proceder a liberar el citado camino integrando un procedimiento administrativo, el que ordenaría a las áreas competentes de ese Municipio, realizar las acciones conducentes para resolver la problemática, por lo que considera esa autoridad procedió de conformidad con la denuncia planteada por la parte quejosa y a las facultades que la ley establece para resolver el asunto puesto a su consideración. La citada causa de improcedencia es infundada. Ello es así, ya que si bien como lo afirma la responsable, realizó actos destinados a solucionar el problema planteado por la quejosa en su escrito de petición de quince de julio de dos mil diecinueve, lo cierto es que no remitió constancia que acreditara que le dio respuesta por escrito a la solicitud de la quejosa, ni de su notificación, así como tampoco que haya redactado acta o documento alguno en el que se plasmara lo realizado; por lo que no puede establecerse que cesaron los efectos del acto reclamado. Sin que se advierta diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes. SEXTO. La quejosa aduce en esencia, que las autoridades responsables Síndico Municipal, Presidente Municipal y Cabildo del Ayuntamiento Constitucional, todos de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, violan en su perjuicio sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 8° Constitucional, toda vez que no le han dado una contestación a su escrito presentado ante ellas el quince y veintitrés de julio de dos mil diecinueve, el cual formuló de manera pacífica y respetuosa. El sintetizado concepto de violación resulta fundado. Lo anterior es así, pues el artículo 8° Constitucional establece: "ARTÍCULO 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa... A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Ahora, si la impetrante mediante escrito presentado ante las responsables, elevó petición de manera pacífica, respetuosa y por escrito, como se advierte del acuse que adjuntó en original a su demanda de amparo, sin que a la fecha en que se resuelve este juicio haya pronunciamiento al respecto, se puede concluir, se viola en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el citado artículo 8º, de la Constitución Federal, pues tal precepto otorga el derecho a la quejosa para que la autoridad le dé a conocer en breve término, la resolución recaída a su petición. El derecho público subjetivo que consagra el citado precepto podría denominarse derecho de respuesta o "derecho de recibir respuesta", pues la Constitución Federal otorga la facultad de exigir jurídicamente que la autoridad responda a la petición que se le hace. El ejercicio de este derecho por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además, el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la contestación. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición. C. La notificación: la autoridad debe hacer saber la providencia recaída a la petición en forma personal al gobernado, en el domicilio que señale para tales efectos. Es aplicable al caso, la Tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Agosto de 2005, Novena Época, página 1897, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por ROSALÍA PATROCINIO CERNAS CRUZ, para el efecto de que la Síndico Municipal, Presidente Municipal y Cabildo del Ayuntamiento Constitucional, todos de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, den contestación a sus escritos presentados ante ellas el quince y veintitrés de julio de dos mil diecinueve, como se advierte del sello original que obra en los acuses de recibo exhibidos por la quejosa; y lo notifiquen en el domicilio señalado para ese efecto. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa ROSALÍA PATROCINIO CERNAS CRUZ, contra los actos reclamados a la Síndico Municipal, Presidente Municipal y Cabildo del Ayuntamiento Constitucional, todos de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para el efecto precisado en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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