Rosalia Oliver Plata

Expediente 1488/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1488/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
28/12/2016

Partes del expediente

  • Rosalia Oliver Plata

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el quince de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por Rosalía Oliver Plata, contra actos que reclamó del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otra autoridad; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, quien actúa asistido del Secretario Néstor Edgar Magos Mera, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a quince de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda signado por Rosalía Oliver Plata, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese con el número 1488/2016-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura integral que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: Reclamo de las autoridades señaladas como responsable ordenadora y ejecutoras, la orden que han dado para desalojarme del bien inmueble que ocupo en calidad de arrendatario, así como la ejecución que pretender darle a dicha orden de desalojo, y de esta manera privarme sin que exista un juicio previo en contra mía, así como tampoco existir notificación alguna en la que se me ordene a mi desocupar el bien que me encuentro arrendando y en que tengo mi sustento económico. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Los preceptos antes citados por su orden disponen: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora bien, de los artículos transcritos con antelación, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En efecto, de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente se desprende, que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame; A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos. Es oportuno destacar, que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente interpuesta, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. De la primera, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de derechos, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. En cambio, la segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleva a la certeza de que éste "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; más tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario del amparo conoció de manera directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera íntegra. Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente "[.] al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos [.]", implica una expresión exclusiva del quejoso a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado respecto de la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor, debe señalarse, que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de derechos comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos establecidos en el numeral invocado. En el caso en particular, se actualiza la segunda hipótesis del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, es decir, el cómputo de los quince días para promover la demanda de amparo, debe realizarse a partir de que tuvo conocimiento del acto reclamado. Del contenido de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa Rosalía Oliver Plata manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el uno de septiembre del presente año, cuando la persona que le arrenda el bien inmueble que refiere posee, le informó que dicho inmueble se encuentra en litigio, de que existe una orden para desalojarla del mismo, que por tal motivo, acudió en esa fecha al Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo para obtener información respecto al juicio mercantil 231/2012, cerciorándose que en efecto el inmueble denominado La Laguna en el barrio de las Cruces, en el Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo se encuentra en litigio. En este orden de ideas, si la quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama el uno de septiembre de dos mil dieciséis, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto que reclama, comenzó a computarse el plazo de quince días que se tiene para la promoción del juicio de derechos, es decir, el cinco de septiembre del año en curso, plazo que feneció el veintiocho de ese mismo mes y año. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." En esas condiciones, si la demanda de amparo se presentó el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, según se acredita con el sello que aparece visible en el margen superior izquierdo del ocurso en comento, es claro que el referido escrito inicial se presentó fuera del plazo que prevé el numeral 17 de la ley de la materia vigente, y, por tanto, el juicio de derechos es improcedente por extemporáneo, ya que la justiciable consintió tácitamente el acto reclamado a la autoridad que señaló como responsable, en términos de la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Son aplicables al caso, la jurisprudencia y tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." y "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS." En las condiciones expuestas, se insiste en la convicción de que el juicio de amparo planteado por Rosalía Oliver Plata, resulta notoriamente improcedente de conformidad con los artículos 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo; por lo que, se DESECHA DE PLANO, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley en cita. Designación de domicilio y autorizados. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en vigor conforme a su artículo 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.

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