Rosalia Muñoz Portillo

Expediente 143/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
143/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Rosalia Muñoz Portillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno; en tal virtud, con fundamento en los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con un sobreseimiento fuera de audiencia, en el entendido que el presente asunto se tramitó sin cuaderno incidental. Por tanto, una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no obra constancia que justifique la designación de representante de la sucesión intestamentaria a bienes del tercero interesado Pedro Badillo o Pedro Badillo López, misma que se radicó bajo el expediente 225/2020, del índice de la estadística del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Chignahuapan, Puebla. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere para las nueve horas con once minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    agréguese a sus autos el oficio signado por la Jefa de Departamento de lo Contencioso y lo Consultivo de la Dirección Jurídica de la Tesorería Municipal de Puebla, por medio del cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías, lo que se toma en consideración para los efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad oficiante, para que dentro del término de tres días posteriores a la notificación de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional las acciones realizadas para lograr el total cumplimiento de la ejecutoria, con el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de marzo de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destacan las Circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, signadas -electrónicamente- por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo, relativa a las "Propuestas de medidas que deben adoptarse del 1 al 17 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", mediante las cuales se decretó que del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios urgentes y en línea. Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en la referida circular en la fracción II, numeral 16 se determinó que Puebla (Sexto Circuito), deberá de reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, V, VI y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional y se procede a dictar la resolución que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación al cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, página 243, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En consecuencia, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la omisión de proveer sobre el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas el ocho de noviembre de dos mil dieciséis dentro del juicio laboral D-3/1300/2015 del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por resolución dictada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Ángela Araceli Luna Chiquito, contra los actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: (.) para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, provea lo necesario para el desahogo efectivo de las pruebas ofrecidas y admitidas en los autos del juicio laboral D-3/1300/2015, lo que debe hacer dentro del término a que se refiere el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, debiendo la responsable realizar lo necesario para que se desahogue en la fecha que indique, atendiendo lo señalado....". En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el veinticinco de julio de dos mil diecinueve la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Posteriormente, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante oficio 16035/2019, recibido en la oficialía de este Juzgado el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, remitió copia certificada de los proveído por los cuales se tuvieron por desahogadas las prueba de inspección ocular ofrecida por la parte actora, las confesionales ofrecidas por la actora y la demandada a cargo de Karla Ivonne Bonilla González y Ángela Araceli Luna Chiquito; asimismo, de la testimonial ofrecida por la actora a cargo únicamente de Alma Álvarez Valencia, toda vez que se decretó la deserción de la prueba por parte de la atestante Araceli Mejía Ruiz, dentro del juicio laboral D-3/1300/2015 de su índice. Luego, por símil 3262/2020 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se le tuvo remitiendo copia certificada del proveído de veinticuatro de febrero de dos mil, veinte, emitido en el juicio laboral D-3/1300/2015 de su índice, del que se advirtió que el Instituto Mexicano del Seguro Social rindió el informe solicitado, el cual, fue ofrecido por la parte actora como prueba documental. Igualmente, por diverso 5123/2020 recibido el nueve de noviembre de dos mil veinte, la Presidenta de la Junta responsable, remitió copia certificada del auto de seis de los referidos mes y año, del que se advirtió que decretó la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Rosa Ícela Ramírez Sánchez, en atención al apercibimiento decretado el once de noviembre de dos mil diecinueve; asimismo, por oficio 6240/2020 presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la Presidenta responsable, remitió copia certificada del proveído de veintitrés de diciembre del pasado año, del cual se advirtió el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la actora a cargo de Socorro Márquez Valencia; y, en cuanto a María Andrea Márquez Valencia, se decretó la deserción de la misma en el juicio laboral D-3/1300/2015 de su índice. Por lo anterior, el quince de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la Junta responsable, el cual se notificó a la quejosa el diecisiete de los referidos mes y año; y a la parte tercera interesada el dieciséis de diciembre del dos mil veinte. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de justicia pronta y expedita por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que se desahogaron en su totalidad las siguientes pruebas admitidas en el juicio laboral D-3/1300/2015 de índice de la Junta responsable: Pruebas ofrecidas por la parte actora: 1) Confesional a cargo de Karla Ivonne Bonilla González; 2) Testimonial a cargo de Araceli Mejía Ruiz y Alma Álvarez Valencia; 3) Testimonial a cargo de María Andrea Márquez Valencia, Rosa Ícela Ramírez Sánchez y Socorro Márquez Valencia; 4) Inspección Ocular; y el 5) Informe rendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pruebas ofrecidas por la parte demandada: 1) Confesional a cargo de Ángela Araceli Luna Chiquito. Lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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