Rosalia Hernández Renteria

Expediente 1221/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 57 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1221/2017
Año
2017
Actuaciones
57
Última actuación
05/06/2019

Partes del expediente

  • Rosalia Hernández Renteria
  • Rosalia Hernández Renteria y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 57.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco; cinco de junio de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve . Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el treinta de octubre de dos mil diecisiete, en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio; y por otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, misma que fue recurrida por las partes y que por razón de turno tocó conocer y resolver a la superioridad, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del toca de revisión 848/2017 de su índice, del cual sus resolutivos fueron del tenor siguiente: PRIMERO. En la materia de la revisión, SE CONFIRMA la sentencia recurrida de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto 1221/2017. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a quejosa, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, y para los efectos precisados por el Juez de Distrito. Por lo que el efecto del amparo se constriño en: "para el efecto de que el Fiscal General del Estado de Jalisco, deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo sancionatorio, incluyendo el acuerdo de destitución de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, y en su lugar, emita un auto por el que se le informe las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de la conducta reprochada, y se le corra traslado con copia de todo lo actuado en el acta administrativa 032/2017, como premisa de la incoación del procedimiento, como lo estatuyen los artículos 87 a 92 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de garantizar el derecho a una defensa adecuada y la garantía de audiencia, a que se refiere el artículo 14 Constitucional. En el entendido de que, la presente resolución tendrá por efecto además, que la quejosa Rosalía Hernández Rentería sea reinstalada en el cargo de Abogado Especializado, adscrita a la Fiscalía de Reinserción Social de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñándose anteriormente al cese injustificado.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, Dirección General de Coordinación Jurídica y Control Interno de la Fiscalía General del Estado, remite copia certificada del acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, donde se advierte que dejó insubsistente el acuerdo de destitución de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, y en su lugar, la misma autoridad se abstiene de iniciar procedimiento en contra de la parte quejosa. Después, mediante oficio registrado con número 16185, la autoridad responsable delegado de la Dirección General de Coordinación Jurídica y Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del acta de reinstalación de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, donde se advierte que la parte quejosa fue reinstalada en el puesto de abogado especializado, en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñando. Quedando pendiente, el pago de todas las percepciones y emolumentos que la accionante de amparo dejó de percibir con motivo del cese injustificado. Por lo que, siguiéndose la secuela procedimental, se aperturó incidente de liquidación, la cual fue resuelto en data cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, resultando procedente el incidente planteado ordenándose regular el mismo, inconforme con tal determinación, se interpuso recurso de queja, misma que conoció la superioridad, Quinto Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del toca de recurso de queja 318/2018 de su índice, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO.- Es fundado el recurso de queja.". Por lo que, el efecto concesorio respecto a la devolución de los emolumentos caídos, se determinó el siguiente: [.]Por tanto, una vez calculadas las prestaciones en lo individual, se determina que las autoridades responsables del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, deberán pagar en favor de la quejosa, el resultado sumatorio que arroja la cantidad de $271,539.92 (doscientos setenta y un mil quinientos treinta y nueve pesos 92/100 moneda nacional) [.] Haciendo la autoridad responsable, la deducciones correspondientes. Finalmente, por oficio 13367, la autoridad responsable Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, remitió copia certificada de la entrega del título de crédito resultante a su favor, donde se advierte que la misma parte quejosa, en data veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, recibió el cheque a su favor, el cual consigna la cantidad de $167,754.30 (ciento sesenta y siete mil setecientos cincuenta pesos 30/100 Moneda Nacional), tal y como lo preciso la responsable en el oficio SSE-DGJ-DA/285/2019. Por tanto, al haber acreditado la responsable que entregó personalmente a la parte quejosa, el cheque que consigna la cantidad a la que fue obligada a cubrir a la misma y al no haber oposición alguna al respecto, se determina cumplido el fallo protector. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio; y por otra, se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Cuenta en el incidente de suspensión. Con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. Notifíquese personalmente.

  2. Incidental

    Zapopan, Jalisco; cinco de junio de dos mil diecinueve. Archivo incidentes. Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que establece los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo; tomando en consideración que en las constancias que integran el presente incidente, se deduce que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en tanto, se negó la suspensión definitiva. Luego por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del punto vigésimo del acuerdo general señalado en el párrafo que antecede, éste es destruible en el plazo de seis meses; mismo que comenzará a transcurrir, en ambos casos, al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve . Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el treinta de octubre de dos mil diecisiete, en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio; y por otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, misma que fue recurrida por las partes y que por razón de turno tocó conocer y resolver a la superioridad, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del toca de revisión 848/2017 de su índice, del cual sus resolutivos fueron del tenor siguiente: PRIMERO. En la materia de la revisión, SE CONFIRMA la sentencia recurrida de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto 1221/2017. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a quejosa, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, y para los efectos precisados por el Juez de Distrito. Por lo que el efecto del amparo se constriño en: "para el efecto de que el Fiscal General del Estado de Jalisco, deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo sancionatorio, incluyendo el acuerdo de destitución de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, y en su lugar, emita un auto por el que se le informe las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de la conducta reprochada, y se le corra traslado con copia de todo lo actuado en el acta administrativa 032/2017, como premisa de la incoación del procedimiento, como lo estatuyen los artículos 87 a 92 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de garantizar el derecho a una defensa adecuada y la garantía de audiencia, a que se refiere el artículo 14 Constitucional. En el entendido de que, la presente resolución tendrá por efecto además, que la quejosa Rosalía Hernández Rentería sea reinstalada en el cargo de Abogado Especializado, adscrita a la Fiscalía de Reinserción Social de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñándose anteriormente al cese injustificado.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, Dirección General de Coordinación Jurídica y Control Interno de la Fiscalía General del Estado, remite copia certificada del acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, donde se advierte que dejó insubsistente el acuerdo de destitución de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, y en su lugar, la misma autoridad se abstiene de iniciar procedimiento en contra de la parte quejosa. Después, mediante oficio registrado con número 16185, la autoridad responsable delegado de la Dirección General de Coordinación Jurídica y Control Interno de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del acta de reinstalación de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, donde se advierte que la parte quejosa fue reinstalada en el puesto de abogado especializado, en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñando. Quedando pendiente, el pago de todas las percepciones y emolumentos que la accionante de amparo dejó de percibir con motivo del cese injustificado. Por lo que, siguiéndose la secuela procedimental, se aperturó incidente de liquidación, la cual fue resuelto en data cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, resultando procedente el incidente planteado ordenándose regular el mismo, inconforme con tal determinación, se interpuso recurso de queja, misma que conoció la superioridad, Quinto Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del toca de recurso de queja 318/2018 de su índice, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO.- Es fundado el recurso de queja.". Por lo que, el efecto concesorio respecto a la devolución de los emolumentos caídos, se determinó el siguiente: [.]Por tanto, una vez calculadas las prestaciones en lo individual, se determina que las autoridades responsables del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, deberán pagar en favor de la quejosa, el resultado sumatorio que arroja la cantidad de $271,539.92 (doscientos setenta y un mil quinientos treinta y nueve pesos 92/100 moneda nacional) [.] Haciendo la autoridad responsable, la deducciones correspondientes. Finalmente, por oficio 13367, la autoridad responsable Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, remitió copia certificada de la entrega del título de crédito resultante a su favor, donde se advierte que la misma parte quejosa, en data veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, recibió el cheque a su favor, el cual consigna la cantidad de $167,754.30 (ciento sesenta y siete mil setecientos cincuenta pesos 30/100 Moneda Nacional), tal y como lo preciso la responsable en el oficio SSE-DGJ-DA/285/2019. Por tanto, al haber acreditado la responsable que entregó personalmente a la parte quejosa, el cheque que consigna la cantidad a la que fue obligada a cubrir a la misma y al no haber oposición alguna al respecto, se determina cumplido el fallo protector. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio; y por otra, se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Cuenta en el incidente de suspensión. Con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.

  4. Principal

    Visto el oficio suscrito por el delegado de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada del título de crédito a favor de la parte quejosa, por las cantidades resultantes a su favor, con motivo de la concesión de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

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