Rosalia de Guadalupe Trejo Fonseca
Expediente 2007/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2007/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rosalia de Guadalupe Trejo Fonseca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el veintiuno de enero de la presente anualidad, por la cual se sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil veintidós, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 2007/2021-II, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario licenciado Juan Armando Cortes Carabias, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, acuerdo admisorio de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, constancias de notificación realizadas a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes y agréguese a estos autos el alegato de cuenta. Abierto el período de pruebas la secretaría da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su demanda de amparo y con las documentales que la autoridad señalada como responsable, remitió en su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de mérito, para ser consideradas conforme al valor que legalmente merezcan al momento del dictado de la sentencia; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la secretaría da cuenta con las manifestaciones formuladas por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, en su alegato ministerial número 955/2021. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de mérito para ser considerados conforme a derecho correspondan; con lo cual se cierra este período. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el juicio de amparo 2007/2021-II, promovido por Rosalía de Guadalupe Trejo Fonseca, contra actos del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, por violación a los artículos 8 y 17 Constitucionales, y: R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Rosalía de Guadalupe Trejo Fonseca, solicitó el amparo y protección contra actos del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se realizó al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse un acto omisivo que carece de ejecución, pero que se atribuye a una autoridad con residencia en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción este Órgano Constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa, reclama a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: la omisión de la autoridad señalada como responsable de acordar lo solicitado en el escrito de fecha quince de abril de dos mil veintiuno, que le fue presentado el dieciséis del mismo mes y año, en el juicio de origen 1120/2008. Tercero. Existencia del acto reclamado. Al rendir su correspondiente informe justificado la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, manifestó que no era cierto el acto reclamado, no obstante del contenido de dicho informe y de las constancias adjuntas al mismo, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por existente el mismo. Cuarto. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En el caso, respecto del acto reclamado se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del presente juicio, en virtud de que se considera que ha cesado en sus efectos. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama la denegación de justicia, consistente en la omisión de la autoridad señalada como responsable de acordar lo solicitado en el escrito de fecha quince de abril de dos mil veintiuno, que le fue presentado el dieciséis del mismo mes y año, en el juicio de origen 1120/2008. Sin embargo, de las copias certificadas que la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, remitió con su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en autos del juicio de origen, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable acordó lo relacionado al escrito antes referido, lo cual se hizo del conocimiento de la parte quejosa el veintinueve de noviembre del año que transcurrió, al ponerse a la vista el informe con justificación de la autoridad responsable Todo lo anterior, posterior a la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el veintidós de octubre del año pasado, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas consideraciones, en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo: S e r e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rosalía de Guadalupe Trejo Fonseca en contra del acto que reclama a la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, por las razones expuestas en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortes Carabias, quien autoriza y da fe.
- Principal
MESA II. Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que el informe justificado rendido la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, fue puesto a la vista de las partes en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, notificado el treinta del mismo mes y año, por tanto aún está transcurriendo el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para su celebración las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil veintidós. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a la autoridad responsable, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.
- Principal
MESA I. Vista la cuenta que antecede, se tiene por presentado el escrito presentado por María Luisa Loraine Rubio Harrison, parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual manifiesta que la autoridad señalada como responsable no ha dado total cumplimiento con lo ordenado en la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que aún se encuentran los sellos de clausura que fueron colocados con motivo del acto reclamado. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase nuevamente a Encargado del Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, autoridad antes señalada como responsable, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son los siguientes: ". . . para el efecto de que la autoridad ordenadora Encargado del Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Yucatán, deje insubsistente, el acta de inspección levanta por los inspectores adscritos a dicha procuraduría, de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, así como todos los actos emitidos con posterioridad a fin de lograr una restitución total de los derechos que indebidamente le fueron afectados a la quejosa, pues es claro que los mismos son fruto de un acto viciado." En consecuencia, hecho lo anterior, la nombrada responsable, deberá remitir a este Juzgado Federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa de cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que al rubro dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."
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