Rosalía Barrera López
Expediente 1276/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rosalía Barrera López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la resolución dictada el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión R.A. 69/2022, de su índice. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Rosalía Barrera López, con base en lo expuesto en el último considerando de la presente ejecutoria.". Sin que sea necesario acuse recibo de estilo por así solicitarlo la Superioridad; realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con el fin de evitar la voluminosidad del asunto en que se actúa y dificultar su manejo para foliar, sellar y rubricar que dispone el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, desglósense las copias simples con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso de revisión planteado en autos, agregando al presente asunto únicamente las constancias que obren en original. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se negó la protección constitucional. 2. Transferir el expediente principal a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Notifíquese; y vía electrónica al Fiscal Ejecutivo adscrito.
- Principal
Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio 1551 del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de los autos del presente juicio de amparo y el original de agravios del recurso de revisión interpuesto, asimismo, se advierte que admitió el citado recurso, quedando registrado bajo el toca RA 69/2022; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes, quedando este Juzgado de Distrito a la espera de la resolución que recaiga al mencionado recurso. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Felipe Camacho Silva, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la quejosa, por el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes la copia del escrito de expresión de agravios de mérito y una vez que obren en autos las constancias de notificación correspondientes, dentro del término de tres días, remítanse las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del recurso de referencia, anexando por separado el original del oficio de expresión de agravios, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, se informa al tribunal que la sentencia impugnada es localizable en el portal de intranet. Notifíquese. Lo proveyó y firma Felipe Camacho Silva, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4780/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
En Ciudad de México, a las trece horas del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 1276/2021, promovido por Rosalía Barrera López, ante la presencia de Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del secretario Carlos Alberto García López, procede a declararla abierta, sin la comparecencia de las partes, en atención a las medidas sanitarias implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-Co2 (Covid19). Acto seguido, el secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran la demanda de amparo, auto de prevención, escrito de desahogo, auto admisorio, constancias de notificación a las partes y el informe justificado de la autoridad responsable. De igual manera, CERTIFICA que al día de hoy no se encuentra transcurriendo plazo alguno; y que se encuentran emplazadas todas las partes en el presente juicio. El juez acuerda: se tiene por realizada la relación de constancias para los efectos legales procedentes. Respecto de la certificación de cuenta, se tiene al Secretario informando de la misma, por lo que continúese con el trámite de la presente audiencia. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas en el juicio, que obran glosadas al expediente en que se actúa y en un tomo de pruebas por separado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, pues es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos; el secretario hace constar que las partes no los formularon y que el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, no formuló pedimento alguno. El juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos y por precluido el derecho del Fiscal Ejecutivo Titular adscrito para formular intervención ministerial. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, Rosalía Barrera López, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la autoridad y por el acto reclamado siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: H. Magistradas de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. IV. ACTO RECLAMADO: - - - Acuerdo de Verificación de cumplimiento de sentencias definitiva e interlocutoria; de fecha 26 de agosto de 2021, dictado en el expediente 2864/19-17-09-6, que da por cumplimentada la resolución de fecha 13 de octubre de 2020, emitida por la demandada, tercera interesada en el presente, en el juicio de nulidad del expediente citado, mismo que fue notificado el día 8 de septiembre de 2021 [.]" SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa indicó que le recaía el carácter de tercero interesado al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; narró los antecedentes del acto reclamado; señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1°, 5°, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Prevención. Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito, el que por auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno la registró con el número 1276/2021 y previno a la promovente para el efecto de que exhibiera una copia más de su escrito de demanda, apercibiéndola que en caso de no cumplir, se tendría por no presentada la demanda. CUARTO. Desahogo y admisión. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el catorce de octubre de dos mil veintiuno, la promovente desahogó el requerimiento formulado y exhibió una copia más de su escrito de demanda. En esa virtud, en auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se requirió a la responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde y se señaló fecha de audiencia constitucional. QUINTO. Emplazamiento a la autoridad tercera interesada. Mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno se ordenó emplazar a juicio al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional de la Delegación Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de autoridad tercera interesada, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. SEXTO. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia al tenor del acta que antecede, declarándose vistos los autos de este juicio de amparo para dictar la resolución que ahora se pronuncia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 1º fracción I, 2º, 33 fracción IV, 35 y 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno); y, punto Cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se reclama un acto de naturaleza administrativa que carece de ejecución material y la demanda se presentó en el territorio donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: El acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 2864/19-17-09-6 de su índice, a través del cual se tuvo por cumplida la sentencia de nulidad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir informe justificado por conducto de la Magistrada Presidente, aceptó la existencia del acto que se reclama; certeza que se corrobora con los autos originales del juicio de nulidad 2864/19-17-09-6 y que obran en un tomo de pruebas por separado, de eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, resulta conveniente resaltar que de las constancias que integran el presente asunto, así como de los autos originales del juicio de nulidad 2864/19-17-09-6, del índice de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se desprenden los siguientes hechos y antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rosalía Barrera López, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio DPSH/OP/2306/2018, de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la cual el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le solicitó acreditar ser heredera universal o albacea de la finada Celina Martha López Ballesteros, para estar en aptitud de determinar lo conducente respecto a la solicitud del pago de la parte proporcional del aguinaldo (segunda parte). 2. Por razón de turno, tocó conocer del asunto a la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que por auto de cinco de febrero de dos mil diecinueve, lo registró con el número 2864/19-17-09-6 y determinó desechar la demanda, en virtud de que la resolución reclamada no encuadraba en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 3. Inconforme con dicha determinación, la actora interpuso recurso de reclamación, el cual, mediante resolución de trece de marzo de dos mil diecinueve, se declaró fundado y se revocó el auto de cinco de febrero de dos mil diecinueve; por lo que, en acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite; y, seguidos los trámites de Ley, el veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 94 a 100 del tomo de pruebas) resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada. Lo anterior, para el efecto de que la autoridad demandada emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que señalara si descontó la segunda parte del aguinaldo de Celina Martha López Ballesteros, del pago de gastos de defunción efectuado a la actora y, en caso de ser así, determinar si procedía o no el pago de dicho descuento. 4. Inconforme con la determinación anterior, la autoridad demandada, ahora tercera interesada, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que lo registró con el número R.F. 335/2019; y, seguidos los trámites de ley, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, resolvió desecharlo por improcedente (fojas 116 a 125 del tomo de pruebas). 5. Mediante oficio recibido en la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el veintiséis de febrero de dos mil veinte, la autoridad demandada exhibió, entre otros, la resolución de trece de febrero de dos mil veinte, en la cual se determinó que el veinticinco de junio de dos mil dieciocho se realizó el pago de gastos funerarios a la actora y en el cual se le aplicó el descuento de los cobros indebidos de pensión del mes de enero de dos mil diecisiete, el cual incluyó la parte proporcional de aguinaldo por determinadas cantidades; por lo que, mediante proveído de dos de marzo de dos mil veinte, se dio vista a la parte actora para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. 6. Por escrito recibido en la Sala del conocimiento el cuatro de marzo de dos mil veinte, la parte actora interpuso recurso de queja por defecto en el cumplimiento; por lo que, en acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte se admitió a trámite dicha queja. 7. Seguidos los trámites de ley, la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó resolución el dos de septiembre de dos mil veinte, en la que determinó declarar procedente y parcialmente fundada la queja, al no señalar la autoridad demandada si procedía o no el pago del descuento efectuado a la actora con motivo de la segunda parte del aguinaldo de Celina Martha López Ballesteros (fojas 159 a 167 del tomo de pruebas). En esa virtud, se requirió a la autoridad demandada para que emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la que además de señalar si descontó la segunda parte de aguinaldo de Celina Martha López Ballesteros, del pago de gastos de defunción efectuado a la actora, refiriera si procedía o no el pago de dicho descuento, apegándose a los lineamientos ordenados en la sentencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve. 8. En cumplimiento a la resolución referida, la autoridad demandada exhibió, entre otros, copia de la resolución de trece de octubre de dos mil veinte, en la que informó que sí se llevó a cabo el descuento de la segunda parte de aguinaldo de Celina Martha López Ballesteros, sobre la cantidad a pagar por concepto de gastos de defunción efectuado a la actora; asimismo, informó que no procedía el pago de la segunda parte proporcional del aguinaldo a favor de la aquí quejosa Rosalía Barrera López, en virtud de que el beneficiario de la cantidad correspondiente a tal concepto había fallecido en el mes de diciembre de dos mil diecisiete; por tanto, en acuerdo de siete de diciembre de dos mil veinte, la Sala responsable dio vista a la actora para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. 9. En atención a diversos escritos de la parte actora, mediante los cuales realizó manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad demandada a la sentencia de nulidad y a la resolución de queja por defecto en el cumplimiento, la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitió el acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el que determinó que éstas se encontraban cumplidas (foja 214 del tomo de pruebas). Acuerdo que se emitió bajo los argumentos siguientes: "En esa tesitura, si la autoridad demandada en la resolución de 13 de octubre de 2020 señaló que, de conformidad con el artículo 20, inciso a), del Manual de Procedimientos de Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Tipo B, Tomo 4, Parte 4 (Subdelegación de Prestaciones. Procedimiento 7 del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene), sí descontó la segunda parte del aguinaldo de la C. Cecilia Martha López Ballesteros, el pago de gastos de defunción efectuado a la parte accionante y, además, no procedía el pago de la segunda parte proporcional del aguinaldo, en atención a que dicho precepto legal refiere que si en el reporte de cheques de pensión se observa que los familiares del difunto o su representante continuaron cobrando el beneficio aún después de ocurrido el deceso, se descontará de los gastos de funeral el importe de los cobros indebidos que se fije como no devengado por el fallecido. - - - Por tanto, se advierte que el acto de molestia de la autoridad sí está fundado y motivado tal como se ordenó en la sentencia definitiva de 28 de junio de 2019 y en la sentencia interlocutoria de 02 de septiembre de 2020, independientemente de que el mismo esté fundado en una legislación interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Al no haber causas de improcedencia invocadas por las partes, ni advertirse de oficio la actualización de alguna, se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de fondo. En los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, refiere que el acuerdo combatido viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 1°, 5°, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto hace a los principios de congruencia, exhaustividad e igualdad. Lo anterior, en virtud de que la Sala omitió revisar el recibo de pago por concepto de gastos de funeral, en el que la autoridad demandada descontó el mes de enero que incluye el pago de aguinaldo y, que si bien la propia quejosa cobró los meses de enero y febrero de dos mil dieciocho, fue por instrucción de la demandada, tal como consta en la orden de bloqueo de la tarjeta bancaria. Además, refiere que la autoridad demandada negó el pago solicitado porque la beneficiaria falleció en el mes de diciembre, lo que prueba que la responsable no respetó el contenido del artículo 5° constitucional que sostiene que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, ni tampoco consideró que fue titular de un trabajo digno como se consigna en el artículo 123 del mismo ordenamiento, que la hace acreedora a la gratificación anual o aguinaldo que conforme al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo forma parte del salario y conforme al artículo 87 del mismo ordenamiento es el derecho que tendrán los trabajadores que deberá pagarse en diciembre o la parte proporcional del tiempo que hubiera laborado. Que el acuerdo combatido no fue sustentado por ningún fundamento legal que sostuviera su decisión de dar por cumplimentada la resolución de la demandada en el juicio de nulidad. Ahora bien, en el artículo 14 constitucional se encuentra resguardado el derecho humano de seguridad jurídica, dentro del que se encuentran inmersos el derecho humano de audiencia, debido proceso seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho de que se trate. De igual manera, el artículo 16 constitucional señala, entre otras cosas, que nadie podrá ser afectado en su persona ni en sus derechos, sino mediante un mandamiento que conste por escrito, emitido por autoridad competente y en el que se funde y motive la causa de la afectación, por lo que si se dicta un mandamiento que lesiona a un gobernado, sin que cumpla con tales requisitos, se entiende que el mismo viola directamente el mencionado derecho humano. Por tanto, se concluye que todo acto de autoridad para que sea legal es necesario que el mismo conste por escrito, sea emitido por autoridad competente para ello, y que se funde y motive adecuada y debidamente, a fin de que el mismo sea acorde al artículo constitucional de mérito. Entendiéndose por fundamentación, toda expresión con precisión en el texto mismo del acto, del precepto o preceptos legales aplicables al caso; y, por motivación aquellos señalamientos referentes a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además de que se adecuen los motivos que deban expresarse, con las normas que sirven de fundamento para que así se configuren las hipótesis normativas. En este orden de ideas, tenemos que el derecho fundamental de legalidad, se define como aquella obligación de la autoridad para que todo acto emanado de ésta tenga necesariamente que estarse a lo dispuesto en el texto de la ley, su espíritu o su interpretación jurídica; por lo que este derecho humano forma parte del diverso de seguridad jurídica siendo el objetivo que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Ahora, en relación con los principios de congruencia y exhaustividad que toda resolución judicial debe contener, se encuentran relacionados con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos en el recurso de queja, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Así, el principio de congruencia está referido a que la sentencia debe ser congruente no sólo consigo misma, sino con la litis planteada; de lo anterior se advierte que se puede hablar de dos tipos de congruencia; la congruencia interna y la congruencia externa. La primera se refiere a la característica de que la sentencia no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí, mientras que la congruencia externa consiste en la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la resolución no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte. El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla el principio de justicia pronta; que establece la obligación de toda autoridad encargada de administrar justicia de cumplir con los tres objetivos esenciales que debe reunir dicha impartición, a saber: Pronta. Se refiere a que las resoluciones que dicten los tribunales, deberán emitirse dentro de los plazos que fijen las leyes. Completa. Significa que antes de emitir la resolución que en derecho proceda, el Tribunal deberá examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos y resolver el caso de manera integral. Imparcial. Se traduce en que los tribunales por naturaleza propia deben dictar sus fallos con equidad y justicia, atentos al principio de igualdad procesal entre las partes; es decir, el Juzgado debe tomar en cuenta todos y cada uno de los elementos y pruebas aportadas y resolver a favor de la parte que hubiese aportado elementos de convicción definitivos. En ese orden, el precepto constitucional que se analiza, está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial; pues el legislador debe garantizarla estableciendo en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales. Los plazos aludidos, como se dijo, deben ser generales, esto es, comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; razonables, es decir, plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes; y objetivos, delimitándose en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Entonces, debe velarse el derecho fundamental de todo gobernado garantizado por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, cuyo objetivo principal es preservar la obligación de las autoridades a impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador. Además, la impartición y administración de justicia en el sistema jurídico mexicano es un derecho público subjetivo que todo gobernado tiene a su favor, de tal forma que en un breve lapso los órganos encargados de ello, resuelvan concretamente la situación jurídica y diriman, en su caso, la litis que se plantea ante ellos. Precisado lo anterior, resultan inoperantes los argumentos de la parte quejosa, ya que con los mismos no controvierte los argumentos torales de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al emitir el acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dentro del juicio 2864/19-17-09-6 de su índice, por medio del cual determinó que se encontraba cumplida la sentencia de nulidad. Argumentos, que se hicieron consistir en lo siguiente: "En esa tesitura, si la autoridad demandada en la resolución de 13 de octubre de 2020 señaló que, de conformidad con el artículo 20, inciso a), del Manual de Procedimientos de Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Tipo B, Tomo 4, Parte 4 (Subdelegación de Prestaciones. Procedimiento 7 del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene), sí descontó la segunda parte del aguinaldo de la C. Cecilia Martha López Ballesteros, el pago de gastos de defunción efectuado a la parte accionante y, además, no procedía el pago de la segunda parte proporcional del aguinaldo, en atención a que dicho precepto legal refiere que si en el reporte de cheques de pensión se observa que los familiares del difunto o su representante continuaron cobrando el beneficio aún después de ocurrido el deceso, se descontará de los gastos de funeral el importe de los cobros indebidos que se fije como no devengado por el fallecido. - - - Por tanto, se advierte que el acto de molestia de la autoridad sí está fundado y motivado tal como se ordenó en la sentencia definitiva de 28 de junio de 2019 y en la sentencia interlocutoria de 02 de septiembre de 2020, independientemente de que el mismo esté fundado en una legislación interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado". En efecto, es criterio definido por el Poder Judicial de la Federación que para que los conceptos de violación se estudien, basta con expresar claramente en la demanda de amparo la causa de pedir. Por tanto, los argumentos vertidos por la parte quejosa consistentes en que: La Sala omitió revisar el recibo de pago por concepto de gastos de funeral, en el que la autoridad demandada descontó el mes de enero que incluye el pago de aguinaldo y, que si bien la propia quejosa cobró los meses de enero y febrero de dos mil diecisiete, fue por instrucción de la demandada, tal como consta en la orden de bloqueo de la tarjeta bancaria. La autoridad demandada negó el pago solicitado porque la beneficiaria falleció en el mes de diciembre, lo que prueba que la responsable no respetó el contenido del artículo 5° constitucional que sostiene que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, ni tampoco consideró que fue titular de un trabajo digno como se consigna en el artículo 123 del mismo ordenamiento, que la hace acreedora a la gratificación anual o aguinaldo que conforme al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo forma parte del salario y conforme al artículo 87 del mismo ordenamiento es el derecho que tendrán los trabajadores que deberá pagarse en diciembre o la parte proporcional del tiempo que hubiera laborado. El acuerdo combatido no fue sustentado por ningún fundamento legal que sostuviera su decisión de dar por cumplimentada la resolución de la demandada en el juicio de nulidad. Resultan inoperantes, debido a su deficiencia para demostrar la ilegalidad de las consideraciones en las que se basó la autoridad responsable para sustentar el acto impugnado. Lo anterior es así, ya que los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria, en este caso de amparo. De ahí que, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al que se reclama y, en segundo lugar, a la causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas. En el caso, la parte quejosa fue omisa en controvertir los argumentos torales que sustentaron el acuerdo de la autoridad responsable y que la llevaron a concluir que se encontraba cumplida la sentencia de nulidad, siendo que únicamente combate la determinación adoptada por la autoridad demandada; sin embargo, pierde de vista los alcances de la ejecutoria de nulidad. Es decir, dejó de impugnar las consideraciones por las cuales la Sala estimó que la autoridad demandada con la resolución de trece de octubre de dos mil veinte, dio cumplimiento a la sentencia de nulidad, pues señaló que sí descontó la segunda parte del aguinaldo de Cecilia Martha López Ballesteros, el pago de gastos de defunción efectuado a la parte accionante y, además, que no procedía el pago de la segunda parte proporcional del aguinaldo, en atención a que si en el reporte de cheques de pensión se observa que los familiares del difunto o su representante continuaron cobrando el beneficio aún después de ocurrido el deceso, se descontará de los gastos de funeral el importe de los cobros indebidos que se fije como no devengado por el fallecido. Consideraciones anteriores que la parte quejosa fue omisa en controvertir, limitándose a hacer manifestaciones respecto del actuar de la autoridad demandada sin controvertir las consideraciones que sustentaron la conclusión de la Sala, relacionaos con los alcances de la ejecutoria de nulidad. Robustece la consideración anterior, la Jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO". Aunado a que la Sala argumentó que las consideraciones vertidas por la quejosa, debían ser estudiadas en un nuevo juicio de nulidad. Cuestión esta última que no impugnó la parte quejosa; por lo que se concluye que omitió controvertir de manera frontal los argumentos torales que llevaron a la Sala responsable a estimar que la sentencia de nulidad se encontraba cumplida. De ahí que sean inoperantes las manifestaciones hechas valer por la quejosa. En las relatadas condiciones, al ser inoperantes los argumentos vertidos por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de la Materia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Rosalía Barrera López en contra del acuerdo reclamado. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rosalía Barrera López, por los motivos expresados en el considerando quinto de esta determinación. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable y a la autoridad tercera interesada, en términos del artículo 26, fracciones II, incisos a) y b) y, III, de la Ley de Amparo. Lo resolvió Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Carlos Alberto García López, secretario de juzgado que autoriza y da fe, el mismo día en que concluye la celebración de la audiencia constitucional. Doy fe.
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