Rosalia Barraza Cazarez

Expediente 803/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
803/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
18/02/2019

Partes del expediente

  • Rosalia Barraza Cazarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por la Secretaria de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al cual anexa copia certificada de la resolución dictada el treinta de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja laboral 214/2018, relativo al juicio de amparo indirecto 803/2018-4A, promovido por ROSALÍA BARRAZA CAZARES, contra el auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho. Por lo que hace a la materia del recurso de queja civil, se resolvió en los siguientes términos: ".ÚNICO. Se desecha el presente recurso de queja." Acúsese a la Superioridad el recibo de estilo correspondiente. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo que se desechó de plano en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Jesús Javier Segovia Sánchez, quien autoriza y da fe.El suscrito Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, hace constar, que en esta fecha, se realizó el registro ordenado en el auto que antecede en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de Juicios de Amparo. Conste. ____________________________ Sello y firma Oficial Administrativo. El suscrito Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, hace constar que en esta fecha, se realizó la captura ordenada en el auto que antecede, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conste. ________________________________ Sello y firma Analista Jurídico del SISE. El suscrito Secretario Jesús Javier Segovia Sánchez, HAGO CONSTAR que en esta fecha la determinación judicial que antecede, se incorporó al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la vigente Ley de Amparo. Doy fe. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA Siendo las nueve horas del _________________ él (la) suscrito (a) Actuario (a), notifico por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, así como en el Portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el auto y/o resolución que antecede, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El (la) Actuario (a).

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Sexto Tribunal Colegiado de Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que admitió el recurso de queja, interpuesto por la quejosa Rosalía Barraza Cazarez, contra el auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por este juzgado, mismo que quedó radicado con el número 214/2018; de lo anterior, se toma nota en el presente asunto para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de diciembre de dos mil dieciocho. RECURSO DE QUEJAAgréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por Carlos Miguel Madrigal Bohon, autorizado de la quejosa Rosalía Barraza Cazarez, y en atención a su contenido; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 99, de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el RECURSO DE QUEJA contra el proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 100 y 101 de la ley de la materia, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno de esta ciudad, el escrito original de agravios, copia certificada del auto impugnado y su notificación correspondiente, así como el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto recurrido, de conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, toda vez que el auto recurrido fue notificado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (foja 10 a 13), lo cual se encuentra corroborado con lo manifestado en el escrito de cuenta en el sentido de ".manifestando que dicho acuerdo, le fue notificado al hoy recurrente por medio de publicación de listas de acuerdo con fecha 23 de noviembre de 2017."; por lo cual, dicha notificación debe tenerse por válida, dado que no existe una resolución en términos del artículo 69 de la Ley de Amparo que haya declarado su nulidad. Notifíquese.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEIDO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a quince de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo presentada por Rosalía Barraza Cazarez, el suscrito juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO, dado que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Lo anterior, en atención a que el acto reclamado consiste en la omisión de proveer las pruebas ofrecidas el cinco de octubre del año en curso, dentro del juicio laboral 160/18, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noroeste del Estado de Sonora. Así, en el caso, dicho acto no puede considerarse como de imposible reparación, dado que no existe una abierta dilación o paralización total, pues si bien reclama que a la presente fecha no se ha proveído respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, lo cierto es que con ello no se surte el supuesto de procedencia previsto por el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia, 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En tal virtud, es evidente que conforme a lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las omisiones que aquí se pretenden reclamar constituyen únicamente cuestiones intraprocesales, las cuales no pueden ser calificadas como de imposible reparación para la parte quejosa, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por el Máximo Tribunal en el País. Por tanto, lo reclamado en esta vía, no constituye una violación a los derechos sustantivos de la quejosa que pueda considerarse como de ejecución irreparable, pues únicamente constituye una infracción de carácter adjetivo, al no tratarse de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, de ahí que sea notoria su improcedencia, además de que no se advierte una abierta dilación al procedimiento o su paralización total. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 de la ley de la materia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, vinculada al numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio del quejoso, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Miguel Madrigal Bohon, Herby Ardían López Juárez, Edgar Alfonso Figueroa Romero y Luis Rodolfo Huerta Figueroa. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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